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Aunque la fiscal afirmó que no renunciará. La decisión está en las manos de la población ya que la Constitución de la República establece la consulta popular como un mecanismo para ejercer la soberanía ante “decisiones políticas de especial trascendencia”.

Por Isela Espinoza

“El presidente (Bernardo Arévalo) tiene en sus manos la salida de Consuelo Porras y con el apoyo del pueblo legitima la decisión”, afirmó el constituyente Alfonso Cabrera Hidalgo al referirse que el camino para destituir a la fiscal general es la consulta popular.

El expresidente del Congreso de la República (1986) mencionó que el artículo 141 de la Constitución Política de Guatemala establece que la soberanía radica en el pueblo y la delega para su ejercicio en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no se puede ejercer un poder sobre otro.

Mientras, el artículo 173 sobre el procedimiento consultivo señala: “Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo electoral a iniciativa del presidente de la República o el Congreso que fijarán con precisión la o las preguntas que someterán a los ciudadanos”.

Según el constituyente en este mecanismo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendría 30 días para hacer la consulta y si el pueblo decide destituirla “se va”, comentó.

“Este es un camino fácil para el presidente. Los que no conocen la Constitución hablan de que tiene que consultar con la Corte de Constitucionalidad, mentira. La consulta popular es una decisión democrática, legal y constitucional nadie puede alegar que está mal el camino porque la constitución lo establece”, enfatizó Cabrera Hidalgo.

El también excanciller dijo que el otro camino para destituir a la jefa del Ministerio Público (MP) es que la Corte de Constitucionalidad (CC) apruebe desacato a la fiscal general por no asistir a la reunión convocada por Arévalo. Pero, admitió que eso no pasará ya que tanto la CC como Porras han violado la Constitución en la lucha por el poder. “Las cortes están podridas, pero el pueblo tiene que decidir”, opinó.

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El rechazo de la población

“Renuncia Consuelo Porras”, “Consuelo de la Impunidad”, “¡Fuera Porras!”, fueron algunas de las consignas que, desde el 2 octubre del año pasado, cobraron mayor fuerza en las históricas manifestaciones de los guatemaltecos que tomaron las carreteras en defensa de la democracia.

El descontento de la población hacia la fiscal general se manifestó ante la persecución política en contra del Movimiento Semilla y el presidente Bernardo Arévalo tras su inesperado triunfo en las urnas. La judicialización del proceso electoral alcanzó a las Juntas Electorales y a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral.

Además, por la criminalización hacia operadores de justicia, defensores de los derechos humanos y periodistas. En estos casos las investigaciones avanzaron mientras en los que se denunciaba la corrupción de los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) fueron desestimados o engavetados.

En septiembre de 2023, Arévalo acusó a Porras de dirigir un intento de “golpe de Estado”. Autoridades indígenas que lideraron las protestas y el plantón frente al MP por más de 100 días continúan exigiendo la renuncia de la fiscal quien es vista como uno de los principales actores que debilitó la democracia en el país y operadora del llamado “Pacto de Corruptos”.

El miércoles 24 de enero, el mismo día que el presidente la había citado para que presentara un informe, Porras se negó a asistir a la reunión y a través de un video advirtió que no renunciará a su cargo cuyo mandato concluye en 2026. Arévalo confirmó la semana pasada el envío de una carta a Porras para la reunión y que con ello daba inicio al proceso para pedir su destitución, una de las principales demandas de la población.

La jefa del MP ha sido sancionada por el Departamento de Estado, de Estados Unidos, en dos ocasiones “debido a su participación en hechos significativos de corrupción” y por socavar la democracia del país.

La Ley Orgánica del MP contempla la remoción del fiscal general por parte del presidente por “una causa debidamente justificada”. En reforma de 2016, el Congreso modificó el artículo 14 sobre la remoción al señalar que “la causa debidamente justificada” se refería a la comisión de un delito en el ejercicio del cargo siempre que “se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo”.

Sin embargo, Cabrera señaló que según la Constitución cualquier ley ordinaria “que contravenga un precepto constitucional es nula”. En consecuencia, el Congreso puede derogar el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP. Pero advierte que el pleno debió actuar ya. “El poder se lo delegan a uno para que lo ejerza sin volverse dictador sino como el pueblo manda. Si ellos no van a ejercer el poder que se abstenga porque van a botar las esperanzas del pueblo en menos de 15 días”, agregó.

Ante la negativa de la fiscal general a dejar el cargo y ampararse en la autonomía del MP, voces de la sociedad civil han planteado diversas posibilidades para que el presidente destituya a la fiscal general.

Este miércoles, Cabrera Hidalgo junto a otros miembros de la Asamblea Nacional Constituyente: Rafael Arriaga Martínez y Silverio De León, enviaron una carta abierta a Arévalo en donde plantean la consulta popular como la salida ante la demanda de la población de destituir a Porras.

Cabrera recordó que uno de los antecedentes en donde se usó esta herramienta fue en la reforma constitucional de 1994, en donde se redujo el periodo gubernamental de cinco a cuatro años fue aprobada a través de una consulta popular.

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