La toma de posesión para un segundo período del rector estuvo acompañada por protestas, enfrentamientos y una nueva ola de pronunciamientos internacionales. La Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos coinciden en que persisten las dudas sobre la legitimidad del proceso universitario, mientras la crisis continúa proyectándose sobre las instituciones del Estado.
Por Rony Ríos
La toma de posesión de Walter Mazariegos para un segundo período al frente de la Universidad de San Carlos (USAC) volvió a colocar a la única universidad pública del país bajo el escrutinio internacional, ya que, mientras los simpatizantes del rector agredían a los estudiantes que protestaban, las miradas internacionales volvieron a coincidir en que la continuidad de Mazariegos no despeja las dudas sobre la legalidad y legitimidad del proceso mediante el cual fue reelecto.
La importancia sobre el control de la USAC radica, entre otras cosas, en la participación en la integración de organismos fundamentales del Estado, como la Corte de Constitucionalidad (CC), las comisiones de postulación para fiscal general, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y otras elecciones de segundo grado. Por ello, la transparencia del proceso para la elección de rector ha sido observada como un asunto con repercusiones para la institucionalidad democrática del país.
La Unión Europea: las dudas permanecen
La Delegación de la Unión Europea en Guatemala sostuvo que la toma de posesión de Walter Mazariegos no resuelve los cuestionamientos que, desde 2022, pesan sobre el proceso electoral universitario.
El bloque europeo reiteró que la controversia continúa debido a los múltiples recursos judiciales, las denuncias por exclusión de cuerpos electorales y los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, e insisten en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y garantizar instituciones legítimas y confiables.
El pronunciamiento mantiene la línea que la Unión Europea ha sostenido durante los últimos años respecto a la importancia de preservar la autonomía universitaria y garantizar procesos transparentes en una institución cuya participación tiene efectos directos sobre la conformación de otras entidades públicas.
Este organismo señaló que la crisis en la USAC corresponde a la legalidad y legitimidad de sus autoridades, enfatizando que hay organismos competentes que deben garantizar el Estado de derecho para el funcionamiento de la Universidad clave en el sistema democrático.
La OEA se suma a los cuestionamientos
A las reacciones internacionales se sumó la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala.
En un pronunciamiento público dijo que la toma de posesión “no resuelve las dudas de fondo sobre la legalidad y legitimidad” del proceso de reelección.
La misión recordó que la crisis universitaria tiene implicaciones nacionales debido a que la USAC desempeña un papel determinante en las elecciones de segundo grado previstas por la Constitución.
“La asunción del cargo no cierra una controversia institucional no resuelta, ni puede interpretarse como una convalidación automática de un proceso cuya integridad continúa siendo seriamente cuestionada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca”, señala la misión.
El organismo recordó además que el proceso estuvo acompañado por denuncias de exclusiones arbitrarias de electores, litigios aún pendientes y cuestionamientos que continúan debilitando la confianza pública en la institucionalidad universitaria.
La continuidad de Mazariegos ocurre en un año en la que la USAC participó directa e indirectamente en procesos de integración de instituciones como la CC, el TSE, la elección del fiscal general y otros órganos de control, razón por la que distintos organismos internacionales consideran que la legitimidad de sus autoridades tiene efectos más allá de la administración universitaria.
El conflicto que comenzó en 2022
La crisis tiene su origen en la elección de rector de 2022, cuando cuerpos electorales fueron excluidos del proceso, marcando un camino de irregularidades que desembocaron en protestas, ocupaciones de instalaciones universitarias y decenas de acciones judiciales.
Desde entonces, la elección de Walter Mazariegos ha permanecido bajo disputa política y jurídica. Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel en 2023 al señalar que aceptó el cargo tras un proceso considerado fraudulento.
A este conflicto se sumó la participación del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras, principalmente en la persecución penal contra estudiantes, docentes, exautoridades universitarias y dirigentes que participaron en las protestas contra la elección.
La pasividad de Arévalo
Este miércoles fue criticada la pasividad del gobierno frente a la materialización de un nuevo periodo de usurpación en la USAC. Tanto en las manifestaciones frente a la entrada del campus central, como en los pronunciamientos en redes sociales, se cuestionó que el presidente Bernardo Arévalo fuera un actor tan pasivo frente a la situación.
Mientras el ambiente en la USAC se tornaba más violento, Arévalo participaba en una actividad del sector empresarial, pero al ser cuestionado, reiteró sus cuestionamientos a la continuidad de Mazariegos al frente de la Universidad.
El presidente sostuvo que, de acuerdo con la información disponible para el Ejecutivo, el rector no podía asumir un nuevo período debido a que la Contraloría General de Cuentas (CGC) determinó que carecía de finiquito y por 17 denuncias penales pendientes en el MP.
Aunque finalmente Mazariegos anunció, a través de un video en redes sociales, que había iniciado su segundo mandato mediante la firma de un acta administrativa, el Gobierno no modificó la postura expresada días antes sobre los impedimentos legales que, a su criterio, persistían.
A lo interno de la USAC
La agrupación USAC-DIRE, integrada por docentes, estudiantes y profesionales que impugnan la elección del rector, sostuvo que la toma de posesión no resolvía la controversia jurídica y exigió a la CC resolver los amparos pendientes relacionados con la reelección.
En sus pronunciamientos insistieron en que “resolver es un deber, no una opción”, al considerar que la continuidad de Mazariegos se concretó sin que el máximo tribunal constitucional se pronunciara sobre las acciones aún en trámite.
En tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC) también manifestó su rechazo al inicio del nuevo mandato. Su secretario general, Enrique Bremer, dijo que la primera administración de Mazariegos dejó “secuelas negativas”, entre ellas despidos injustificados, presiones contra trabajadores y vulneraciones a derechos laborales.
Además, el STUSC cuestionó la legalidad del proceso electoral y sostuvo que la reelección estuvo marcada por la exclusión de cuerpos electorales de oposición.
