Liderada por autoridades indígenas, 500 años tras la llegada de la colonia, las movilizaciones democráticas en Guatemala representan una multiplicación de fuerzas populares sin precedentes en la histórica moderna y desbordan los límites de la democracia neoliberal. Es una ruptura revolucionaria que ha cambiado el país para siempre, pero las elites corruptas no quieren aceptar la realidad. Una declaración de independencia del Estado Criollo puede ser la clave para terminar los abusos del regimen antidemocrático y empezar un nuevo ciclo de tiempo y espacio: el Pachakuti Iximulew.
Por Nicholas Copeland*
Las percepciones acerca de la democracia guatemalteca se han vuelto decididamente optimistas. ¡Qué cambio respecto a hace cinco meses! El mundo ha sido testigo de un proceso increíblemente especial: la mayor movilización masiva en la historia nacional, encabezada por las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew; la autoafirmación de un pueblo unido por un deseo democrático expansivo que desborda los estrechos confines de la democracia oficial; la cristalización de marcos interpretativos compartidos y el crecimiento de capacidades organizativas autónomas en condiciones hostiles. Este es un movimiento del pueblo sin permiso para existir y sin espacio oficial para actuar, pero que de todos modos existe.
La convergencia de fuerzas
Las fuerzas populares que se acumularon durante años en las grietas de la sociedad civil salieron a la luz con los sorprendentes resultados de las elecciones del 25 de junio. Continuaron expandiéndose, desafiando los repetidos intentos del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, que trabajaban como sirvientes de la élite para negar la victoria, criminalizar al partido Semilla y arrestar a los funcionarios electorales que certificaron los resultados. Estos esfuerzos se han intensificado con la detención arbitraria de otras figuras de la resistencia y una orden de arresto contra el presidente electo: un golpe de Estado en todos los sentidos de la palabra.
Semilla heredó la acumulación de fuerzas populares, convirtiendo unas elecciones estériles en un vehículo para canalizar el descontento popular. Desde la primera vuelta, las organizaciones populares han defendido los resultados como una defensa de la propia democracia. Semilla no es el pueblo: el partido fue un vehículo para la expresión del repudio colectivo a una estructura de poder corrupta que funcionaba a través de elecciones amañadas en un sistema democrático basado en la supresión violenta de demandas colectivas. La relación futura entre el partido Semilla y la dinámica organizacional autónoma no está clara, pero sigue siendo muy positiva, según reportes de participantes en reuniones entre el partido y los movimientos sociales.
Los esfuerzos burdos y cada vez más desesperados de la élite corrupta por negar el resultado electoral ponen al descubierto la separación entre la voluntad democrática colectiva y una alianza corrupta que se autodenomina democracia, pero actúa para destruirla. Ha habido interpretaciones minimalistas de disque expertos atribuyeron la victoria de Semilla a una superficial “anticorrupción” y llamaron a Arévalo un outsider apolítico que no representa ni a la derecha ni a la izquierda, a pesar de identificarse como un socialista democrático y ser hijo del famoso presidente revolucionario y de arremeter contra una estructura oligárquica de poder.
Las propuestas de Semilla se basan en gran medida en las demandas indígenas de autonomía, redistribución y críticas al desarrollo extractivo. La anticorrupción es inherentemente antioligarquía en Guatemala, una crítica moral al sistema de privilegios que permite a la élite mantener su poder monopólico sobre la sociedad, el trabajo de los trabajadores, los recursos naturales, las instituciones estatales y los fondos públicos. La lucha contra la corrupción conlleva una larga lista de demandas democráticas y es una afirmación de la dignidad colectiva.
La victoria electoral de Semilla catalizó una expansión de la acción colectiva que ha alineado a grupos progresistas a través de divisiones de etnia, clase y geografía. Este es un proceso dinámico incompatible con la existencia continuada del Estado y la sociedad guatemalteca en su forma actual y desigual. Es una revolución en el verdadero sentido de la palabra. El movimiento ahora se conoce como Nueva Primavera en referencia a los gobiernos revolucionarios de la primavera democrática de 1944-1954. Esta es la razón por la que el antiguo régimen ha utilizado todos los trucos posibles para descarrilarlo, despojándose de toda pretensión de legalidad y legitimidad. Las transformaciones tectónicas desafían el análisis político fácil y los marcos intercambiables.
Una articulación heterogénea sin precedentes
El Paro Nacional, mejor conocido como Paro Nacional Indefinido, ha alineado diversas comunidades y varias tendencias organizativas, lo que lo distingue cualitativamente de movimientos similares en la historia moderna de Guatemala. Fue convocado por un gobierno indígena: los 48 Cantones de Totonicapán. Los miembros de la comunidad se turnan en las barricadas mientras las autoridades indígenas movilizan formas organizativas comunitarias ancestrales en regiones donde los gobiernos indígenas han resurgido como parte de una reivindicación más amplia de la cultura y la identidad indígena. Sus llamados fueron atendidos no sólo por otros gobiernos indígenas, sino también por comunidades urbanas, cuyos miembros mestizos y ladinos históricamente se han entendido como los líderes naturales de los indios “atrasados”. Las organizaciones de ciudadanos urbanos, ladinos de clase media alta que lideraron el movimiento contra la corrupción, reconocen la dignidad, la legitimidad y el liderazgo de las autoridades políticas indígenas y el coraje de las comunidades indígenas para arriesgar sus cuerpos para salvar la democracia por todas y todos. Este entendimiento compartido sobre la soberanía inherente de las autoridades indígenas es el núcleo de un estado plurinacional como Iximulew, la tierra de maíz.
Otro pilar del paro son las comunidades que se han estado organizando y construyendo poder desde 2005 para defender sus territorios contra el desarrollo extractivo: operaciones mineras, represas hidroeléctricas y monocultivos. En las comunidades donde estas formas organizativas comunales habían sido debilitadas por la campaña de tierra arrasada, el sistema de patrullas civiles paramilitares y los partidos políticos, muchos aprendieron y adaptaron nuevas estrategias políticas y formas organizativas en las luchas contra la industria. Muchos habían participado en actividades de sensibilización, consultas, demandas y acciones directas, numerosos bloqueos mantenidos a largo plazo por grupos rotativos acompañados por ONG progresistas o a veces la Iglesia católica.
Las defensas locales han adoptado y popularizado nuevas perspectivas sobre la naturaleza, el desarrollo y el bienestar, y culpan a los corruptos por imponer el modelo extractivo. Los gobiernos indígenas que ganaron fuerza y legitimidad a través de estas resistencias ahora canalizan estas capacidades y marcos organizativos. Y hay algunos alcaldes respetables, líderes de consejos de desarrollo, jueces de paz, directores de organizaciones de desarrollo y autoridades religiosas que respetan a la gente y son a su vez respetados como líderes que han aconsejado a sus comunidades a unirse al paro. Se avizoran nuevos líderes como Luis Pacheco, dirigente de los 48 cantones, Marcela Blanco, antes candidata de diputada de Semilla, y Javier de León, un estudiante en física de la Universidad de San Carlos que celebró su graduación en la prisión Mariscal Zavala.
Los periodistas de medios independientes informan desde el frente en medio de constantes amenazas, lo que facilita el intercambio de información y la deliberación colectiva y altera el monopolio de las noticias de televisión y radio. El periodismo independiente ayudó a frustrar el intento del presidente saliente Giammattei de montar un escenario que permitiera enmarcar las protestas como violentas, una estrategia de relaciones públicas utilizada para defender la masacre en Totonicapán en 2012 y sofocar los levantamientos de noviembre de 2020. Los periodistas publicaron fotos en Twitter que revelaban que infiltrados estatales, no manifestantes, estaban atacando a la policía.
Cada día, periodistas independientes someten a escrutinio las acciones y declaraciones de la fiscal general Consuelo Porras, los tribunales y otras agencias estatales, y comparten perspectivas de activistas anticorrupción, autoridades indígenas y defensores del agua y el territorio. Los medios alternativos circulan a través de circuitos de redes sociales dendríticos, estridentes y cargados de memes, apelando y cultivando un sentido común crítico. En el imaginario nacional emergente, el enemigo interno no es la guerrilla, los campesinos enardecidos o los defensores del territorio: es el oligarca. Los funcionarios quieren denunciar los bloqueos como una amenaza a la vida, la libertad y el desarrollo, pero la gente sabe que la verdadera amenaza proviene de los corruptos y ve la manifestación como un arma legítima y no violenta contra el poder de las élites.
Es notable que aproximadamente la mitad de todos los participantes en las marchas y bloqueos en las bases y en el liderazgo sean mujeres, un reflejo del crecimiento de las organizaciones de mujeres de base desde la década de 1990. Cientos de mujeres indígenas y mestizas aliadas en el Sector de Mujeres se unieron al campamento frente al Ministerio Público el 15 de noviembre. Los manifestantes llaman la atención sobre cómo la corrupción daña desproporcionadamente a las mujeres pobres e indígenas e insisten en la centralidad de la participación de las mujeres para una transformación social efectiva y de los derechos de las mujeres para una nueva Guatemala democrática.
Un nuevo sentido de poder colectivo
Al igual que los campamentos de Occupy Wall Street y Standing Rock, el paro prefigura una sociedad radicalmente diferente. Personas de diferentes orígenes compartiendo comida, cantando, escuchando marimba, haciendo carteles de protesta creativos, disfrazándose y bailando. Escriben poemas que capturan el estado de ánimo y explican la historia. Bailar en los bloqueos, a veces de forma planificada, pero también espontánea, es un acto de curación y transformación de las heridas del racismo, el patriarcado y la violencia mantenidas en los cuerpos de los pueblos, cuyo movimiento autónomo resiste las fuerzas que los someten, les extraen el trabajo y les limitan su rango de acción. Las manifestantes están superando la sospecha mutua que tiende a contaminar las interacciones sociales: desconocidos se saludan en los bloqueos con amistad y solidaridad. El movimiento defiende la democracia, la igualdad, la autonomía, la no violencia, el amor y la alegría.
El pueblo en movimiento vibra con un poder colectivo que no se había sentido desde que las comunidades indígenas y los trabajadores rurales encontraron causa común con los movimientos revolucionarios en los años 70 del siglo pasado. Cuando los manifestantes proclaman que ya no hay miedo, están estableciendo un contraste directo con los efectos de la contrainsurgencia en las concepciones compartidas de lo políticamente posible. Por eso tiemblan hoy las élites. Cuando la CC ordenó a la Policía Nacional y al ejército despejar los bloqueos, el pueblo convocó a la Gran Marcha para la Democracia, trayendo refuerzos al paro.
El pueblo está aprendiendo a ejercer su poder, a canalizarlo y a mantener su estabilidad, mientras elabora estrategias y cristaliza un imaginario compartido. Hubo un diálogo nombrado Acción por la Democracia sin precedentes entre gobiernos indígenas, movimientos populares, el sector comercial, el presidente electo y el gobierno actual. Algunas élites están claramente preocupadas de que la corrupción extrema perjudique a las empresas y haga que el país sea ingobernable y quieren dar forma a una transición que consideran inevitable.
Así, en el movimiento hay más diversión que miedo. También hay una visión diferente del desarrollo: los manifestantes no aspiran a la riqueza y el consumismo de los whitemalans o miguatecos que frecuentan centros comerciales de élite como Cayalá y Pradera Concepción. La resistencia entrelaza demandas populares de desarrollo integral, soberanía alimentaria y concepciones indígenas de un buen vivir basado en el equilibrio y la reciprocidad. Esta visión, cristalizada en movimientos en defensa del territorio contra el desarrollo extractivo está presente tanto el plan de gobierno de Semilla como el espíritu del paro nacional.
Un tema común es la oposición a una propuesta legislativa para ampliar la protección de patentes para semillas transgénicas. La aprobación de una “Ley Monsanto” anterior provocó un levantamiento liderado por indígenas, en 2014, que obligó al Congreso a revocarla. Organizaciones indígenas denuncian una nueva iniciativa similar en el Congreso, diciendo que el maíz transgénico es una amenaza directa a su supervivencia. Si bien esa iniciativa no fue la chispa que impulsó el paro, los manifestantes la han presentado como prueba adicional de que el régimen corrupto es una amenaza al bienestar colectivo. El 23 de noviembre, organizaciones indígenas realizaron un festival de semillas nativas frente al Congreso en oposición a la Ley Monsanto exigiendo la aprobación de la Iniciativa 6086 que protege la biodiversidad. Trescientos policías antimotines rodearon e intentaron intimidar a la gente, creando un poderoso símbolo del racismo del actual gobierno y de visiones de la nación sorprendentemente diferentes en juego en el paro.
A lo largo de esta conciencia colectiva emergente y esta movilización persistente se encuentra una comprensión distinta del agua. Cuando las inundaciones arrasaron puentes y carreteras mal construidos, los manifestantes señalaron que la corrupción provoca bloqueos todo el tiempo. Cuando el presidente mintió diciendo que los manifestantes estaban bloqueando el suministro de agua de Xayá Pixcayá a la ciudad, los manifestantes respondieron que la acusación era un pretexto para reprimirlos, y además que la escasez rutinaria de agua en las zonas urbanas era un síntoma de problemas de mala gestión y falta de financiación de la infraestructura pública que estaban tratando de solucionar. Los manifestantes comparten una comprensión del agua como un bien común y público, y al mismo tiempo la base de la vida y un pariente vivo cuyo futuro está amenazado por el desarrollo extractivo y la privatización.
Hay un crecimiento en la capacidad organizacional en múltiples escalas. Vemos el alineamiento y el fortalecimiento mutuo entre las organizaciones de izquierda, una simpoiesis, una interacción sinergética, mientras se apresuran a defender las elecciones. La organización campesina revolucionaria CODECA se ha unido en defensa de la democracia, una evolución de su indiferencia postelectoral ante la victoria de Semilla. Al paro también se suman estudiantes universitarios, médicos, organizaciones profesionales, líderes religiosos católicos y evangélicos, vendedores de mercados, conductores de tuk tuk y barrios urbanos enteros.
Los residentes de la Bethania, un barrio mestizo de clase trabajadora en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, se organizaron para expulsar a la policía antimotines, demostrando un fuerte sentido de identidad, seguridad colectiva y orgullo. Algunos de la resistencia comentaron una reticencia por parte de la Policía Nacional a atacar los bloqueos, tal vez por respeto. Los acontecimientos en Bethania y en muchos otros lugares están construyendo recuerdos revolucionarios plasmados en memes creativos. Señalan una narrativa compartida a través de la cual las acciones en todo el país se interpretan como parte de una lucha común. Estas confluencias son más amplias que las coaliciones transversales movilizadas por la Marcha por el Agua, en 2016, o las protestas para exigir la renuncia del expresidente Otto Pérez, y se basan en y superan su arquitectura articulatoria.
El paro dio vida a una Guatemala plurinacional, Iximulew, tierra de maíz. La vieja Guatemala, la finca, está muriendo, o ya está muerta, pero ahora es un zombi. Está tomando forma una nueva conciencia nacional que es multiétnica, optimista, digna y proactiva. Los guatemaltecos reconocen una soberanía popular compartida que es más legítima que el poder ejercido por el régimen corrupto. Aunque los corruptos se nieguen a reconocerlo, no hay vuelta atrás. Con cada intento de reprimirlo, el movimiento se fortalece. El Estado utilizó grupos de personas armadas con camisas blancas para atacar las protestas. Estos esfuerzos fracasaron. Posteriormente, los gobiernos indígenas decidieron levantar temporalmente a los bloqueos porque reconocieron que era difícil para las comunidades más pobres. Aun así, los gobiernos indígenas permanecieron acampados frente al Ministerio Público, turnándose para mantener la presión sobre el régimen.
El pachakuti de Iximulew
Estamos presenciando el amanecer de un pachakuti, una apertura del espacio y del tiempo. El conocimiento ancestral entre las comunidades indígenas andinas predice una ruptura cada ciclo de 500 años. El momento del movimiento liderado por los indígenas de Guatemala es auspicioso: 500 años después de que Pedro Alvarado conquistara a los ejércitos indígenas y tratara la región como su plantación. La nueva Guatemala plantea un desafío civilizacional al Estado monocultural y al Plantacionoceno, una ecología mundial basada en la devaluación racial y la subyugación de los pueblos colonizados, sus conocimientos y sus formas de vida, y la destrucción de un planeta vivo, la Madre Tierra. Los manifestantes denuncian a la élite que piensa que el Estado es su plantación, su finca; en su lugar, proponen la soberanía alimentaria y las concepciones indígenas del buen vivir como base para una nueva economía. Estas alternativas se basan en cientos de experimentos regionales que podrían ampliarse e institucionalizarse bajo un gobierno verdaderamente democrático para poner fin a la pobreza, el hambre, y la migración forzada y restaurar bosques, ríos y suelos.
Pachakuti Iximulew comenzará cuando estas visiones de una nueva sociedad y economía se materialicen en nuevas leyes, políticas e instituciones. Pero el pachakuti está bloqueado. En Guatemala no se permite que sucedan cosas buenas. Existe una gran contradicción entre la voluntad democrática del pueblo y el control sobre las instituciones estatales. Los peores enemigos del pueblo controlan sus palancas.
Las élites han obtenido un control constitucional sobre las instituciones estatales a través de elecciones cuyos resultados—se supone—provienen de la voluntad pública. Pero estos resultados eran una farsa. Las elecciones han excluido demandas históricas y populares compartidas y obligado a las comunidades pobres a competir por recursos básicos a través de alianzas con docenas de partidos políticos dirigidos por élites corruptas e impulsados por el dinero del narcotráfico. Esta democracia contrainsurgente ha funcionado según lo diseñado: fomentar la división y la desconfianza mientras canaliza la disidencia hacia espacios estériles.
Ahora que los guatemaltecos finalmente lograron colar a un reformador a través de unas elecciones amañadas en un sistema diseñado para salvaguardar los intereses de la élite, esta, como un niño malcriado, se niega a reconocer los resultados. Esto ha sido demasiado para que la gente lo aceptara y ha socavado el reclamo de autoridad legal de la alianza corrupta. Además, los juristas guatemaltecos saben que los ataques del pacto a sus oponentes no tienen nada que ver con la ley, ni base legal alguna: lo están inventando de la nada. Pero debido a que las élites corruptas controlan a los jueces y abogados que interpretan la ley, sus caprichos se convierten en ley. Los activistas anticorrupción son arrestados por corrupción y los opositores políticos por tuits “antigubernamentales”. Esta situación absurda se presenta como legal y democrática incluso cuando es evidente que el control de las élites es incompatible con la democracia en todos los niveles.
Un beneficio fundamental del orden democrático es minimizar la violencia política. Pero la élite está ejerciendo violencia contra las instituciones estatales, atacando a periodistas, defensores de la tierra, activistas anticorrupción, jueces independientes y políticos de oposición. También enviaron grupos armados para atacar las protestas. Han disuelto legalmente y criminalizado a Semilla. Los corruptos están manipulando el presupuesto para destinarlo a sus propias ONG y al Ministerio Público, para continuar con los procesamientos de activistas anticorrupción. Incluso si lo dejan entrar, como es la exigencia básica, Arévalo gobernará con una minoría contra una mayoría corrupta cuyo único papel será impedir que la voluntad popular se convierta en política nacional. Los corruptos también han nombrado un nuevo grupo de jueces cuyos mandatos extendidos frustrarán todo lo que Arévalo logre. El resultado sería el constante descrédito de la promesa de Semilla. Esto sería un trágico desperdicio de una oportunidad histórica, posponiendo nuevamente un ajuste de cuentas que lleva 500 años preparándose. Es difícil imaginar que semejante alineación de fuerzas populares vuelva a ocurrir. La élite corrupta de Guatemala apuesta a que no lo harán y planea pasar los próximos cuatro años haciendo todo lo posible para destrozar esta coalición.
Una nueva independencia
Para que se abra el pachakuti, el orden antidemocrático imperante debe ser desplazado. El paro apela a una moral superior basada en la voluntad popular. Curiosamente, a pesar de las demandas de los movimientos sociales de una asamblea constitucional desde incluso antes de 2015, las manifestantes no han puesto en primer plano esta demanda, a pesar de que el momento parece maduro para tal evento. Quizás esto se deba a que las manifestantes sienten que el tema es divisivo porque hay múltiples propuestas (similares) de diferentes organizaciones, como la forma en que propuestas en competencia para una ley popular de aguas han dividido al movimiento por el agua.
Cuando le mencioné la relativa ausencia en torno al tema de una asamblea constitucional a Julio Gonzales, activista ambiental del Colectivo Madre Selva, sugirió que lo que se necesita es una segunda Independencia, siendo la primera ilegítima porque estableció el Estado criollo, que excluía a los pueblos y gobiernos indígenas y consagró el dominio de los pueblos no indígenas sobre ellos. Es una propuesta interesante. Una declaración de independencia emitida simultáneamente por los gobiernos indígenas y el presidente electo, junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil y todos los pueblos de Guatemala, tendría una legitimidad incomparable. Se podría emitir mediante una ceremonia en un lugar simbólicamente significativo fuera de la capital. El ingeniero ambiental Ixil Antonio De León Ceto, sugirió Iximché en Tecpán.
La independencia despojaría del poder al Congreso, a los jueces y a los fiscales corruptos, y afirmaría el control popular sobre las fuerzas armadas. No habría necesidad de eliminar las instituciones estatales, sólo reemplazar a las personas que las dirigen con autoridades legítimas. Los corruptos objetarían que esto rompería el Estado de derecho. Pero esto ya sucedió. Mientras que el gobierno actual obtiene su poder legal a través de reglas procesales de las que abusa para subvertir la voluntad democrática, la declaración de independencia realinearía la sociedad con la voluntad popular. Otros objetarían que esto invitaría a la violencia, pero las autoridades existentes ya están abusando de su poder al asesinar y encarcelar a sus oponentes políticos.
La pregunta es hasta qué punto el ejército y la policía nacional seguirán las órdenes de un pequeño grupo de élites corruptas que contravienen todo impulso democrático. Es inconstitucional que el ejército enfrente a los ciudadanos. Sin embargo, muchos guatemaltecos temen que los sigan hasta el autoritarismo total, como lo han hecho en un pasado no muy lejano. Pero está claro, como ocurrió en Bethania, que el pueblo está cada vez más despierto, organizado, y optimista defendería el movimiento independentista y obligaría a los sectores de élite a aceptar el proceso o abandonar el país.
El Paro Nacional ha durado más de 50 días con su pico a mediados de octubre, con más de 150 puntos bloqueados. En Bolivia, fueron necesarios cinco años de movilización colectiva para desplazar al régimen neoliberal. El actual ciclo de protestas en Guatemala comenzó en 2005, con la defensa del territorio contra las industrias extractivas, que se fusionó con el movimiento anticorrupción, en 2015, culminando en la Marcha por el Agua, en 2016. La unidad de las fuerzas populares es demasiado rara e importante como para perderla. Todo lo que se necesita es un último impulso unificado. Una forma de prepararse para la defensa de la independencia a largo plazo es fortalecer los sistemas de ayuda mutua, con alimentos y medicinas, para sostener a las comunidades durante la lucha por la independencia. Es imposible predecir el resultado, pero una declaración de independencia daría nueva energía a un pueblo que se encuentra en un momento de gran anticipación, en un raro momento de unidad, listo para dirigir su nueva potencia hacia una un nuevo proyecto nacional.
*Virginia Tech
