La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó revisar la resolución que favoreció al exalcalde de Huehuetenango, Gerónimo Martínez Gómez, al concluir que se vulneró el debido proceso y limitó el derecho del Ministerio Público (MP) a impugnar el fallo en el que se le desligó de asociación ilícita.
Por Alexander Valdéz
En 2017, el caso “Munis-Noroccidente” reveló el funcionamiento de una presunta red de corrupción que habría operado desde varias municipalidades del occidente del país para adjudicar contratos públicos millonarios mediante mecanismos fraudulentos.
Entre los señalados figuraba el entonces alcalde de Huehuetenango, Gerónimo Martínez Gómez, acusado de integrar una estructura que, según la fiscalía, habría defraudado al Estado mediante proyectos de infraestructura. El caso, con el tiempo, quedó paralizado por la desarticulación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, así como la criminalización de varios de los fiscales que lo dirigían.
De hecho, el proceso estaba asignado a la entonces fiscal Virginia Laparra, que terminó encarcelada y obligada a salir al exilio. Nueve años después, el expediente vuelve a sonar, porque la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó un fallo que ordena revisar una resolución judicial que benefició a Martínez Gómez y que había impedido al Ministerio Público (MP) oponerse a una decisión favorable al exjefe edil.
Laparra tenía razón
La resolución de la CC, da la razón a Laparra; ahora exfiscal, porque considera que la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango rechazó indebidamente una apelación planteada por la FECI. Según el máximo tribunal, los magistrados validaron una decisión judicial que no estaba prevista en la ley al aceptar una “no vinculación” por el delito de asociación ilícita, figura que dejó sin un mecanismo para oponerse al ente investigador.
¿Qué quiere decir esto? Implica que los magistrados constitucionales consideran que no se le puede negar a la fiscalía la vía para impugnar, y que se debió dar trámite a la apelación para que se pueda revisar el fallo que liberó de proceso por asociación ilícita al exfuncioanrio municipal de aquella localidad del país.
Es por eso que la CC ahora ordenó a la Sala emitir un nuevo fallo debidamente fundamentado y analizar nuevamente la apelación presentada por el MP, tomando en cuenta el estado actual del proceso y la situación jurídica del exalcalde respecto al delito de asociación ilícita.
Aunque la resolución no modifica de inmediato la situación penal de Martínez Gómez, sí reactiva el proceso penal e implica que se haga un mejor análisis del expediente de corrupción municipal que permaneció estancado durante los últimos cuatro años.
“Otorga el amparo solicitado por el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad contra la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Huehuetenango; b) restaura la situación jurídica afectada y deja en suspenso, en cuanto al postulantes la resolución…”, falló la CC.
Uno de los señalados
El exalcalde con pasado vinculado a los extintos Líder y Partido Patriota enfrentó una condena por lavado de dinero de seis años. De hecho, en 2019 es la que le impidió participar en la contienda electoral y buscar nuevamente la alcaldía.
Y en este caso, fue uno de los distintos funcionarios y trabajadores municipales que fueron señalados por la FECI y CICIG en este caso, donde hubo condenas por la vía de procedimiento abreviado; un método similar a la aceptación de cargos pero acá sí se debe aportar prueba para que se acredite un hecho.
Gerónimo Martínez Gómez primero enfrentó una solicitud de retiro de su antejuicio al considerar que existían indicios suficientes para presumir que, durante su gestión entre 2008 y 2009, participó en la ejecución de dichos hechos. De acuerdo con la investigación, en su calidad de alcalde y propietario de una constructora, habría colaborado con Héctor Leonel Castillo Gómez para favorecer a la Constructora Kelly en la obtención de contratos administrativos para la ejecución de obras públicas en las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán.
Foto del alcalde
Un hallazgo de gran corrupción municipal
Según la investigación, la estructura operó entre 2008 y 2015 mediante un esquema de corrupción que involucró a alcaldes, funcionarios municipales y empresarios de la construcción en Huehuetenango y Totonicapán. El presunto mecanismo consistía en adjudicar contratos de obra pública a constructoras previamente favorecidas, a cambio del pago de sobornos y comisiones ilegales a autoridades municipales, quienes garantizaban la asignación de proyectos y la agilización de los desembolsos.
Las pesquisas establecieron que el dinero sustraído al Estado provenía de contratos financiados con fondos públicos destinados a infraestructura municipal. Según la investigación, las constructoras inflaban costos, simulaban competencia en los procesos de contratación o recibían adjudicaciones previamente pactadas. Posteriormente, parte de esos recursos era distribuida entre alcaldes, integrantes de juntas de cotización, concejales y otros funcionarios municipales como retribución por facilitar las adjudicaciones y la ejecución de las obras.
La fiscalía señaló como uno de los principales operadores al empresario Héctor Leonel Castillo Gómez, propietario de la Constructora Kelly, quien presuntamente obtuvo contratos millonarios en distintas municipalidades gracias a la colaboración de autoridades locales. La investigación también documentó pagos en efectivo a funcionarios municipales y señaló la participación de propietarios de otras constructoras y exfuncionarios en delitos como asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, fraude y estafa propia, dependiendo del rol que cada uno habría desempeñado dentro de la estructura.
