La política antiinmigración de Donald Trump y el miedo a las redadas y deportaciones por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han desmotivado el comercio en ciudades con mucha población migrante en el Estado de Florida.
Por Efraín Pedro
Prensa Comunitaria realizó un recorrido por las principales avenidas y calles del Estado de Florida para conocer qué está ocurriendo con la comunidad migrante.
Este 2 de febrero, en dicho Estado no se observaron manifestaciones contra las políticas del nuevo presidente estadunidense y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), como se han visto en otras ciudades.
Disminución del comercio en la ciudad de La Florida con la llegada de Donald Trump. Foto de Efraín Pedro
La afluencia de personas en las calles y en los centros comerciales ha disminuido ante la amenaza de deportación hecha por el presidente Donald Trump.
Muchas personas han optado por no salir a las calles, por ejemplo, sobre la avenida Palm Beach en Ford Mills, una de las principales y más concurridas avenidas de esta ciudad se observa vacía.
En la mayoría de las ciudades en el Estado de Florida hay muchos guatemaltecos que han migrado de Huehuetenango y otros departamentos cercanos a la frontera con México.
Una comerciante que migró hace varios años a Estados Unidos desde San Rafael la Independencia Huehuetenango señaló que la economía se ve afectada por las políticas de miedo que promueve el actual gobierno de los Estados Unidos.
Disminución del comercio en la ciudad de La Florida con la llegada de Donald Trump. Foto de Efraín Pedro
Declaraciones de una guatemalteca residente en La Florida sobre como se ve perjudicado el comercio con la política de Donald Trump:
Era la noche del lunes, los medios estaban atiborrados de noticias sobre la masiva movilización de migrantes de Honduras a Guatemala, ya se sabía que la policía estaba haciendo barricadas humanas para impedir su paso. Hablamos con un amigo hondureño para pedirle contacto de comunicadores que fueran acompañando la caravana para obtener fotografías o videos de primera mano y comenzar a dar seguimiento a ese vía crucis que se veía venir. Inmediatamente me habló de Bartolo Fuentes, un periodista comprometido con las causas sociales y sobre todo con el tema de los migrantes. Nos puso en contacto esa misma noche.
La mañana del martes supimos de manera extraoficial que Bartolo había sido capturado. Durante todo el día estuvimos en contacto con su abogada, su esposa y otras personas cercanas a él, el objetivo principal era dar con su paradero. Inmediatamente Prensa Comunitaria y el abogado Esteban Celada de CALDH (Centro de Acción legal de Derechos Humanos), interpusieron cuatro exhibiciones personales en favor de Bartolo Fuentes. En ese momento ya habían transcurrido las seis horas que la ley ordena, luego de una detención, para que cualquier persona que es detenida sea puesta a disposición de un juez competente, en ese caso era el juez de primera instancia de Esquipulas, Chiquimula. Desde Torre de Tribunales, en ese momento, se hicieron llamadas tanto a la oficina del Organismo Judicial de ese departamento como a la PNC, pero ambas entidades negaban tener registro del periodista.
Durante varias horas seguimos indagando sobre el paradero de Bartolo y no había respuesta ni del lado de Honduras ni de Guatemala. La tensión era cada vez más fuerte a medida que avanzaban las horas. Es mismo martes, a eso de las 5 de la tarde, hicimos una llamada a Luis Eduardo Woltke, defensor de Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien manifestó tener conocimiento del traslado de tres personas cuyo nombre desconocía, que viajaban de Chiquimula “en cordillera” —o sea, de patrulla en patrulla— para el Albergue de Migración a la ciudad de Guatemala. A eso de las 19 horas, Wolke se comunicó nuevamente para comentarnos que el colega había ingresado al albergue a las 16:45 horas. Asumimos que estaba con los otros dos jóvenes con quienes se encontraba al momento de su detención. Sin embargo, al transcurrir las horas supimos que se habían “desviado” para llevarlos a la comisaría de Jutiapa. Jutiapa que, definitivamente, no está en el camino… ¿En dónde estaban los dos jóvenes?
Esa noche del martes, acudimos junto con el abogado Celada al albergue. Ya Woltke nos había dicho que era imposible ingresar y peor aún a esas horas de la noche. Aún así, Celada logró entrar al albergue y asegurarse que efectivamente Bartolo se encontraba en el lugar. Nunca pudieron hablar en privado, todo el tiempo alguien de Migración estuvo cerca, era notable que el periodista tenía mucho que hablar, habían pasado al menos 12 horas y no sabíamos qué cosas había vivido en ese tiempo.
A la mañana siguiente, Dunia Montoya, una periodista reconocida y esposa de Bartolo llegó a Guatemala. Rob Mercatante, director de Human Rights Defenders Project (HRDP) y yo, llegamos a encontrarla. Mercatante daría el acompañamiento en materia de Defensa de Derechos Humanos. Un medio colombiano le había insistido a Montoya hacerle una entrevista vía Skype. Después de su llegada brindó una entrevista bastante aclaradora, con una posición contundente sobre la situación de su compañero. Ese medio, horas más tarde subió una nota con la entrevista, que decía: “Uno de los organizadores de la caravana migrante, fue detenido este martes al intentar ingresar a territorio guatemalteco”. Así como ese medio ya habían muchos otros que atribuían a Bartolo la organización de la histórica y multitudinaria caravana. El mismo presidente Jimmy Morales aseguró la captura del “líder”, refiriéndose a Fuentes. Y así en menos de 24 horas, Bartolo no solamente era el líder sino también el traficante humano más peligroso de todos los tiempos. Y es que lo de peligroso no es un invento: un policía del albergue de Migración cuyo nombre nos reservamos, nos comentó que la consigna era cuidarlo bien porque se trataba de un hombre sumamente peligroso a quién habían capturado traficando niños en Esquipulas y que incluso habían pedido refuerzos para acompañarle hasta la frontera “por si acaso se quería escapar”.
Durante la tarde del miércoles tuvimos algunas reuniones con organizaciones de derechos humanos. Finalmente la Procuraduría de Derechos Humanos nos indicó que Bartolo sería expulsado del país a las 5 de la mañana vía terrestre. La embajadora de Honduras en Guatemala había manifestado estar al tanto de la situación del periodista y abrió la posibilidad de que un carro de la embajada acompañara el transporte que retornaría a Bartolo a la frontera, en donde podría viajar Dunia. Horas más tarde este ofrecimiento fue cancelado. Pero al fin su esposa pudo verlo y hablar unos minutos con él, nuevamente en presencia de personal de Migración.
A las 4 am del día jueves, estábamos afuera del albergue de Migración, Rob, Dunia, la persona que nos llevaría hasta la frontera y yo. A las 5 am no pasó nada, ni a las seis, ni a las siete… Ya estábamos preocupados, no teníamos ninguna información de Bartolo. A las 8 am solicitamos a la PDH verificar si aún se encontraba en el lugar y de ser así investigar el motivo por el cual continuaba en el país. Cinco horas más tarde de la salida prevista, la Comunicadora de Migración, Alejandra Mena, nos informó que el colega aún continuaba en el país porque había recursos de exhibición personal pendientes y que mientras no se evacuaran, Bartolo no podría salir del país. A todas luces Bartolo continuaba siendo detenido ilegalmente y esa era la razón menos creíble para impedir su salida. Esa misma noche, entre organizaciones de derechos humanos, Prensa Comunitaria y Edy Tábora, abogado y director del Comité Nacional por la Libertad de Expresión en Honduras (C-Libre) que llegó al país para dar seguimiento al caso de Bartolo, decidimos dar el viernes una conferencia de prensa urgente para dar a conocer su detención ilegal y las condiciones en las que se encontraba en Guatemala. También esa misma noche Dunia Montoya presentó una denuncia al Ministerio Público, en donde señala a la PNC, al Instituto Guatemalteco de Migración y a Jimmy Morales por la captura ilegal, detención ilegal y declaraciones públicas difamatorias en contra del periodista.
El viernes estábamos a punto de iniciar la conferencia de prensa junto a varios medios y organizaciones sociales presentes, cuando Dunia recibe una llamada… Bartolo estaba al teléfono, en pocos segundos le dijo: me llevan para Honduras, estoy en el avión ahora voy a abordar, llego a las 11. Después de eso no hubo más comunicación. Se alertaron a las organizaciones en Honduras, se hizo un llamado popular para el recibimiento de Bartolo en el aeropuerto Toncontín. Estábamos a la espera de lo que sucediera a su llegada. Cientos de personas, medios y activistas estaban recibiéndolo y respaldándolo. Literalmente hicieron una barrera humana alrededor de él para que nadie se atreviera a detenerlo. Inmediatamente dio las primeras palabras públicas después de más de 72 horas privado de su libertad en Guatemala, esto fue lo que dijo:
Y fue así, como no llegué a conocer personalmente a Bartolo. Sólo pude observar las luces del salón donde permanecía desde afuera del albergue.
El 6 de octubre, hace 37 años, el ejército guatemalteco tocó la puerta de la casa donde habitaba la familia Molina Theissen, en la zona 19 de la Ciudad de Guatemala, y sus vidas cambiarían para siempre. Buscaban a Emma, quien, tras nueve días de cautiverio, había logrado huir de una base militar en Quetzaltenango. Entonces ella tenía 21 años.
Como una represalia ante el escape de Emma, el ejército se llevó al menor de la familia, Marco Antonio, de sólo 14 años. Su madre, doña Emma todavía recuerda el momento en que le fue arrebatado de sus brazos y sus gritos de dolor mientras corría atrás del camión que lo llevaba, envuelto en un bulto.
Desde ese momento, ella, su esposo Carlos Molina, ya fallecido y sus hijas —Lucrecia, Emma y María Eugenia—, iniciaron una lucha para dar con su paradero. Incansables y dignas, su caso trascendió y llegó hasta tribunales internacionales, ante la acción represora del Estado y el permanente silencio de todas las autoridades.
La desaparición de Marco Antonio fue conocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó que el Estado de Guatemala era responsable de estos hechos y por las consecuencias que tuvo para la familia. Entre otras cosas, ordenó que se investigase qué ocurrió y dónde está Marco Antonio, así como también exigió la creación de una base de datos genéticos, para recopilar cualquier pista que pudiera dar con su paradero.
Este año, gracias a la persistencia de la familia, se logró un pequeño avance: la condena de 4 militares de alto rango por la desaparición de Marco Antonio y el secuestro y tortura física, sexual y sicológica contra Emma. No obstante, aún no se resuelve la pregunta más importante: ¿Dónde está Marco Antonio?
Prensa Comunitaria, en conjunto con Media Rota producciones El Domo comunicación, recopilaron fragmentos familiares, espacios de intimidad y los capturaron en el documental “Querido Marco Antonio”. En nueve capítulos, este trabajo audiovisual narra quién era este chico, cuya imagen quedó congelada para siempre en los corazones de su familia y que hoy representa la realidad de más de 5 mil niños y niñas que fueron desaparecidas durante el conflicto interno.
En nueve capítulos, que compartiremos desde las cuentas de CEJIL, Prensa Comunitaria y CALDH, recordaremos esta historia caracterizada por el terror de la dictadura, que dejó al menos 150 mil muertos y 45 mil desaparecidos en Guatemala.
Mujeres y disidencias de la promoción 2016 del Colegio Nacional de Buenos Aires leyeron un discurso en su entrega de diplomas que denuncia y responsabiliza al colegio por distintos casos de violencia machista. Profesores, preceptores, vicerrectores y rectores son nombrados con nombre y apellido por comentarios, conductas y silencios. También, exigen la implementación de la ESI, la creación de un protocolo ante casos de violencia, la inclusión de bibliografía feminista y un Departamento con psicólogos capacitados. El video y el discurso completo.
A la comunidad educativa, familiares, amigues y conocides:
Hoy nos reencontramos para dar cierre a un ciclo muy significativo en nuestras vidas. Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer una puesta en valor de lo que significó nuestro paso por el Colegio Nacional de Buenos Aires. Para ello me gustaría convocar a aquellas personas con quienes compartimos la cotidianeidad dentro de esta institución. ¡Compañeres!
Somos un grupo de mujeres y disidencias egresades del turno mañana 2016. Venimos a denunciar la violencia institucional ejercida y avalada por la comunidad educativa hacia nosotres. Les pedimos que por un momento nos presten su atención dado que las experiencias que tenemos para contarles fueron y siguen siendo sumamente dolorosas.
Retrocedamos un poco en el tiempo, revivamos el año 2012. Tenemos doce o trece años e ingresamos a un establecimiento educativo que desde el primer momento nos impone normas de comportamiento que marcan una clara diferencia entre nosotres y nuestros compañeros varones cis, es decir, aquellos cuya identidad de género coincide con su sexo biológico. Como todas las mañanas, llegamos al Colegio y nos recibe el regente Guillermo Belleville. Nos hace comentarios sobre el largo de nuestras polleras, nos toca y nos besa, no nos computa los tardes si le caemos bien. ¿Es necesario detenernos a explicar por qué esto es inaceptable? Sigamos.
Año 2015. Tenemos quince o dieciséis años. Subimos las escaleras para llegar al aula y nos encontramos con Diego Riveiro, preceptor. Nos ofrece su servicio de masajes, evalúa junto a nuestros compañeros cuál es el mejor culo del año y les comenta “cómo se garcharía” a una de nuestras compañeras. También hay besos y manoseos que nos incomodan. Solo comentamos estos episodios entre nosotres en el baño durante el recreo.
Suena el timbre. Volvemos al aula y un grupo de varones toca la puerta para hacer una pasada de cara a las elecciones del centro de estudiantes. La Roxi, La Liga, Clan+Anticlán, Remate 5, La Popi, La Boba: año tras año, estos grupos -conformados principalmente por hombres cis-, se organizan bajo distintos nombres pero con un mismo objetivo: hacer del odio hacia las mujeres, las gordas, los gays, las lesbianas y disidencias, el eje de su campaña política. Estos grupos de varones recibieron los suficientes avales de parte de les estudiantes como para consolidarse como una entidad política más y en el proceso no hubo ni una sola norma del reglamento del Colegio que se viera quebrantada. Y es esto último lo que queremos poner de manifiesto: hay un sistema normativo imperante en este Colegio que da lugar a que asistamos a clases rodeades de carteles que predican, con total impunidad, que somos putas por disfrutar libremente de nuestra sexualidad, que somos objeto de consumo de nuestros compañeros. ¿O se atreverían a decir que no se percataron de que esto era una constante en nuestro día a día? ¿No era lo suficientemente llamativo el mural de “Gordas y vino” frente al Colegio? ¿No había siempre una autoridad presente en el aula mientras estos personajes se burlaban de nosotres?
Pero… ¿quiénes son esas autoridades a las que hacemos referencia? Suena el timbre otra vez, cambiamos de materia, tenemos matemática. Entra Jorge Blumenfarb -docente- y saluda a algunas de nosotras con un beso, nos toca la cintura. A sus favoritas nos pide que seamos “sus secretarias” o que le mandemos fotos de nuestras vacaciones por mail. A quienes no le agradamos nos denigra buscando complicidad con nuestros compañeros varones y haciendo comentarios sobre lo pronunciado de cierto escote: ¿acaso no es evidente que nos vestimos de este modo para provocarlos? Nos toca celebrar la aprobación del código de vestimenta al mismo tiempo que aumenta la frecuencia e intensidad de los comentarios sobre nuestro modo de vestir.
Esta situación se nos presenta inabordable desde nuestro lugar de subordinades y en un acto desesperado decidimos acudir a nuestra tutora. La respuesta ante nuestro pedido de ayuda es nula: les tutores minimizan el asunto, se lavan las manos, se desligan de su responsabilidad. Nos dicen que no es posible hacer nada al respecto porque estamos denunciando a alguien que es amigo del vicerrector, Roberto Rodríguez -acusado de consumir pornografía infantil-. Y es más, dicha tutora nos expone ante el mismo docente sin un mínimo de interés ante posibles represalias. A quienes estudiamos en este Colegio no nos sorprende que esto sea así: es harto conocida la inoperancia de les tutores en general y su habilidad excepcional para desampararnos y empeorar nuestra situación.
Volvamos al día de hoy. Diego Riveiro, quien fue nuestro preceptor, ocupa actualmente el cargo de regente y el docente Jorge Blumenfarb ahora es vicejefe del departamento de matemática. ¿Bajo qué concepto estas personas reciben una promoción en el escalafón educativo? ¿Qué méritos reconocidos los hicieron dignos de un ascenso? ¿Hasta cuándo van a perpetuar este sistema hostil que sigue empoderando a acosadores de menores, misóginos, violentos, mientras nosotres somos violentades y abusades en nuestra cotidianeidad?
El recuento de los horrores vividos a lo largo de los años excede lo que podemos poner en palabras en esta sola instancia. Nos estremece pensar que transitamos nuestro secundario -que crecimos, estudiamos, construimos conocimiento, desarrollamos nuestro pensamiento crítico- siendo violentadas tanto en el ámbito de lo académico como en el de lo personal No nos olvidamos de Jorge Bottaro, profesor de informática, y la cosificación de la que nos hizo objeto. No nos olvidamos de Fernando Guarnaccio, docente de historia, y sus comentarios homofóbicos y misóginos. No nos olvidamos de Julian Lisczynsky, profesor de educación física, y sus distinciones entre rubias y morochas en las clases. No nos olvidamos del ex vicerrector, Agustín Zbar, que hace cinco años golpeó a una compañera en una sentada. Y NUNCA nos olvidaremos del director de esta orquesta, el rector Gustavo Zorzoli, que además expuso ante los medios de comunicación el caso de abuso de una compañera en el contexto de una toma con el fin de deslegitimar la medida de fuerza.
Regente, preceptores, docentes, vicerrectores, rector: ya no le tenemos miedo a sus sanciones. ¿Qué piensan de todo esto cuando se jactan de la supuesta excelencia académica que corre por estos claustros? ¿La violencia institucional también es uno de los pilares sobre los que se asienta el prestigio que reviste a este Aula Magna?
Es evidente que no tienen una respuesta a estas preguntas porque nunca quisieron planteárselas: hacerlo implica cuestionar sus lugares de poder y aceptar sus falencias como educadores. No habernos escuchado fue una decisión política que hoy ya no pueden tomar. Les arrebatamos este espacio para brindarles esas respuestas que van a marcar el camino a seguir a partir de ahora. No vamos a tolerar que naturalicen sus prácticas violentas ni que sean cómplices por omisión de aquellos que las llevan a cabo. No vamos a tolerar que cuestionen nuestro modo de vestir, que nos humillen y expongan, que desoigan y minimicen nuestros reclamos, que pongan en duda nuestra palabra. No vamos a cargar con la responsabilidad y la culpa de las violencias que ustedes mismes ejercieron sobre nosotres por años.
Nuestras hermanas y compañeras que hoy habitan el Colegio son un ejemplo de lucha. Están transformando esta realidad con su rebeldía combativa. Nosotres no nos vamos a quedar atrás. Somos parte de la ola verde que va a arrasar con este sistema machista y patriarcal y que a ustedes los va a pasar por arriba si no son capaces de estar a la altura de nuestro movimiento.
Acá nos paramos firmes. Somos les invisibilizades de siempre, les violentades, les acosades, les abusades, personas trans, gordas, putas, gays, lesbianas, pero por sobre todas las cosas somos personas empoderadas.
Exigimos:
· que se imparta una educación sexual con perspectiva de género: queremos hablar de consentimiento y de placer;
· que se aplique el Protocolo de acción institucional ante las situaciones de violencia de género dictado en el año 2015;
· un Departamento de Orientación al Estudiante con psicólogues capacitades para acompañarnos en nuestro desarrollo y crecimiento personal, sin juzgarnos ni discriminarnos;
· una revisión de los programas de cada materia que se ajuste a los tiempos que corren y que incluya bibliografía feminista;
· una reforma en el Reglamento del colegio, que nos ampare, nos defienda, que fomente la igualdad y el respeto entre pares.
· BASTA DE IMPUNIDAD ANTE LAS VIOLENCIAS. QUEREMOS QUE QUIENES HABITEN ESTAS AULAS EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO NO SEAN VÍCTIMAS DE SU NEGLIGENCIA.
ABAJO EL PATRIARCADO, SE VA A CAER.
¡ARRIBA EL FEMINISMO QUE VA A VENCER!
Irina Sapollnik
Luna Giachino
Agostina D’Ascenzo
Catalina Gobelli
Zoe Taricco García
Lucia Rios
Lara Ciani
Helena Sedlinsky
Paloma anderman
Ana Sofía Traversi
Pau Fermin Diez
Inés Kremer
Natalia Landrobe
Paula Giordanino
Violeta Antelo
Julia Carbonari
Miranda Boccalon
Luna Gericke Ipar
Ema Graña
Nur Nazur
Carla Waeyenbergh
Sol Gabay
Camila Payva
Pilar Otegui
Lola Romero
Malen Chittaro
Merlina Crawley Ruibal
Julia Agrest
Sofía Correa
Ana Sevilla
Camila Borrazás
Guadalupe Migueles
Gabina Lana
Magdalena Peirone
Leila Zeballos
El CINE-FORO tendrá lugar el miércoles 26 de septiembre de 10:40 a 12: 10 en el Auditorio de la Universidad Rafael Landívar. Contará con la participación del director del documental, el cineasta guatemalteco Luis Argueta, así como con algunos de los protagonistas del documental.
La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), ha despertado. Actualmente encabezan, convocan y organizan las marchas y manifestaciones pacíficas en contra del actual gobierno de Jimmy Morales. “Este sólo es el inicio de muchas otras acciones futuras de esta lucha”, sentenció frente al micrófono en la Plaza de la Constitución, el pasado 20 de septiembre, Juan Enrique Hernández, uno de los dirigentes de la asociación renovada que está saliendo de un letargo involuntario y comienza a ubicarse en el papel histórico que le corresponde.
La historia nos permite conocer la importancia que los estudiantes han tenido en Guatemala. El antropólogo Ricardo Sáenz, autor del libro Oliverio, que trata del histórico dirigente de AEU, Oliverio Castañeda, asesinado por la dictadura en 1978, recalca que durante el siglo XX, los movimientos estudiantiles tuvieron gran incidencia en la vida política: “la generación del 20 con el derrocamiento de Estrada Cabrera o la movilización estudiantil en 1944 para derrocar a Jorge Ubico, son ejemplos claros del papel central que han tenido los estudiantes en el país”.
La nueva AEU diversa y autónoma
La actual Asociación de Estudiantes Universitarios es dirigida por Lenina García, una joven estudiante que se ha convertido en la primera mujer nombrada secretaria general de AEU por elección, abriendo la posibilidad a una diversidad en todos los sentidos, que ha fortalecido el movimiento. Además, la autonomía que goza la asociación la convierte en un ente fuerte. A diferencia de la AEU del siglo XX, donde existían sesgos políticos en las acciones de la asociación, como comenta Ricado Saenz. La actual dirigencia sí representa (en términos generales) los intereses del estudiantado y del pueblo.
La relación entre la AEU y las organizaciones campesinas que también juegan un papel determinante en los movimientos contra el gobierno y la corrupción, no son nuevos. Sáenz resalta que esta importante acción data del siglo XX. En 1978, estudiantes y campesinos se unificaron en contra del general Romeo Lucas. Sin embargo, la cooperación entre el estudiantado y los campesinos se rompió en 1996. Es hasta esta época que hemos podido ver a la AEU trabajando con organizaciones como el CCDA o CODECA, en pos de un mismo objetivo. “La unificación de estos dos sectores le da una fuerza significativa a las protestas y marchas, que podrían derivar en resultados importantes”, destaca Ricardo Sáenz.
Desde su perspectiva Ricardo Sáenz hace ver que las movilizaciones ciudadanas del 2015 para la renuncia de Otto Pérez, fueron acciones que dieron empuje al proceso de recuperación de la AEU cooptada por el hampa seudouniversitaria. Pero los efectos de estas movilizaciones no surtieron efecto únicamente en la Universidad de San Carlos. Recientemente se ha visto cómo estudiantes de casas de estudio privadas han salido a las calles uniéndose a las convocatorias de la AEU en contra de la corrupción. Estudiantes críticos de las universidades Landívar y Del Valle, han actuado de forma autónoma, puesto que las dirigencias de estas casas de estudios mantienen una postura conservadora y de silencio ante la crisis del país.
El papel clave de las mujeres en AEU
Lenina García ha demostrado capacidad para dirigir las acciones de la Asociación de Estudiantes Universitarios y lograr alianzas con otros sectores sociales que fortalecen la posibilidad de alcanzar los objetivos en común, además de oponerse a los grupos recalcitrantes que accionan utilizando el nombre del estudiantado sancarlista sin la legitimidad de la nueva AEU que ahora sí representa a los estudiantes de manera oficial.
La AEU protagonizó el movimiento del pasado 20 de septiembre, guiando a miles de guatemaltecos que exigen la renuncia de Morales y la continuidad de la CICIG en Guatemala. Ayer en la plaza dejaron claro que este sólo es el primer movimiento y que pronto se convocará un paro nacional masivo, demostrando su compromiso ante una coyuntura que prohíbe quedarse de brazos cruzados.
El proyecto de recuperación de La Casa de Oliverio es una labor de la Comisión de Infraestructura de AEU, conformada por estudiantes de la Facultad de Arquitectura, para honrar la memoria de Oliverio Castañeda de León, insigne líder estudiantil y Secretario General de AEU en 1978. El proyecto está enfocado en crear un espacio de Memoria y Recopilación de la Historia del Movimiento estudiantil, además de contar con espacios para la promoción de arte y la cultura con la comunidad sancarlista y población en general.
Fotografía: publinews.gt
La propuesta rescata lo manifestado en el testamento de Lucila Castañeda de León, hermana de Oliverio y la voluntad de la familia, quien no ha cesado en su búsqueda por la memoria, verdad y justicia.
Representantes de al menos 165 comunidades organizadas en el Consejo de Comunidades indígenas Maya Q´ eqchi´, rechazaron en asamblea los proyectos que dañan y afectan sus tierras, el lago y el medio ambiente. Entre ellos un proyecto de piscicultura apoyado por el alcalde que beneficiará a la empresa Paraíso Spring Guatemala, porque consideran que contaminará el lago. Además les preocupa la contaminación que existe por la activad minera y la que puede ser provocada por las empresas de palma africana.
Fotografía: Prensa Comunitaria
El Consejo de Comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ realizó una asamblea el 19 de julio de este año, donde participaron al menos 165 comunidades, hubo también guías principales, alcaldes comunitarios, representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) de primer nivel y segundo nivel, asociaciones ambientalistas, comerciantes, la Gremial de Pescadores Artesanales y la Defensoría Q’eqchi’.
Fotografía: Prensa Comunitaria
En la asamblea se elaboró un memorial que será presentado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para rechazar un proyecto de piscicultura, manifestaron su inconformidad por el pronunciamiento del alcalde de El Estor, que apoya a la empresa Paraíso Spring Guatemala, que pretende instalar el cultivo de tilapia en jaulas, proyecto que contaminará el lago de Izabal. Para los comunitarios, el recurso natural del lago ya se encuentra en peligro, por la actividad minera y el monocultivo de la palma africana.
Durante esta asamblea manifestaron preocupación por sus tierras, la contaminación del lago y del agua en general. La contaminación del lago de Izabal, ocasionada por la extracción minera del níquel, sigue preocupando a las comunidades. Según la gente esto está siendo ocasionado por la actividad minera de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO)
Además el agua está en riesgo por los contaminantes que se vierten al procesar la palma africana. El lago de Izabal es un sistema natural frágil, de mucha importancia por las áreas de protección que lo alimenta, como las bocas del Polochic y Río Dulce, proveyendo inclusive agua para consumo humano de la población.
El Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’ lo conforman 24 personas, un titular y un suplente de cada microrregión, se elige a 4 cargadores indígenas. Ellos portan una vara, sello, cuenta con personería jurídica y son reconocidos por la Municipalidad. En el año 2013 se logró la conformación de este Consejo, uno de los fundadores es el pescador Eduardo Bin Poou, hoy preso político.
Fotografía: Prensa Comunitaria
Criminalización
La criminalización de la defensa del territorio, y la persecución penal de los pescadores y periodistas fue uno de los temas principales en su discusión, en donde las autoridades se solidarizaron con la Gremial de Pescadores Artesanales por la lucha que realizan y por la persecución penal injusta que sufren.
El Estado y las empresas violan permanentemente la Constitución Política de la República, específicamente el artículo 121 que cita “que las aguas del lago son bienes del Estado’’ y el artículo 127 “que su aprovechamiento y gocé se otorgará de acuerdo al interés social” e hicieron mención del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre que los pueblos indígenas deben ser consultados ante la implementación de proyectos que vayan a afectar directamente sus territorios, modelo de vida, producción, desarrollo, etc.
5 de julio de 2018. Eduardo Bin Poóu, maya q’eqchi´, integrante de la Gremial de Pescadores Artesanales es ligado a proceso, al celebrarse la audiencia de primera declaración en el Juzgado Pluripersonal de Puerto Barrios, Izabal, es sindicado por los delitos de usurpación de tierras en áreas protegidas.
Fotografía: Baudilio Choc
La constancia procesal que argumentó el Ministerio Público (MP) es que Eduardo participó en una mesa de diálogo, con varias instituciones del Estado, el gobernador departamental, la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras, tratando de solucionar un conflicto social. Por solo el hecho de estar sentado en esa mesa el fiscal dice que cometió el delito de usurpación.
Los abogados de la defensa de Eduardo Bin no están de acuerdo con lo que ha determinado el juez Alex Cifuentes, al no darle medida sustitutiva, el abogado Francisco Vivar manifestó: “consideramos que es grave lo que ha sucedido, esto es un típico caso de criminalización, pero lo más grave aún, es la falta de conciencia total, al no otorgarle una medida sustitutiva, aduciendo que hay un peligro de obstaculización y que pueda influir en los demás imputados’’
La acusación del MP fue basado en la declaración de un testigo que manifiesta que Eduardo participó en una mesa de trabajo en el cerro San Gil donde defendió a un grupo de personas, por lo que fundamentan que él participó en el delito de usurpación, mientras tanto será llevado a prisión preventiva y tendrá que esperar un mes para la otra etapa de la audiencia.
Don Eduardo Bin comentó que nunca fue notificado por el MP sobre este caso, de haberlo sabido hubiera resuelto su situación legal, sin embargo él cree que en esto tiene que ver la empresa CGN y DIPRONA.
Fotografía: Baudilio Choc
En la audiencia de este día, familiares y vecinos lo acompañaron y Eduardo Bin señaló que “la criminalización a los pueblos indígenas es por recuperar sus territorios y por la lucha de la defensa de sus recursos naturales, son discriminados por la justicia’’
Tucurú, Panzós, Senahú del departamento de Alta Verapaz. La mayoría de la población es maya Q’eqchi’, Maya poq´omchi´ y mestiza. El río Polochic desemboca en el Lago de Izabal y es quien baña estas tierras, históricamente trabajadas por las comunidades, quienes han llevado una lucha larga por el reconocimiento de su propiedad que las ha llevado a sufrir represión, como la masacre de Panzós ocurrida el 29 de mayo de 1978, hasta la fecha.
La concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala es un problema que supone una herida abierta. Mucha gente no la tiene y busca como salida pedir al Estado habitar las que son de su propiedad. La Finca Setal son 617 hectáreas de la reserva natural que durante el gobierno de Álvaro Colom fue otorgada para ser administrada por la empresa minera CGN. En una de sus páginas web, la anuncia como la primera Reserva Natural Privada del país, bajo la tutela de un proyecto minero. Contradictoriamente, es ella la misma empresa que destruyó varios cerros para extraer el níquel y que actualmente contamina el Lago de Izabal con desechos químicos, resultado del proceso de extracción.
La reserva fue otorgada por el Estado de Guatemala en 2010 en propiedad a la empresa Bocanueva S.A., una de las tres empresas de International Níquel Co. (INCO) en Izabal, propiedad de capitales canadienses.1
Hace dos años llegó un grupo de familias q’eqchi’ y formó la comunidad Agraria “El Gosen” en el municipio de El Estor, Izabal, donde pidió al Estado resolver su situación. Sin embargo, la Compañía de Níquel acusó penalmente a dos personas de la comunidad para forzar a la gente a salir. Días después, la empresa llegó con la Policía Nacional Civil al lugar.
Fotografía CPR URBANA
Dos hogares de la comunidad fueron afectados, niños pequeños y sus madres se quedaron sin los padres de familia porque están en la prisión de Puerto Barrios, detenidos de forma arbitraria, sin ninguna autoridad que les presentara una orden de detención. Además, son los abogados con mandato legal de la empresa CGN quienes promueven las denuncias penales en los tribunales.
Don Oscar Yat fue detenido el 24 de abril y Mario Ac Cuz el 3 de mayo, ambos ndígenas q’eqchi’ y con cargos como directivos en la comunidad, pero la acusación ante un juzgado colocó a otras cinco personas más con órdenes de detención. La empresa minera es quien los acusó penalmente, aunque ahora el caso está dando un giro, pues el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- pretende querellarse también contra los comunitarios.
Ahora, las familias en la comunidad agraria denuncian que varios trabajadores de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- los desalojaron de la tierra, con la condición de que si lo hacían iban a dejar libres a las dos personas presas.
*El Estor, Izabal es parte del Valle del Polochic junto a los municipios de Tamahú, La Tinta
