Según dijo el secretario general de la Presidencia, Porras ha ignorado “hechos graves” como el caso de la vacuna rusa Sputnik V y vulneró la democracia al permitir que fiscales sustrajeran cajas con material original de las elecciones generales del año pasado.
Por Isela Espinoza
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentó este lunes una opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a la honorabilidad de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, según los artículos 207 y 251 de la Constitución Política de Guatemala. El funcionario explicó que con la acción buscan “una ruta que libere el paso”, para que el presidente Bernardo Arévalo pueda removerla del cargo.
La opinión consultiva está integrada por cinco preguntas que la CC deberá responder en un plazo de 60 días, según la Ley de Amparo de Exhibición Personal y Constitucionalidad, dijo Guerrero.
Estas preguntas son:
- ¿Debe el requisito de reconocida honorabilidad ser cumplido únicamente al momento de optar al cargo público o debe de mantener su vigencia durante el ejercicio de la función pública?
- ¿Puede constituir causa justificada para la revocatoria del nombramiento del fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público la pérdida del requisito constitucional de honorabilidad, exigido en el artículo 251 de la Constitución de la República de Guatemala?
- De conformidad con los principios de objetividad, igualdad, legalidad e independencia que rige su actuar cuando es presentada una denuncia o una querella en contra de la fiscal general, ¿Debe el fiscal general ejercer por sí mismo la acción penal pública o puede ser suspendido del ejercicio de su cargo?
- Cuando es presentada una denuncia o una querella en contra de la fiscal general, ¿cuáles medidas debe realizar el fiscal general para garantizar la independencia y la autonomía de la acción penal pública realizada por el personal a cargo de la investigación penal del Ministerio Público?
- De conformidad con los artículos 60 y 65 Ter, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿cómo debe garantizar el fiscal general la objetividad en la investigación para las faltas administrativas promovidas en su contra?
“Para el Gobierno, la fiscal general no está comprometida en la lucha contra la corrupción. La fiscal ha avalado la corrupción ignorando hechos graves como los de la vacuna Sputnik V, permitió que sus fiscales vulnerarán las urnas manoseando los votos de los ciudadanos y se atrevieron a proponer la repetición de las elecciones”, manifestó Guerrero en una conferencia de prensa que dio tras entregar la opinión consultiva.
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El secretario general de la presidencia también recordó que Porras es considerada una actora corrupta y antidemocrática por Estados Unidos y que más de 259 países le han vedado el ingreso por esas sanciones.
Desde el gobierno de Alejandro Giammattei, la población ha manifestado su descontento con la gestión de Porras ante las denuncias sobre corrupción en su contra. Sin embargo, en octubre del 2023, durante un paro nacional, multitudinarias manifestaciones exigían la renuncia o destitución de la fiscal general luego de la sustracción de cajas electorales de la sede del Tribunal Supremo Electoral.
La destitución de Porras es una de los pendientes de Arévalo con la población que defendió la democracia y los resultados expresados en las urnas. “Con esta acción queremos dejar claro que el Gobierno continúa haciendo uso de los mecanismos legales y políticos adecuados para la sustitución de la fiscal general”, agregó Guerrero.
Esta es la segunda acción que el Gobierno de Arévalo plantea contra Porras. El pasado 29 de febrero, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, junto a Guerrero presentaron una querella penal y solicitud de antejuicio contra la fiscal general por incumplimiento de deberes al haber abandonado de manera abrupta la reunión con la Junta de Gabinete de ministros a la que fue convocada por el presidente a principios de año.
La solicitud ya está en la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debe analizar si da trámite o no a la petición para despojarla de su inmunidad. Sin embargo, entre quienes tendrán la decisión de enviar la solicitud de la PGN al Congreso de la República, figuran magistrados con señalamientos de corrupción, por favorecer a actores vinculados a redes de corrupción o avalar fallos contra fiscales anticorrupción, abogados, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de oposición.
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