Preso desde septiembre de 2021 por un supuesto caso de corrupción, un exministro de seguridad que se enfrentó con la MS13 y el Barrio 18 se enteró de que Bukele negociaba con las pandillas desde 2018.
Mauricio Ramírez Landaverde, encarcelado por orden del fiscal general leal al presidente Nayib Bukele, denunció persecución política en su contra motivada por el pacto entre las pandillas MS13 y Barrio 18 y el actual gobierno salvadoreño.
Por Héctor Silva Ávalos
El comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de seguridad pública y exdirector de la Policía Nacional Civil de El Salvador, debería de estar libre, fuera de la cárcel en la que el sistema penitenciario, controlado por el presidente Nayib Bukele, lo metió hace casi dos años y medio, acusado de actos arbitrarios en un caso judicial que la fiscalía, también a las órdenes del presidente, no ha podido probar en dos años. Dos tribunales diferentes han ordenado la libertad provisional de Ramírez, pero a pesar de que mantenerlo preso es ilegal, el director de cárceles del gobierno se ha negado a liberarlo.
Ramírez Landaverde asegura que el gobierno salvadoreño lo detuvo y no quiere soltarlo porque él, cuando era el jefe máximo de la fuerza policial y de la inteligencia anticrimen, fue informado de que las poderosas pandillas MS13 y Barrio 18 preparaban un pacto electoral y de gobernabilidad con Bukele, entonces alcalde de San Salvador, la capital.
La última vez que un tribunal ordenó la liberación de Ramírez Landaverde fue el pasado 11 de diciembre de 2023, cuando el Quinto de Sentencia de San Salvador emitió orden de libertad luego de que se cumplieron dos años de detención provisional sin que la Fiscalía General haya podido probar los crímenes de los que lo acusa. El gobierno de Bukele, sin embargo, se ha negado a dejar en libertad el exfuncionario. El 21 de diciembre, el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) puso un aviso penal ante la fiscalía por los delitos de desacato judicial, privación de libertad por funcionario o empleado público y actos arbitrarios contra Osiris Luna, el director carcelario del gobierno Bukele, y contra Juan José Ramírez Montano, el director del Centro Penal La Esperanza, donde Ramírez Landaverde está recluido.
Ramírez Landaverde, como la mayoría de quienes han sido detenidos durante el gobierno Bukele, tanto antes como durante el régimen de excepción decretado el 22 de marzo de 2022 y que persiste hasta ahora, perdió contacto con su familia cuando entró a la cárcel y apenas ha podido hablar con su abogado. Antes de desaparecer en el agujero carcelario, sin embargo, hizo una denuncia a la procuradora para la Defensa los Derechos Humanos (PDDH), una funcionaria que llegó al puesto gracias al apoyo de los diputados de Bukele y que ha guardado silencio ante denuncias de abusos carcelarios.
En su denuncia, Ramírez Landaverde asegura que su captura es parte del pacto que el candidato presidencial Nayib Bukele hizo con las pandillas aun antes de acceder a la presidencia del país. Desde que Bukele era alcalde, dice el exministro de seguridad, él sabía que los pandilleros habían acordado apoyar al “movimiento político” del futuro presidente.
“Por las responsabilidades que ocupamos en el ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la Policía Nacional Civil… recibimos información de las instituciones y entidades responsables de la inteligencia y de otras a cargo de la obtención, análisis y procesamiento de información sobre peticiones, pláticas y entendimientos entre miembros de pandillas con representantes del movimiento político que participaría en las presidenciales de 2019 y que ahora es el partido en el gobierno”, escribió el exministro en el escrito que presentó a la PDDH el 5 de octubre, poco menos de un mes después de que la policía de Bukele lo detuviera por primera vez.
Después de aquella primera captura, el 9 de septiembre de 2021, el juzgado segundo de instrucción de San Salvador, a cargo de conocer el caso en primera instancia, otorgó medidas sustitutivas a la prisión de Ramírez Landaverde y a otros cuatro acusados, todos subalternos del exministro. Pedro Cruz, el abogado de Ramírez, salió optimista de esa audiencia: la jueza, dijo el letrado, había “señalado deficiencias serias en la investigación de la Fiscalía”. El tribunal impuso una fianza relativamente baja: USD 5,000. La alegría duró poco.
La fiscalía apeló y el caso pasó a conocimiento de un tribunal de apelaciones. Mientras ese juzgado estudiaba mandar a Ramírez de nuevo a la cárcel, un acto disciplinario se gestaba en el Judicial: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada también por magistrados leales a Bukele, envió a Edelmira Violeta Flores Orellana, la jueza que había dado arresto domiciliar a Ramírez, al exilio en un tribunal en las afueras de San Salvador. Al final, la fiscalía consiguió una nueva orden de captura a principios de diciembre de 2021. Al enterarse, el exministro se seguridad se entregó a la Policía Nacional Civil, de la que él había sido el jefe y desde la cual, según lo dijo a la procuradora de Defensa de Derechos Humanos, reunió la primera información sobre el pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y las dos pandillas más importantes del país.
Antes de ir por segunda vez a prisión, Ramírez Landaverde dejó escrito: “En dichas negociaciones (del pacto pandillero) se trató el punto de represalias a futuro que el nuevo gobierno debería tomar contra los funcionarios que integrábamos en ese momento el gabinete de seguridad, por lo cual estamos convencidos de que la persecución política de la que somos víctimas actualmente responde al cumplimiento de tal exigencia que en su momento se discutió y que se está materializando con la persecución penal y administrativa en nuestra contra, sin elementos de prueba ni fundamentos jurídicos”. Lo escribió el 5 de octubre de 2021 pero el documento no había sido público hasta ahora. La PDDH nunca investigó los alegatos.
El pacto entre Bukele y las pandillas volvió a la mesa a mediados de noviembre pasado, cuando policías mexicanos y estadounidenses detuvieron a Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los máximos líderes de la MS13 a quien un funcionario cercano a Bukele sacó ilegalmente de una cárcel y lo llevó hasta Guatemala, de donde viajó a México.
En enero de este año, el periódico digital El Faro publicó audios y otras pruebas de que el jefe de una división especial de la policía salvadoreña había intentado entregar dinero al Cartel Jalisco Nueva Generación para que regresara al Crook a El Salvador. Para entonces, los funcionarios de Bukele sabían que agentes estadounidenses habían ubicado al jefe pandillero y estaban en pláticas con los mexicanos para capturarlo y llevarlo a Nueva York, donde es reclamado por actos de terrorismo. Una de las primeras cosas que el Crook dijo a sus captores es que el gobierno salvadoreño le había facilitado un arma de fuego durante su huida.
Las primeras investigaciones sobre el pacto pandillero de Bukele
Agentes federales de los Estados Unidos y subcontratistas del Departamento de Justicia han investigado el pacto de gobernabilidad entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas MS13 y Barrio 18 desde al menos 2018, incluso, antes de que Bukele ganara las elecciones presidenciales en febrero de ese año. Las primeras fuentes de información de los norteamericanos fueron los mismos pandilleros y datos interceptados por la inteligencia estatal, sobre todo la penitenciaria, cuyos informes recibía de forma regular Mauricio Ramírez Landaverde cuando fue ministro de seguridad en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Los pactos pandilleros con gobiernos salvadoreños habían empezado mucho antes. Entre 2011 y 2012 se gestó el más importante, conocido como La Tregua, durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Cuando Sánchez Cerén, el jefe de Ramírez Landaverde, llegó a la presidencia en 2014, aquella tregua se había roto. Los líderes de la MS13 y el Barrio 18, sin embargo, emprendieron una nueva negociación, esta vez con un joven político en ascenso, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien empezaba a perfilarse como candidato presidencial.
Las investigaciones de la policía y la fiscalía salvadoreñas sobre los acercamientos entre los jefes pandilleros y el movimiento político de Nayib Bukele, habían empezado en 2018. Aquel año, un fiscal llamado Álvaro Rodríguez estaba a cargo de un expediente de investigación en el que aparecían nombres de asesores cercanos a Bukele, como el de Ernesto Sanabria, su actual secretario de prensa, según reveló una investigación publicada por el medio especializado InSight Crime.
El fiscal Rodríguez y los investigadores hicieron seguimientos e intervinieron teléfonos. Detectaron que el 18 de diciembre de 2018, Vicente Ramírez, un jefe de vendedores informales que para entonces servía de enlace entre los pandilleros en las calles del centro de San Salvador y los jefes de la MS13 presos en la cárcel de máxima seguridad del país, se reunió con Sanabria. Uno de los enlaces de Ramírez era Cristina Esmeralda Vásquez de Grijalva, cuñada de Borromeo Henríquez, alias Diablito de Hollywood, uno de los máximos líderes de la MS13. A Sanabria el Departamento de Estado en Washington lo ha incluido en una lista de funcionarios antidemocráticos y corruptos, la llamada Lista Engel.
Seguimientos posteriores ordenados por los fiscales detectaron también reuniones con otros funcionarios cercanos a Bukele, como el actual alcalde de San Salvador, Mario Durán, y Carlos Marroquín, quien luego se convertiría en secretario presidencial de tejido social y el principal enlace del presidente Bukele con los líderes pandilleros que negociaron el pacto de gobernabilidad.
El Departamento del Tesoro del gobierno Biden en Washington sancionó a Marroquín y lo señalan de ”negociar” con las pandillas en nombre de Bukele. El Departamento de Justicia, a través de una fuerza especial de tarea llamada Vulcano, preparó una acusación criminal contra Marroquín, según reportó la agencia Reuters en diciembre de 2021; esa acusación se estancó por razones políticas de acuerdo con dos funcionarios del gobierno Biden que hablaron con Infobae bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público.
Una de las principales tesis de la fuerza Vulcano, que empezó a colaborar activamente con los fiscales salvadoreños que habían detectado los tratos de Bukele en San Salvador, es que aquellos entendimientos se convirtieron luego en un pacto que incluía a todo el país y que fue gestado con los líderes máximos de las pandillas, como Diablito de Hollywood o Élmer Canales Rivera, alias Crook, el jefe al que Carlos Marroquín, el ayudante de Bukele, ayudó a escapar de una cárcel salvadoreña.
Fue eso, la génesis del pacto pandillero, lo que la inteligencia penitenciaria detectó durante la gestión de Mauricio Ramírez Landaverde como ministro de seguridad en el gobierno que antecedió al de Bukele y al que luego los hombres del presidente, incluido el fiscal general, metieron preso.
Un exfuncionario de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador y un subcontratista del gobierno estadounidense familiarizado con las investigaciones de las agencias del gobierno Biden en el país centroamericano confirmaron que los subalternos de Ramírez en la policía y en el sistema penitenciario alimentaron los expedientes sobre los pactos entre Bukele y las pandillas. A la postre, ya en 2020, en plena pandemia de coronavirus y antes de que Bukele la controlara, la FGR, apoyada por la fuerza estadounidense Vulcano, juntaron todas aquellas investigaciones en un solo expediente al que, por su alcance y tamaño, llamaron Caso Catedral.
Las tiendas de las cárceles y el funcionario cercano al presidente
En esencia, Rodolfo Delgado, el fiscal general que diputados de Bukele eligieron de forma ilegal el 1 de mayo de 2021, acusa a Ramírez Landaverde de apropiarse de fondos obtenidos por una asociación creada para administrar dineros provenientes de la red de tiendas penitenciarias, donde los miles de reos del sistema compran productos básicos de higiene, comida y otros, como cigarrillos.
Las tiendas penitenciarias ya eran fuentes de corrupción a principios de siglo. Entre 2009 y 2014, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, jugaron un rol importante en la tregua que aquel gobierno pactó con las pandillas MS13 y Barrio 18 para canalizar fondos hacia adentro y hacia afuera de las cárceles, según confirmó a Infobae un alto jefe policial que conoció de cerca aquellas negociaciones.
En 2016, cuando Mauricio Ramírez Landaverde era el ministro a cargo del sistema penitenciario, la contraloría estatal salvadoreña hizo un examen al sistema de tiendas y detectó que los fondos se manejaban de forma opaca. Los auditores recomendaron crear un mecanismo para supervisar mejor el dinero y sugirieron, entre otras cosas, crear un asociación público-privada para administrarlo; nació así ASOCAMBIO, una entidad sin fines de lucro.
Fue el mismo Nayib Bukele quien en junio de 2019, días después de ser juramentado como presidente del país, dijo que Ramírez Landaverde y otros funcionarios habían desviado USD14 millones a través de ASOCAMBIO. El presidente no presentó pruebas ni explicó si la fiscalía general tenía abierto un expediente. Fue dos años después, en 2021, cuando ya Bukele había nombrado a un fiscal general completamente leal a él, que la acusación presidencial se convirtió en un caso criminal, y fue entonces que el vía crucis de Ramírez Landaverde empezó.
El expediente judicial contra Ramírez, a parte del cual Infobae ha tenido acceso, no es abundante en pruebas. Los fiscales apenas han podido demostrar movimientos por unos USD 400,000 de las cuentas de ASOCAMBIO y no han podido acreditar que ese dinero haya ido a parar a cuentas del exfuncionario.
Rodolfo Delgado, el fiscal general al que Bukele y sus diputados impusieron tras ganar la super mayoría en el Congreso en 2021, no ha desistido en su empeño de mantener preso a Ramírez Landaverde a pesar de que un juez de primera instancia y otro de apelaciones lo han beneficiado con arresto domiciliar, y de que uno de esos juzgadores advirtió a la fiscalía de la debilidad de su prueba. Cuando, en diciembre de 2023, Ramírez cumplió dos años de arresto preventivo -el máximo permitido por la ley salvadoreña- y un tribunal volvió a ordenar su liberación, los fiscales a las órdenes de Delgado se apresuraron a apelar la decisión. Así, el exministro de seguridad pública a quien la inteligencia penitenciaria avisó que un pacto se cocinaba entre el hombre que se convertiría en presidente del país y los máximos líderes de la MS13 y el Barrio 18 presos, sigue en prisión, recluido del mundo y de la posibilidad de explicar con más amplitud qué vio en aquellos informes de inteligencia.
Delgado ha conocido un caso diferente que involucra también al dinero de las tiendas penitenciarias. Este caso, en el que fiscales anteriores sí recabaron pruebas contundentes, involucra a Osiris Luna Meza, el director carcelario nombrado por Nayib Bukele, y a quien el gobierno de Biden también ha acusado de corrupto y ha investigado, entre otras cosas, por el pacto pandillero.
De Luna Meza, el Departamento de Estado en Washington dijo en 2021 que está implicado en “corrupción significativa relacionada con contratos gubernamentales y sobornos”. Y en su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo de 2022, el gobierno de Biden escribió: “las pandillas acordaron reducir dramáticamente el número de homicidios en el país a cambio de varias demandas, incluida la protección del gobierno a ciertos líderes pandilleros para evitar la extradición a Estados Unidos”; uno de los gestores de ese acuerdo, dicen los estadounidenses, es Osiris Luna.
Antes del fiscal general Delgado, los fiscales que investigaron a funcionarios del presidente Bukele, apoyados por los agentes estadounidenses, lograron determinar que Osiris Luna y su madre, Alma Yanira Meza, formaron una red que desvió USD 8.1 millones de las tiendas penitenciarias y que esa red creó 10 plazas fantasmas por las que Luna cobró USD 278,353.48.
Delgado nunca tocó aquellos expedientes, los que sus antecesores en la fiscalía habían reunido en el llamado Caso Catedral. Lo que sí hizo en fiscal general de Bukele fue allanar las oficinas de los investigadores que habían trabajado en los casos contra Meza y otros funcionarios de Bukele, incluidos sus hermanos, su jefa de gabinete, varios de sus ministros y algunos de sus asesores extranjeros. Y lo que también hizo Delgado fue meter en la cárcel a uno de los primeros exfuncionarios que detectó el pacto entre el presidente y los jefes de la MS13 y el Barrio 18.
