Un oficio de la Fiscalía contra el Crimen Organizado requirió datos de 17 magistrados del Organismo Judicial (OJ). Entre los incluidos figuran magistrados de oposición de la actual mayoría en la CSJ y magistrados de Sala de Apelaciones.
Por Alexander Valdéz
La Fiscalía contra el Crimen Organizado solicitó al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) del Organismo Judicial (OJ) información sobre dos magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 15 de distintas Salas de Apelaciones. En un oficio al que tuvo acceso Prensa Comunitaria la fiscalía requirió confirmar si los funcionarios continúan en funciones, los cargos que desempeñan y las fechas de sus nombramientos, además de remitir copia certificada de sus actas de toma de posesión.
Entre las personas incluidas en el requerimiento figuran dos magistrados de la CSJ: Flor de María Gálvez, hermana del exrector Estuardo Gálvez y Estuardo Cárdenas, ambos parte de un bloque de “oposición” dentro del pleno. El documento señala que la información será incorporada al expediente MP001-2024-31505, una investigación que está a cargo del Equipo 14 de Persecución Penal de esa fiscalía donde son considerados agraviados.
En el oficio que solicita al Consejo de la Carrera Judicial remitir la información requerida a la mayor brevedad posible. La petición fue firmada por el auxiliar fiscal II, Doménico Andrés Gini Cruz, de la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado, y forma parte de las diligencias que desarrolla esa unidad.
“Lo anterior, en virtud de que esta Fiscalía investiga denuncias en las que los profesionales antes mencionados podrían figurar también como agraviados dentro de la investigación que se realiza. Asimismo, la información solicitada deberá ser remitida a esta Fiscalía, ubicada en 15 avenida 15-16, zona 1, Barrio Gerona, quinto nivel, a la mayor brevedad posible, haciendo referencia al número de caso arriba indicado y dirigida al suscrito”, indica el documento.
Un proceso por “amenazas en redes”
Fuentes consultadas por Prensa Comunitaria dentro del MP indicaron que la solicitud de información forma parte de una investigación relacionada con presuntas amenazas contra las autoridades judiciales a través de las redes sociales. Según las fuentes, esa sería la razón por la que en el oficio se les menciona como “agraviados” dentro del expediente.
Por aparte, hasta ahora el ente investigador no ha informado públicamente el origen de las supuestas amenazas ni ha dado a conocer mayores detalles sobre el avance del caso o las personas bajo investigación.
Magistrados de Sala
La solicitud también alcanza a magistrados de diferentes Salas, entre ellas, María Antonia Pimentel Delgado, Karin Sorelly Gómez Girón, Karol Desirée Vásquez, Carlos Horacio Castillo García, Mario Rodolfo Passarelli Bran, Lizbeth Carolina Reyes Paredes, Anabella Abularach Samayoa, Algedy Dennisse Morales de León, Carolina Lucrecia Reyes Gutiérrez, Ramiro Stuardo López Galindo, Eva Marina Recinos Vásquez, Marco Tulio Pérez Lemus, Miriam Regina Brolo Salazar y Fernando Manolo Rodas de León.
Entre los magistrados de Salas de Apelaciones se incluye a Rodas de León, magistrado que ha sido cuestionado por sus resoluciones. Recientemente, Rodas de León firmó el fallo que anuló la sentencia absolutoria dictada a favor del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, decisión que reactivó el proceso penal en su contra.
Campo ha sido considerado por diversas organizaciones internacionales como un preso político debido a la persecución judicial denunciada por su gestión en el MP.
Dos de oposición en la CSJ
Además del magistrado Estuardo Cárdenas, la solicitud de información del MP también incluye a la magistrada Flor de María Gálvez Barrios. Ambos son parte de la plataforma gremial del exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez. De hecho, Flor de María Gálvez es su hermana.
La inclusión de ambos funcionarios en el requerimiento ocurre en un contexto de confrontación dentro del pleno de CSJ. En las últimas semanas, el magistrado Cárdenas ha denunciado públicamente a sus colegas de un denominado “grupo mayoritario” de diez magistrados, por la supuesta realización de reuniones previas a los plenos oficiales, a las que ha denominado “preplenos”, en las que, según ha señalado, se discuten y acuerdan las decisiones antes de ser sometidas a votación formal.
También ha cuestionado actuaciones de la mayoría del pleno, como la creación e integración de nuevas Salas de Apelaciones, al considerar que debieron contar con la intervención del Congreso de la República.
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