La Contraloría General de Cuentas (CGC) evitó sancionar a la exministra de Educación, Claudia Ruiz Casasola, por la contratación del seguro médico escolar, del que se pronunció favorablemente.
Por Prensa Comunitaria
Por el programa, el gobierno de Alejandro Giammattei desembolsó un total de Q842.9 millones, según indicaron las nuevas autoridades de Educación en una citación que les hizo la bancada del partido Vos.
No obstante, la iniciativa no estuvo exenta de cuestionamientos. Por ejemplo, los fondos para la póliza fueron administrados por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), que subcontrató el servicio sin hacer una licitación pública.
Una de las empresas beneficiarias de los fondos estatales fue Urgencias Médicas. Una investigación de No Ficción detalló que esa entidad mercantil ofreció una prima limitada, al punto de solo atender la primera etapa de la COVID-19 sin cobertura de medicamentos.
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Sin embargo, para la CGC los recursos públicos se utilizaron de forma “eficaz” después de evaluar el programa durante el 2021. Posteriormente, ya no estudió su desempeño y ninguna de las autoridades, entre ellas la ministra, fue penalizada.
Para justificar que el dinero fue bien utilizado, la Contraloría afirmó que el total del presupuesto que el Ministerio de Educación (Mineduc) destinó para el seguro médico escolar fue erogado.
También calificó como “eficiente” que se haya inscrito a los estudiantes en la póliza y dijo que fue “beneficioso” el que no haya existido, en el año que fue evaluado el funcionamiento de la prima, algún “cobro adicional para los usuarios”.
Nuevas acciones de Arévalo
Tras la salida de Giammattei, el presidente Bernardo Arévalo ordenó la derogación del seguro médico escolar original con el fin de mejorar la “cobertura, accesibilidad y calidad del servicio”.
El gobierno refirió que los ministerios de Educación y Salud firmarán un convenio de cooperación, que “permitirá una coordinación eficiente y una transición” hacia un nuevo sistema de gestión.
“Además de mejorar la atención médica escolar, esta medida también se propone transparentar la ejecución de los fondos públicos”, indicó la Presidencia. También están pendientes de que se ejecuten otras acciones solicitadas por el Mineduc.
Estas incluyen una revisión financiera, operativa y legal del programa de parte de la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la sección de Auditoría Interna de la institución dirigida por Anabella Giracca.
