Créditos: Francisco Simón
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“Ante este grave escenario, concluimos que sin una prensa libre e independiente no puede haber elecciones libres y justas, y sin elecciones libres y justas no puede haber una verdadera democracia en Guatemala”, concluyó misión internacional.

Por Francisco Simón Francisco

En Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo, concluyó la misión internacional integrada por diferentes organizaciones internacionales que velan por la libertad de prensa.

Entre sus conclusiones destacaron las amenazas que enfrentan los periodistas comunitarios en territorios, donde aseguran que empresas corporativas se asocian con el crimen organizado y las autoridades locales para silenciar investigaciones periodísticas.

La misión también expuso que ha observado con preocupación un escenario en el que la prensa es vista como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados, creada para controlar instituciones y sostener la corrupción e impunidad en el país, que “comenzó durante el gobierno de Jimmy Morales, se recrudeció durante la administración de Alejandro Giammattei y que podría consolidarse en estas elecciones generales de 2023”.

“La conclusión a la que llegamos es que el derecho de informar y ser informado en el país de Guatemala está en declive y está en una situación muy precaria”, lamentó Jerusha Burnham, de Freedom House. Esta misión también tuvo la oportunidad de visitar en la cárcel al periodista Zamora. “Lamentamos el estado en el que se encuentra y las condiciones de su encarcelamiento”, agregó.

Esta misión internacional liderada por varias organizaciones de prensa llegó al país a principios de mayo para evaluar el estado del periodismo en Guatemala, sin embargo, las respuestas que recibieron de directivas de medios de comunicación y representantes de la sociedad civil son negativas.

En la misión participan Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Free Press Unlimited, Freedom House, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, IFEX-ALC, Protection International Mesoamérica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Voces del Sur.

Entre los casos que les preocuparon está la criminalización contra el periodista Jose Rubén Zamora de elPeriódico, quien lleva varios meses en la cárcel y el cerco financiero sobre este medio, que llevó a su cierre este lunes 15 de mayo. Asimismo, la persecución que continúa contra el periodista Carlos Choc y Robinson Ortega, la detención arbitraria de Anastasia Mejía en 2020 y la agresión a Sony Figueroa.

Foto: Francisco Simón

Aunque Guatemala se considera un país democrático hay casos que ilustran lo contrario. “Con mayor frecuencia las y los periodistas dejan de decir más en sus columnas o coberturas por miedo a represalias. Las personas periodistas se convirtieron en objetivos y pueden ser citados a declarar para revelar sus fuentes de información o ser considerados acusados cuando cubren casos penales emblemáticos. Alrededor de 20 periodistas tuvieron que dejar Guatemala por estar bajo amenazas de presión, otros se encuentran bajo vigilancia o recibieron amenazas de muerte, incluso de candidatos en estas elecciones”, continuó Bia Barbosa, coordinadora de incidencia de RSF.

Respecto al papel de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, del Ministerio Público (MP), asegura Barbosa que la entidad no cumple su función. La mayoría de los casos de intimidación y agresión  a la prensa no se investigan, se quedan impunes o se desestiman (tal como ocurrió con tres periodistas de Prensa Comunitaria en 2022), así como los recientes asesinatos de periodistas, entre ellos el de Mario Ortega, en 2020.

Foto: Francisco Simón

Las conclusiones también hacen alusión al trabajo del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) José Alejandro Córdova Herrera. Es una entidad que debería dar seguimiento a los casos de agresión contra la prensa, pero tampoco cumple su mandato en este contexto regresivo en Guatemala.

De los hallazgos que expusieron evidencian que el acceso a fuentes estatales está restringido y la Ley de Acceso a la Información Pública se incumple. También lamentaron que las convocatorias a conferencias de prensa sean restrictivas y selectivas, ya que solo convocan a medios que son cómodos o cercanos al gobierno.

Sobre el proceso de elecciones que se realizarán el próximo 25 de junio, pidieron al gobierno, a las autoridades de justicia y al Tribunal Supremo Electoral (TSE), respetar y garantizar el libre ejercicio del oficio periodístico y de la participación a la población guatemalteca.

El declive en el derecho a informar es preocupante en un contexto electoral como la de Guatemala por ello exigimos al gobierno respetar el trabajo de la prensa, concluyó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.

Foto: Francisco Simón

Al finalizar la conferencia de prensa, la misión anunció que la próxima semana presentarán el informe completo con los hallazgos desglosados, y el mismo será entregado a las autoridades de gobierno, de prensa y sociedad civil.

Este día, la OACNUDH en Guatemala también publicó en Twitter algunos datos sobre la situación de la prensa. Según indican, han observado un deterioro de las condiciones para la libertad de expresión en Guatemala. Solo en 2021 y 2022 documentó 71 ataques contra periodistas y medios de comunicación, incluyendo casos de intimidación, hostigamiento y criminalización, estos últimos los de mayor incremento.

De enero a diciembre de 2021, el Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) registró 135 agresiones en contra de periodistas, 14 menos que en 2020, cuando en el mismo informe se contabilizaron 149 casos; a tres días de iniciar el tercer año de gobierno, la APG señala a la administración de Alejandro Giammattei como una de las más violentas y en la que más restricciones, ataques y censura se han ejercido en contra de la prensa.

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