Lo que nació como una serie de protestas pacíficas en distintos puntos del país se ha transformado en una movilización de comunidades y pueblos hacia la ciudad capital que tiene la mirada puesta más allá de la renuncia de cuatro funcionarios. Las autoridades indígenas convocan a la unión de todos los sectores para proteger la democracia y detener el golpe de Estado.
Por Regina Pérez
A 30 días del Paro Nacional Indefinido, como se le conoce a la movilización a nivel nacional que comenzó el 2 de octubre, las estrategias para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y defender la democracia se han ido transformando. Para este viernes y sábado las autoridades indígenas convocaron a todos los sectores a una movilización masiva hacia la ciudad. “Unamos fuerzas, porque nosotros los representantes de los distintos pueblos originarios estamos acá. No hemos desistido”, expresaron en una conferencia que se realizó frente a la Corte de Constitucionalidad el miércoles 1 de noviembre.
Las tomas de carreteras, manifestaciones, plantones y marchas que forman parte del Para Nacional se iniciaron después de que el Ministerio Público arrebatara al Tribunal Supremo Electoral las actas originales de los resultados de las elecciones generales. Antes de esto sus acciones para inhabilitar al partido ganador de la Presidencia ya habían generado protestas por atentar contra el orden constitucional. La fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana, han sido señalados como los principales gestores de un golpe de Estado como lo señaló el presidente electo, Bernardo Arévalo. Por ello, uno de los objetivos a corto plazo de la articulación de los pueblos indígenas y sectores es la renuncia de estos cuatro funcionarios.
A pesar de que en 30 días la fiscal general Porras, no ha renunciado del cargo, eso no desalienta a las autoridades ancestrales que comenzaron el plantón frente a la sede central del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1, para pedir su renuncia y que se replicó en otros territorios del país.
Hasta la fecha, la fiscal general permanece desaparecida del ámbito público, a pesar de que el abogado Rafael Maldonado presentó un recurso de exhibición para localizarla. Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Cinthia Monterroso, fiscal de la FECI y el juez Fredy Orellana, tampoco han tenido apariciones públicas.
Si bien el Paro Nacional Indefinido no ha logrado la renuncia de los funcionarios, las autoridades indígenas consideran que lo que se ha conseguido hasta ahora supera lo que se habían propuesto.
Para Alida Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, estar 30 días en resistencia es un logro histórico, algo que no se había alcanzado en 70 años. “La articulación de todos los sectores, no solo de pueblos indígenas, de las comunidades, sino de la ciudad capital, la juventud, ha logrado visibilizar la articulación de los pueblos”, mencionó en una entrevista en el plantón del MP.
Para Vicente, paralizar el país por más de 20 días, que fue lo que duraron las tomas en los departamentos, es un precedente que quizá solo se logró en 1944, durante la Revolución de Octubre. “A pesar de que no han renunciado, creo que hemos rebasado los objetivos que nos planteamos, fortalecer esa articulación, posicionar la voz del pueblo de Guatemala y detener el golpe de Estado, creo que han sido los principales logros”, expresó.
Misrahí Xoquic, alcalde indígena de Sololá, dijo que en estos 30 días ellos han presentado acciones jurídicas para evitar el golpe de Estado, sin embargo no han tenido respuesta debido a que el Poder Judicial está cooptado, por lo que no esperan una resolución favorable para los pueblos.
Una de estas acciones fue una inconstitucionalidad presentada en la Corte de Constitucionalidad (CC) a la que le solicitan la modificación de la Ley Orgánica del MP, que impide la destitución de Porras por parte del presidente. Sin embargo, la Corte parece estar blindando a Porras, señaló Xoquic.
Por tanto, la alternativa de los pueblos es seguir haciendo resistencia y no bajar la guardia hasta que el nuevo presidente tome posesión, indicó el alcalde indígena de Sololá.
¿Cómo empezó el Paro Nacional?
La mañana del lunes 2 de octubre al menos 16 puntos fueron cerrados en todo el país, la mayoría en el Altiplano occidental, tras la convocatoria realizada por la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía de Sololá, a la que se sumaron el Parlamento Xinka y las autoridades indígenas de Chichicastenango y del pueblo Ixil.
En la ciudad capital sus representantes instalaron un plantón frente a la sede central del MP, que hasta la fecha sigue en pie, y prácticamente es el único punto de concentración de las delegaciones que vienen de todo el país para seguir insistiendo en las renuncias.
Con el paso de los días, los cierres llegaron incluso a contabilizar 140 puntos. El viernes 6 de octubre, estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) se sumaron en la ciudad capital y cerraron las avenidas Petapa y Aguilar Batres.
Otros sectores populares que se unieron fueron algunas de las colonias de la zona 7 y los vecinos del barrio la Parroquia, en la zona 6 capitalina. A esto le siguieron dos marchas masivas de vendedores de los mercados cantonales y satelitales de la ciudad capital, el 9 y 18 de octubre, para forzar la salida de Porras del MP.
Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín Escuintla, considera que esta movilización no comenzó el 2 de octubre. “Nosotros empezamos un proceso del sagrado Xi’kay en el Jun T’zi, el 5 de septiembre, el primero lo hicimos frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el Congreso, el segundo fue en la Corte Suprema de Justicia y el tercero acá en el MP”, recordó.
Las personas a quienes los guías espirituales aplicaron la justicia maya ancestral de manera simbólica fueron los cuatro actores a quienes ahora les piden la renuncia: Consuelo Porras, fiscal general; Curruchiche, jefe de la FECI; Cinthia Monterroso, fiscal de la FECI; y el juez Fredy Orellana.
Vicente ve en esto incluso un tinte cosmogónico, en el que han invocado al Universo por la justicia. “Como ya agotamos todos los recursos y la justicia de este Estado no sirve, tenemos la certeza de que la justicia es un principio universal y somos parte de este él, entonces todo lo que está pasando es producto de lo que hemos estado haciendo”, señaló.
Para Feliciana Herrera, primera alcaldesa del B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a, o Consejo de Autoridades Indígenas de Nebaj, Quiché, antes del Paro Nacional las autoridades Ixil participaron en las asambleas junto a los 48 Cantones, de Totonicapán.
Una de las primeras acciones que acordaron fue realizar concentraciones frente a las sedes del MP en los territorios. A eso siguieron acciones jurídicas en el sistema de justicia y finalmente los 48 Cantones de Totonicapán lanzaron la convocatoria para realizar el Paro Nacional Indefinido al cual se sumaron varios pueblos, incluyendo el Ixil.
Un diálogo frustrado con Giammattei y Porras
Cuando finalizó el primer día del paro las autoridades indígenas de los territorios, incluyendo los más grandes en Totonicapán y Sololá, comunicaron a la población que no se había tenido ningún avance en las demandas por lo que se mantendrían las tomas. En otros municipios, eran los dirigentes del movimiento social quienes acordaban seguir, como en el caso de Ixcán, Quiché, que también se levantó desde el 2 de octubre.
Fue así como el paro se sostuvo por días e incluso nuevos sectores fueron sumándose en la capital y en otros puntos del país. El 6 de octubre el gobierno de Alejandro Giammattei, por medio de la Cancillería, solicitó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) su intervención como mediador entre los sectores sociales involucrados en las protestas para buscarle una salida a la crisis.
El 12 de octubre, sin presencia de la prensa, el presidente Giammattei accedió a reunirse con las autoridades indígenas y la delegación de mediación de la OEA. Este encuentro fue visto como una oportunidad de salida a la crisis, sin embargo, al salir de la Casa Presidencial, las autoridades ancestrales informaron que el presidente se negó a pedir la renuncia de Consuelo Porras y diciendo que no tenía la facultad para ello.
Dos autoridades indígenas, Feliciana Herrera y Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, señalaron que el diálogo que Giammattei había pedido con mediación de la OEA estaba estancado. “Ya no nos llamaron, creo que el presidente no tiene interés en resolver el conflicto”, dijo Ulario.
Las autoridades ancestrales han demandado una postura más contundente del sector privado organizado para solicitar la renuncia de la fiscal general, pero hasta el momento eso no ocurrido.
En este escenario, Porras únicamente apareció una vez, en un video publicado el 9 de octubre, expresando su malestar por las movilizaciones en todo el país. Un día antes, el abogado Rafael Maldonado había presentado una exhibición para localizar a Porras, sin embargo, hasta la fecha indicó que no ha sido notificado de su paradero.
Las autoridades indígenas intentaron abrir un proceso de diálogo con la fiscal general pero también fracasó, ante la intención de la jefa del MP que intentó condicionar la reunión, hasta que se desalojara el plantón en Gerona. La dirigencia respondió que en ningún momento se había limitado el paso de las personas a las instalaciones del edificio.
Por otro lado, el binomio electo integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera han sostenido una serie de encuentros con las autoridades indígenas y el sector privado, con el fin de encontrar soluciones a la crisis.
Arévalo informó el pasado 31 de octubre sobre la conformación de un acuerdo con grupos indígenas y empresarios. El llamado Acción para la Democracia será un espacio para facilitar el diálogo y mantener la discusión constante para lograr objetivos. Y sus integrantes buscarán trabajar para que se garantice el respeto a los resultados electorales, rechazar la criminalización y persecución de los que participaron en implementar el proceso electoral y defender la democracia.
Consuelo Porras se resiste a dialogar con las autoridades indígenas
La escalada de violencia en contra de los plantones
Un hecho que se observó en las manifestaciones pacíficas fue el desalojo violento de grupos armados en contra de los plantones, sin que existiese intervención de la Policía Nacional Civil (PNC). Estas agresiones se llevaron a cabo por grupos de personas armadas, que en el caso de Malacatán, San Marcos, cobró la vida de una persona, Francisco Gonzalo Velásquez, el 16 de octubre, en el día 15 del paro.
En otros departamentos como Petén, Retalhuleu, Chiquimula, Santa Rosa, Chimaltenango y Alta Verapaz se registraron ataques en contra de las personas que sostuvieron los plantones con el fin de disolverlos. Incluso en la ciudad capital, en la exclusiva zona de Cayalá personas particulares arremetieron en contra de manifestantes que tomaron ese punto.
En la plaza de la Constitución, personas se infiltraron en una protesta, el 10 de octubre, destrozaron parte de las instalaciones del monumento al Bicentenario y saquearon algunos comercios.
El 28 de octubre, la resistencia pacífica recibió otro golpe, el asesinato del dirigente Xinka Noé Gómez, quien había participado de manera activa en la resistencia en el lugar conocido como el Boquerón, Santa Rosa, donde hubo un punto de concentración.
Aleisar Arana, presidente del Parlamento Xinka, expresó su consternación por la muerte de Gómez, una persona que se había destacado por la defensa de los derechos humanos, principalmente del medio ambiente.
Gómez estuvo presente desde el primer día en el Boquerón y cerca de su comunidad, el Caulote, Jutiapa, incluso hizo un turno en la resistencia del MP en la ciudad capital. El 20 de octubre el dirigente también participó en la caminata del pueblo Xinka.
“Me duele mucho, ayer estuve acompañando a la familia, hoy no pude, creo que a él le hubiera gustado que estuviera yo hoy acá y en honor a él tenemos que seguir luchando y en honor a la dignidad de nuestros pueblos”, indicó Arana, quien el 30 de octubre acompañó el plantón en la capital.
Además del asesinato de dos manifestantes, Porras consiguió una resolución de los magistrados de la CC, el 18 de octubre, que ordenaba el desalojo violento de las personas que estaban afuera de Gerona, incluso utilizando al ejército “en caso de ser estrictamente necesario”.
A pesar de que la misma Corte había otorgado un amparo a las autoridades ancestrales que protegían el derecho de manifestación. Sin embargo, el desalojo no se efectuó luego del acompañamiento de miles de manifestantes a las autoridades indígenas y únicamente se acordó con las autoridades de Gobernación, la colocación de vallas en la entrada del MP, para permitir el ingreso de trabajadores y usuarios.
Para Alida Vicente las resoluciones de la CC han sido un “gallo-gallina”. No es posible que nos otorguen un amparo a favor de la manifestación y que después ordenen desalojar por la fuerza, ese tipo de resoluciones son una burla, es una falta de respeto al pueblo y a la misma Constitución, expresó.
La negativa del ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, de desalojar a los manifestantes a la fuerza en los distintos cierres y tomas de carreteras, le valió su renuncia el 16 de octubre.
Posteriormente Barrientos diría al medio Emisoras Unidas que su dimisión, después de que la fiscal general solicitara a la CC que lo destituyera del cargo, la entendió como una incomodidad del MP por su permanencia en el Ministerio de Gobernación. “Creo que cuando uno comienza a ser incómodo en algún lugar, lo más prudente es retirarse, no vale la pena aferrarse a un puesto”, añadió.
¿Hacia dónde va el Paro Nacional?
Al cumplirse un mes del Paro Nacional Indefinido, las distintas movilizaciones de la población aún no han logrado uno de los objetivos, que es la renuncia de Consuelo Porras. A medida que pasan las semanas, también se han registrado varios cambios de estrategia en la forma en que están llevando adelante su estrategia.
Los plantones en las carreteras se disolvieron y, en su lugar, cientos de personas de distintos departamentos y municipios viajan para apoyar la protestar y el plantón pacífico frente al MP, en la capital. Algunas de estas caravanas, tienen la capacidad de movilizar a 500 comunitarios, como la organización de Sololá.
Otras, son menos numerosas, sin embargo, frente al MP nose ha dejado de ver la presencia de habitantes de Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, el territorio Xinka, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, Alta Verapaz, San Marcos, Suchitepéquez y Chimaltenango, entre otras delegaciones.
Luz Emilia Ulario, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, expresó que lo que los motiva a mantenerse en resistencia desde hace un mes es la defensa de la democracia, pues no quieren caer en una dictadura. “Estamos viendo que todas las instituciones del Estado están cooptadas y existe la posibilidad de que no entreguen el poder”, agregó.
Sobre las caravanas que día a día llegan a la ciudad capital, viajando por hasta más de 8 horas horas, Ulario indicó que lo hacen porque consideran que tiene un impacto político al estar frente al MP, “puesto que el presidente ha dicho que somos un puñito, para demostrarle que el malestar es generalizado”.
Misrahi Xoquic, alcalde indígena de Sololá, señaló que al cumplirse un mes de movilizaciones mantienen el objetivo principal de que Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana renuncien. Además, han realizado acciones jurídicas, sin embargo, agregó que los funcionarios se han aferrado a sus puestos a pesar de la exigencia de todo el pueblo que exige su renuncia.
Por esa razón, en los próximos días convocarán a un levantamiento masivo a diferentes sectores del país, para concentrarse frente a las sedes del MP, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en la plaza de la Constitución.
Esta movilización busca demostrar que Guatemala sigue en pie y que tenemos el respaldo de todo el pueblo, manifestó Xoquic. La presencia de pobladores frente a la sede del MP en Gerona, continuará.
Xoquic incluso considera que esta resistencia puede extenderse hasta el 14 de enero, cuando Arévalo tome posesión, con el fin de permanecer vigilantes para evitar el golpe de Estado y que se atente contra la decisión del pueblo en las urnas.
Arana, presidente del Parlamento Xinka, indicó que aunque no se ha alcanzado la renuncia de los cuatro personajes, se lograron otras metas que pone a los pueblos originarios en un lugar central.
“Creo que lo más importante que hemos logrado es mantener una asamblea constante, eso nos ha permitido analizar los avances y situaciones que tenemos que mejorar e involucrar a otros sectores, como el poder económico, porque si vamos a luchar por la democracia, todas las personas que tengan ese deseo se deben unir”, indicó.
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No haber logrado la renuncia de Porras, quien no goza de la confianza de la población y ha perdido credibilidad, no es visto por las autoridades indígenas como un fracaso.
Independientemente de que algunas personas o sectores digan que no sirvió de nada, creo que se está reconfigurando el país en la forma de ver a los pueblos indígenas y su liderazgo, que son las autoridades indígenas, como un actor que tiene voz, que tiene fuerza y que está posicionando demandas que son las del pueblo, justas, legítimas, y que está exigiendo un respeto a la voluntad soberana, indicó Vicente.
La integrante de la Alcaldía Indígena de Palín considera que se rebasó el objetivo y que trascenderá. “Está trascendiendo y ahora no se limita a estos cuatro actores (la renuncia), los pueblos se están posicionando y reconfigurando como actor político y legítimo”, puntualizó.
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