La Empresa Portuaria Santo Tomás solicitó la adquisición de un sistema de videovigilancia para la institución, en la licitación solo participaron dos empresas una de ellas fue descalificada por sumar mal el precio total.
Por Carlos Estrada
La empresa Corporación de Servicios Óptimos de Guatemala S.A. (Opti GT), constituida en junio de 2023 e inscrita en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el 12 de julio del año pasado, fue la empresa adjudicada por la Junta de Licitación para alquilar por 60 meses 388 cámaras de monitoreo de diferentes tipos, además de software de reconocimiento facial y de placas por un monto total de Q60 millones 634 mil 44.60.
La empresa que concursó por primera vez para recibir un contrato con el Estado, recibió la adjudicación millonaria sin tener experiencia previa en concursos estatales. La Junta de Licitación le otorgó una calificación de 20 puntos de 20 en este criterio, a pesar de que el portal electrónico de Guatecompras no muestra ningún otro contrato y que la empresa se estableció solo cinco meses antes de que el concurso fuera publicado.
“Se le otorga la totalidad del puntaje en virtud que acredita documentalmente por medio de cuatro fotocopias legalizadas de contratos, suscritos por montos superiores a Q900,000.00, que cuenta con experiencia en la prestación de servicios similares al solicitado en las bases de licitación que rigen el presente concurso, a nivel nacional, en el sector privado, dentro de los cinco años calendario anteriores a la presentación de ofertas en el presente concurso”, señala el acta de la Junta de Licitación.
Aunque normalmente los concursos piden que las empresas cuenten con experiencia en ser proveedores con el Estado, en este concurso la Empornac estableció que los contratos de las empresas para acreditar la experiencia podían ser con empresas privadas. A pesar de esto, Opti GT no cuenta ni con página web, o con anuncios en redes sociales, tampoco con información abierta pública que informe más sobre la empresa y sus supuestos clientes privados.
La otra empresa que participó fue Avanzados en Proyectos Tecnológicos S.A., la cual presentó una oferta de Q.59 millones 938 mil 755.17, unos Q695 mil menos que la adjudicada, sin embargo, fue descalificada por la Junta de Licitación entre otras razones, por sumar mal el monto total ofertado frente al monto mensual, los cuales no coincidían.
La empresa ya había proveído a las portuarias diferentes productos, entre ellos un simulador portuario por el que la Empresa Portuaria Quetzal pagó: Q6.5 millones. Mientras que con la Empornac vendió diferentes cámaras de videovigilancia.
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Abogado de la empresa fue empleado de la SAT
La empresa, según los datos de Guatecompras, fue constituida por el abogado José Benjamín Sánchez Araúz, un antiguo empleado de la Superintendencia de Administración Tributaria, de marzo de 2009 a agosto de 2016.
Según los registros públicos, Sánchez Araúz trabajó como Supervisor de Franquicias y Asuntos aduanales, aunque no se especifica si estuvo asignado a la portuaria Empornac u otro puesto fronterizo en el país.
Mientras tanto, la empresa tiene como representante legal a Luis Fernando Rodas Carrillo, de 27 años, quien trabajó hasta julio del año pasado para la empresa Credimas Leasing Sociedad Anónima, una empresa de créditos, parte del Grupo Tecún, de la familia Maegli Novella.
Rodas Carrillo, quien laboró para las empresas del Grupo Tecún, de noviembre de 2011 a junio del año pasado, solicitó ante el Registro Mercantil el cambio de dirección el mismo mes en el que la empresa quedó inscrita ante la SAT.
Cámaras y sistemas de reconocimiento facial
El alquiler del equipo solicitado por la Empornac como parte del paquete, “contratación del servicio de arrendamiento de equipos para el sistema integral para control de funcionamiento interno de las instalaciones de la Empresa Portuaria…”, consta de un total de 388 cámaras.
267 de ellas de tipo fijo, con resolución de 4K y 8 megapíxeles, además de 76 cámaras tipo domo panorámica, con inclinación y zoom, también con resolución 4k y zoom óptico de 30x.
La Empornac también solicitó el alquiler de 30 cámaras inteligentes y 15 cámaras térmicas de 360 grados.
Asimismo, solicitó que se incluya el alquiler de dos servidores, uno de almacenamiento de 240 gigabytes de Disco Duro SSD y 500 terabytes de disco duro NL-SAS, y otro de “analíticos” de 480 gigas de memoria SSD y 84 terabytes de SATA, entre otras características. También seis servidores de almacenamiento con diferentes características, además de 11 estaciones de control de vigilancia con igual número de monitores.
Empornac también requirió que se incluya un software de reconocimiento de placas de contenedores y otro de reconocimiento de placas de vehículos y uno más de reconocimiento facial de hasta 50 mil rostros.
Las cámaras serán instaladas en las distintas rampas, así como en bodegas, parqueos, patios, bahías, edificios y entradas entre otras instalaciones.
¿La salida de Samayoa de los puertos?
Axel Arturo Samayoa Camacho tuvo durante años el control de las cámaras de vigilancia en ambas portuarias a través de su empresa Data Expert S.A. Sin embargo, con las sanciones que le impuso la justicia estadounidense sus contratos con las portuarias se vinieron abajo y dejó de recibir adjudicaciones al menos con sus empresas conocidas.
Samayoa fue sancionado por Estados Unidos, el 15 de julio de 2022, junto al diputado al Parlamento Centroamericano del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jorge Estuardo Vargas. Ambos, según la información divulgada por las autoridades estadounidenses, participaban en actos de corrupción en las dos portuarias.
“Propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos”, indicó el Departamento de Estado al momento de sancionar a Samayoa.
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