De manera sorpresiva la FECI allanó la sede del partido Semilla supuestamente para extraer dos documentos, un contrato y un libro con datos de la persona encargada de las hojas de adhesión. Además, el juez Fredy Orellana otorgó dos horas al partido para entregar dichos documentos, bajo la amenaza de emitir órdenes de detención por obstrucción a la justicia si no lo hacen. Organizaciones indígenas y el Mirador Electoral presentan acciones contra la fiscal General, Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche y el juez Fredy Orellana.
Por Regina Pérez
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el juez Fredy Orellana siguen abonando a la crisis que atraviesa Guatemala debido a las acciones que Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP) ha emprendido en contra del partido Movimiento Semilla, esta vez allanando la sede de la agrupación, ubicada en la zona 1.
Alrededor de las 10 de la mañana, Andrea Reyes, fiscal suplente del partido informó en la red social Twitter que se estaba realizando un allanamiento en la sede del partido, ubicada en la 13 calle de la zona 1.
La diligencia ya se esperaba desde hace varios días. Desde el 12 de julio, la FECI dirigida por Curruchiche ha realizado diversas acciones en contra de la agrupación Movimiento Semilla, que impulsa a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como su binomio presidencial, señalando al partido de haber falsificado una firma durante el periodo de su constitución.
El primero en llegar a la sede fue el abogado de la agrupación Hugo Bautista, quien pedía que lo dejaran ingresar, pero los agentes que resguardaban la entrada no lo permitieron. Tampoco había ninguna fiscal o policía que le diera información. Finalmente, cuando llegó Reyes permitieron el ingreso de Bautista.
#Alerta 🚨🚨 Fiscales del @MPguatemala y agentes de la PNC están allanando en este momento la sede del partido @msemillagt. Están ingresando al edificio.
🎥 @_Rahina_ pic.twitter.com/OVUqcFuqVT
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 21, 2023
El allanamiento estuvo dirigido por la fiscal de la FECI, Leonor Morales Lazo quien no permitió el ingreso de los fiscales de Semilla, Reyes y Juan Gerardo Guerrero y de la abogada del diputado Samuel Pérez, Joseline Jácome, quienes arribaron al lugar minutos después de que los fiscales y agentes ingresaran al edificio.
“La fiscal general Consuelo Porras y el juez Séptimo Fredy Orellana están actuando totalmente fuera del marco constitucional, están cometiendo ilegalidades y este allanamiento es una muestra más de ello”, indicó Guerrero a la prensa.
Guerrero se refirió al allanamiento realizado el jueves por la FECI en el departamento de Recursos Humanos del TSE y de la orden de aprehensión que giró Orellana en contra de la directora en funciones del Registro de Ciudadanos, Eleonora Castillo. Según el TSE y abogados, Castillo goza de inmunidad.
En la noche del jueves, el equipo legal del partido interpuso una solicitud de debida ejecución ante la CC en la que señalaron que el MP de Porras y el juez Orellana estaban realizando actos ilegales, al seguir con los allanamientos y orden de detención contra la registradora del TSE. “Esto queda clarísimo a través de lo que está pasando hoy”, manifestó el abogado.
A las 10:31, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un comunicado de prensa en el que hizo saber al MP que en la resolución del 13 de julio en la que amparó provisionalmente a Semilla confirió la protección y decretó que la resolución del juez Orellana del 12 de julio no afecta ni deja en suspenso el Acuerdo 1328-2023 del TSE, en el cual se oficializan los resultados electorales del 25 de junio y que se realice la segunda vuelta de las elecciones.
¿Qué buscaba la FECI en la sede de Semilla?
La abogada del diputado Samuel Pérez, Joseline Jácome, indicó que aparentemente lo que la FECI buscaba en el lugar es un documento firmado por Pérez y otros miembros de Semilla, con el cual se contrató a un equipo de trabajo que realizó las adhesiones para constituir a la agrupación como partido.
Sin embargo, Jácome dijo que ese documento ya había sido presentado al MP, porque Semilla ha estado anuente a esta investigación, por lo tanto, la información que les han requerido y que supuestamente fueron a buscar ya la han presentado. A pesar de que ella ya es parte del proceso, por ser abogada de Pérez, no fue atendida por los fiscales ni le permitieron el ingreso.
Lo anterior fue confirmado por Guerrero, fiscal nacional de Semilla, quien al finalizar la diligencia señaló que mientras se realizaba la diligencia el juez Orellana pidió el contrato mediante el cual se consta el trabajo que realizó un equipo para realizar adhesiones, así como el libro donde están los registros de quien tenía a su cargo las hojas de adhesión, bajo la amenaza de que si no son entregados en un término de dos horas, emitirá órdenes de detención en contra de integrantes del mismo por obstrucción a la justicia.
“Esto es otro claro ejemplo de lo que es este proceso ilegal, inquisitivo por parte del juez Fredy Orellana y por parte de la FECI donde prácticamente están buscando ver como procesan a miembros del partido Semilla”, indicó el fiscal nacional.
Esto va dirigido a Bernardo Arévalo, secretario general del partido, quien cedió ese puesto a otro miembro del partido porque está dedicado a la campaña electoral. “El juez Orellana y Curruchiche están coludidos para evitar que Semilla participe el 20 de agosto”, agregó.
No les dejaron ingresar a la sede
Durante el allanamiento, agentes de la PNC y fiscales que apoyaban este operativo no permitieron el ingreso de los fiscales ni de la abogada de Pérez.
El fiscal Guerrero se acercó a uno de los policías para indicarle que lo que se estaba realizando en el lugar era ilegal, sin embargo, el agente manifestó que ellos solo seguían ordenes de la fiscal Morales Lazo. “La Constitución claramente establece que no se deben acatar actos o resoluciones ilegales, todo lo que está pasando ahorita ya está afuera de la legalidad”, dijo el abogado.
#AlertaElectoral El fiscal nacional de Semilla @GuerreroGarnica le dice a un agente de la PNC que se está cometiendo una ilegalidad con el allanamiento y que no deben obedecer órdenes ilegales, pues la fiscal encargada del caso se niega a que ellos entren.
🎥 @_Rahina_ pic.twitter.com/njf1HpehyX
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 21, 2023
Adentro del edificio había cinco personas que trabajaban en el área administrativa, y según la diputada Ligia Hernández, los despojaron de sus teléfonos para que no documentaran lo que sucedía en el allanamiento. Hernández presentó una exhibición personal a su favor y alrededor de las 14:30 una jueza llegó al lugar.
Reyes indicó que la acción del MP y la PNC vulnera el amparo que les otorgó la CC. Señaló que los documentos que la FECI supuestamente busca en la sede del partido, ya están en poder de la Fiscalía. “Es un acto de intimidación”, dijo la diputada electa.
Para este operativo se desplegaron decenas de policías, muchas de ellas mujeres. Agentes de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) solicitaron a los periodistas que identificaran a su medio, supuestamente para hacer un informe al finalizar la diligencia el cual sería reportado a sus superiores.
Denuncian a Porras, Curruchiche y Orellana
Mientras tanto, en Gestión Penal de la Torre de Tribunales, autoridades indígenas de San Pedro La Laguna, Santiago Atitlán y Santa Lucía Utatlán presentaron una querella contra la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, coacción y resoluciones violatorias a la Constitución.
Salvador Quiacain, autoridad indígena de San Pedro La Laguna envió un mensaje a Porras y al juez Orellana luego de presentar la querella. “Nos hemos dado cuenta de que se está violando el orden constitucional en Guatemala y esto es un atentado contra el pueblo”, indicó.
Quiacain dijo que las autoridades deben cumplir las leyes, no lo que ellos quieren, “queremos que se respete la decisión del pueblo mostrada en las urnas el 25 de junio”. La autoridad indígena dijo que Guatemala no ha tenido una verdadera democracia, pero si lo que está ocurriendo ahora termina violando las leyes y los derechos ciudadanos se estaría entrando a un enfrentamiento.
“En pocas palabras, a los que son encargados de velar por la aplicación de las leyes, con sus actitudes ilegales no sigan toreando al pueblo, porque si van a seguir toreando al pueblo, puede llegar un momento en que puede salir, puede haber una doble o triple manifestación, pero por la paz de Guatemala, por el presente y el futuro, pedimos que las autoridades actúen legalmente”, indicó.
#AlertaElectoral 🚨Salvador Quiacain, autoridad Indígena de San Pedro La Laguna, advierte a las autoridades que "con sus actitudes ilegales no sigan toreando al pueblo, porque puede llegar un momento en que el pueblo puede salir".
Interponen querella contra Porras.
🎥 @_Rahina_ pic.twitter.com/jOG9Kv2utm
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 21, 2023
Mirador Electoral presenta amparo en la CC
Las organizaciones que conforman Mirador Electoral, Acción Ciudadana, Prensa Comunitaria y Alas de Mariposa, presentaron un amparo ante la CC con el fin de evitar que se sigan emitiendo órdenes ilegales contrarias al principio de alternabilidad del poder y que se respete el acuerdo emitido por el TSE que da luz verde a la realización de la segunda vuelta.
El amparo fue presentado para que las autoridades del Ejecutivo, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el juez Orellana se abstengan de decisiones y órdenes que pongan en riesgo el principio de alternabilidad.
El abogado Eddie Cux indicó que creen que existe un riesgo inminente en contra de la realización de la segunda vuelta y en contra de la institucionalidad del TSE y el principio de alternancia que garantiza la Constitución.
Sobre las acciones realizadas en la sede del partido Semilla, Cux dijo que el juez al pedir una investigación en contra de la directora del Registro de Ciudadanos y las diligencias penales ordenadas, son muestra de un uso de “maximalismo penal”, porque por pedir un documento hacen un despliegue de poder, con policías y fiscales, que es desproporcionado.
