De cómo el gobierno intenta criminalizar a estudiantes, profesionales y a políticos incómodos para el régimen de Alejandro Giammattei.
Hace 18 meses, voces internas en la USAC alertaron que el fraude en las votaciones para rector era el ensayo para uno mayor en las elecciones generales. Este pronóstico parece estarse cumpliendo. El MP es quien encabeza las acciones penales para deslegitimar, no solo la victoria del partido Movimiento Semilla, con miras a evitar que asuma en 2024, sino que busca criminalizar a los detractores del Pacto de Corruptos como parte de su esquema de venganzas políticas.
Por Paolina Albani
En Guatemala, expresarse y oponerse a las acciones del gobierno es peligroso. Y se agrava si se vota en contra de lo que régimen tenía previsto.
Esa es la premisa de cómo el cambio de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en abril de 2022, fue el escenario en el que el gobierno de turno practicó cómo amañar una elección y salirse con la suya.
Voces con experiencia dentro de la Universidad alertaron en su momento que la situación podría repetirse en las elecciones generales.
Ese pronóstico se empezó a cumplir en enero de este año, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las cortes excluyeron candidaturas incómodas para el gobierno de Alejandro Giammattei y autorizaron otras con claras prohibiciones constitucionales para postularse.
Mientras la resistencia estudiantil mantenía la toma de la USAC y, varias de sus sedes a nivel nacional, para insistir en la repetición de las elecciones y defender la autonomía, la jugada para las elecciones generales ya estaba configurada para colocar en la segunda vuelta a uno de los dos candidatos aprobados por Alejandro Giammattei, que prometían ser la continuidad del “Pacto de Corruptos” que enterró la independencia judicial para garantizarse impunidad: Zury Ríos Sosa, del partido Valor; y Manuel Conde de Vamos, del partido oficial.
Algunas mediciones arrojaban que una de esas opciones disputaría la Presidencia con la eterna candidata de la UNE, Sandra Torres. Pero los pronósticos no se cumplieron. Una serie de sucesos, como la exclusión de varios candidatos y la vinculación de uno de los que podría salir a la cabeza, como el caso de Manuel Villacorta, del partido VOS, que tres días antes de la elección hizo pública su preferencia por el candidato a la alcaldía, Sebastián Arzú, de Podemos, reconfiguraron las elecciones.
El 25 de junio, Torres sí pasó a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva, pero su contrincante no sería ni Ríos Sosa ni Conde, sino el diputado Bernardo Arévalo, del partido progresista Movimiento Semilla. Un resultado que nadie previó y que ocasionó que el gobierno se aliara con Torres para intentar ganarle a Arévalo.
De ahí hasta la segunda vuelta, el 20 de agosto, una infinidad de campañas de desprestigio intentaron restarle credibilidad vinculándolo al comunismo y a la “ideología de género”.
Al mismo tiempo, el MP iniciaba una fase de persecución y criminalización contra los integrantes del partido para lograr la cancelación de la personalidad jurídica de la agrupación, contraviniendo la Ley Electoral y de Partidos Políticos que refiere que ningún partido puede ser cancelado durante el período electoral.
La fiscal general Consuelo Porras designó a uno de sus más leales fiscales, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, como el encargado de iniciar una serie de investigaciones, pese a que el caso era atribución de la Fiscalía de Delitos Electorales.
La justificación de la pesquisa fue una denuncia ciudadana que refería que Semilla habría alterado las firmas de sus bases para lograr la inscripción de partido, en 2019.
En julio, el juez séptimo Fredy Orellana ordenó al Registro de Ciudadanos del TSE la inhabilitación del partido, con miras a detener la participación de Semilla en la segunda vuelta, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la decisión del juez.
En medio de este ambiente de incertidumbre, Arévalo ganó la Presidencia con el 58% de los votos emitidos, frente al 37.24% de Torres.
El MP no se detuvo ahí. Curruchiche lideró allanamientos en la sede de Semilla y en la Dirección de Organizaciones Políticas del TSE, de donde secuestró documentos de la constitución del partido para estudiar las firmas y, posteriormente, en septiembre, abrió las cajas electorales de la primera vuelta que se encontraban en el Centro Operativo del Proceso Electoral (COPE) ante supuestos señalamientos de alteración de actas a favor del partido.
Lic. Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la FECI, se refiere al propósito de la diligencia de allanamiento que se realiza en las instalaciones del Parque de la Industria donde se encuentra el Centro de Operaciones del Proceso Electoral COPE del Tribunal Supremo Electoral. pic.twitter.com/4iY3wPHjQn
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 12, 2023
El viernes 29 de septiembre, la insistencia de la FECI en las investigaciones llegó a su punto más álgido cuando secuestró las cajas electorales en la sede del TSE, que contenían las actas originales de los votos de la segunda vuelta. Los magistrados ofrecieron darles una copia certificada, pero la FECI no aceptó.
En esa diligencia, se habría visto participar a actores del grupo de ultraderecha Guatemala Inmortal, como Amanda Santizo, pero el MP negó este extremo.
📸 En redes sociales, varios usuarios identificaron a Amanda Santizo mediante fotografías que la vinculan al allanamiento en el TSE. Sorprendentemente, no niega ni confirma su participación en el hecho. pic.twitter.com/Exm4KopXOn
— Ricigt (@Ricigt1) October 1, 2023
Ninguna persona particular intervino en el traslado de la evidencia recolectada durante la diligencia. No se deje sorprender por publicaciones tendenciosas. pic.twitter.com/S1vixrhQdc
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 1, 2023
Este secuestro se arreció ante las voces de un golpe de Estado de corte electoral, que el 2 de octubre, encabezado por autoridades ancestrales de los 48 Cantones, la Alcaldía Indígena de Sololá, del Parlamento Xinka y otras, convocaron una movilización, que hasta hoy lleva 59 días exigiendo la destitución de Porras, Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y del juez Orellana.
Lo que empezó hace 18 meses, con el amaño de las votaciones a rector en la USAC y evolucionó a un golpe a las elecciones generales también ha resultado en la criminalización y persecución de quienes se han opuesto a la imposición de Mazariegos y han respaldado la toma de la Universidad para hacer valer la autonomía universitaria.
Fue así como, el 16 de noviembre, la Fiscalía de Delitos al Patrimonio Cultural ordenó 31 allanamientos y 27 órdenes de detención contra estudiantes, abogados, catedráticos, políticos electos y reelectos del partido Semilla, y presentó solicitudes de antejuicios contra el binomio presidencial electo conformado por Arévalo y Karin Herrera, quienes han sido denunciados por supuestamente haber apoyado la toma para impulsar sus candidaturas de cara a las elecciones generales y lograr espacios dentro del Congreso y el Ejecutivo.
Este nuevo caso, que es el segundo en solicitar el retiro de antejuicio a Arévalo y a Herrera, podría poner en riesgo que un nuevo gobierno, no alineado al “Pacto de Corruptos”, asuma en 2024.
Acto I: la toma de la USAC, el ensayo de un fraude electoral
El 19 de mayo de 2022, los accesos de la Usac por la avenida Petapa y el Periférico fueron tomados de manera indefinida por estudiantes, como respuesta a que el Consejo Superior Universitario (CSU) realizó la elección de rector de la USAC en condiciones anómalas.
En esta votación, en la que debían de participar 170 electores, solo 71 fueron admitidos, y hubo un solo candidato: Walter Mazariegos, de la planilla Innova, quien además fue decano de la Facultad de Humanidades y aliado del gobierno central.
Las planillas de Jordán Rodas, SOS USAC; y Carlos Valladares, Avante, denunciaron el fraude electoral cometido por una mayoría de consejeros dentro del CSU al vedar la participación de varios cuerpos electorales.
El 27 de abril, cuando serían las elecciones para escoger al rector, estudiantes en apoyo a las planillas de Rodas, Valladares y a otras independientes afectadas por la exclusión de los cuerpos electorales, tomaron las instalaciones del Museo de la Usac (Musac) para evitar que Mazariegos pudiese acaparar los votos de los cuerpos que sí fueron admitidos por el CSU.
Tanto Rodas como Valladares pronosticaron tres escenarios en el marco de las votaciones universitarias. El primero, que el consejo convocaría a una nueva fecha de votaciones corrigiendo la exclusión de los cuerpos. El segundo, que el CSU realizaría las votaciones en otra fecha aun sin incluir a los cuerpos electorales; y el último, que el CSU no repetiría las elecciones, pero prolongaría el mandato del entonces rector interino, Pablo Oliva.
Pero las elecciones no se repitieron y la imposición de Mazariegos como rector de facto se realizó sin que se pudieran convocar a protestas masivas, ya que debido a la crisis por la pandemia de la COVID-19, se había dejado al estudiantado fuera de las aulas.
En total, se presentaron 11 amparos en contra de la elección, pues el día de la votación no participaron todos los cuerpos electorales. Solo 135 electores de 170, fueron convocados y, solo a 71 de ellos les permitió el ingreso para emitir su voto.
Con ello, violaron la Ley Orgánica de la USAC, que indica que las elecciones las ganará quien tenga 90 electores y Mazariegos solo reunió 71, además violentaron el derecho de defensa de quienes quedaron fuera de la contienda.
En julio de ese año, fuentes internas universitarias denunciaron a casi una veintena de funcionarios que habrían fraguado el fraude electoral y habrían utilizado su poder para bloquear los amparos y apelaciones que impedirían que Mazariegos asumiera la rectoría.
En la cima de esta red aparecía Giammattei y otros funcionarios señalados de pertenecer al “Pacto de Corruptos” como la fiscal Porras, los magistrados a la CC: Leyla Lemus, Héctor Pérez Aguilera y Rony López; además Mazariegos, los exrectores Pablo Oliva y Estuardo Gálvez, entre otros.
Pasado el primer mes de la toma, se denunció el espionaje con drones y helicópteros que sobrevolaban el campus central. La idea era atemorizarlos, según documentaron los periodistas de Prensa Comunitaria.
El punto más álgido de las amenazas llegó el 4 de agosto de 2022. Ese día, una columna de denso humo salía de las instalaciones de la USAC. A los bomberos municipales les dejaron entrar para controlar el incendio, unidades que llegaron casi de inmediato lo que llamo la atención de los estudiantes. Unos minutos antes varios miembros del CSU que fueron nombrados como “Comision de Diálogo” ingresaron de forma violenta al Campus Central acompañados por un grupo de choque.
Cuando la resistencia se acercó a la fuente del humo encontraron un vehículo abandonado y en llamas. En ese lugar estaba Luis Pedro Ortiz, de Dirección General de Investigación (DIGA) y a otros simpatizantes de Mazariegos. En la acusación del MP en noviembre con el Caso USAC se confirmó que dos de los que lideraron el grupo de choque son quienes acusan a docentes, estudiantes, trabajadores de la Universidad y a integrantes de Semilla, se trata de Luis Pedro Ortíz jefe de la DIGA y Ronnie Hiram López Gonzalez jefe de seguridad de la USAC.
“Los sacamos a empujones”, recuerda una de las personas que estuvo presente el 4 de agosto.
Los estudiantes han sostenido que el fuego fue un montaje para justificar el ingreso a la fuerza de las autoridades, quienes alegaron que lo hicieron porque los estudiantes “estaban quemando los edificios”.
La resistencia hizo un recorrido a las instalaciones para asegurarse que ninguna persona enviada por Mazariegos permaneciera en el campus. Una Inspección que se hizo con agitación.
Acto II: la liberación de la USAC
Durante seis u ocho meses, la resistencia se mantuvo firme en su intención de que se repitiera la elección. A principios de este año, la organización se empezó a debilitar al ver que no lograban diálogo con las nuevas autoridades de la USAC, pero la Coordinadora General de Estudiantes (CGE) seguía convencida en continuar la defensa de la autonomía universitaria.
Las pláticas para abrir el campus seguían. Empezaron a escucharse de manera más frecuente en febrero de 2023. Hasta que Marco Vinicio Mejía, director del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (Ipnusac), uno de los aliados de Mazariegos, los denunció por usurpación, en una acción de amparo que buscaba desalojarlos de la Universidad.
Esta medida les confirmó que los juzgados y cortes estaban al servicio del “Pacto de Corruptos”, pues durante meses se negaron a resolver los recursos para evitar el fraude, sin embargo, sí accedieron a darle trámite a las acciones que los criminalizaban. Sin el diálogo, la resistencia permaneció más tiempo en el campus padeciendo el desgaste y perdiendo atención mediática por la llegada de las elecciones generales.
El CSU solo respondió para denunciar a los estudiantes y para expulsar y deshabilitar el registro académico del representante estudiantil de la Facultad de Químicas y Farmacias, Camilo García, uno de los principales opositores del amaño.
El campus fue liberado el 9 de junio, tras 13 meses de resistencia. Ese día, recorrieron junto a observadores y medios de comunicación, para mostrar el estado en que entregaban las instalaciones.
Aun con el rostro cubierto, recorrieron algunos de los edificios cercanos a la entrada por el Periférico, en donde se pudo observar el crecimiento maleza en las áreas verdes, y algunas pintas con mensajes contra el fraude.
En la tarde de la liberación, llegaron las autoridades del MP a inspeccionar las instalaciones en donde resaltaron el abandono, la acumulación de vegetación y plagas, la presencia de botellas de bebidas alcohólicas y otros daños dentro del establecimiento y advirtieron que serían constitutivos del delito de destrucción y deterioro patrimonial.
En un video que hicieron circular en redes sociales, señalaron el crecimiento de “plantaciones de hongos y otras de tipo prohibido” mientras mostraban la imagen de matas de marihuana como uno de los hallazgos dentro del campus, también aludiendo a la presencia de sustancias.
Un grupo de estudiantes resaltó que la imagen fue el resultado del montaje de un clip que habría sido comprado a un stock de fotos para agregarlo a la secuencia de imágenes de las instalaciones, en un intento por criminalizar a los estudiantes involucrados en la toma.
Todo lo que venga de la administración de Mazariegos hay que verlo con lupa. En el video de la situación de la Usac, montaron un video de una plantación de mariguana de Nepal que es parte de la biblioteca de videos de Adobe. Es un claro intento de criminalizacion 📷 Gatitos Usac pic.twitter.com/L6XtokhRx8
— Puro Frijol 🤜🏾🤛🏾 (@oco_motora) June 11, 2023
La liberación del campus en esa fecha se dio porque pronto serían las elecciones para decano en las facultades de Medicina, Económicas, Humanidades, Arquitectura y Agronomía. La esperanza del CGE era que en esas elecciones quedaran candidatos autónomos que no respondieran a Mazariegos, por lo que en el CSU le quitarían respaldo al rector impuesto y una vez equilibrado el poder, podría discutirse la repetición de las elecciones.
