María Consuelo Porras Argueta forma parte de un grupo de funcionarios que organizó un golpe de Estado, por lo que la población debe decidir si hay causa justificada para destituirla como fiscal general y jefa del Ministerio Público, señalaron integrantes de Unidos por la Democracia.
Por Simón Antonio Ramón
El martes 23 de abril, la organización Unidos por la Democracia, de Cobán, Alta Verapaz, pidió, al Ejecutivo realizar una consulta popular en la que se pregunte a la población si hay causa justificada para remover a Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).
Quienes integran la iniciativa señalan que, desde el 25 de junio de 2023, cuando se realizó la primera vuelta electoral, el expresidente Alejandro Giammattei, diputados al Congreso de la República, el entonces titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Wuelmer Ubener Gómez, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera y la fiscal general, se organizaron para dar un golpe de Estado al sistema democrático y al Estado de derecho en Guatemala.
“Los antecedentes ocurridos desde el 25 de junio de 2023 a la presente fecha demuestran que existe causa justificada para removerla del cargo y no escudarse en la modificación que se realizó a la Ley Orgánica del MP”, leyó el sacerdote Sergio Godoy el memorial que entregarán al presidente Bernardo Arévalo.
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“Es importante considerar que, ante los hechos criminales, el contubernio de la fiscal general con el organigrama que la mantiene en el cargo se hace necesario que la población se pronuncie y ejerza el poder público que por ley asiste a través de la consulta popular”, señaló.
Consuelo Porras, dijeron, instruyó a Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), alterar el proceso electoral y buscar vías para la suspensión y la cancelación de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla.
Agregaron que las implicaciones al haberse consumado las pretensiones de este grupo de funcionarios e instituciones, “traería como consecuencia la imposibilidad de trabajar en el Organismo Legislativo como bancada y obstaculizar la propuesta del desarrollo del país con el aval de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.
La organización Unidos por la Democracia señaló los medios legales que le permite al presidente Arévalo instruir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocar la consulta popular. “Al respecto la Carta Magna contempla el hecho de que los actos de gran trascendencia especial sean consultados a la población y reza que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”, dijo Godoy.
Tras el pronunciamiento y solicitar al gobierno la convocatoria de una consulta popular, reunirán al menos cinco mil firmas que harán llegar a la Presidencia en un tiempo estimado de dos o tres semanas.
La petición de constituyentes y los caminos tomados por la presidencia
Un grupo de constituyentes propusieron, entre ellos el expresidente del Congreso Alfonso Cabrera Hidalgo, la última semana de enero, al presidente Arévalo una consulta popular para destituir a la fiscal Porras.
“El presidente (Bernardo Arévalo) tiene en sus manos la salida de Consuelo Porras y con el apoyo del pueblo legitima la decisión”, señala la petición.
A criterio de Cabrera Hidalgo, el otro camino para destituir a Porras es que la CC apruebe el desacato al no atender las citaciones que se le ha hecho desde la Presidencia, una opción difícil dada a la posición que han tomado las y los magistrados del tribunal constitucional sobre las acciones constitucionales que se refieren a Porras Argueta.
Por parte del gobierno, ha tomado dos caminos. El 29 de febrero el procurador general de la Nación, Julio Saavedra y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, presentaron una querella por incumplimiento de deberes contra Consuelo Porras, al no asistir a los llamados de la Presidencia.
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PGN denuncia a Consuelo Porras por incumplimiento de deberes
El 8 de abril, Guerrero Garnica presentó ante la CC una petición de opinión consultiva sobre la honorabilidad de Consuelo Porras, como otra vía para su destitución.
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Gobierno busca “una ruta que libere el paso” para destituir a Consuelo Porras
A criterio del Ejecutivo, Consuelo Porras tiene la honorabilidad comprometida tras restricciones de ingreso en 29 países y ser incluida en la Lista Engel, del Departamento de Estado de Estados Unidos, como una actora corrupta y antidemocrática que socaba las instituciones democráticas.
Al cumplirse los 100 días de gobierno de Bernardo Arévalo, este 24 de abril, planteó en su discurso que Consuelo Porras sigue siendo la principal amenaza a la democracia del país. “No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución a esta amenaza a la democracia”, dijo el presidente ante la concurrencia que fue bien recibida con aplausos y gritos.
Consulta popular, el camino para destituir a la fiscal general Consuelo Porras
