En el idioma maya k’iche’, la palabra ak’ab’al significa amanecer. Cobra sentido en el calendario maya en tanto que hace el balance del momento justo del paso de la oscuridad a la luz; es el momento del contacto con los primeros rayos del sol… Nos llega o comienza el día. Se recrea con la imagen de los animales del día y de la noche, los que cuidan y los que guían… Un mundo simbólico por el mensaje que transmite a una sociedad entera, a los cuatro pueblos que cohabitamos en este territorio: el amanecer es un paso lento.
Este amanecer es sentido de comunidad ante la mirada del cambio en el tiempo, se hila con lo que hace unos pocos días hemos conocido en los distintos medios de comunicación: el balance de los primeros 100 días del gobierno y las principales acciones realizadas a favor de la sociedad guatemalteca. Parece que lo urgente es la seguridad y la lucha contra la corrupción, necesarias para alcanzar la justicia social, tan urgente en cada uno de los rincones de esta Nación Plurinacional. Y para ello, hay que contar con las personas idóneas, capaces y probas para tomar los distintos espacios como servidores públicos. Es decir, es la oportunidad de corregir la ruta tortuosa que dejaron algunos impresentables y alcanzar mejores condiciones de vida para la ciudadanía. Es como el paso de la oscuridad a la luz: Sirvan como ejemplo, los TikTok que usan algunos diputados y diputadas, que muestran los niveles de corrupción y abuso de poder de algunos servidores públicos. ¡Qué niveles!
Y justo con estos 100 días, también un punto de equilibrio con la “defensa a la democracia”, llamado así a lo que se conoció como el “paro nacional”, que durante más de 106 días de manifestación, expresión y resistencia de los cuatro pueblos que recrean esta Nación, hizo pensar a los distintos sectores de la sociedad sobre la importancia de respetar la “voluntad popular” expuesta en el proceso electoral. Sin duda el paso de la noche hacia el día implicó reacciones de algunos sectores a los que les gusta actuar en la oscuridad, para provocar choques e incluso incitar a la violencia para deslegitimar la defensa de la democracia.
Pero también el amanecer llega poco a poco, tiene su tiempo a veces corto y a veces muy largo y, seguramente, hay que encontrar aprendizajes que resaltan en este juego democrático de la historia:
El liderazgo y servicio comunitario de las autoridades comunitarias, que con distinta expresión y experiencia, es un referente de normas, decisiones y vigilancia permanente que se respeta en la región. Para ello, pienso que será suficiente que, ellos y ellas, convoquen a una magna reunión para tratar asuntos de política comunitaria. Pensamos en un Estado Plurinacional. Capacidad, autoridad y espacio lo tienen, no necesitan pedir permiso para hacerlo.
Lo anterior, ante la convocatoria del diálogo para el impulso de una agenda y política de pueblos indígenas, impulsado en la actual legislatura del Congreso. Este mecanismo tiene enormes desafíos, porque a pesar de su buena intención, habrá que esperar qué políticas incluyentes son las que se tendrá que construir.
Veremos si se aceptan las rutas que tiene el Pueblo Maya, especialmente en el occidente del país, que se han dicho de muchas formas a los sectores de poder económico y político: respeto al territorio, respeto a la autonomía, protección de las semillas, respeto a los derechos humanos y las oportunidades de desarrollo económico que han sido negadas por más de 200 años desde la fundación de la República… ¿Habrá que decirles nuevamente eso para que lo redacten a su manera? Memoria hay, plurinacionalidad también.
Como rezan los sabios ancianos: se lo decimos una vez, dos veces, tres veces… ¿Cuántas veces hay que decirles que ya es momento de incluir a los cuatro pueblos de esta gran nación? O más bien, que los cuatro pueblos, paritariamente representados, somos quienes tenemos que construir esta gran nación… pero no, se convoca al diálogo, y vamos nuevamente…
El proyecto se construye con el aval de la comunidad de El Pilar 2 de la aldea Cruz Blanca, pero la comuna del municipio ha enviado la orden para la suspensión temporal de la obra.
Por Prensa Comunitaria
El Consejo General de Autoridades Indígenas denunció que se recibió del Juzgado Primero de Asuntos Municipales y Tránsito de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez una notificación en la que señalan que los trabajos no cuentan con una licencia municipal para realizar los movimientos de tierra que se realizan para la construcción de un proyecto de agua potable en la comunidad de El Pilar 2 de la aldea Cruz Blanca.
El proyecto se aprobó en asamblea general comunitaria por lo que tendría el aval de todos los residentes del lugar. Además de construirse con recursos propios y apoyos internacionales, sin ningún recurso estatal.
#SanJuanSacatepéquez ✊🏽 Autoridades indígenas denuncian que Municipalidad interfiere en proyecto de sistema de agua comunitario
La comunidad de El Pilar 2 trabaja en un proyecto de agua potable con la organización del Consejo General de Autoridades Indígenas y apoyo de… pic.twitter.com/RX2pFvnCsb
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 28, 2024
En el documento entregado el pasado 25 de abril la comuna de San Juan Sacatepéquez argumenta que los vecinos se han quejado de daño en algunas tuberías que surten el agua potable a la comunidad y ordena la suspensión temporal del proyecto.
Durante la mañana de este domingo 28 de abril los comunitarios continuaban con las obras de zanjeo para colocar la tubería y en disponibilidad de cualquier consulta que tengan las autoridades municipales sobre los trabajos.
La Municipalidad de San Juan Sacatepéquez es dirigida por Juan Carlos Pellecer Agustín, quien llegó a la alcaldía en 2019 por el partido Todos y en 2023 logró su reelección con el partido Vamos. Es afín al expresidente Alejandro Giammattei y ha enfrentado un proceso penal por extorsión.
El juez Erick Velásquez, titular del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, absolvió al auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón de los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal, tras ser detenido en mayo de 2022 porque supuestamente no entregó todo el expediente del caso “Libramiento de Chimaltenango”, que él investigó, luego de haber sido trasladado a otra Fiscalía. Pantaleón agradeció que todavía haya jueces independientes en Guatemala.
Por Regina Pérez
Este 26 de abril concluyó el juicio contra el auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón con una sentencia absolutoria. Por dos años, Pantaleón vivió momentos difíciles desde que fue detenido el 5 de mayo de 2022, al formar parte del grupo de fiscales y operadores de justicia criminalizados por la fiscal general, Consuelo Porras.
Al conocer su sentencia, el auxiliar fiscal señaló que “la justicia siempre debe prevalecer”.
Desde la mañana de este viernes se esperaba la sentencia en el juicio contra el auxiliar fiscal. La fiscal de Asuntos Internos, Brenda Guzmán, solicitó al juez una condena de 10 años de prisión por ambos delitos.
La abogada Claudia González, quien también enfrenta un proceso penal en su contra y fue detenida en agosto de 2023, llegó a solidarizarse con él en Torre de Tribunales.
Alrededor de las 3 de la tarde, el juez Érick Velásquez, titular del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, inició la argumentación de la resolución.
Una vez la sentencia cobre firmeza deberán cesar todas las medidas de coerción en contra de Pantaleón, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario.
El auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón es abrazado por familiares tras ser declarado inocente. Foto de Prensa Comunitaria
Además de absolver a Pantaleón, el juez Velásquez ordenó iniciar una investigación en contra de la exfiscal Lesly Pineda, quien fue jefa del auxiliar fiscal en la Fiscalía contra la Corrupción por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica y en contra del jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Raúl Figueroa, por obstaculización a la acción penal.
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 26, 2024
En una audiencia previa, el auxiliar fiscal había requerido al juez ordenar al Ministerio Público (MP) realizar una investigación en contra de Figueroa por presentar un informe con el cual trataría de perjudicarlo.
Tras conocer la resolución, su padre y su hermano que lo acompañaron en la audiencia, lo abrazaron.
Juez ordena iniciar una investigación contra el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Raul Figueroa, por el delito de obstaculización a la acción penal, tras absolver al auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón.
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 26, 2024
El operador de justicia no solo investigó el caso Libramiento de Chimaltenango, también una denuncia en contra de Alejandra Carrillo, exdiputada y exdirectora del Instituto Nacional de la Víctima, por supuestas plazas fantasma y contrataciones irregulares en dicha institución. Poco tiempo después fue trasladado por Porras de la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía Liquidadora en 2021.
“Estos casos son espurios, fabricados”
Tras culminar la audiencia, Pantaleón indicó a los medios que estos casos en contra de los operadores de justicia “son espurios, son políticos, son fabricados, ilegal y arbitrariamente, las cosas caen por su propio peso”. Asimismo, se solidarizó con los demás fiscales y abogados que están siendo criminalizados, entre ellos Claudia González y su exjefe, Stuardo Campo.
El auxiliar fiscal expresó que estos dos años fueron difíciles para él, desde que fue detenido en mayo de 2022. “Como lo indiqué el día de mi captura, no hui, enfrenté la justicia, di la cara y acá sigo enfrentándola, con mucho orgullo, con mucha paz en mi corazón, pero sobre todo con mucha valentía, que es difícil tener valentía en este país el día de hoy, sobre todo por las autoridades de las distintas instituciones que gobiernan este país”, manifestó.
#RegresiónAutoritaria 🚨“Estos casos son espurios, son fabricados, ilegal y arbitrariamente"
Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal se solidariza con otros operadores de justicia criminalizados, como Stuardo Campo y la abogada Claudia González.
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 26, 2024
La abogada Claudia González, también criminalizada, se solidariza con Pantaleón. Foto de Prensa Comunitaria
Pantaleón agregó que es difícil enfrentar un proceso penal cuando se tiene a todo un sistema de justicia y al Ministerio Público en contra, pero “como lo dije desde el 5 de mayo de 2022, aún confío en el sistema de justicia, y eso es lo que se vivió hoy, aún hay jueces independientes en el sistema de justicia, objetivos, imparciales, que están dispuestos a promover la justicia de conformidad con la Constitución Política”, anotó.
Más de 90 operadores de justicia afectados por criminalización
Recientemente, dos informes internacionales, uno del Departamento de Estado de Estados Unidos y otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dieron cuenta del abuso de poder que se ejerce desde el Ministerio Público y la persecución penal en contra de fiscales que han investigado casos de corrupción.
El informe del Departamento de Estado señala a Consuelo Porras de arrestar, despedir o remover de casos importantes a prominentes fiscales anticorrupción. Desde febrero de 2023 a mayo de 2023, el MP emitió ocho órdenes de detención en contra de al menos ocho exfiscales anticorrupción por supuestos delitos cometidos por ellos, señalo. Entre estos casos está el de Stuardo Campo, quien también fungió como jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, detenido en mayo.
En tanto, el informe de la CIDH señaló que en Guatemala se sigue utilizando el derecho penal en contra de operadoras y operadores de justicia. Desde 2018, cuando Porras asumió como jefa del MP, más de 90 operadores de justicia han sido afectados por criminalización, prisión o exilio forzado.
La FECI allanó las oficinas de la organización Save The Children con sede en la ciudad de Guatemala. Según la Fiscalía, la diligencia era para recabar indicios en seguimiento a un “caso transnacional” por supuestos delitos en contra de la niñez guatemalteca.
Este viernes la oenegé Save The Children dijo en comunicado que no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida.
Por Simón Antonio Ramón
Este viernes, la oenegé Save The Children se pronunció sobre el allanamiento realizado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a su oficina en la capital, por un “caso transnacional” de supuestas vulneraciones y abusos contra la niñez guatemalteca.
En el comunicado, de este 26 de abril, la organización con sede el Reino Unido dijo: “Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala. No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida”.
De acuerdo al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, el allanamiento se dio porque la organización fue denunciada ante el Ministerio Público (MP), sin embargo, no mencionó el origen de la denuncia o quien la presentó.
No obstante, dijo que pidió apoyo a la fiscalía de Texas, Estados Unidos, por este caso. En seguimiento a una investigación de carácter transnacional relacionada con vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca.
La petición de apoyo que menciona Curruchiche es una carta enviada y firmada por Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, a Ken Paxtor, fiscal general de Texas con fecha 12 de abril. En la misma se señala a las organizaciones Save The Children, Changing The Way We Care, Fondo Mundial para la Infancia y la Unión del Pueblo Entero “de participar en operaciones de tráfico de niños y niñas”.
La organización internacional con más de 50 años de trabajo en Guatemala, agrega que sus acciones se apegan a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y normas internacionales de administración financiera. “También rendimos cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y nuestros libros son auditados anualmente por múltiples donantes”, cita el comunicado.
“Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala”, se lee.
Ángel Pineda se reúne con político que señala a Jill Biden
El 18 de abril, el secretario general del MP se reunió de forma virtual con Robby Starbuck, un político afiliado al partido Republicano de Estados Unidos. Pese a que el Ministerio Público no realizó ninguna publicación sobre esa reunión, el político estadounidense sí lo hizo en la red social X, donde publicó una foto de la reunión que sostuvo con Pineda.
“Es posible que hayas oído que el Ministerio Público de Guatemala está investigando la trata de niños a través de oenegés financiadas por el gobierno de Estados Unidos, pero hay aún más en esta historia y lo contaremos muy pronto”, señaló el político republicano en su publicación.
Mientras se realizaba el allanamiento en la sede de la organización, el político estadounidense realizó una nueva publicación. “La Fiscalía Especial de Guatemala acaba de allanar la ONG Save The Children. Esto ocurre poco después de las advertencias de la Fiscalía de Guatemala de que la ONG están traficando con niños a través de la frontera con Estados Unidos. Jill Biden -actual primera dama de Estados Unidos- fue anteriormente presidenta de la Junta Directiva de la ONG Save The Children”, señaló.
The Special Prosecutors Office down in Guatemala just raided the Save The Children NGO. This comes shortly after warnings from Guatemala’s AG office that NGO’s are trafficking kids through the US border.
Jill Biden was previously a board chair for the Save The Children NGO. 👀 https://t.co/VPZOHI70E8
Activistas y organizaciones sociales de Guatemala han respaldado el trabajo de la oenegé. “Expresamos nuestra solidaridad a Save The Children, organización que ha luchado históricamente por los derechos de la niñez a nivel mundial y en Guatemala”, publicó la asociación Coincidir en una publicación en X.
El activista guatemalteco por los derechos de la niñez Otto Rivera, también manifestó a través de su cuenta de X. “Yo apoyo y respaldo las acciones de Save The Children en el país. El Ministerio Público debe detener la persecución a las organizaciones de ayuda humanitaria, que trabajan por el bienestar de la población, con particular énfasis en las niñas, niños y adolescentes”, dijo.
A poco más de 100 días de su gobierno, el presidente Bernardo Arévalo nombró a los gobernadores en 12 departamentos, 10 titulares y 9 suplentes. Entre los nombramientos se destacan nueve autoridades indígenas, activistas sociales y académicos mayas, como ocurrió en Sololá, Alta Verapaz, Huehuetenango, Sacatepéquez y Chimaltenango. También figuran allegados al partido Semilla como en Petén y Suchitepéquez.
Por Regina Pérez
El presidente Bernardo Arévalo anunció a las personas seleccionadas para las gobernaciones en un comunicado de prensa, el jueves 25 de abril, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara nueve amparos presentados en su contra, por la destitución de gobernadores y por no nombrar a nuevos funcionarios.
Los gobernadores titulares en diez departamentos designados son: Edgar Tuy, en Sololá; Elsa Hernández, en Huehuetenango; Mariana Enríquez, en Suchitepéquez; Mauricio José Acevedo, en Petén; y Dilia Margarita Có Coy, en Alta Verapaz.
También Carlos Enrique Tenas, en Izabal; Diana María Herrera, en Jutiapa; Aldo Fernando Herrera Schell, en Quetzaltenango; Angelina Aspuac, en Sacatepéquez; y María del Tránsito Calán, en Chimaltenango.
Este proceso comenzó el pasado 26 de enero cuando el Ejecutivo anunció los procedimientos y requisitos para participar en la convocatoria que abrió la oportunidad de que personas de diferentes sectores participaran en este proceso, incluyendo mujeres mayas, dirigentes sociales y autoridades indígenas que participaron activamente en los 106 días del plantón en defensa de la democracia frente al Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona.
El anuncio fue realizado a poco más de 100 días del gobierno de Bernardo Arévalo. Foto de Prensa Comunitaria
Sin embargo, esta amplia participación evidenció la cooptación que existe en los Consejos de Departamentales de Desarrollo (CODEDE) donde figuran 11 representantes de la sociedad civil encargados de elaborar las ternas, ya que varios de ellos responden a intereses de grupos de poder, entre diputados y partidos políticos.
Entre los nombramientos se destacan académicos, activistas y autoridades indígenas.
En el caso de Baja Verapaz y Retalhuleu el presidente solicitó a los Consejos Departamentales de Desarrollo una… pic.twitter.com/knuhsfqOuz
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 26, 2024
Por ello, el mandatario devolvió, en marzo pasado, varias de las ternas para que se hiciera una nueva selección. En el caso de los departamentos cuyos CODEDE no enviaron una, repitieron candidatos o incumplieron con los plazos establecidos en la ley, Arévalo utilizó la facultad que le da la Constitución y eligió directamente a los gobernadores.
Esto ocurrió en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Chimaltenango.
En el caso de Baja Verapaz y Retalhuleu se solicitó a los CODEDES una nueva terna, ya que el presidente consideró que los candidatos enviados no eran “depositarios de la confianza pública”.
Edgar Tuy, exsíndico de la Municipalidad Indígena de Sololá
En esta elección se destacaron por primera vez las figuras de autoridades indígenas, dirigentes sociales y académicos mayas. En Sololá, Arévalo designó a Edgar Tuy, exsíndico de la Municipalidad Indígena (2022-2023) quien fue uno de los personajes centrales de los 106 días de movilizaciones para defender la democracia.
Su figura destacó en los discursos frente a la sede del Ministerio Público, donde fue enfático en pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras y en las marchas realizadas.
Edgar Tuy es el gobernador titular de Sololá. Foto de Prensa Comunitaria
En octubre pasado Tuy y otras autoridades indígenas presentaron ante la Corte de Constitucionalidad una acción en contra de la Ley Orgánica del MP que no permite que el presidente pueda destituir a Porras. Tuy entregó el cargo en la Alcaldía Indígena el 1 de enero de 2024 después de haber desempeñado el cargo por dos años.
Su nombre fue incluido en la nueva terna que se le envió al presidente luego de que este devolviera los expedientes.
El gobernador suplente será Félix Rubén Ajú Pérez, originario de San Pedro la Laguna, quien participó como candidato a diputado por el partido Movimiento Semilla, por la casilla 2 de Sololá, en las elecciones de 2023.
Elsa Hernández, titular en Huehuetenango
En Huehuetenango, fue nombrada Elsa Hernández, maya Mam, trabajadora social y defensora de derechos humanos. Hernández indicó a Prensa Comunitaria que la noticia la tomó por sorpresa. Sin embargo, señaló que la noticia es alentadora por el pueblo que ella representa, “estoy respaldada por los diez pueblos de Huehuetenango y voy a trabajar con las y los huehuetecos”.
Es la primera vez que una mujer maya llega a la Gobernación de Huehuetenango quien considera que su nombramiento marcó la historia en ese departamento, especialmente del pueblo Mam, aguerrido por excelencia. Esto también le supone retos porque es un departamento con una sociedad machista y racista a pesar de tener una población reducida de mestizos.
Elsa Hernández es la gobernadora titular de Huehuetenango. Foto de Francisco Simón
Tenemos que lidiar con esos dos males, pero también creemos que la sociedad nos dará la oportunidad de demostrar que sí se puede, indicó.
La trayectoria de Hernández se ha centrado en la defensa de los derechos de las mujeres y participó en actividades promovidas por el Consejo de Pueblos Mayas (CPO) para realizar consultas populares en el territorio de Huehuetenango sobre proyectos hidroeléctricos.
Además de participar en los movimientos sociales Hernández cuenta con 13 años de docencia en la Universidad Rafael Landívar, sede Huehuetenango y también en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Sebastián López Camposeco, docente maya Popti’, cooperativista y excandidato a diputado por el partido Semilla, por Huehuetenango en la casilla 5, será el gobernador suplente.
Angelina Aspuac, gobernadora de Sacatepéquez
Angelina Aspuac es una mujer maya Kaqchikel integrante de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES) y del Movimiento Nacional de Tejedoras. Aspuac se ha destacado a nivel nacional por la defensa que realiza para la preservación de los tejidos mayas.
Como parte del Movimiento Nacional de Tejedoras participó en las movilizaciones, del 2023, en defensa de la democracia y manifestó su inconformidad con el rol de Consuelo Porras, jefa del MP, en contra de las elecciones.
Angelina Aspuac es parte del Movimiento Nacional de Tejedoras. Foto de Angelina Aspuac, vía Facebook
También ha sido integrante de la Asamblea Social y Popular (ASP), un colectivo de organizaciones que se ha pronunciado sobre las problemáticas sociales del país.
La acompañará como gobernadora suplente Sochil Acajabón, quien ha sido presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Santo Tomás, en Santa Lucía Milpas Altas y ha formado parte de la organización de vecinos que se opone a las operaciones de la Empresa de Transportadora de Energía Centroamericana (TRECSA) en ese departamento.
Dilia Có Coy, gobernadora de Alta Verapaz
En Alta Verapaz fue nombrada Dilia Có Coy, maya Poqomchi’, originaria del municipio de Tactic. Có ha trabajado en gestión de proyectos sociales con enfoque de derechos humanos y de género desde hace 25 años.
En una entrevista previa, Có señaló que decidió postularse para el cargo porque está comprometida con el desarrollo de su departamento y cree en la necesidad de generar un cambio positivo en las comunidades.
Dilia Có es la gobernadora titular de Alta Verapaz. Foto de cortesía
En entrevista con Prensa Comunitaria dijo que lo único que sabía sobre su nombramiento era lo que se había publicado en los medios de comunicación. Sin embargo, manifestó sentirse sorprendida por la designación, la cual acepta con humildad.
Có no será la primera mujer maya que presida la Gobernación Departamental donde otras mujeres ya han ocupado ese cargo.
Como suplente fue nombrado Alfredo Chub, quien se describe como un luchador social desde hace varios años, con una conciencia adquirida de la realidad de su departamento donde ha podido ver la realidad de las comunidades que viven en la pobreza y pobreza extrema.
Foto 6. Alfredo Chub es el gobernador suplente de Alta Verapaz. Foto de Prensa Comunitaria
Chub también ha acompañado procesos municipales de asesoría y de acompañamiento a alcaldes y equipos municipales. Ha trabajado con comisiones de los CODEDES y ha asesorado a gobernadores departamentales.
María del Tránsito Calán, gobernadora de Chimaltenango
María del Tránsito Calán, maya Kaqchikel, es conocida por la defensa que ha realizado de los pueblos indígenas en ese departamento. Originaria de San Martín Jilotepeque sería la primera mujer en presidir la Gobernación Departamental.
Estos nombramientos se suman a la designación de otra mujer maya en la Gobernación departamental de Totonicapán, Delfina García, el pasado 20 de marzo.
Allegados al partido Semilla y académicos
Haciendo uso de la facultad que le otorga la Constitución, en Petén el presidente eligió como gobernador a Mauricio José Acevedo Sandoval, quien formó parte del equipo del partido Movimiento Semilla en el municipio de San José, Petén. Acevedo participó como candidato a alcalde por ese municipio.
En Suchitepéquez fue nombrada Aura Mariana Enríquez Cotón, abogada, historiadora y activista social. Enríquez también ha sido simpatizante del partido Semilla.
Aura Mariana Enríquez, designada gobernadora de Suchitepéquez. Foto de Facebook
En Izabal fue nombrado titular el abogado, Carlos Tenas Ramírez, quien ha sido catedrático universitario, asesor legal y promotor de organizaciones civiles. Tenas se ha destacado por su trabajo con la población Q’eqchi’ y colabora con la Asociación Cultural de Rescate de Valores Históricos de Izabal.
Tenas manifestó a Prensa Comunitaria estar sorprendido por el nombramiento y reiteró su compromiso a trabajar por el departamento, con especial atención a la población indígena y rural.
Aunque Tenas no integró la terna final fue uno de los pocos profesionales calificados como finalistas por la sociedad civil.
Gilda Córdoba, la gobernadora suplente, también es abogada. Dijo estar satisfecha con la decisión del presidente Arévalo y sentirse muy honrada de haber sido electa.
En Chiquimula fue nombrado como gobernador titular Álvaro Augusto Noguera Flores, según confirmó Prensa Comunitaria con el departamento de comunicación de Gobernación. Sin embargo, su designación causó descontentó en sectores de la población debido a que se le vincula con el diputado Boris España, incluido en la Lista Engel de Estados Unidos. Noguera Flores labora como especialista en Inversión Pública en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y fue técnico departamental de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) entre 2007 y 2013.
Quetzaltenango
En Quetzaltenango fue designado titular Aldo Fernando Herrera Schell, quien participó como candidato a alcalde por el comité cívico, Sacándole Brillo a Xela (SBX), en las elecciones de 2023. Schell es abogado y notario, su padre Marco Herrera también fue gobernador de ese departamento. La suplente es Mayra Leticia López Sosa.
Aldo Fernando Herrera Schell, fue candidato a alcalde de Quetzaltenango. Foto de SBX
Jutiapa
En Jutiapa será gobernadora titular la abogada Diana María Herrera Zepeda, del municipio de El Progreso. Se ha desempeñado en la administración pública como delegada regional de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Como suplente fue nombrado Julio Palma Figueroa, quien ha fungido como delegado departamental de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) en ese departamento. Fue candidato a alcalde con el partido Azul en las elecciones de 2023.
Escuintla
Fue nombrada gobernadora suplente Vivian Gabriela Mayorga.
El camino para elegir a los gobernadores no fue fácil. En las Cortes el proceso fue objeto de amparos en tanto se destapó la corrupción que existe a nivel local en torno a dicha elección.
“Cuestiones de lo público que anteriormente se mantenían ocultas bajo la alfombra como la elección de gobernadores departamentales las pusimos sobre la mesa, les dimos visibilidad y abrimos un proceso más participativo” señalo el presidente durante su informe de los 100 días de gobierno.
Sin embargo, indicó que no fue fácil, “pero hacer lo mismo de antes nos habría llevado a car en ese circulo vicioso de opacidad que corrompe al poder local”.
Ahora queda pendiente que el mandatario designe a los gobernadores de Baja Verapaz y Retalhuleu donde devolvió las ternas a los CODEDES.
En realidad, se trata de hormigas gigantes, insaciables, depredadoras, que durante no se sabe cuánto tiempo desfalcaron al hospital general, posiblemente al Roosevelt, y quien sabe en donde más. Y sabemos que por el robo hormiga o los desfalcos millonarios como las vacunas rusas, o los contratos de compra con proveedores inescrupulosos por las coimas denunciadas hasta la saciedad, el sistema de salud tiene las falencias que todos denunciamos.
Ya hay una denuncia planteada ante el MP, y como sabemos, se trata de empleados que sindicalizados o no, deben rendir cuentas no solo por robo (hay videos claros). Sino también por otros delitos que están ligados al robo detectado.
No sería posible pensar en su reinstalación de los trabajadores, pues los delitos que se les imputan son de suma gravedad. Y en los mismos, no hay estabilidad laboral que sirva, ni presunción de inocencia pues a los imputados se les encontró la flagrancia y los videos son categóricos, así como los inventarios y otras medidas administrativas, que en buena hora se están utilizando.
Pero el tema del robo es acaso lo de menos. Lo grave, gravísimo, son las víctimas, en este caso los enfermos de cáncer, que no tuvieron acceso a sus medicamentos o tuvieron que pagar por ellos o morir por la falta de los mismos. El robo tiene penas claras, estipuladas en el código penal. Pero hay algo más: ¿es posible que sean acusados de alguna de las formas del homicidio?
Si somos medianamente claros, no se trata solo del robo, el crimen cometido es mayor. Y en ello creo que el sindicalismo, especialmente el de salud debería de fijar una postura clara al respecto. El silencio solo los evidencia como parte del sistema de corrupción. Pues de algo si se puede estar seguro: el sindicalismo no es solo para pedir aumentos salariales o estabilidad laboral. Deben asumir la defensa de los servicios en los cuales están contratados. Si es en salud, luchar por una mejor salud, si es en educación luchar por una mejor educación.
De pronto cabe una felicitación a las autoridades del Hospital San Juan de Dios, en el empeño de ir combatiendo la corrupción del tamaño que sea, de hormigas o de elefantes.
Tenas Martínez no integró la terna inicial, pero era uno de los pocos profesionales finalistas por la sociedad civil que integra el Consejo Departamental de Desarrollo.
Por Alva Batres
El presidente Bernardo Arévalo nombró, este 25 de abril, al abogado Carlos Tenas Martínez como gobernador titular del departamento de Izabal. Actualmente es catedrático universitario, asesor legal y promotor de organizaciones sociales en el departamento. Según su curriculum, también ha trabajado con la población Q’eqchi’ y colabora con la Asociación cultural para el rescate de los valores históricos de Izabal.
Mientras la abogada litigante, Gilda Córdoba ocupará el cargo de gobernadora suplente. Córdoba fue incluida en la segunda terna de suplente conformada por el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE).
El recién nombrado gobernador dijo a Prensa Comunitaria que estaba sorprendido por el nombramiento y que está comprometido a trabajar por el departamento, pero con especial atención a la población indígena y rural. Por su parte la gobernadora suplente dijo estar muy contenta con la decisión del presidente Arévalo. “Me siento muy honrada al ser elegida entre todos los profesionales que participaron en el proceso”, indicó.
Tenas Martínez no integró la terna presentada inicialmente, pero era uno de los pocos profesionales calificados como finalistas por la sociedad civil que integra el Consejo Departamental de Desarrollo.
Foto de cortesía
Sin embargo, tras la decisión del mandatario algunos sectores de Izabal expresaron su inconformidad con el nombramiento, argumentando que no se respetó la terna titular que habían conformado. Por otro lado, hay un grupo que ve con buenos ojos la decisión que tomó el Ejecutivo, mientras, exigen al nuevo gobernador retomar de forma urgente los procesos relacionados a la ejecución del presupuesto asignado por el Consejo Desarrollo al departamento de Izabal.
2️⃣🧵 Algunos miembros del Codede de Izabal califican este proceso como abierto y transparente.
Enhanced Fundamentals Lab (EFL) es un programa que permite a los medios de comunicación explorar oportunidades a través de plataformas digitales de sitios web, redes sociales y mediante iniciativas innovadoras para mejorar su impacto digital. Prensa Comunitaria es uno de los cinco medios centroamericanos con un mayor crecimiento en su alcance digital por arriba de los tres dígitos.
Por Simón Antonio Ramón
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer el 22 de abril que Prensa Comunitaria junto a otros 4 medios de comunicación en Centroamérica, obtuvieron la calificación sobresaliente del programa EFL que desarrolló junto a Google Iniciative News (GIN) y la consultora de News Tech Marktube Group.
Del primer grupo de participantes del programa, 31 de 40 medios centroamericanos lograron que se les asignará, tras un proceso competitivo, un fondo entre USD $5 mil a 13 mil dólares para su desarrollo digital.
Los laboratorios ayudaron a los medios de comunicación a hacer más rentables sus sitios web, monetizar en otras plataformas y redes sociales, y potenciar otros canales de ingresos.
“También alentamos –dijo– la ejecución de nuevas iniciativas sobre investigación, nuevas narrativas y mejor comprensión y medición de los hábitos del público”, señaló Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.
La SIP señaló recientemente en su sitio web que Enhanced Fundamentals Lab es un programa que tiene diseñado en dos etapas de tres meses cada una.
“La primera es de capacitación y toma como base un diagnóstico de cada medio, para luego pasar a las sesiones de formación grupal y consultorías individuales. Al final de ese recorrido, los medios pueden implementar proyectos de innovación con un patrocinio económico de hasta 20 mil dólares.”
Enhanced Fundamentals Lab
Esta es una iniciativa conjunta entre la SIP, Google junto a la consultora News Tech Marktube Group con el objetivo de llevar a los medios de comunicación digitales de la región; capacitación y asesoría, profundización y mentoría, y proyectos de transformación digital. El primero de los programas se realizó con medios centroamericanos y la segunda etapa se realizará con medios de Suramérica.
Por su parte, Alejandra Brambila, gerente de alianzas y noticias para Hispanoamérica de Google, dijo que esta colaboración con la Sociedad Interamericana de Prensa es muy importante. “Siempre es un reto poder trabajar en toda la región, porque la realidad en cada país es distinta, los retos son diferentes, pero ha sido muy interesante encontrar esa homogeneidad y tener ese balance entre los contenidos que ayudan a todos y la asesoría personalizada”, apuntó.
Los medios de comunicación beneficiados desarrollan su actividad periodística en tres países de Centroamérica. Confidencial, Onda Local y Divergentes por Nicaragua, Prensa Comunitaria de Guatemala y Criterio de Honduras, y desde 2023 Prensa Comunitaria es socio y forma parte de la SIP.
El programa EFL fue lanzado en 2023, dirigido a todos los medios de comunicación de Centroamérica, luego de un proceso fueron seleccionados 40 medios que ingresaron al programa.
Desde 2024 se repite la misma experiencia ahora dirigida a medios de comunicación de Suramérica.
María Consuelo Porras Argueta forma parte de un grupo de funcionarios que organizó un golpe de Estado, por lo que la población debe decidir si hay causa justificada para destituirla como fiscal general y jefa del Ministerio Público, señalaron integrantes de Unidos por la Democracia.
Por Simón Antonio Ramón
El martes 23 de abril, la organización Unidos por la Democracia, de Cobán, Alta Verapaz, pidió, al Ejecutivo realizar una consulta popular en la que se pregunte a la población si hay causa justificada para remover a Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).
Quienes integran la iniciativa señalan que, desde el 25 de junio de 2023, cuando se realizó la primera vuelta electoral, el expresidente Alejandro Giammattei, diputados al Congreso de la República, el entonces titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Wuelmer Ubener Gómez, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera y la fiscal general, se organizaron para dar un golpe de Estado al sistema democrático y al Estado de derecho en Guatemala.
“Los antecedentes ocurridos desde el 25 de junio de 2023 a la presente fecha demuestran que existe causa justificada para removerla del cargo y no escudarse en la modificación que se realizó a la Ley Orgánica del MP”, leyó el sacerdote Sergio Godoy el memorial que entregarán al presidente Bernardo Arévalo.
Escuche la conferencia de prensa acá:
“Es importante considerar que, ante los hechos criminales, el contubernio de la fiscal general con el organigrama que la mantiene en el cargo se hace necesario que la población se pronuncie y ejerza el poder público que por ley asiste a través de la consulta popular”, señaló.
Consuelo Porras, dijeron, instruyó a Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), alterar el proceso electoral y buscar vías para la suspensión y la cancelación de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla.
Agregaron que las implicaciones al haberse consumado las pretensiones de este grupo de funcionarios e instituciones, “traería como consecuencia la imposibilidad de trabajar en el Organismo Legislativo como bancada y obstaculizar la propuesta del desarrollo del país con el aval de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.
La organización Unidos por la Democracia señaló los medios legales que le permite al presidente Arévalo instruir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocar la consulta popular. “Al respecto la Carta Magna contempla el hecho de que los actos de gran trascendencia especial sean consultados a la población y reza que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”, dijo Godoy.
Tras el pronunciamiento y solicitar al gobierno la convocatoria de una consulta popular, reunirán al menos cinco mil firmas que harán llegar a la Presidencia en un tiempo estimado de dos o tres semanas.
La petición de constituyentes y los caminos tomados por la presidencia
Un grupo de constituyentes propusieron, entre ellos el expresidente del Congreso Alfonso Cabrera Hidalgo, la última semana de enero, al presidente Arévalo una consulta popular para destituir a la fiscal Porras.
“El presidente (Bernardo Arévalo) tiene en sus manos la salida de Consuelo Porras y con el apoyo del pueblo legitima la decisión”, señala la petición.
A criterio de Cabrera Hidalgo, el otro camino para destituir a Porras es que la CC apruebe el desacato al no atender las citaciones que se le ha hecho desde la Presidencia, una opción difícil dada a la posición que han tomado las y los magistrados del tribunal constitucional sobre las acciones constitucionales que se refieren a Porras Argueta.
Por parte del gobierno, ha tomado dos caminos. El 29 de febrero el procurador general de la Nación, Julio Saavedra y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, presentaron una querella por incumplimiento de deberes contra Consuelo Porras, al no asistir a los llamados de la Presidencia.
El 8 de abril, Guerrero Garnica presentó ante la CC una petición de opinión consultiva sobre la honorabilidad de Consuelo Porras, como otra vía para su destitución.
A criterio del Ejecutivo, Consuelo Porras tiene la honorabilidad comprometida tras restricciones de ingreso en 29 países y ser incluida en la Lista Engel, del Departamento de Estado de Estados Unidos, como una actora corrupta y antidemocrática que socaba las instituciones democráticas.
Al cumplirse los 100 días de gobierno de Bernardo Arévalo, este 24 de abril, planteó en su discurso que Consuelo Porras sigue siendo la principal amenaza a la democracia del país. “No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución a esta amenaza a la democracia”, dijo el presidente ante la concurrencia que fue bien recibida con aplausos y gritos.
Como si fuera un legado del gobierno de Alejandro Giammattei, el país fue incluido por tercer año consecutivo en el capítulo IV, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al deterioro de los derechos humanos. Según la CIDH, las acciones del Ministerio Publico en el contexto electoral pusieron en evidencia un ejercicio abusivo del poder.
Por Regina Pérez
En 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó al gobierno de Alejandro Giammattei en la lista de países que violan los derechos humanos. Dos años después vuelve a ser noticia, porque en su informe de 2023, nuevamente fue incluido en el capítulo IV B de la Comisión debido al deterioro que provocó al Estado de derecho, que continúan agudizándose por el ejercicio abusivo del poder del Ministerio Público (MP).
La Comisión incluyó a Guatemala en el capítulo IV de su informe, publicado este año, junto a países como Venezuela y Nicaragua, con fundamento en las causales del artículo 59.6 incisos a.i. y d.ii del reglamento. En el inciso ii se establece la inclusión por “incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad atribuible a una falta de voluntad manifiesta”.
La CIDH resaltó que, en 2023, el ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales quedó de manifiesto durante las elecciones generales por una serie de injerencias del MP seriamente cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional, que pusieron en entredicho los resultados del proceso, socavando el Estado de derecho colocando en riesgo el orden constitucional y la independencia de poderes.
El MP tuvo injerencia en las elecciones generales. Foto de Emmanuel Andrés
En sus observaciones, el gobierno de Giammattei manifestó su inconformidad con la decisión de la CIDH de considerar, nuevamente, la incorporación de Guatemala en el capítulo IV B y rechazó que se le señale de incumplimiento en su obligación de combatir la impunidad. También negó un “uso abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de derecho en el país”.
Debilitamiento del Estado de derecho por injerencias del MP
En el capítulo II, del informe sobre separación de poderes, la CIDH señaló que ha venido documentando en los últimos años el debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala por una serie de injerencias del MP en el sistema de justicia, principalmente en la criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, con el objetivo de favorecer la impunidad.
En 2023, el ejercicio abusivo del poder por parte del MP, se agudizó en el contexto de las elecciones generales y mediante la continua criminalización y privación de libertad de las personas mencionadas, extendiéndose hacia las y los funcionarios electorales.
“Estas acciones no solo han colocado al país en una crisis política social y de derechos humanos, sino que han puesto en riesgo la estabilidad democrática y han socavado el principio de separación de poderes del país”, señala la CIDH.
Mientras tanto, el Estado de Guatemala, durante la administración de Giammattei argumentó que la Constitución Política regula la separación de funciones en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que esa división de poderes ratifica la solidez del Estado de derecho y permite la objetividad del MP en su labor.
Sobre el señalamiento de criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos expresó que “el MP no persigue a periodistas ni defensores de derechos humanos por su profesión o actividad, por el contrario, el MP cuenta con fiscalías especializadas como la Fiscalía contra Operadores de Justicia y Sindicalistas para atender con calidad y calidez a periodistas y defensores de derechos humanos que se sientan amenazados en su quehacer”.
El gobierno de Alejandro Giammattei manifestó su inconformidad con el informe. Foto de Prensa Comunitaria
También se opuso al señalamiento respecto a que la Fiscalía favorece a estructuras y grupos de poder vinculados a estructuras de corrupción, ya que cuenta con autoridades encargada de investigar esos casos.
Sin embargo, la Comisión documenta ampliamente la falta de voluntad del Estado para combatir la impunidad mediante la utilización del derecho penal en contra de operadores y exoperadores de justicia que realizaron investigaciones emblemáticas de casos de corrupción, así como la persecución de periodistas.
Señala falta de independencia e imparcialidad del MP
La CIDH señaló que, en 2023, se evidenció la falta de independencia e imparcialidad en la instrumentalización del derecho penal y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para la criminalización de operadores de justicia, periodistas, integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del partido opositor Movimiento Semilla, con el objetivo de influir en los resultados de las elecciones generales y en la situación de personas involucradas en el combate a la corrupción.
Simultáneamente, el MP continuaría deteniendo el avance de investigaciones y desmantelando los avances alcanzados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI, a través de la persecución judicial y criminalización de las personas que estuvieron a cargo de estos casos.
Desde 2018, más de 90 operadores de justicia han sido afectadas por criminalización, prisión o exilio forzado.
Lo anterior fue rechazado por el gobierno de Giammattei que argumentó: “Dichos señalamientos no provienen de fuentes comprobables y verificables, es por ello que, al no contar con datos oficiales y verificables, tal afirmación resulta espuria, toda vez que el Ministerio Público no obstruye, ni menoscaba investigaciones sobre corrupción, no violenta los derechos humanos, razón por la cual rechaza categóricamente dichas afirmaciones”.
Protesta de periodistas contra la criminalización de reporteros de elPeriódico. Foto de Juan Rosales / Prensa Comunitaria
En el informe también se abordó la práctica de traslados y destituciones de fiscales durante la gestión de la fiscal general Porras.
“Ante la progresiva pérdida de independencia del MP documentada en los últimos años, la CIDH llama al Estado a tomar las medidas para restablecer las garantías de independencia e imparcialidad en el funcionamiento de esa institución, en particular para asegurar el ejercicio de la acción penal se realice de manera compatible con la Constitución Nacional y los estándares del derecho internacional”, señala.
En el capítulo III del informe, se registra que, en 2023, se observaron varias injerencias en el proceso electoral por parte del MP, que puso en riesgo el orden constitucional y la separación de los poderes públicos.
De las intromisiones señaladas por la CIDH, se documenta la exclusión de candidaturas en las elecciones, como el caso del exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien participaría como candidato a vicepresidente del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). A Rodas se le negó la participación porque tendría una denuncia penal y no podría presentar el requisito legal de un finiquito.
La Fiscalía también presentó una solicitud de antejuicio contra el candidato Edmond Mulet quien se pronunció sobre la investigación penal contra periodistas de elPeriódico.
Luego de la primera vuelta, cuando los partidos Movimiento Semilla y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) avanzaron a la segunda vuelta, la FECI anunció la suspensión, a través de un juez, de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por supuestamente investigar firmas falsificadas en la constitución del partido.
Desde entonces, la Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) expresaron su preocupación por la judicialización del proceso.
Durante la segunda vuelta, se sumaron más hechos como el anuncio del Registro de Ciudadanos de suspender de manera provisional la inscripción de la personería jurídica de Semilla.
El 12 de septiembre, el MP allanó las instalaciones del Parque de la Industria donde se encontraba el Centro de Operaciones del Proceso Electoral del TSE, y abrió más de 160 cajas con las boletas de la elección. En tanto el 29 de septiembre fiscales de la FECI realizaron una diligencia en el TSE para sustraer más de 125 mil documentos y actas originales de las elecciones generales.
Diligencia de la FECI en instalaciones del TSE el 29 de septiembre. Foto de Prensa Comunitaria
Según la Misión de la OEA, este allanamiento constituyó la quinta diligencia realizada después de las elecciones en contra del TSE. Además, consideró que el permanente asedio del MP constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios.
A esto siguieron otras acciones que atentarían contra el proceso de transición presidencial como el caso en contra de estudiantes, profesores y sindicalistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por la toma de sus instalaciones en protesta a la elección fraudulenta de su rector, en el que también involucraron al presidente Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera, así como al diputado Samuel Pérez, de Semilla.
Finalmente, el 8 de diciembre de 2023, el MP presentó el avance de tres investigaciones vinculadas con el proceso electoral, que concluyó que los resultados de las elecciones debían anularse por considerarse fraudulentos e ilegales.
Criminalización contra operadores de justicia y periodistas
En los capítulos IV y V, la CIDH abordó la lucha contra la impunidad y la corrupción y la libertad de expresión. Según la Comisión se siguió usando el derecho penal en contra de operadores y exoperadores de justicia. Algunos de estos casos son los de la exjueza Erika Aifán, que llegó a tener más de 100 denuncias y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, 58.
Se continuaron emitiendo órdenes de detención por la FECI en contra de la exfiscal general, Thelma Aldana; su secretaria general, Mayra Veliz; David Gaitán, exmandatario de la CICIG; y otros exfiscales como Orlando López, quien laboró en la Fiscalía de Derechos Humanos.
En 2023, ocho fiscales y exfiscales fueron detenidos, entre ellos Stuardo Campo, Allis Morán, Virginia Laparra, Samari Gómez, Paola Escobar, Gonzalo Chilel, Carlos Pérez Flores y Brayan Palencia Carrera. A eso se suma el caso de la abogada Claudia González, detenida en agosto.
Asimismo, se registró un abuso en el procedimiento del antejuicio como en el caso del juez Carlos Ruano, debido a una solicitud de antejuicio presentado por la magistrada Blanca Stalling y la Fundación contra el Terrorismo. A esto se suman los antejuicios en contra cuatro magistrados titulares del TSE.
Samari Gómez, ex auxiliar fiscal de FECI, fue una de las operadoras de justicia criminalizadas en 2023. Foto de Juan Rosales / Prensa Comunitaria
En el tema de libertad de expresión, se registraron casos de intimidación, ataques e incluso asesinatos contra los periodistas Edín Alonso y Hugo Gutiérrez en Retalhuleu. Se resalta la condena del periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, el cierre del medio y la persecución penal de la FECI en contra de ocho periodistas y columnistas que laboraron en ese medio por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Una de las principales conclusiones del informe es que la situación de derechos humanos y el Estado de derecho continúa agravándose por el ejercicio abusivo del poder punitivo con fines político-electorales en el contexto de las elecciones generales, así como del incumplimiento prolongado del Estado con su obligación de combatir la impunidad.
La ausencia de control judicial frente a las injerencias del MP en el proceso electoral han puesto en evidencia el estado actual de debilitamiento del principio de separación de poderes y la progresiva pérdida de un sistema de controles y contrapesos en el país, anota.
La CIDH constató un deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de la prensa, debido a los ataques, violencia y la instrumentalización de mecanismos penales como una forma de intimidación y silenciamiento de las voces críticas.
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