A casi tres meses de la llegada de Gabriel García Luna al Ministerio Público (MP), la Fiscalía contra la Corrupción acumula al menos 18 denuncias relacionadas con el fraude electoral en la Universidad de San Carlos, la exclusión de electores y la eliminación de matrículas estudiantiles. Sin embargo, hasta ahora la institución no ha informado sobre avances en las investigaciones y las denuncias que siguen ingresando.
Por Prensa Comunitaria
Walter Mazariegos consumó un segundo fraude en la Universidad de San Carlos (USAC) sin que la Corte de Constitucionalidad ni otras instancias del sistema de justicia respondan a los reclamos y denuncias de los estudiantes, docentes y profesionales que fueron excluidos del proceso. Pese a los recursos legales y las acciones promovidas para cuestionar la legitimidad del proceso, la reelección se mantiene, como sucedió en 2022.
A la elección ilegítima se suma que el Registro y Estadística de la USAC borró las matrículas de no menos de 30 estudiantes que participaron en la defensa de la autonomía universitaria, una medida que les impide continuar con su formación académica.
Mazariegos atribuye la situación a una supuesta pérdida de expedientes en el Archivo General; es el mismo discurso dado desde 2024 para no renovar autoridades en las facultades y escuelas no facultativas. Además, los afectados sostienen que esa explicación carece de sustento, ya que varios de ellos retomaron sus estudios y cursaron ciclos académicos posteriores a la toma de las instalaciones universitarias en 2022.
“Derivado de la toma de instalaciones del campus central durante el año 2022 y 2023, fueron sustraídos expedientes estudiantiles físicos de los archivos del Registro y Estadística. Debido a las condiciones en que ocurrió dicha sustracción no fue posible establecer el alcance total de la información afectada”, indicó la USAC en un video.
“La narrativa de que por la toma se desaparecieron los registros, realmente no tiene sustento. Justo me están hablando de un caso de carnet 2025. Dos años después de que se entregará la U. Imagínense”, escribió Jenifer de la Cruz, una de las estudiantes afectadas.
Plutarco de León, un estudiante exiliado y criminalizado de la USAC, afirmó que lo que se vive ahora en la USAC es lo que siempre prevaleció en la Facultad de Humanidades. “Una vez más, el usurpador de la USAC lo hizo. La excusa vuelve a ser la toma universitaria que terminó hace tres años. Casualmente, se perdieron los archivos de quienes lo critican. Tan falaz es la excusa que deja mal parada su administración: en 3 años no ha podido arreglarlo”, escribió en sus redes sociales.
No es la primera vez que quienes se opusieron a la administración de Mazariegos enfrentan este tipo de represalias. Por las protestas de 2022, estudiantes fueron expulsados de la universidad, mientras otros enfrentan procesos penales, pasaron por prisión preventiva y, en algunos casos, se vieron obligados a exiliarse.
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MP aún sin resultados
Con el cambio de autoridades en el Ministerio Público, los estudiantes y docentes han acudido a presentar sus denuncias.
Prensa Comunitaria consultó y el MP informó que la Fiscalía contra la Corrupción ha recibido al menos 18 expedientes relacionados con el fraude electoral en la Usac, la exclusión de electores y las recientes denuncias por la eliminación de matrículas estudiantiles; solo este jueves 23 de julio ingresaron otras tres por este último asunto.
Sin embargo, hasta ahora, el MP no ha informado sobre avances o diligencias de investigación que permitan esclarecer los hechos o frenar las acciones denunciadas dentro de la única universidad pública del país.
“El usurpador borra expedientes y calla estudiantes. Yo denuncié en el MP y reafirmo mi lucha por una universidad libre y justa. Aún cuando mi continuidad académica se ve afectada por los caprichos de poder de quienes tienen coptada la USAC”, escribió Hamilton Chang, otro de los estudiantes afectados.
El MP sí puede accionar de oficio
Para el exfiscal Juan Francisco Sandoval, el MP ya cuenta con herramientas legales para investigar de oficio las denuncias relacionadas con la eliminación de matrículas estudiantiles. A su criterio, se debió iniciar diligencias inmediatas para preservar evidencia digital y determinar si existió una alteración de los registros informáticos. “Conforme al artículo 289 del Código Procesal Penal, ellos pueden actuar de oficio. Ya hubieran enviado a técnicos forenses a establecer la manera en que se pudo haber alterado el registro informático”, afirmó Sandoval.
Por aparte, el abogado y exjuez penal Carlos Ruano explicó que el Ministerio Público (MP) tiene la obligación de actuar de oficio cuando los hechos denunciados podrían constituir delitos de acción pública. En esos casos, la investigación no depende de una denuncia de la persona agraviada, sino que basta con que la institución tenga conocimiento de los hechos por cualquier medio para iniciar de inmediato las diligencias y solicitar a los tribunales las actuaciones que correspondan.
Agrega que es diferente cuando un hecho ocurre con los delitos de acción privada o dependientes de instancia particular, en los que sí es necesaria la denuncia de la víctima. Sobre las denuncias relacionadas con la presunta alteración de registros y la eliminación de matrículas en la Universidad de San Carlos, Ruano consideró que podrían existir elementos suficientes para que el MP comience una investigación de oficio.
“En el caso de denuncias que se han indicado sobre alteración de registros que obran en la Universidad de San Carlos pudieran existir elementos que obligarían al MP, hacer una investigación de oficio y la manera es proceder de manera inmediata. Esto el mismo código procesal penal lo establece para resguardar elementos de investigación o elementos de prueba antes de qué pudieran ser alterados, destruidos, y con esto garantizar una investigación”, explicó.
En un lenguaje simple, a criterio del exfiscal y el exjuez, el MP puede actuar de inmediato con diligencias de investigación. Un ejemplo: enviar a técnicos de informática para evaluar si la eliminación de las matrículas fue o no un acto arbitrario, que pueda constituir un delito.
Un fraude que continúa
La defensa de la autonomía sancarlista ha sido una constante desde 2022, pese a la criminalización de estudiantes y profesionales que se opusieron a la imposición de Walter Mazariegos. Un camino que ha sido difícil y que ha representado un alto costo para quienes han denunciado la ilegitimidad en la rectoría.
Esa misma fórmula se repitió este 2026 cuando Mazariegos excluyó a electores de oposición y la decisión se hizo únicamente con sus afines sin renovar el Consejo Superior Universitario (CSU) y además de hacer la elección en un hotel lujoso en la Antigua Guatemala, alejada de la comunidad sancarlista.
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