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Crónica de un año de ocupación universitaria y por qué, a pesar de todo, fue una victoria para la resistencia

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Créditos: Paolina Albani, junio de 2023
Tiempo de lectura: 8 minutos

 

Estudiantes abren campus central de la USAC y MP lo vuelve a cerrar para investigación.

Por Paolina Albani

Cuando un grupo de estudiantes, de varias unidades académicas, tomaron el campus central de la Universidad de San Carlos (USAC), el 19 de mayo de 2022, tenían la fuerte convicción de que lograrían hacer la suficiente presión para que se repitieran las elecciones a rector de un proceso que mostró fuertes alertas de fraude electoral.

Desde entonces han pasado 386 días. Trecientos ochenta y seis días llenos de esperanza, pero también de incertidumbre por las amenazas, la constante vigilancia y la persecución penal para quienes se han opuesto a la imposición del rector de la alianza criminal, Walter Mazariegos.

A un año de la toma, el panorama puede parecer desalentador. No solo no se repitieron las elecciones, sino que el clima de incertidumbre política y la cooptación estatal avanzó de tal forma que la legalidad, que era el arma de defensa de los estudiantes, se volvió contra ellos y empezó a perseguirlos.

Sin embargo, el resultado de los esfuerzos sostenidos por más de un año resultó en la consolidación de la resistencia entre el movimiento estudiantil, catedráticos y sindicalistas, quienes se convirtieron en una plataforma para denunciar las problemáticas estructurales de la USAC que posibilitaron el fraude y que, desde ya, daban una pequeña muestra de cómo el reacomodamiento y la cooptación del poder, pondría en peligro la autonomía universitaria.

Este 9 de junio, la Coordinadora General de Estudiantes (CGE) abrió de nuevo las instalaciones del campus central y aseguró que la medida no disminuirá la oposición contra Mazariegos y sus aliados dentro del Consejo Superior Universitario (CSU), pero sí permitirá a la resistencia transformar su estrategia de oposición.

Periodistas gráficos y videógrafos de Prensa Comunitaria acompañaron y documentaron las acciones de la resistencia desde el inicio de la toma. Una parte de lo que acá se escribe es el relato del equipo de trabajo que se internó en la USAC para comprender la pugna de poder y que fueron testigos del acoso y acciones intimidatorias contra los estudiantes.

Acto 1: el fraude electoral consumado

La historia de la toma adquiere sentido semanas antes de que ocurriera. El 27 de abril de 2022, se realizarían las elecciones para elegir rector. El CSU, que es la autoridad que aprueba los cuerpos electorales que emiten su voto para la rectoría, excluyó a los cuerpos electorales que favorecerían a dos planillas: SOS USAC y Avante.

Estas planillas postulaban a Jordán Rodas, en ese momento procurador de derechos humanos, que se volvió incómodo para el gobierno por su defensa a la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y al arquitecto Carlos Valladares. Dos opciones que se distanciaban de la intervención del gobierno en la USAC.

Rodas y Valladares presentaron más de 20 recursos para impugnar la decisión arbitraria del CSU.

Pero la legalidad les falló.

Ninguno de los recursos fue conocido ni resuelto. El 27 de abril llegó. La elección sería en el Museo de la USAC (MUSAC). Ante la exclusión de los electores, SOS USAC y Avante impidieron el ingreso de los cuerpos electorales de Walter Mazariegos y lograron suspender la elección.

Las apelaciones no detuvieron que la elección fuera reprogramada para el 14 de mayo en el Parque de la Industria. La elección ya había sido amañada por el CSU, denunciaron varias voces que hablaron bajo la condición de mantener el anonimato por seguridad:

“A los electores de Mazariegos les tenían una puerta especial de entrada en el parque. A otros les negaron la entrada”. Para los entrevistados, las intenciones del fraude han sido claras desde el inicio: minar a la única universidad con pensamiento crítico y privatizarla.

El 14 de mayo todo estaba asegurado para dar la victoria a Mazariegos. La presencia de la policía armada, de un grupo de choque y la exclusión de las planillas de SOS USAC y Avante, fueron parte de la estrategia que blindó al fraude y sentó en la rectoría al aliado de la alianza criminal.

A partir de entonces, algunos de los centros regionales de la USAC se unieron a la resistencia para exigir la nulidad de la elección y su repetición por respeto a la autonomía.

Una vez más, la legalidad les falló.

La única alternativa pendiente para oponerse a la imposición del rector era la toma.

Paolina Albani, junio de 2023

Acto 2: Recuperar la USAC

Cuando los estudiantes tomaron la USAC, el 19 de mayo de 2022, no pudieron cerrar los portones porque las autoridades de la universidad los retiraron. Conos y sillas las hicieron de barrera en los primeros días.

La organización en el campus tomó algo de tiempo, pero lo que sobraba era valor y enojo. Mucho enojo por el atropello al último espacio libre de las manos de la alianza criminal.

La resistencia se auto sostuvo con donaciones de organizaciones y con el apoyo de catedráticos.

Durante las primeras semanas, los estudiantes tuvieron el apoyo de organizaciones indígenas para improvisar una cocina comunitaria en una de las paradas de buses dentro de la USAC. Ahí, con estufas de gas la cena fue el tiempo en el que compartía la resistencia.

Después de la cena, se organizaban en grupos para velar por turnos, las entradas. Esto significó pasar varias noches en vela, soportando el frío y las inclemencias del clima.

Pasado el primer mes de la toma, iniciaron las acciones de espionaje con drones y helicópteros que sobrevolaban el campus. La idea era meterles miedo, según documentaron los periodistas de Prensa Comunitaria.

El punto más álgido de las amenazas llegó el 4 de agosto de 2022. Ese día, una columna de denso humo salía de las instalaciones de la USAC. Los bomberos municipales entraron a las para controlar el incendio.

Cuando la resistencia se percató del traspasó, llegó hacia la fuente del incendio: un vehículo. Además de los bomberos, encontraron a Luis Pedro Ortiz, de Dirección General de Investigación (DIGA) y a otros simpatizantes de Mazariegos.

“Los sacamos a empujones”, recuerda una de las personas que estuvo presente el 4 de agosto.

Los estudiantes han sostenido que el fuego fue un montaje para justificar el ingreso a la fuerza, de las autoridades, quienes alegaron que lo hicieron alegando que los estudiantes estaban quemando los edificios.

Se sospechó, desde ese momento, que los guardias de seguridad que resguardan cada edificio, fueron quienes iniciaron el fuego. Ese día fueron expulsados de la USAC. La resistencia hizo un recorrido a las instalaciones para asegurarse que ninguna persona enviada por Mazariegos permaneciera en el campus. Una Inspección que se hizo con agitación.

De ahí en adelante, la resistencia, que se articularía en la CGE en agosto, se enfrentaría a otros actos de terror como, ataques, amenazas de muerte e intimidación académica.

Por noviembre, los estudiantes se percataron que un equipo de la Unidad de Explosivos de la policía realizaba una aparente inspección en el lado del campus que colinda con la colonia Villa Sol, en la zona 12. Supuestamente, habían recibido una llamada denunciando la presencia de explosivos en esa colonia, pero la resistencia desconfió de sus explicaciones y llegó a pensar que era una excusa para que la gente de Mazariegos se metiera al campus.

Todavía a finales de 2022, el CSU insistía en la recuperación de las instalaciones, pero luego parecieron aprovechar la toma a su favor. Primero, por las diversas manifestaciones en las calles de la ciudad para exigir nuevas elecciones de rector. Segundo, porque la oposición hacia Mazariegos se trasladó a la cátedra virtual donde varios profesores fueron señalados por los estudiantes que tomaban cursos en línea de ser parte del “Pacto de corruptos” que permitió el fraude. Entre los catedráticos estaba Consuelo Porras, la actual fiscal general.

Voces a lo interno de la Universidad dijeron que el CSU quería postergar el regreso a las clases presenciales por temor a que las manifestaciones se trasladaran a las aulas y los dejaran ahí encerrados.

Mientras esto ocurría, Camilo García, consejero y representante estudiantil de Farmacia ante el CSU, opositor al fraude, fue expulsado del consejo y de la USAC como parte de una medida “disciplinaria” por llamar a Mazariegos usurpador. Otros 40 estudiantes más han sido criminalizados por su oposición al fraude.

Foto: Paolina Albani, junio de 2023.

Acto 3: la liberación del campus

Durante lo que pareció mucho tiempo, quizá 6 u 8 meses, la resistencia se mantuvo firme en su intención de lograr deponer a Mazariegos. A principios de este año, los ánimos empezaron a decaer al ver que no lograban diálogo con las nuevas autoridades de la USAC, pero la coordinadora seguía convencida en continuar la defensa de la universidad.

Las pláticas para abrir el campus seguían. Empezaron a escucharse de manera más frecuente en febrero. Eso fue hasta que llegó la denuncia por usurpación interpuesta por uno de los aliados de Mazariegos: Marco Vinicio Mejía, director del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (Ipnusac). El recurso fue otorgado por el Juzgado Tercero Pluripersonal en un intento por criminalizar a los estudiantes.

Esta medida confirmó que los juzgados y cortes estaban al servicio del “Pacto de corruptos”, pues durante meses se negaron a resolver los recursos para evitar el fraude, sin embargo, sí accedieron a acciones para criminalizarlos. A pesar de que la USAC cuenta con un protocolo para abordar las tomas universitarias, que han sido comunes en la historia de la universidad, en donde se prioriza el diálogo y se minimizan las consecuencias contra los estudiantes (Acta 46-2020).

Sin el diálogo la resistencia permaneció más tiempo en el campus, padeciendo el desgaste y perdiendo atención mediática por la llegada de las elecciones generales.

Tras 386 días, optaron por abrir las instalaciones para que los estudiantes puedan regresar a la presencialidad.

Todavía con capuchas y pasamontañas recorrieron, acompañados de medios de comunicación y observadores, algunos de los edificios cercanos a la entrada por el periférico, en donde se pudo observar el crecimiento de monte y la maleza en las áreas verdes, y algunas pintas con mensajes contra el fraude.

Foto: Paolina Albani, junio de 2023. 

También mostraron la estructura de metal del carro que fue incendiado en agosto pasado y las entradas de algunas unidades académicas como Bienestar Estudiantil, resguardadas con candados.

A la apertura no acudieron autoridades del CSU.

“No entregamos las instalaciones a las autoridades impuestas, se lo entregamos a los estudiantes”, aclaró uno de los integrantes de la resistencia presente en la apertura del campus, quien después admitió que por ley, tras la toma, la administración de los edificios quedará en las manos de cada decano y director.

“Ha sido la oportunidad de volverse a organizar. El movimiento estudiantil ya se había visto mermado por la corrupción, el covid-19 y la virtualidad. Fue bueno llegar a un espacio con gente que quiere buscar un cambio para lograr los propósitos de la universidad”, dijo Camilo García tras la liberación de la sede.

Acto 4: la presencia del MP

Momentos después de la apertura, se vio a varios carros de reciente modelo ingresar al campus y, por la tarde, circularon fotografías de funcionarios del Ministerio Público que rodeaban las instalaciones con cinta amarilla, como si la USAC fuera la escena de un crimen.

Todo apunta a que se repetirá el escenario de cuándo se liberó el MUSAC. Las autoridades no acudieron, sino hasta dos días después, y cuando lo hicieron llegaron con la Dirección Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de la policía.

Con estos antecedentes, la resistencia no se deja engañar. Saben muy bien que la toma seguirá siendo judicializada. Sin embargo, han sido muy claros en una cosa: en los nuevos escenarios que surjan, continuarán defendiendo la autonomía universitaria sin miedo.

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