García Luna presentó su primer informe de gestión, habló sobre los avances de la reestructuración, los hallazgos encontrados en la institución y la forma en que su administración aborda procesos de corrupción y casos de criminalización impulsados durante la gestión de Consuelo Porras. En la actividad también estuvo presente una fiscal cercana con la administración anterior, quien compartió mesa con el nuevo fiscal general.
Por Prensa Comunitaria
Hace cuatro meses, Consuelo Porras dijo adiós al Ministerio Público (MP) y, aunque ya no está, aún existen actores que formaron parte de su círculo y que permanecen en la institución. Una de ellas estuvo en la misma mesa que el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, durante la presentación de su primer informe de gestión de cuatro meses, que inició a las 9 de la mañana y se extendió hasta pasadas las dos de la tarde.
Durante la jornada, el jefe del MP y su equipo expusieron los principales hallazgos identificados desde que asumieron la jefatura de la institución, así como las acciones implementadas en estas semanas. Uno de los principales temas abordados fue la situación administrativa encontrada en las distintas fiscalías y unidades de investigación.
“Encontramos el MP peor de lo que nos imaginamos”, aseveró García Luna. Y así, el equipo del fiscal general hizo una descripción de los hallazgos detectados en el funcionamiento de estas dependencias, incluyendo aspectos relacionados con su organización y la forma en que se encontraban integrados los equipos responsables de las investigaciones.
Sin embargo, a pesar de estos señalamientos a la gestión de su antecesor, durante la actividad se observó la presencia de Celma Raquel Sáenz Barrios, fiscal regional, un alto cargo dentro de la estructura fiscal del MP. Sáenz fue una fiscal que pasó buen tiempo asignada en Sacatepéquez y fue considerada parte del círculo de Consuelo Porras dentro del MP.
De hecho, en fotografías institucionales de la anterior gestión se observa cómo participaban juntas en distintas actividades. Además, se publicó un video en el que Sáenz le envía una felicitación a la entonces fiscal general.
Sobre esa designación, García Luna justificó lo siguiente: “Los que tenían que ser cortados de raíz, ya fueron cortados, la mayoría”.
Fotografía de la fiscal
Allanamientos, operativo y Consuelo Porras
Respecto al allanamiento realizado en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), García Luna calificó de “positivo” el resultado de la diligencia. Reconoció que existió una inconsistencia en una dirección consignada en la orden de allanamiento, pero aseguró que esto no impidió ejecutar el operativo ni el secuestro de la evidencia relacionada con la investigación.
García Luna informó además que existen denuncias contra la exfiscal general Consuelo Porras que actualmente son investigadas por el MP. Entre estas mencionó una relacionada con posibles adopciones irregulares, para la cual, según indicó, se designó a un fiscal especial que estará a cargo de las pesquisas.
Ese caso surge de señalamientos sobre el período en que Porras dirigió un hogar estatal en 1982, durante el conflicto armado interno. Y porque en febrero relatores y expertos de Naciones Unidas señalaron que ese hogar habría estado relacionado con prácticas de adopciones ilegales de niños indígenas y solicitaron una investigación independiente para esclarecer su posible responsabilidad.
El fiscal general también se refirió a las cuentas anónimas conocidas como “netcenters” y afirmó que el MP investiga posibles delitos cometidos desde estas plataformas. Explicó que las pesquisas buscan establecer quiénes administran las cuentas y quiénes les proporcionan información utilizada para hostigar a personas y generar desinformación.
Durante la gestión anterior del MP, estas cuentas anónimas en redes sociales fueron utilizadas para generar temor, hostigar y desacreditar, además de anticipar diligencias de investigación del propio MP. Una de las principales era la denominada “Yes, Master”. De hecho, un informe de la extinta CICIG también expuso cómo operaban ese tipo de estructuras digitales para atacar a actores anticorrupción o de Derechos Humanos.
Sobre las denuncias relacionadas con la elección del Contralor General de Cuentas, García Luna aseguró que las investigaciones iniciadas a partir de denuncias por una posible alteración de documentos no buscan favorecer o perjudicar a alguno de los aspirantes. Señaló que el objetivo del MP es esclarecer los hechos denunciados y determinar si existe alguna responsabilidad penal, sin que las diligencias pretendan incidir en el proceso de elección.
También afirmó que realiza una revisión de los expedientes que se encuentran o estuvieron bajo responsabilidad de la Fiscalía de Derechos Humanos. El objetivo, explicó, es conocer el estado en que se encuentran estas investigaciones y determinar cuáles pueden continuar su trámite. El fiscal general indicó que esta revisión forma parte de las acciones de la nueva administración para evaluar los casos que permanecen en la institución. A partir de ese análisis, el MP busca establecer en qué expedientes existen condiciones para dar continuidad a las investigaciones y cuáles requieren otras decisiones dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Criminalización
García Luna señaló que está revisando los casos de operadores de justicia que fueron señalados o perseguidos durante la anterior administración, incluidos algunos que incluso abandonaron el país por temor a enfrentar procesos penales.
García Luna explicó que existe un primer grupo de personas que no tiene procesos ni denuncias en el MP, pero que permaneció fuera de Guatemala por temor a que pudiera iniciarse una investigación en su contra. Según indicó, algunas de estas personas ya se han acercado a la institución para conocer su situación y, tras las revisiones realizadas por la Secretaría General y la Coordinación del MP, se ha determinado que no existen procesos en su contra.
El fiscal general aseguró que estas revisiones se realizan bajo criterios de objetividad e imparcialidad. Añadió que algunos de los operadores de justicia que permanecían fuera del país ya han regresado a Guatemala. Por aparte, señaló que existe un segundo grupo integrado por personas que sí tienen denuncias en Guatemala. En estos casos, dijo, el MP también revisa las investigaciones bajo los mismos principios de objetividad e imparcialidad, tomando en cuenta que existen denunciantes que tienen derecho a pronunciarse dentro de los procesos.
Foto del evento
Las primeras acciones del MP
- Destituciones
Entre los funcionarios apartados de la institución se encuentran Rafael Curruchiche, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI); Cinthia Monterroso, una de las fiscales que participó en varios de los procesos contra operadores de justicia y periodistas; Leonor Morales y Saúl Sánchez. A ellos se suma otro grupo de fiscales, auxiliares fiscales y personal administrativo que ha sido removido o ha dejado de formar parte de la estructura del MP.
Morales fue la agente fiscal que allanó la sede del TSE; pidió anular los resultados electorales del 2023. Además, hizo un allanamiento en plena elección de representantes del CANG ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Mientras que, Sánchez fue el fiscal que inició el caso y llevó a prisión a estudiantes de la USAC que se opusieron a la imposición de Walter Mazariegos como rector, en el primer fraude.
- El cese a la criminalización
Aunque todavía permanecen abiertos expedientes y procesos penales contra operadores de justicia, periodistas, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y líderes indígenas, durante los primeros meses de la gestión de Gabriel García Luna también se han registrado decisiones distintas a las de la administración anterior.
Entre ellas está la decisión del MP de no continuar con la persecución penal contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, así como contra otras autoridades indígenas de la Alcaldía Indígena de Sololá. Los procesos se originaron tras las movilizaciones de 2023 en defensa de los resultados electorales.
En el caso del periodista José Rubén Zamora, el fiscal general desistió ante la Corte de Constitucionalidad (CC) de un recurso que buscaba revertir las decisiones que permitieron que el fundador de elPeriódico permaneciera en libertad, aunque los procesos en su contra continúan abiertos y sigue sujeto a restricciones judiciales. Algo similar ocurrió con los periodistas y columnistas del extinto diario elPeriódico, luego de que el MP desistiera del intento de Rafael Curruchiche de reabrir ese proceso penal.
- Acciones contra criminalizadores
García Luna también impulsó investigaciones contra funcionarios que ocuparon posiciones relevantes durante la administración de Consuelo Porras, entre ellos Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez. En el caso de Curruchiche, exjefe de la FECI, el MP solicitó su captura y allanamientos, pero la jueza María Benilda Sandoval rechazó la aprehensión y posteriormente el juez Fredy Orellana dejó sin efecto la citación a primera declaración y las autorizaciones para las diligencias; ante ello, la Fiscalía de Asuntos Internos pidió apartarlo del proceso y además solicitó retirarle la inmunidad por otra investigación relacionada con presuntos hechos de corrupción.
En cuanto a Sánchez, exjefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, el MP también pidió su captura, pero fue rechazada por Sandoval; sin embargo, su proceso continúa y fue citado a primera declaración por una investigación vinculada con la persecución penal contra estudiantes, docentes y profesionales de la USAC.
3. Allanamiento en la USAC
La semana pasada, la Fiscalía contra la Corrupción ejecutó un operativo dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) con el objetivo de obtener información informática de los sistemas de esa casa de estudios. La diligencia se realizó a partir de denuncias presentadas por estudiantes que señalaron que sus matrículas habían sido borradas de los sistemas. Los afectados fueron estudiantes que manifestaron su rechazo al segundo fraude que llevó a Mazariegos a mantenerse al frente de la USAC.
El operativo llamó la atención porque durante la gestión de Consuelo Porras. Desde 2022, cuando se concretó el primer fraude en la elección de rector, las denuncias presentadas por estudiantes y profesionales fueron ignoradas por esa institución.
- Estados Unidos retoma trabajo con el MP
El MP retomó su relación con Estados Unidos, que se había suspendido durante el periodo de Consuelo Porras. En junio, el presidente Bernardo Arévalo aseguró entonces que se trataba de una relación con Estados Unidos al “más alto nivel” y señaló que, durante la gestión anterior, la relación había estado paralizada desde 2021.
- Casos Miguel Martínez
Esta semana, realizó 13 allanamientos dirigidos a propiedades vinculadas con la familia de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y mano derecha del expresidente Alejandro Giammattei. Aunque hasta el momento no se han precisado públicamente todos los detalles de la investigación que originó las diligencias, el MP confirmó la existencia de dos órdenes de captura relacionadas con el operativo, las cuales no pudieron ser ejecutadas.
La presentación también incluyó detalles sobre la reestructuración del equipo fiscal asignado a las diferentes unidades de investigación. Según lo expuesto durante el informe, estos cambios buscan reorganizar el personal y fortalecer la integración de los equipos encargados de desarrollar las investigaciones en las distintas áreas del Ministerio Público.
El secretario general del MP, Edwin Chavajay, mencionó entre los hallazgos la desatención de la Unidad de Mujeres Desaparecidas y de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Además, expuso las mejoras implementadas y aseguró que la persecución penal, en adelante, se desarrollará con respeto a los derechos humanos y la democracia. “Las siguientes fases se centrarán en institucionalizar los estándares de protección de Derechos Humanos”, afirmó.
Así se desarrolló la conferencia del MP:
Reacciones
La exfiscal Siomara Sosa cuestionó que el MP no aclarara el futuro de la FECI y advirtiera que algunos casos de corrupción ya no podían avanzar por sobreseimientos firmes. Recordó el caso Odebrecht y los señalamientos pendientes contra 108 diputados. También criticó la presencia de Celma Sáenz en la conferencia, al considerar decepcionante que, tras ser cercana a Consuelo Porras, ahora sea presentada como fiscal coordinadora de confianza de García Luna.
“Me pareció sorprendente ver sentada a Celma Sáenz en esa mesa, quien, después de haber sido una de las fiscales de confianza de Consuelo Porras y de obtener un ascenso significativo durante su gestión, ahora se proyecte también como una fiscal coordinadora de confianza del nuevo fiscal, García Luna. Eso sería muy decepcionante”, dijo.
Juan Francisco Sandoval, exfiscal del MP y en condición de exilio, dijo que fue un informe bastante detallado y valoró que se haya presentado un diagnóstico integral del MP, dividido en las áreas administrativa, fiscal y técnica. Además, señaló que se confirman los problemas que ya conocíamos, entre ellos las distorsiones en la forma de medir los resultados y las debilidades en la utilización de los recursos institucionales.
“Quizá el punto que más me llamó la atención fue el abordaje de la criminalización. Veo positivamente que el tema esté sobre la mesa, pero todavía percibo que quienes hemos sido objeto de esos procesos no estamos siendo abordados plenamente como víctimas. Pareciera que el análisis se está concentrando principalmente en determinar la legalidad de las actuaciones y de los expedientes”, añadió.
