En el recurso de apelación presentado contra la resolución que cerró el caso de periodistas y columnistas de elPeriódico, la FECI de Rafael Curruchiche considera que la investigación contra los comunicadores puede continuar porque pudo haber un “uso abusivo de la libertad de expresión”.
Por Prensa Comunitaria
La Sala Tercera de Apelaciones analiza el recurso de apelación planteado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que dirige Rafael Curruchiche, contra la resolución que dictó el Juzgado Quinto Penal y que sirvió para detener la investigación contra periodistas y columnistas que trabajaron para elPeriódico, por sus publicaciones en el caso de su fundador Jose Rubén Zamora.
La impugnación que planteó la FECI se basa en que los periodistas pudieron hacer un uso “abusivo” de la libertad de expresión, por las publicaciones que evidenciaron posibles irregularidades en la detención de Zamora. Esa es una de las razones por las que piden que se reactive la investigación penal que estaban realizando por supuesta obstrucción de justicia.
“El Ministerio Público al no estar de acuerdo con la resolución emitida, plantea el recurso de apelación (…), al contrastarlo con la libertad de emisión del pensamiento, no tendrían por qué “colisionar” estos dos derechos, siempre que no se haga un uso abusivo a esta libertad, por lo que no tendría que contraponerse derecho sobre derecho. Sin embargo, cuando la administración de justicia se ve afectada porque la función es atacada y esto es una conducta reiterada para limitar la función de la persecución penal, nos encontramos ante una posible comisión de delito”, argumenta la Fiscalía.
La afirmación contradice el artículo 35 de la Constitución de la República, que establece: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un Tribunal de Honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados”.
Esos argumentos están siendo aún analizados por los magistrados de la Sala, quienes confirmarán o revocarán la decisión a favor de los periodistas y columnistas. Durante la semana trascendió de supuestas presiones para que acepten la apelación del Ministerio Público (MP).
SIP presenta amicus curiae a favor de periodistas
Ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que presentó un amicus curiae ante un tribunal de Guatemala, a favor de ocho periodistas guatemaltecos que fueron procesados y acusados de obstrucción de justicia, en un caso que se encuentra bajo apelación y que se conocerá en los próximos días.
El documento presentado por la SIP plantea que con el argumento del Ministerio Público se está “vulnerando los preceptos constitucionales que garantizan la libre emisión del pensamiento”.
En su alegato el MP dice: “Los periodistas con sus publicaciones posiblemente han intentado amenazar o coaccionar a los miembros del Organismo Judicial, Ministerio Público y Auxiliares de la Administración de Justicia, afectando su integridad física y su honor, con el fin de influir en su comportamiento”.
Jueza cerró caso de FECI
El pasado 8 de enero, el Juzgado Quinto Penal emitió una resolución que sienta un precedente favorable para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Guatemala. La jueza Aurora Beatriz Gutiérrez Andrade dejó claro que un periodista o columnista no puede ser perseguido penalmente por sus publicaciones.
El fallo se emitió en una audiencia en la que se escuchó al equipo de defensores de los comunicadores que trabajaron para elPeriódico, quienes le solicitaron que se declarara incompetente para conocer esa investigación y se designara un Tribunal de Imprenta para que allí se agotara cualquier denuncia relacionada a trabajos periodísticos publicados en ese medio de comunicación que dirigió Jose Rubén Zamora, que lleva más de 550 días en prisión.
Al haberse declarado incompetente para conocer el proceso, el caso no deberá continuar en la vía penal, es decir no se puede calificar como delito el trabajo periodístico. La jueza dejó claro que cualquier persona que se sienta ofendida por publicaciones debe acudir a un Tribunal de Imprenta y allí agotar el procedimiento que corresponda.
En este caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad pretendía usar la Ley contra la Delincuencia Organizada para juzgar a los periodistas por las publicaciones realizadas sobre los vicios en el caso que se sigue contra el periodista Jose Rubén Zamora.
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Jueza frena persecución penal contra periodistas y columnistas de elPeriódico
