El Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó las violaciones a los derechos humanos en Guatemala en 2023. Los arrestos arbitrarios de los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa, Justino Brito y la abogada Claudia González, los casos judiciales en contra de exfiscales y operadores de justicia y el exilio de periodistas se deben al acoso judicial del Ministerio Público. La fiscal general, Consuelo Porras, que continúa socavando los esfuerzos para combatir la corrupción, señaló.
Por Regina Pérez
El reporte sobre derechos humanos publicado por Estados Unidos, relativo a 2023, destaca que no hubo cambios significativos en esa materia para Guatemala y resaltó una serie de abusos como las detenciones arbitrarias, la debilidad de la independencia judicial, la represión contra personas que están en el exilio y restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo amenazas de violencia contra periodistas y detenciones injustificadas o persecución penal en contra de los mismos.
Asimismo, indica que la fiscal general, Consuelo Porras, socavó activamente los esfuerzos para combatir la corrupción, al intimidar o arrestar a personas prominentes involucradas en la lucha contra la corrupción.
Por ejemplo, en mayo de 2023, fue detenido el fiscal Stuardo Campo, quien dirigió la Fiscalía contra la Corrupción e investigó el caso “Libramiento de Chimaltenango”, una obra construida durante el gobierno de Jimmy Morales que resultó en numerosos procesamientos de funcionarios por denuncias relacionadas a la pobre construcción del proyecto que ha derivado en constantes deslizamientos.
Por ese mismo caso, el fiscal adjunto de Campo, Eduardo Pantaleón, ya había sido detenido en mayo de 2022 por supuestamente haber manejado mal la investigación. Mientras el Ministerio Público (MP) tomaba medidas enérgicas contra quienes investigaron la corrupción, los implicados evitaban la justicia. El juez Mynor Moto, a quien Campo y Pantaleón investigaron por supuestos sobornos a cambio de resoluciones favorables en el caso Libramiento de Chimaltenango, reapareció luego de que un juez revocó las órdenes de captura en su contra.
En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó los casos restantes en su contra y ordenó su reinstalación como juez.
A esta situación se sumaron las amenazas en contra de jueces independientes. En 2021, el juez Carlos Ruano enfrentó una solicitud de antejuicio para retirarle la inmunidad, a petición de la magistrada Blanca Stalling a quien Ruano acusó de corrupción en 2017. El juez tuvo que abandonar su cargo, en septiembre de 2023, tras enfrentar múltiples amenazas y salió del país para evitar se detenido.
Detenciones arbitrarias de abogados
Entre las detenciones arbitrarias documentadas, en 2023, el informe abordó los casos de los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito, detenidos el 20 de abril de ese año por los delitos de obstrucción a la justicia y patrocinio infiel. Ambos fueron defensores del periodista Jose Rubén Zamora, fundador del diario elPeriódico, detenido desde julio de 2022, bajo acusaciones de lavado de dinero.
Solórzano Foppa y Brito fueron detenidos por dos meses antes de aceptar los cargos en su contra.
El 28 de agosto de 2023, la abogada Claudia González, exmandataria judicial de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue detenida por abuso de autoridad, un delito que solo puede ser imputado a funcionarios públicos.
González fue abogada defensora del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y Siomara Sosa, exsubjefa de FECI, entre otros exfiscales que colaboraron con la CICIG y que enfrentan cargos por su lucha anticorrupción, señala Estados Unidos.
El 22 de septiembre, el juez Jimmi Bremer, incluido en la Lista Engel, ligó a proceso a la abogada y la envió a prisión preventiva. Una audiencia posterior en la que González solicitaría su libertad condicional fue negada y ella permaneció en detención hasta el 14 de noviembre, cuando se le concedió arresto domiciliario.
Prisioneros políticos
El Departamento de Estado recibió reportes sobre prisioneros políticos. Uno de ellos fue el de Virginia Laparra, exfiscal de la FECI en Quetzaltenango, detenida en febrero de 2022, por varios delitos luego de haber denunciado al exjuez Lesther Castellanos en cuatro ocasiones por la vía administrativa, por actos anómalos al defenderse ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial por una denuncia de la CICIG.
Laparra fue ligada a proceso y estuvo en prisión preventiva hasta su juicio en una prisión bajo condiciones inhumanas, señala el informe. Posteriormente fue condenada a 4 años de prisión y su caso fue apelado. Mientras tanto, permaneció en la prisión todo el año.
Defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción citaron este caso como un ejemplo del patrón del Ministerio Público de acosar a las personas que lucharon contra la corrupción. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia. En diciembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad en un término de 5 días debido a que ya había cumplido el 45 por ciento de su sentencia conmutable.
Represión del MP a exfiscales en el extranjero
El MP continuó utilizando procedimientos legales en contra de altos exfuncionarios que se encuentran fuera del país, entre ellos el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, fiscales y abogados, exjueces, defensores de derechos humanos y otros funcionarios y continúa acosando y reprimiendo a exfiscales y a sus familias, señala el informe.
En el caso de la exfiscal general, Thelma Aldana, ella y su esposo, un magistrado de la Sala de Apelaciones han estado bajo investigación por cargos de lavado de dinero en un caso que organizaciones anticorrupción han indicado tiene móviles políticos.
El reporte recuerda que Aldana dejó el país, en 2019, luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de detención en su contra.
Según los informes recibidos por EEUU, los amigos, familia y colegas de Sandoval y Aldana que permanecieron en el país han sufrido acoso con el fin de ejercer presión sobre ambos.
El 16 de enero de 2023, la FECI presentó cargos en contra del exmandatario judicial de la CICIG, David Gaitán, por obstrucción a la justicia y, en marzo, un juzgado emitió ordenes de detención en contra de los exsecretarios generales del MP, Mayra Veliz y Rootman Pérez Alvarado por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Posteriormente, los tres salieron del país.
Estados Unidos también señala un uso indebido de herramientas internacionales de aplicación de la ley, al solicitar la extradición tanto de Aldana como de Sandoval en 2022. Observadores han considerado que estas peticiones están motivadas políticamente.
Intimidación a periodistas aumentó en 2023
De acuerdo con el reporte, en 2023 se incrementó la intimidación en contra de periodistas provocando que muchos de ellos se autocensuren.
“La presión en contra de los principales medios independientes, periodistas y defensores de la justicia aumentó drásticamente especialmente en contra de aquellos que hablaron abiertamente en contra de la corrupción a alto nivel, así como las acciones de actores malignos, militares, las organizaciones criminales y las autoridades regionales y nacionales que ganaron poder durante la administración de Giammattei”, cita el documento.
Muchos periodistas reportaron haber sido acosados, procesados o han tenido que salir del país después de publicar trabajos críticos en contra de ciudadanos influyentes.
Miembros de la prensa dijeron haber recibido presiones, amenazas y represalias por parte de funcionarios públicos y organizaciones criminales por sus publicaciones.
Los ataques digitales en contra de periodistas independientes y medios de comunicación continuaron en 2023.
Observadores también notaron un incremento en la actividad de netcenters, colecciones de cuentas de redes sociales organizadas que aparentan ser usuarios individuales independientes pero que en realidad están controladas centralmente. Los objetivos de las cuentas anónimas es manipular la discusión, difundir información errónea y amenazar a personas en Internet. Estos han creado cuentas en X y Facebook para criticar y difamar a periodistas, jueces, fiscales y ciudadanos que han denunciado la corrupción, refiere el informe.
Acoso judicial del MP ha llevado a periodistas al exilio
Por otro lado, según defensores de derechos de los medios, los intentos de limitar la libertad de expresión emprendidos por el MP incluyen juicios espurios, citaciones, confiscación de teléfonos y la ejecución de ordenes de allanamientos y registros domiciliarios de miembros de los medios y defensores de la justicia.
Esto ha provocado que al menos 30 periodistas hayan tenido que huir del país, hasta el 10 de septiembre de 2023. La mitad de ellos lo hizo en la última semana de marzo.
El caso del periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, fue ampliamente documentado. Fue detenido, en julio de 2012, bajo cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y extorsión. En junio de 2023, Zamora fue condenado a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero. Dos días antes de su sentencia, la FECI presentó un nuevo caso contra el periodista, por supuestamente haber falsificado su firma para entrar y salir del país en febrero de 2015. La primera condena en contra del periodista fue apelada y una corte anuló la sentencia. El juicio estaba programado para comenzar nuevamente en febrero de 2024, sin embargo, se ha suspendido en varias ocasiones a petición del Ministerio Público.
El reporte de Estados Unidos también aborda la censura en contra de periodistas y medios, así como el cierre de elPeriódico, un medio escrito que publicó más de 100 artículos en contra de la corrupción en la administración de Alejandro Giammattei, de julio de 2020 a julio de 2022, cuando Zamora fue arrestado.
Su cierre el 15 de mayo de 2023 se debió a presión financiera del gobierno y otros grupos privados, según defensores de los medios. Antes de ello, periodistas de elPeriódico enfrentaron campañas de descrédito en línea, amenazas legales y acusaciones, prohibiciones judiciales de cobertura supuestamente dirigidas por el gobierno.
En febrero, en una audiencia de Zamora, el MP solicitó que seis reporteros y tres columnistas de ese medio fueran investigados por obstrucción a la justicia, basados en la publicación de artículos contra el gobierno. La Fiscalía no compartió el expediente con los abogados defensores de la prensa, como lo requiere la ley. Posteriormente, ocho de nueve periodistas bajo investigación tuvieron que salir del país.
Documenta ataques del MP contra el proceso electoral
El reporte también dedicó un capítulo a las elecciones 2023, cuando Bernardo Arévalo fue electo presidente. Según las misiones electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), estas fueron pacíficas y creíbles, a pesar de que se excluyó a candidatos previo al proceso y se emprendieron acciones judiciales contra autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el partido ganador, Movimiento Semilla, luego de las elecciones.
Luego de la primera vuelta, el gobierno de Giammattei acusó a los partidos de oposición de varios delitos e irregularidades. El 12 de julio, antes de una conferencia del TSE para certificar los resultados de la primera vuelta, el MP anunció que iniciaría una investigación en contra del partido Semilla por supuesta falsificación de firmas y lavado de dinero relacionados a la constitución del partido, en 2018.
Adicionalmente, el juez Fredy Orellana ordenó al Registro de Ciudadanos suspender la personalidad jurídica de Semilla. El 13 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un amparo provisional a favor del partido.
El 12 de septiembre, el MP ejecutó un allanamiento en instalaciones del Registro de Ciudadanos y en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral del TSE, en el Parque de la Industria. Durante el allanamiento fiscales del MP abrieron cajas con las boletas electorales de la primera vuelta. La sociedad civil y lideres políticos criticaron fuertemente estas acciones como una violación a la ley ya que solo el TSE y las Juntas Electorales están facultadas para verificar dicha documentación.
El 29 de septiembre, la FECI allanó la sede del TSE y se llevó las boletas electorales, también en aparente violación a la ley, lo que llevó a protestas a nivel nacional y a tomas de calles organizadas por pueblos indígenas que duraron casi un mes.
El informe documenta temas relacionados a pueblos indígenas, la población LGBTQI+, discriminación y derechos reproductivos de las mujeres, entre otros.
