Una institución creada para la recuperación integral de las víctimas fue utilizada para darle cobijo a allegados, exfuncionarios y familiares de políticos, otro de los bastiones que les quedaban a quienes se beneficiaron de plazas y recursos del Estado de los gobiernos anteriores.
Por Carlos Estrada
El Instituto de la Víctima, que durante más de cuatro años dirigió Alejandra Carrillo, fue una agencia de empleos para familiares de políticos y exfuncionarios. Además, fue un foco de corrupción, pero la cercanía de Carrillo con el Ministerio Público (MP) le permitieron que los casos no se investiguen.
Con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que echó por la borda el resguardo que tenía Alejandra Carrillo, con el que procuró no ser removida del cargo para el que fue elegida por Jimmy Morales, quienes se beneficiaban de esta institución para obtener plazas para familiares y amigos, se quedaron con un espacio menos dentro del Ejecutivo.
Alejandra Carrillo fue removida del cargo y en su lugar se nombró a la exdiputada del partido Movimiento Semilla, Ligia Hernández. Al segundo día de tomar posesión del cargo, Hernández anunció la remoción de contratos.
Conoce más detalles acá:
CC revoca protección a Alejandra Carrillo y abre camino para destituirla
Carrillo era uno de los últimos respaldos de Consuelo Porras en las instancias de justicia del país. El Instituto de la Víctima cuenta actualmente con un presupuesto de Q55 millones, que equivale a unos 7 millones de dólares.
Desde febrero de 2024, Ligia Hernández será la encargada de dirigir esta institución.
Conoce más detalles acá:
Bernardo Arévalo nombra a Ligia Hernández como directora del Instituto de la Víctima
Supuestos sobornos
El Ministerio Público de Porras, cerró un proceso por corrupción que se había iniciado por el alquiler irregular del edificio en donde se encuentran las instalaciones del Instituto. Según las primeras investigaciones, Carrillo se habría beneficiado por un soborno para alquilar el edificio en donde se encuentra la sede de la institución.
Sobre el caso, había una denuncia presentada por la asistente de Carrillo quien habría aportado pruebas sobre la supuesta entrega del soborno.
El fiscal Eduardo Pantaleón que inició con la investigación del caso, fue removido del cargo y trasladado a otra unidad y un año después fue capturado por un supuesto caso para beneficiar al exministro de Comunicaciones del expresidente Jimmy Morales, José Luis Benito.
Carrillo además utilizó la Ley contra el Femicidio para evitar la fiscalización de la prensa. La jueza Yadira Barrios resolvió que los empleados del diario La Hora no podían perturbar a la ahora exfuncionaria quien los señaló de violencia psicológica.
Ley Global Magnitsky y la lista Engel
La ahora exdirectora del Instituto de la Víctima está casada con el diputado Felipe Alejos de (TODOS), quién fue sancionado con la Ley Global Magnitsky de responsabilidad por los derechos humanos.
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Alejos se coordinó con Gustavo Alejos Cambara para facilitar pagos a diputados del Congreso y a jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de alterar los resultados de la elección de magistrados en busca de elegir personas que los pudieran ayudar judicialmente.
Además, Carrillo también fue incluida en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos por “socavar el proceso o las instituciones democráticas al utilizar su posición oficial para facilitar el esquema de Comisiones Paralelas 2020 para la CSJ y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.
Estas son algunas de las personas con vínculos políticos que estaban contratadas en diciembre de 2023 por el Instituto de la Víctima:
- Yesica Magaly Ramírez Díaz: abogada y esposa del cuestionado juez Maynor Mauricio Moto Morataya, señalado en varios casos de corrupción y cooptación de la justicia.
- Mariel Giordano Grajeda: es hermana del exdiputado Juan Manuel Giordano e hija del exdiputado Juan Manuel Giordano Estrada.
- Gabriela María Rosales Ruíz. esposa del diputado Julio Cesar López Escobar, hijo del exdiputado Julio Cesar López Villatoro y sobrino de Sergio López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis.
- Aida Gabriel Márquez Liberato: exsecretaria del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y exempleada del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
Estos son algunos de los nombres de políticos que acompañaron a Carrillo durante su paso por el Instituto de la Víctima
- Héctor Alfredo Ruiz Fuentes: exdirector de Conjuve durante el Gobierno del Partido Patriota. Esta institución estuvo estrechamente ligada a Carrillo quién la presidió antes de Ruiz.
- Juan Manuel López Aguilar: fue excandidato a diputado por el partido Todos en el departamento de Jutiapa. La agrupación política pertenece al esposo de Carrillo, Felipe Alejos.
- Lersy Lorena Gatica Gudiel: encargada de nóminas de Conjuve, mientras Carrillo era directora de esa institución, fue además candidata a diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) con el Partido Patriota. Al mismo tiempo que Carrillo compitió como candidata a diputada. Gatica fue también empleada del Congreso de la República.
- Selvyn Salvador Pineda Barales: hermano del magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Antonio Pineda Barales.
Otros contratos para familiares de políticos
Además de los empleados que estuvieron hasta diciembre de 2023, otros casos de familiares de políticos que fueron contratados en el Instituto de la Víctima son:
- Sandra Raquel de León Torres: hija de la excandidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres Casanova.
- María José Recinos Chavarria: hija del alcalde de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos y de la exdiputada Aracely Chavarría.
