El juicio contra los estudiantes Heizel Morales y Sergio Morataya, criminalizados por rechazar la elección de Walter Mazariegos, fue programado para septiembre. El caso llega a esta etapa pese a las inconsistencias señaladas en la acusación del Ministerio Público (MP) y dudas sobre la legalidad de su detención en supuesta flagrancia.
Por Alexander Valdéz
El Tribunal Noveno de Sentencia Penal fue designado para conocer el juicio contra los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Heizel Morales y Sergio Morataya, criminalizados por oponerse a la imposición de Walter Mazariegos como rector. El debate se programó para comenzar el próximo 2 de septiembre y se deriva de un proceso iniciado tras la toma del Paraninfo Universitario, en la zona 1 de la capital.
Morales y Morataya fueron detenidos el 15 de diciembre de 2023 durante un operativo realizado en el Paraninfo. La defensa ha cuestionado la legalidad del procedimiento, al señalar que durante el allanamiento se les impidió contar con asistencia legal y que fueron detenidos hasta ocho horas después de concluido el operativo, sin que se les informara oportunamente el motivo de su captura.
Ambos enfrentan acusaciones por el delito de usurpación agravada, aunque la jueza determinó que el Ministerio Público (MP) no logró establecer con claridad las circunstancias en que supuestamente ocurrieron los hechos. La Sala Tercera de Apelaciones ordenó que ambos enfrenten juicio.
De esa cuenta, el juez Arnulfo Carrera, del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, resolvió qué pruebas podrán ser utilizadas durante el debate oral y público. Del Ministerio Público (MP) aceptó la mayor parte de la prueba documental, pero rechazó algunas; de los siete testigos propuestos, autorizó cinco, y también excluyó las evidencias materiales identificadas con los numerales 2 y 3.
La prueba presentada por los querellantes fue admitida en su totalidad. En cuanto a las defensas, rechazó tres documentos y el testimonio de Luis Salinas propuestos por Morataya, mientras que para la defensa de Morales excluyó el documento número 2 por considerarlo abundante y aceptó el número 5. Finalmente, tras un recurso de reposición presentado por la defensa, el juez modificó parcialmente su decisión y admitió la prueba documental número 19. Los números corresponden a la identificación que consta en el expediente.
“Nosotros nos parece que admiten medios de prueba impertinentes, porque dejan abierta la acusación imprecisa. Será en el debate donde se va a decidir cuál fue la conducta que ellos realizaron y quieren hablar de daños y perjuicios. En la misma prueba dice que no hay daños”, afirmó el abogado Juan Castro, quien calificó la acusación de espuria.
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Una acusación sin sustento legal
El 15 de diciembre de 2023, la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación realizó diligencias en el Paraninfo Universitario, que en ese momento permanecía ocupado por estudiantes que protestaban en defensa de la autonomía de la USAC. El operativo tenía como objetivo inspeccionar y registrar el inmueble, así como secuestrar posibles evidencias relacionadas con la ocupación. Aunque los fiscales y agentes que participaron no llevaban órdenes de aprehensión, advirtieron que procederían a detener a las personas que fueran encontradas en flagrancia dentro del edificio.
Este fue uno de los casos presentados durante la gestión de Consuelo Porras contra la resistencia sancarlista, y las inconsistencias de la acusación fue uno de los principales argumentos para cuestionar el proceso. Según la defensa, el MP señaló en distintas etapas del expediente diferentes direcciones para ubicar el supuesto lugar de los hechos y tampoco logró demostrar que los estudiantes tuvieran la intención de apoderarse del inmueble.
Incluso, mencionan que la fiscalía describió que el supuesto delito ocurrió “un lunes”, sin precisar el mes ni el año. Ante la falta de claridad sobre el modo, tiempo y lugar de la supuesta conducta delictiva, una jueza ya había cerrado el caso.
No son los únicos que han sido perseguidos, en paralelo hay otros estudiantes y profesionales que están procesados penalmente por diferentes delitos. Su caso no ha avanzado en el Juzgado Décimo Penal y el mismo ha estado paralizado.
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