Excandidatos entrevistados y analistas observaron una buena intención del presidente Bernardo Arévalo de abrir el proceso de elección de gobernadores a la ciudadanía. Pero el nivel de cooptación de los representantes de la sociedad civil ante el CODEDE no permitió democratizar esta elección y prevalecieron los intereses corruptos y criminales.
Por Regina Pérez
La convocatoria realizada por el presidente Bernardo Arévalo que abrió las puertas para que personas de a pie pudieran postularse al cargo de gobernador departamental despertó el interés de la ciudadanía de participar por primera vez en este proceso. Sin embargo, el papel que jugaron los representantes de la sociedad civil en el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) demostró una vez más que el sistema está viciado y desvirtuado.
La reforma al reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural realizado por el gobierno de Arévalo estimuló que autoridades indígenas, mujeres mayas, defensoras y defensores de derechos humanos y juventud entregaran sus expedientes con la esperanza de ser tomados en cuenta por las ternas.
Debido a la inconformidad presentada por los diversos sectores sociales, Arévalo ha indicado que rechazará aquellas ternas donde las candidatas y candidatos no tengan las calidades necesarias y se repetirá el proceso.
La convocatoria que hizo el presidente fue visto con buenos ojos por la ciudadanía. Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones quien presentó su candidatura en Totonicapán, indicó que lo que hizo Arévalo fue correcto pero “los que causaron el daño fueron los representantes de la sociedad civil por la forma en que ellos eligieron a las ternas”.
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Sebastiana Par, quien también presentó su candidatura en Quiché, opinó que a pesar de la buena intención del presidente Arévalo se repitió la misma historia que en periodos anteriores.
“Los representantes de la sociedad civil y del CODEDE están muy viciados, hay gente que lleva varios años en el puesto y han demostrado una inclinación a favor de los intereses de los corruptos”, dijo Par.
“Los CODEDES están viciados, eso era de esperarse”, indicó José Alfredo Calderón, analista político, quien opina que el Gobierno de Arévalo actuó de inocente en este caso o tuvo compromisos.
“Si sé que están penetrados, incluso por el crimen organizado (los CODEDES), no hago una convocatoria abierta porque va a pasar lo que ocurrió y el problema es que se sometieron a un tremendo desgaste”, indicó, en referencia a los resultados que se han visto en casi todo el país.
El rol de los CODEDES
Las debilidades mostradas por los CODEDES no tienen necesariamente que ver con el llamado “Pacto de Corruptos” sino que vienen tiempo después de la aprobación de la Ley de Consejos de Desarrollo (2002) cuando se empezaron a desvirtuar.
Un primer caso fue cuando le atribuyeron a los Consejos hacerse cargo de la administración de recursos públicos (en 2023 manejaron Q3 mil 392 millones), se comenzó a crear incentivos perversos en este nivel que dieron como resultado comenzar a manosear el nombramiento de los gobernadores departamentales y viciar otros procesos, opinó el politólogo Renzo Rosal.
Por ejemplo, se comenzó a alterar la composición de los representantes que la ley denomina de sectores no gubernamentales (sociedad civil). “Poco a poco se comenzó a hacer un trabajo de infiltrar a operadores que supuestamente representarían a esos sectores, pero que en la práctica comenzó a respaldar las acciones viciadas”, indicó Rosal.
Actualmente, esos representantes se han encargado, en su mayoría, de ser los interlocutores de colocar a personas ad hoc en las ternas finalistas, lo que se vio en este proceso.
En el departamento de Petén, los candidatos incluidos responden a intereses de partidos políticos como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Nosotros, controlados por Sandra Torres y su yerno, Rudy Guzmán.
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Petén: dos exalcaldes vinculados a Nosotros y UNE fueron incluidos en la terna a gobernador
En Chiquimula, es el diputado Boris España del partido VAMOS, quien mantiene el control sobre casi la mayoría de representantes de la sociedad civil ante el CODEDE. Una situación que se repitió en casi todos los departamentos.
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Chiquimula: integrantes de terna de gobernador son vinculados a Boris España y “Tres Kiebres”
Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, quien presentó su expediente en Totonicapán, quedó fuera del proceso porque le pusieron varias objeciones y al momento de presentar sus pruebas de descargo no fueron tomadas en cuenta por los representantes de la sociedad civil.
A nivel nacional está mal todo, hay una mala costumbre de vender votos, de favoritismos, comentó Pacheco en una entrevista telefónica.
El expresidente de los 48 Cantones expresó dudas sobre la legitimidad de las personas que integran este sistema y piensa que hay que solicitar un acta de respaldo a cada uno de los representantes de la sociedad civil para comprobar que verdaderamente representen a su sector.
Por otro lado, reconoce que muchas personas no quieren participar en estos espacios facilitando que los mismos sigan en estos sistemas. “Yo sí he invitado a las personas a que participemos, es un sistema muy corrompido”, señaló.
¿Qué hace la sociedad civil en el CODEDE?
Un CODEDE está integrado por el gobernador departamental, quien lo preside; los alcaldes; el jefe de la Oficina Departamental de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan); un representante de cada una de las entidades que designe el Ejecutivo; y 11 representantes del sector No Gubernamental.
Para elegir a cada representante de la sociedad civil un ente rector convoca a las personas que representan a cada sector. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo convoca a los sindicatos, las mujeres son convocadas por la Secretaría Presidencial de la Mujer, el Ministerio de Economía convoca a las cooperativas, al CACIF y MIPYMES, y el Ministerio de Gobernación a las Organizaciones no Gubernamentales. La elección se hace en asamblea, se levanta un acta y se entrega a la Segeplan.
En teoría los representantes de la sociedad civil deberían jugar un papel fiscalizador u oposición al gobierno departamental. Sin embargo, en algunos Concejos esto no sucede y los llamados representantes solo acuden, firman la asistencia y el acta pero no participan.
“Los proyectos se van con los errores que tenga, porque nadie objeta nada, hay una complicidad invisible, que como son del gobierno de turno, todos avalan lo que sucede”, indicó una persona que representa a la sociedad civil en un CODEDE quien habló su experiencia dentro de este sistema a condición de anonimato.
Uno de las funciones que tienen los representantes de la sociedad civil es conocer los fondos de inversión pública y hacer auditoría social de los proyectos que se ejecutan con los fondos que se le asignan.
Eso implica que les corresponde supervisar proyectos, ver cómo se están ejecutando. Por ejemplo, si los recursos brindados corresponde al avance físico de las obras, sin embargo, ese trabajo de fiscalización se queda corto debido a que las personas no cuentan con los medios para trasladarse a los municipios.
También deben estar vigilantes a que la inversión llegue a los municipios y exigir a los alcaldes que entreguen la documentación a tiempo, para que los fondos sean entregados de igual manera.
“Me ofrecieron coimas”
De todas las “brasas calientes” que tienen los integrantes del CODEDE, la más terrible y, que incluso compromete su integridad, según la persona entrevistada, es la elección de gobernador o gobernadora ya que son los representantes de la sociedad civil la que elige la terna de titulares y suplentes.
Antes de las reformas al reglamento realizadas por el Ejecutivo el proceso no había sido tan observado. “El proceso siempre ha sido público, pero a la gente no le había interesado participar, se recibían de cinco a siete participaciones, a veces hacía falta para poner suplentes”, afirmó el integrante del CODEDE.
Con la nueva convocatoria, en algunos departamentos se recibieron hasta 90 expedientes y en el departamento de Guatemala llegó hasta 215. En total participaron 1516 personas a nivel nacional.
Sin embargo, toda la publicidad del proceso también puso la presión en los integrantes de la sociedad civil. “Se jugaron tantos intereses, que la vieja política hizo su presencia descarada con las coimas, yo lo vi de cerca, a mí me buscaron, me ofrecieron y yo me negué”, contó. No obstante, esta persona reconoció que estuvo sometida a una presión psicológica al no prestarse a recibir las coimas, ya que fue víctima de una campaña de difamación.
Para Rosal, los cambios que realizó el Ejecutivo fueron importantes, pero ingenuos. Al considerar que solo con abrir la puerta a la participación ciudadana se compondría la elección de gobernadores. “Si no se corrigen los vicios del sistema, -la representación de los sectores no gubernamentales, el que sea un espacio politizado donde la competencia por el acceso a los recursos, cerca de Q4 mil millones-, si no se corrige, democratizar las candidaturas no sirve de mucho”, indicó.
Para el politólogo, este problema no es coyuntural sino endémico. En esta ocasión diputados distritales o dirigentes de UNE y VAMOS principalmente, son los que manipularon la elección, con ayuda de operadores en el sistema del CODEDE, los representantes de sectores no gubernamentales que ya perdieron la legitimidad y que se vendieron al mejor postor. A eso obedece todo el cuestionamiento de las ternas que incluyen a más de los mismos.
“Ahí hay una representación buscando tomar el control de los recursos públicos en el sistema para corrupción y en ocasiones, para efectos de control territorial, asegurando que quien sea nombrado gobernador ayude a garantizar la presencia y fortalecimiento de redes del crimen organizado en los territorios. Entre intereses criminales y corruptos que van de la mano, eso ha sido el objetivo común de meter mano en esta ocasión e incluir gente que represente a estos intereses”, afirmó Rosal.
La experiencia de dos candidatos
Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones, quien presentó su candidatura en Totonicapán, manifiesta estar satisfecho a pesar de haber quedado fuera del proceso. “Esto es el cambio también de la Resistencia del año pasado, porque antes ni sabíamos quienes se postulaban, ni sabíamos de las ternas, ni se conocía quién era el gobernador. Lo que salió a relucir ahora es que está cooptada la sociedad civil, los supuestos representantes que no son todos”, dijo.
Pacheco indicó que con este proceso se denotó la manera en que es nombrado un gobernador, ya sea porque se le debe favores o porque estuvo en el partido y se postuló a un cargo pero no llegó o porque compró votos. “Todo eso se rumora pero no se denuncia y está afectando, a mí me han contado que tal persona que representa cobra, pide, ¿por qué no lo denuncian? Desde ahí estamos mal”, señaló.
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Sebastiana Par, autoridad indígena que se postuló en Quiché, comentó que el perfil de candidatos en la terna de ese departamento es de gente profesional, con experiencia en gestión pública pero que tienen nula proyección social.
Como el caso de Melinton Solórzano Rivera, sobrino del diputado Raúl Solórzano, de la UNE, quien ha asesorado a varias municipalidades. También Gilberto Fernando Mejía, que fue candidato a diputado por VIVA en las elecciones generales de 2023. En el caso de Martina Pérez Velásquez, quien figura en la terna titular, trabajó con el exalcalde Florencio Carrascosa de Joyabaj y se le señala de estar detrás de la criminalización de mujeres dirigentes, entre ellas la periodista Anastasia Mejía.
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Sebastiana Par: venimos con una propuesta colectiva para tomar decisiones en consenso
Tanto Par como Pacheco recibieron tachas. En el caso de Par, se le señaló de estar vinculada con el diputado Solórzano, quien supuestamente la había comprado a ella y a la terna. “Es una farsa, el tío de Solórzano, con quien supuestamente nosotros coordinamos fue quien quedó”, dijo en referencia a Melinton Solórzano.
En el caso de Pacheco, señaló que desde que anunció su postulación le comenzaron a crear rumores y le presentaron tachas por procesos judiciales en donde él es víctima.
“Me notificaron que no era idóneo porque tenía tales procesos”, indicó. Uno de ellos era por una denuncia de Ricardo Méndez Ruiz, por asociación ilícita y manifestaciones, por haber participado en la defensa de la democracia, que comenzó el 2 de octubre de 2023. “No entiendo qué lógica usaron ellos para tomarlo como objeción”, contó.
También le señalaron en un proceso por coacción, por la defensa de tierras comunales de los 48 Cantones, que ya está archivado y otro caso en el que fue víctima de hurto. En el 2024, el 14 de enero le quebraron el vidrio del vehículo y le robaron documentos y lo presentaron como objeción.
Finalmente le crearon un caso de violencia contra la mujer que data del 2008. “No es la primera vez que sucede, es una manera de criminalización”, contó. Al presentar las pruebas de descargo, los representantes de la sociedad civil decidieron que iban a decidir de voto en secreto. Pacheco recibió seis votos en su contra y cinco a su favor, con ello quedó fuera.
Yo lo viví y he escuchado de otros dirigentes que así lo han pasado, la cooptación es a nivel nacional, dijo.
Gobierno sufre desgaste
Para el analista Calderón, para evitar esta situación el gobierno debió haber hecho un mapeo político, lo cual no se hizo, y hubiera electo a 22 gobernadores interinos mientras depuraban y elegían a las personas más adecuadas. “Al abrir el proceso, que es una medida casi populista, sabiendo del contexto, únicamente los sometió a un tremendo desgaste”, señaló.
Según Calderón, hay CODEDES que han expresado su molestia por lo que afirmó el presidente de rechazar algunas ternas. “Todo esto era innecesario pero demuestra que no estaban preparados”, indicó.
Según Rosal, para corregir la forma en que se hace el nombramiento se debe reformar la Ley de Consejos de Desarrollo y su reglamento. Y en su opinión debe prevalecer lo que está en la Constitución, que el gobernador departamental es electo por el presidente y lo representa. “Así que esa historia de ser demasiado democráticos está bien pero no hay que perder de vista que es el representante del presidente y él tiene que tener operadores ahí”, indicó, reconociendo que de esta manera se han electo a gobernadores en el pasado y se han designado a funcionarios nefastos.
