La inclusión de empresarios guatemaltecos en la lista Engel generó gran expectativa en el país, empresarios del monopolio del azúcar y de la generación de electricidad, así como transportistas y constructoras son ligados a actos de corrupción y hoy se quedan sin la posibilidad de entrar a Estados Unidos.
Por Juan Calles
La mañana de este 15 de julio se publicó la nueva lista de actores guatemaltecos que el Departamento de Estado, de Estados Unidos, identificó como personas que han participado en acciones que menoscaban la democracia, que participan en actos de corrupción o en la obstrucción de las investigaciones respectivas. En ese listado se incluye a diputados, fiscales, abogados y, por primera vez, a miembros de la élite económica guatemalteca.
Los empresarios incorporados son: Axel Arturo Samayoa Camacho, Ramiro Mauricio López Camey, Ramón “Moncho” Campollo Codina, Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández.
A los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Geisler Smaille Pérez Domínguez, Erick Gustavo Santiago de León, Nery Oswaldo Medina Méndez, Vitalina Orellana y Orellana, Víctor Manuel Cruz Rivera y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cucul.
Se incluye también a Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), al exministro de comunicación del gobierno de Jimmy Morales, José Luis Benito Ruiz, a la diputada de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Sofía Janeth Hernández Herrera, a la exdiputada Alejandra Carrillo y ahora directora del Instituto de la Víctima, y al abogado Dennis Billy Herrera Arita.
En los meses de julio y septiembre de 2021 se publicó la lista de funcionarios públicos y políticos que el gobierno de Estados Unidos señala como operadores corruptos, a quienes se les retira la visa para evitar que ingresen a ese país buscando refugio. En esas ocasiones se incluyó a Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP); y a su secretario general, Ángel Pineda; a la exdiputada Delia Bac, y a Felipe Alejos; al juez Mynor Moto, a los magistrados Blanca Stalling y Nester Vásquez Pimentel y al activista de extrema derecha Ricardo Méndez Ruiz, entre otros.
Según la ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, el Departamento de ley de asignaciones estatales y de operaciones extranjeras elabora este listado y lo informa al Congreso norteamericano a través del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y al Senado, por medio del comité judicial. Se le llama lista Engel por Elliot Engel, el excongresista demócrata de Nueva York que impulsó la creación de esta ley.
La lista se elabora al menos dos veces al año con base en investigaciones realizadas por el Departamento de Estado, en los países centroamericanos de Honduras, Guatemala y El Salvador; en la misma se incluye a quienes, según las investigaciones, se han involucrado en actos que amenazan procesos o instituciones democráticas, que se han involucrado en corrupción o han obstaculizado investigaciones anticorrupción e impunidad.
El gran empresariado que hace negocios con el gobierno y ampara la corrupción
Uno de los empresarios incluidos en la lista Engel es Ramón “Moncho” Campollo Codina, del grupo Campollo, que según investigación periodística del medio Vox Populi, financió la campaña electoral del actual presidente Alejandro Giammattei y posteriormente se vinculó con la compra de tres lujosos apartamentos para los tres hijos de Giammattei, además la misma investigación reveló que el grupo Campollo, a través de varias empresas, financiaba las campañas electorales de Zury Ríos por cantidades millonarias y de Sandra Torres por al menos Q 400 000.
Además, el grupo Campollo tiene inversiones en la generación de energía eléctrica en Guatemala, por medio de diferentes empresas propiedad de esta familia.
En otra investigación periodística, “El Cartel del azúcar de Guatemala”, esta vez del medio salvadoreño, El Faro, quienes muestran a partir de la filtración de documentos, conocida como “Los Panamá Papers”, que la familia Campollo, dueña del ingenio azucarero Madre Tierra, creó 121 empresas offshore con un capital autorizado de 282 millones de dólares, la creación de esas empresas es legal, sin embargo, esta práctica es utilizada para evadir impuestos.
Otro importante empresario señalado en esta lista es Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, quien es miembro y representante de varias empresas del grupo Campollo, específicamente de Energía del Caribe, y Esi, S.A. lo cual coloca al grupo Campollo al centro de la controversia.
El también empresario Axel Arturo Samayoa Camacho, dueño de empresas de transporte y camiones de carga que operan en los puertos marítimos más importantes del país como la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Empornac y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), es señalado de pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos en dichos puertos.
De la misma manera, Ramiro Mauricio López Camey, dueño de la constructora Asfaltos y Petróleos, S.A. que pagó sobornos para conseguir contratos con el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Políticos y magistrados incluidos en la lista son identificados como operadores corruptos
Los operadores de justicia incluidos en la nueva lista publicada, están vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020, entre ellos el juez del juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Geisler Smaille Pérez Domínguez, quien además tuvo a su cargo el caso de la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Leily Santizo.
Pérez Domínguez enfrentó una solicitud de retiro de inmunidad por su participación en el caso Comisiones Paralelas 2020, ya que se evidenció que tuvo reuniones con el entonces juez Mynor Moto y Gustavo Alejos, mientras se realizaba el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Sala de apelaciones. El juez además es ligado en el mismo caso con el abogado Dennis Billy Herrera Arita, también incluido en esta lista y quien ya guardó prisión por el mismo caso.
De la misma manera, los actuales magistrados de la CSJ, Nery Oswaldo Medina Méndez, Vitalina Orellana y Orellana; y los jueces Erick Gustavo Santiago de León, Víctor Manuel Cruz Rivera, quienes en el documento publicado son señalados de actos de corrupción y de estar involucrados en el caso Comisiones Paralelas 2020.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, José Rafael Curruchiche Cucul, también fue incluido luego de algunos meses de estar a cargo de la fiscalía contra la impunidad.
El exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, quien recientemente salió de prisión por el caso Comisiones Paralelas 2020 y el ex ministro de comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales, José Luis Benito, fueron incluidos esta vez en la lista.
La diputada de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Sofía Janeth Hernández Herrera, fue señalada por sobornos y usar sus vínculos con grupos de narcotraficantes, para intimidar a sus oponentes políticos y usar sus atribuciones como diputada para amenazar a sus contrincantes.
Por su parte, la exdiputada Alejandra Carrillo y ahora directora del Instituto de la Víctima, fue incluida por actos de corrupción en el arrendamiento del edificio que ocupa la institución que dirige; los dos fiscales Luis Pablo Sajcabun y Eduardo Pantaleón -actualmente enjuiciado-, quienes investigaban su caso, fueron removidos.
Exembajador Stephen McFarland: “Incluir a una persona en la lista no es algo político”
En una conversación con Prensa Comunitaria, el exembajador estadounidense, Stephen McFarland dijo que un equipo de abogados y analistas recopilan la información y pruebas, para presentar un informe riguroso y apegado a la ley: “La lista no es un mensaje que el gobierno de Estados Unidos quiere enviar, su publicación refleja que el gobierno tiene la información suficiente para respaldar lo que dice”, comentó.
La inclusión de empresarios en la lista Engel, según McFarland, es un hecho novedoso y un paso importante en la estrategia que el gobierno de Estados Unidos impulsa en su política para enfrentar la corrupción en la región de Centro América, “Si bien es algo que todo el mundo sabía que podía pasar, es algo nuevo y es algo que el sector económico, las grandes familias en Guatemala, harían bien en estudiar”.
Por aparte, McFarland refirió que, a pesar de que no ha visto que el Departamento de Estado publique la nueva lista oficialmente, la administración Biden continua con su política con respecto a la transparencia y contra la corrupción en la región, cobra importancia que en los cuatro países del Triángulo Norte centroamericano se añadan nombres de funcionarios públicos y empresarios que se ven involucrados en actos de corrupción.
“Refleja la comprensión del gobierno de Estados Unidos que estos sectores en Guatemala están ligados a la corrupción y actos en contra de la democracia… es una muestra que el gobierno está tomando la situación en Guatemala muy en serio”, comentó el exembajador.
McFarland dijo que para algunas personas no es importante perder la visa o creen que estar en un listado como la lista Engels no tiene ninguna implicación, sin embargo, algunas personas si verán afectados sus intereses personales al estar incluidas en la misma.
“La lista Engel no pretende ser la solución a la corrupción, porque tiene que venir del mismo pueblo, en este caso de Guatemala, pero sí sirve para decir que Estados Unidos está en contra de la corrupción, de la impunidad y está dispuesto a tomar ciertos pasos, asumir ciertos costos para dejar clara esta posición”, agregó.
Las sanciones económicas que se han aplicado a otros países y personas en Centroamérica, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, permiten, por ejemplo, inmovilizar fondos y activos y en casos más graves la extradición, como lo sucedido con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que al dejar la presidencia fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de tráfico de cocaína y armas.
Según McFarland, no se puede predecir si Estados Unidos emitirá sanciones económicas en Guatemala, pero señaló que existen mecanismos en la legislación estadounidense para sancionar a actores corruptos.
