Por Héctor Silva Ávalos

Nayib Bukele ganó la elección presidencial del domingo 4 de febrero. Sin duda. Sin atenuantes. Con el apoyo de la gran mayoría de los salvadoreños. Eso es cierto. También lo es que su candidatura para un segundo término y, por tanto, su reelección, son ilegales: están prohibidas por la Constitución de la República. Esa es la mayor objeción a lo que acaba de ocurrir en El Salvador, pero hay otras objeciones, graves.

Por ejemplo. Además de la presidenciales se llevaron a cabo elecciones legislativas. Antes de las 7:00 p.m. del 4F, a menos de dos horas después del cierre de urnas, Bukele le dijo al mundo que, según sus números, él había ganado la presidencia con el 85% de las preferencias y que su partido, Nuevas Ideas, había obtenido 58 de 60 diputados. Los únicos números que tenía Bukele para decir eso eran los de una encuesta, hecha por la casa CID-Gallup y que fue publicada contraviniendo leyes del país. El presidente tenía eso y la certeza de que, en El Salvador, puede hacer cualquier cosa porque ya lo controla todo, incluido el acto político de agenciarse unas elecciones sin que el Tribunal Supremo Electoral haya empezado, siquiera, a contar los votos.

Por ejemplo. Lo de los diputados. Casi 24 horas después de cerradas las urnas, el TSE anunció que el escrutinio preliminar de la votación legislativa había “fallado”, que no habían podido contar las actas del escrutinio y que tenían que abrir las urnas. Problema: no está claro dónde están las urnas, al menos las de San Salvador, la capital, que es la jurisdicción electoral más grande e importante. Los partidos de oposición no tradicionales ya protestaron, pero están solos en eso.

Por ejemplo. En decenas de centros de votación, incluidos los instalados en el extranjero para el voto de salvadoreños, los personeros del tribunal electoral eran miembros del oficialismo.

Por ejemplo. A la hora del cierre de urnas, la Policía Nacional Civil sacó a los periodistas que estaban ahí para presenciar conteos iniciales.

Al final, como en el tema de las cifras de homicidios, de los presos durante el régimen de excepción, de los gastos públicos, de los infectados por Covid, de lo invertido en el despropósito del Bitcoin, las cifras que cuentan la voluntad popular expresada en las urnas para la conformación de la Asamblea Legislativa siguen escondidas, y a estas alturas el manoseo ya es suficiente como para poner en duda lo que venga luego.

De nuevo, no hablo de la presidencial. Ahí el resultado no admite réplica: es voluntad mayoritaria de los votantes salvadoreños dar un segundo periodo presidencial al hombre que, régimen de excepción, pacto pandillero y crímenes contra los derechos fundamentales de por medio, transformó el mapa criminal del país y llevó una especie de pax mafiosa a los barrios y comunidades. La mayoría lo reeligió aunque reelegirlo es ilegal. Hablo, en específico, de la legislativa. Bukele quería todo el poder y se apresuró a decir que lo tenía en el Congreso según “sus números”.

El tema del Legislativo es importante. Es claro que el soberano, en El Salvador, quiere a este presidente para que, ilegalidad incluida, lo sea de nuevo, pero si también ha sido voluntad del mismo soberano que el poder en la Asamblea no sea absoluto, y eso está en riesgo por las acciones de Nayib Bukele, ni El Salvador ni el mundo pueden pretender que todo está bien.

Todo esto, irregularidades, reelección inconstitucional, sospechas de ruptura del orden legal en la legislativa, sin embargo, no parece importarle a la comunidad internacional, que ya se pronunció y congratuló al presidente reelecto.

Washington se tardó poco más de un día, pero al final dio por válido todo y, a través del secretario de Estado Antony Blinken, envió un mensaje de felicitaciones en el que intentó meter un tímido mensaje sobre respeto a los derechos humanos (too little, too late, my friend). Lo de Estados Unidos era previsible. El asunto chino y la torpeza de la administración Biden para lidiar con la popularidad de Bukele lo explican.

Menos entendible es la reacción apresurada del presidente de Guatemala, que sin reparar en los reclamos legítimos de la oposición salvadoreña, en la inconstitucionalidad de la reelección y en el hecho incontrovertible de que Bukele se autoproclamó vencedor de la presidencial y la legislativa sin ningún conteo oficial del que echar mano, corrió a dar un espaldarazo a su colega salvadoreño. Arévalo es uno de los políticos más relevantes en la actualidad, por su mérito y por el del pueblo guatemalteco, que no dudó en tirarse a las calles para defender la democracia sin miedo. La credibilidad de Arévalo, su calidad democrática, hacía pensar que, al menos, iba a esperar un poco. No lo hizo, y su felicitación precoz dio a Bukele, en las primeras de cambio, un asidero de reconocimiento internacional que no tenía en ese momento.

Cuando Arévalo ganó, escribí en este espacio de Prensa Comunitaria: “En esta Centroamérica, la democracia de fachada se ha normalizado. Por eso la posibilidad de que Semilla gobierne en Guatemala puede ser, también, un cortafuego al neoautoritarismo regional. Eso siempre que Arévalo De León…, su partido y sus funcionarios se comporten a la altura, como demócratas”. Me temo, señor presidente Arévalo, que su primera señal de peso en la geopolítica regional, al saludar prematuramente a su homólogo salvadoreño, debilitó ese cortafuego.

Dicen en Guatemala que el saludo de Arévalo a Bukele fue un gesto pragmático, trivial, pura diplomacia de manual. No. Fue una declaración política importante, y si el presidente Arévalo y sus asesores no lo saben es que no han abrazado por completo el significado real de una presidencia que se instaló contracorriente de los poderes fácticos, gracias al empeño de los guatemaltecos, y se erigió desde el principio como un símbolo contrario al autoritarismo.

Más digna fue la respuesta primera del gobierno alemán, que reconoció, escueto, la ventaja de Bukele en las presidenciales y mostró preocupación por los irrespetos a los derechos humanos en El Salvador. Reproduzco aquí las palabras de Katrin Deschauer, portavoz del gobierno alemán, por su pertinencia y su precisión diplomática: “Hemos tomado nota de lo que está ocurriendo en El Salvador. Los electores parecen haberse decidido por el presidente Bukele aunque el conteo no ha terminado todavía. También hemos tomado nota de que durante su mandato mejoró la seguridad pero empeoró la situación de los derechos humanos. Hay que instar al presidente Bukele a preocuparse por garantizar el respeto a los derechos humanos en su lucha contra la criminalidad”.

Nayib Bukele es presidente de nuevo porque él así lo quiso, porque siguió un guion clásico de autoritarismo y pulverizó todo el sistema político para traspasar las barreras legales, y porque la mayoría de los salvadoreños optaron por eso y le dieron la espalda a lo otro, a la democracia que se construye más allá de las urnas. Bukele enfrenta, ahora, retos importantes para los que su gobierno no parece bien preparado, sobre todo en los temas financieros y económicos, y lo normal sería que su popularidad ceda y que, eventualmente, los mismos que le votaron le pidan luego cuentas en las urnas, pero ahora será difícil: entregar todo el poder a uno solo significa entregar la soberanía a ese elegido de forma absoluta; eso nunca termina bien.

Por ahora, ese uno, Nayib Bukele, cuenta también con la complacencia de la comunidad internacional, incluido el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, a pesar de que todas las campanas antidemocráticas que a punto estuvieron de impedir el traspaso de mando en Guatemala -la corrupción, el control de los poderes del Estado y sus entidades contraloras, el cierre de los espacios cívicos, el acoso a la prensa independiente- repican sin descanso en San Salvador.