Manuel Conde Orellana intentó posicionarse como el rostro principal de la estrategia del régimen para mantener instituciones cooptadas y consolidar la regresión autoritaria en Guatemala. Sobre él está la sombra de Luis Miguel Martínez Morales, el más cercano al presidente Alejandro Giammattei y quien ostenta el poder real y el control del partido VAMOS. Pese a la millonaria inversión para ganar el favor de los alcaldes y aceitar la maquinaria en el Congreso, Conde no ha logrado consolidarse como uno de los principales contendientes en la carrera presidencial.
Por A. Valdéz / S. Rodríguez y N. Rivera
Manuel Conde Orellana es uno de los cuadros conservadores más longevos en la política guatemalteca. Mientras continúa como el secretario general del Partido de Avanzada Nacional (PAN) con 37 años de existencia, un proyecto de ultraderecha, es el candidato presidencial de Vamos, el partido que gobierna.
Pero la importancia de Conde no radica en su candidatura. En realidad su nombramiento como candidato es una acción protocolaria, la cara visible de una estrategia que se empezó a urdir desde antes de la salida de Jimmy Morales y con la cual pretenden mantener la cooptación de las instituciones democráticas.
Para lograr su objetivo el gobierno echó mano de miles de millones de quetzales del Estado, dinero con el cual buscó congraciarse con los alcaldes y los diputados en el Congreso. La táctica parece que funcionó bien para cooptar el Congreso. Pese a que Vamos solo logró 17 escaños en la elección de 2019, pudo mantener la presidencia del Congreso durante los cuatro años de su gobierno. Hasta la UNE, una bancada que logró 51 escaños, dio los votos de sus diputados para apoyar los deseos del bloque oficial.
El mismo plan funcionó relativamente con los alcaldes. El oficialismo no logró consolidar la estrategia nacional de tener 200 candidatos a alcaldes municipales.
Pese a todo el despliegue económico y estratégico el candidato oficial se mantiene lejos en la intención de voto en esta campaña electoral y está al margen de poder alcanzar un puesto decoroso en los primeros cinco lugares en las elecciones generales de este 25 de junio próximo.
La piedra en el zapato
Alejandro Giammattei siguió la línea de restauración antidemocrática de su antecesor, se lanzó desde los primeros meses de asumir el poder en un ataque frontal contra la prensa independiente y criminalizó a todos aquellos operadores de justicia que jugaron un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Esto llevó a que 22 periodistas salieran de manera forzada de sus provincias, algunos para exiliarse y evitar la cárcel afirma el Colectivo No Nos Callarán, esto motivado en buena parte por casos que fabricó el Ministerio Público (MP).
La misma suerte corrieron jueces y fiscales que también son perseguidos. Quienes no salieron, enfrentan la persecución judicial y otros están presos en condiciones de constante vulneración a sus derechos y garantías. Dos casos recientes y emblemáticos que desvelan esta estrategia criminal desde el Estado son el periodista José Rubén Zamora, director de elPeriódico y la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
El oficialismo intenta mantener su camino libre de todas aquellas personas a las que considera una oposición política y garantizar un Estado funcional para las élites conservadoras.
La estrategia
Con Manuel Conde Orellana al frente, Miguel Martínez y Alejandro Giammattei, buscan mantenerse en el poder, negociar la tranquilidad de tener impunidad y evitar que se continúen las investigaciones que los implican en casos graves de corrupción como el tema de la “ alfombra mágica” y los empresarios rusos.
Para mantener este sistema cooptado, el partido Vamos creó una estrategia que tiene que ver con asegurar un millón de votos para que su binomio presidencial llegue a segunda vuelta. Este plan está en desarrollo y hasta ahora ha provocado que decenas de alcaldes cambien su bandera política y se unan al oficialismo.
A pesar de esto, “Meme” como lo llaman sus aliados y se hace llamar él mismo en campaña, no logra ubicarse entre los favoritos del electorado según las encuestas que se han publicado previo a la primera vuelta en el proceso electoral. Es un personaje que se ubica en la extrema derecha del espectro político nacional, tiene una herencia anticomunista y se caracteriza por polémico, agresivo y manejar un discurso pro status quo.
El jefe de jefes y la campaña ilegal
El partido Vamos (en el gobierno) aumentó significativamente las actividades partidarias y comenzó la campaña electoral desde abril de 2022. Actos públicos o reuniones privadas multitudinarias fueron disfrazadas de jornadas de afiliación.
Víctor Alfredo Valenzuela Argueta, el secretario general de Vamos, fue el encargado de iniciar con los recorridos en todo el país. Él encabeza el listado nacional de diputados al Congreso de la República.
En 2021 fue subsecretario de Comunicación Social de la presidencia de Alejandro Giammattei, subdirector general técnico en el Ministerio de Gobernación en la Dirección General del Diario de Centroamérica (DCA) y en 2022, apareció como uno de los asesores principales de la actual presidenta del Congreso, Shirley Joanna Rivera Zaldaña bajo el renglón 022 con un salario base de Q26 mil.
Una de las primeras actividades públicas en las que participó Conde, fue una jornada de “afiliación” realizada el 16 de julio de 2022 en el Jícaro, El Progreso. Desde la tarima Manuel Conde gritaba que no quería diputados periodistas. Desde esa misma tarima los asistentes, dirigidos por el exdirector de gobierno Miguel Martínez, cantaron a todo pulmón la famosa canción popularizada por el grupo mexicano Los Tigres del Norte, “Jefe de jefes” .
La misma, adoptada por grupos de corridos y que muchos asocian con capos del narcotráfico en México, aunque su compositor, Teodoro Bello trate de desligar la vinculación a estos.
“Ya se quieren pelear con el gallo.
Si pudieran estar a mi altura.
Pues tendrían que pasar muchos años.
Y no pienso dejarles el puesto.
Donde yo me la paso ordenando”…
En julio del año pasado en el departamento de San Marcos, Luis Miguel Martínez apareció en la segunda actividad de afiliación del partido.
El TSE dio el banderazo de salida para la campaña el 23 de marzo de 2023. Y pese a que el partido oficial asegura que en todas las actividades realizadas se dedicaban a “jornadas de afiliación”, de abril 2022 al 26 de mayo 2023 el partido únicamente logró afiliar a 31,093 personas, según el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El 7 de mayo, Vamos proclamó a su binomio presidencial, Manuel Conde y Luis Suárez. La actividad se realizó en el municipio de San Andrés Xecul, Totonicapán. Muchos funcionarios, diputados y carros sin placas fueron vistos en la actividad.
En la recta final Conde Orellana junto a Miguel Martínez han recorrido tres veces el país, desde las actividades de afiliación en 2022, entrega de proyectos gubernamentales, a las actividades propias de la campaña electoral.
Giammattei por su parte el 14 de junio de 2023 completó una gira en los 22 departamentos del país, haciendo entrega de fondos del Programa del Adulto Mayor, convocando a miles de ancianos y ancianas en actos públicos en pleno periodo de campaña electoral, en actos en donde también estuvo Conde Orellana.
Prensa Libre informó que el oficialismo logró incrementar el monto de los recursos del programa, una semana antes del inicio de la campaña electoral, incrementando las dudas del uso de los fondos públicos para el clientelismo político y beneficiar la imagen de Conde Orellana. “Encontramos un Programa con 350 millones de quetzales al año y hoy tenemos mil 125 millones de quetzales de presupuesto, “que se reparten justamente entre quienes más necesitan”, dijo Giammattei el 16 de mayo pasado en Zacapa, según una nota del portal del Gobierno.
El Mirador Electoral desveló que al mismo tiempo de la gira presidencial, el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), realizó compras sobrevaloradas y con fines electorales.
El 4 de mayo de 2023, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MEO- Gt), afirmó que Vamos estaba utilizando los recursos del Estado para abonar a su campaña. Con el monitoreo que realizaron, se registró la entrega de 17 mil sacos de harina de trigo en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, todo esto con el apoyo de la comuna.
Suárez y el fraude en la Usac
El compañero vicepresidencial de Conde es Luis Suarez Roldan, un personaje que está señalado de favorecer la cooptación dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El fraude electoral en la Universidad de San Carlos cobró vida en mayo de 2022. Walter Mazariegos fue electo mientras se obstaculizaba la participación de otros candidatos.
Mazariegos fue apoyado por los cuerpos electorales que tenía a su favor su aparente rival en la misma elección, Luis Suárez, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas.
Suárez se retiró de la búsqueda de la rectoría al menos unas 20 horas antes de que se realizarán las elecciones en la Usac. Suárez, el candidato por la agrupación Identidad Sancarlista acumuló cinco cuerpos electorales en la primera fase de las elecciones y luego estos apoyaron a Mazariegos.
Meses después Suárez fue presentado en el mitin del oficialismo como vicepresidenciable junto a Manuel Conde Orellana. Para la comunidad universitaria este fue un premio de consolación para Suárez y tomó sentido el vínculo entre el oficialismo y el fraude en la Usac.
Héctor Roblero es estudiante en el Centro Universitario de Occidente y estuvo durante la resistencia en Quetzaltenango y critica la forma en la que se establecieron las estructuras para tomar el control de las diferentes instituciones.
Agregó que es el mismo pacto de corruptos que se instaló y fraguó el fraude en la Usac el que pretende mantenerse en el gobierno para atentar contra la autonomía universitaria. Suárez dijo que esta medida de dejar su candidatura fue con el fin de no polarizar más el proceso electoral en la Usac y que se opacara la expresión de civismo en la universidad.
El reclutamiento de alcaldes
El oficialismo busca que su candidato entre sin mayores problemas a disputar la segunda vuelta. Para lograrlo se propusieron convencer a la mayor cantidad de alcaldes municipales quienes deberán facilitar al oficialismo un millón de votos.
Los alcaldes que se unían a la estrategia y cambiaron de partido, recibieron a cambio obras y proyectos para sus municipios y además no tuvieron problemas al gestionar el finiquito y lograr su reelección.
El objetivo era inscribir a más de 200 alcaldes con el partido, pero hasta ahora solo lograron 164, según el reportaje Así construyó Giammattei su ejército de alcaldes para las elecciones 2023.
En la lógica anterior del millón de votos en la primera vuelta, la cantidad actual de alcaldes podría darle 720 mil votos a Conde Orellana. En las Elecciones Generales de 2019, el presidente Alejandro Giammattei logró pasar a segunda vuelta con 614 mil 025 votos.
Pese al derroche de recursos, el actual candidato presidencial sigue estando por debajo del 5% de la intención de voto, muy lejos de otros candidatos como es decir Edmond Mulet, Sandra Torres y Zury Ríos.
Otro factor que no favorece a Conde, es la percepción negativa que la población tiene del actual presidente. Giammattei se ubica entre los peores presidentes calificados del continente con un 79% de desaprobación desde 2021.
Dato que se confirma con la encuesta publicada por Prensa Libre el 2 de mayo pasado, en la que tres de cada cuatro guatemaltecos califican mal al presidente y solo un 2.9% de los encuestados cree que ha hecho un buen trabajo.
En la estrategia por lograr acaparar a los alcaldes el gobierno cuenta con otra poderosa aliada, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro.
En 2021, la magistrada del TSE Blanca Alfaro, fue cuestionada por pedir apoyo públicamente de los alcaldes municipales para el presidente Alejandro Giammattei. Eso quedó grabado en un video de una reunión que sostuvo en Quiché, en la cual aseguró que un “buen” jefe edil siempre se va a reelegir, además, los instó a apoyar al presidente. La actividad en la que expresó estos comentarios la organizó el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
“Un buen alcalde, decía el alcalde -Álvaro- Arzú (+) siempre se va a reelegir, porque la gente mira. La gente sabe lo que está pasando (…) Un presidente necesita buenos alcaldes y como el presidente -Alejandro- Giammattei representa la unidad nacional, necesita que ustedes lo acompañen en el proceso de ejecución de obras, necesita que sean conscientes de su planificación, necesita que sean cuidadosos con las reprogramaciones”, expresó la magistrada en su intervención.
Huehuetenango, un distrito clave
Huehuetenango es uno de los distritos que reporta un aumento de candidatos que cambiaron su partido base y se movieron al partido de gobierno. Este departamento se disputa un buzón electoral de 686 mil 048 empadronados, según el TSE.
Por el departamento se disputan 10 curules. En esta elección 8 de esos diputados buscan continuar en el Legislativo.
Cuenta con 33 corporaciones municipales y según los registros del TSE, de la totalidad de alcaldías municipales, dieciocho alcaldes quieren permanecer en la silla edil.
Gustavo Adolfo Cano Villatoro ganó la alcaldía de la cabecera en 2019 y fue el único que llegó a la silla edil con el partido oficial. Este año busca su reelección y es de los candidatos que se mantiene fiel a Vamos.
De la alianza con el oficialismo, 12 de los alcaldes municipales que llegaron en la elección pasada por los partidos Unión del Cambio Nacional (UCN), de Mario Estrada, reconocido narcotraficante condenado en 2021 en los Estados Unidos; y del partido FCN- Nación, ahora buscarán reelegirse de la mano de Conde Orellana, con doce candidatos en total.
Vamos anunció el 13 de junio que están trabajando en los preparativos del cierre de campaña y en el comunicado afirmaron que el 12 de junio se reunieron con 335 candidatos a alcaldes e integrantes de las corporaciones municipales, para definir detalles de las actividades que tendrán en su cierre de campaña.
Una frontera sin control
Este departamento es el segundo más poblado del país, con 1,426,830 habitantes según el Censo de Población y Vivienda realizado en 2018. Tiene una frontera terrestre de 571 mil 986 kilómetros y nueve de sus 33 municipios colindan con el sur de México.
Es habitado mayoritariamente por los pueblos indígenas como el pueblo Mam, Chuj, Q’anjob’al, Akateko, Chalchiteko, Chuj, Popti, Tektiteko y en menor cantidad por mestizos.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se registran cruces fronterizos vehiculares informales entre los dos países, lo cual facilita el transporte y tránsito ilegal de drogas, personas, armas y otros. Huehuetenango es como un portón completamente abierto.
Según el sitio InSight Crime, en sus investigaciones la presencia del Cártel del Golfo, de Sinaloa y Los Zetas, que operan constantemente en este territorio fronterizo para mantener el suministro de drogas en Centroamérica, lo usan también como depósito para facilitar el traslado de los ilícitos.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es uno de los grupos que mantiene vínculos con narcotraficantes locales.
La disputa de la plaza entre “el Mencho”, líder del CJNG y los hijos del “Chapo” Guzmán por el control de los municipios frontera de Chiapas con Huehuetenango, se agudizó en el último mes, el CJNG y el cártel de Sinaloa mantuvieron enfrentamientos a lo largo de Comalapa hacia la Mesilla en territorio mexicano, según publicaciones de Insight Crime e Infobae.
El 14 de diciembre de 2021, el Ministerio Público (MP) dio a conocer detalles de una investigación en la que relacionaron 21 capturas en Huehuetenango, Petén, Escuintla y Alta Verapaz, con la agrupación CJNG.
La investigación proveniente desde 2018 refería a que integrantes del Ejército también estaban vinculados a la estructura y que con ellos se concretaron negocios para orientar el paso y operación de la agrupación criminal por vía terrestre y aérea.
Este año, se reactivaron las alarmas en el territorio huehueteco. El 16 de marzo se registró un ataque armado en La Democracia. Un grupo atacó con fusiles a personas que se transportaban en un vehículo tipo picop.
Durante varios años se ha mostrado el control de agrupaciones vinculadas al narcotráfico en territorio huehueteco. Incluso, varios diputados, diputadas y alcaldes fueron señalados de ser parte de estas agrupaciones delictivas o de favorecerlas.
En septiembre de 2021 circuló un video en redes sociales en donde un presunto sicario, señaló al alcalde del municipio de Nentón, Rudi Gordillo Velasco de estar vinculado a la organización criminal en Sinaloa y que se dedica a las extorsiones y al secuestro de migrantes.
Gordillo Velasco entró a la alcaldía de Nentón en 2007 fue Concejal I con la Gran Alianza Nacional (GANA), en 2011 fue electo Alcalde municipal con el Frente Republicano Guatemalteco FRG, se reeligió con el partido Líder de Manuel Baldizón en 2015 y 2019 ganó nuevamente como alcalde del mismo municipio por la agrupación FCN-Nación. Velasco lleva 16 años al frente de la municipalidad.
En la campaña electoral de 2019 acompañó a la diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera, quien ganó las pasadas elecciones con el partido UCN y ahora corre por la reelección con Vamos.
Sofía Hernández es una diputada cercana a Giammattei y a Conde Orellana y que lleva en su apellido el vínculo con el narcotráfico y el control del territorio huehueteco.
La vieja política y el narcotráfico
El 18 de marzo de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer las sanciones bajo la Ley Magnitsky a los principales integrantes del cártel de los Huistas, quienes desde la década de los 90 mantienen el control en una parte del territorio de Huehuetenango.
La aplicación de la Ley Magnitsky se emite contra personas dedicadas al trasiego de drogas confabulados con cárteles mexicanos y también al sicariato.
El vínculo más importante que se dio entre esta agrupación criminal y la clase política guatemalteca, surge con Sofía Hernández la exintegrante de la directiva del Congreso de la República.
Su hermano Henry Hernández Herrera fue detenido en el municipio de Santa Ana Huista el 20 de enero de 2021 y confesó sus nexos con esta estructura delictiva.
Ese mismo año a través de un procedimiento abreviado él aceptó los cargos y sus nexos con el cartel de Los Huistas. La jueza Ericka Aifán, quien llevó el caso, le suspendió condicionalmente la pena porque no superaría los tres años y por lo tanto fue dejado en libertad.
Siete meses después de la detención de Henry Hernández, fue detenido uno de los sobrinos de la diputada, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, integrante del cartel. La Hora confirmó que Augusto Castillo fue requerido por los Estados Unidos por los cargos de Conspiración Internacional para la Distribución de Sustancias Controladas.
El 16 de enero de 2022, Henry Hernández fue acribillado, tenía impactos de arma de fuego en piernas y abdomen, además su cadáver fue abandonado en la palangana de un picop que fue ubicado en el municipio de Jacaltenango, Huehuetenango.
La vicepresidenta del Congreso
Sofía Hernández ganó su primer periodo como congresista en las elecciones de 2011 con el extinto Partido Patriota, luego estrechó vínculos con el partido Líder con quien consiguió su segundo periodo en 2015.
En 2019, Hernández ganó una curul con el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), partido del narcotraficante Mario Estrada Orellana, extraditado y condenado en los Estados Unidos en febrero de 2020, por participar en una conspiración para importar y distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos.
La diputada fue la primera vicepresidenta de la junta directiva del Congreso , junto a Allan Estuardo Rodríguez, del partido Vamos, quien tiene control de las estructuras partidarias de Vamos en Sololá.
De los vínculos familiares con el cartel de Los Huistas, la diputada fue incluida desde julio de 2022 en la Lista Engel, como un actor que favorece la corrupción en Guatemala, señalada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Una lista que comparte con la actual Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, el fiscal José Rafael Curruchiche Cucul y empresarios como Ramón “Moncho” Campollo Codina, del grupo Campollo, a quien el medio Vox Populi afirma que es financista de Giammattei, Zury Ríos y Sandra Torres.
Sofia Hernández esta vez cedió la primera casilla por el partido Vamos en Huehuetenango a su hijo Érick Geovany Martínez Hernández quien en 2019 logró una diputación con el partido UCN. La otra hija de Sofía es la también diputada Karla Andrea Martínez Hernández, quien ahora busca llegar al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La hija de la diputada está casada con Jaime José Regalado Olivas, ex diputado y embajador de Guatemala en Nicaragua. En una publicación de Nómada lo muestra como exlobista contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG en los Estados Unidos.
En su cuenta personal de twitter @jaimeregaladogt se refiere así mismo como un agroganadero, es originario del departamento de Petén y 2018 la detención de un colombiano de nombre William Darío Molina Ruiz, lo involucró en el lavado de dinero por Q53 millones, siete años antes un informe de Insight Crime lo vinculó a una de las estructuras del narcotráfico con el Cartel del Golfo.
Para las elecciones 2023 en la casilla dos del mismo departamento con el partido oficial también está el actual diputado Joel Rubén Martínez Herrera. Desde 2003 está en el Congreso y ahora busca nuevamente su reelección. Su hijo Christian Joel Martínez Juárez, lo acompaña y se ubica en la casilla cuatro por el departamento de Huehuetenango.
La primera vez que Joel Martínez llegó a ser diputado lo hizo a través del partido Unión Democrática (UD), espacio en dónde conoció a Manuel Conde Orellana, siendo secretario general de ese partido político y candidato a la presidencia en 2007.
Luego Martínez Herrera saltó al PAN, partido con el que alcanzó un segundo periodo como diputado distrital por Huehuetenango en 2007, en 2011 logró su reelección por un tercer periodo. Martínez Herrera migró para el partido de Manuel Baldizón y en Líder logró el cuarto periodo como diputado, completando el quinto periodo en 2019 con FCN-Nación.
Una aplanadora multicolor en el Congreso
Conde Orellana siempre ha sido aliado de la persona que ocupa la silla presidencial. Apoyó a Jimmy Morales cuando la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como 20 años atrás, fue respaldo de Jorge Serrano Elías como secretario general de la Presidencia.
Pero sus vínculos no solo se restringen a Jimmy Morales. Conde tiene una vieja amistad con Alfonso Alonzo, el exministro de Ambiente de la administración del FCN- Nación, quien en 2017 le dio un contrato a Carlos Estuardo Conde Orellana, hermano del presidenciable para cabildear una iniciativa de ley en la cual se aprobaría el manejo sustentable de la cuenca del Río Motagua.
Este cabildeo y asesoramiento que hizo, tuvo un costo de Q225 mil para el Estado. Alonzo y el candidato de Vamos se conocieron durante la firma de los Acuerdos de Paz, Conde presidió la Comisión de Reconciliación Nacional y Alonzo fungió como coordinador del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Con el Gobierno de Alejandro Giammattei, también ha sido una pieza clave para mantener una alianza entre partidos y avanzar en la agenda que le interesa al gobierno por medio de la aprobación de decretos en el Congreso.
En una entrevista a Prensa Libre el 6 de junio, Manuel Conde reconoció la existencia de una alianza oficialista, que desde el Congreso ha respaldado las iniciativas trasladadas por Giammattei y Miguel Martínez.
“Es fácil ver cómo vota la gente en el Congreso. Yo les puedo decir que el único partido de los 12 que se desmarcó de la alianza es el partido Viva, ellos se desmarcaron y nunca más acompañaron las votaciones. Todos han seguido votando, incluidos tres de los diputados que son candidatos del partido Cabal”, mencionó.
Vamos ha conseguido el apoyo a varias iniciativas del Ejecutivo con bancadas como UCN, Todos, Prosperidad Ciudadana, y disidentes de otras agrupaciones, siendo el respaldo más significativo el de la numerosa bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El bloque de Sandra Torres votó en temas claves como el Presupuesto Nacional. Este apoyo se produjo a cambio de la inscripción de Torres como candidata presidencial, según una publicación del Diario La Hora.
Desde el Legislativo, el oficialismo ha logrado la designación de funcionarios aliados en entidades claves que han tenido incidencia en las inscripciones de candidatos como la fiscal general, María Consuelo Porras, al Contralor General de Cuentas (CGC), Frank Helmuth Bode y al procurador de los Derechos Humanos Alejandro Córdova.
De la elección a Contralor General, el oficialismo necesitó de la alianza con Luis Suárez Roldan, el exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Usac.
Con la cooptación de las autoridades universitarias, el Consejo Superior Universitario (CSU) se ha movido en esa línea a cambio Luis Suarez se ha convertido en el vicepresidenciable del oficialismo.
Luis Suárez, excandidato a rector de la USAC, es postulado a la vicepresidencia por el partido VAMOS
En octubre de 2022, la alianza oficialista aprobó con 99 votos a favor la Ley Temporal de Desarrollo Integral, que dispuso favorecer a cerca de 90 mil veteranos militares con un pago de Q36 mil cada uno. Esta es otra de las leyes que le interesaban al Ejecutivo.
La votación mayoritaria de los 99 diputados a favor se logró por las alianzas del oficialismo: Vamos, 16; Viva, 6; Todos, 7; Bien, 5; UCN, 11; UNE, 34; Pan, 1; CREO,1;Podemos,1;FCN, 8; Prosperidad Ciudadana, 3; Partido Humanista, 2; Valor, 1; Semilla, 1; e independientes, 2.
La ley fue rechazada desde su inicio por organizaciones de derechos humanos en Guatemala y asociaciones de familiares de víctimas del Conflicto Armado Interno, quienes consideraron la ley como un resarcimiento a militares que tuvieron participación y comisión de delitos de lesa humanidad durante la contrainsurgencia.
La alianza multicolor fue evidente con la declaración de estados de calamidad.
El 11 de octubre de 2022, Con el aval de 110 diputados oficialistas y aliados, el Congreso aprobó el estado de calamidad decretado por Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros, por los daños causados por el ciclón Julia.
Vamos:16; Viva: 6; Todos: 6; Bien: 6; Independientes: 2; UCN: 11; UNE: 40; CREO: 3 PAN: 1; PODEMOS 1; Prosperidad Ciudadana: 3; FCN-Nación: 8; Partido Humanista: 5; Semilla 1; y Valor 1.
En julio de 2022, de los 160 diputados de la actual legislatura en el Congreso de la República, 144 votaron a favor de elegir a José Alejandro Córdova Herrera para el cargo de titular de la PDH.
Vamos:15; Viva:7; Todos:5; Bien: 5; CREO: 5; Valor: 10; UNE: 49; Winaq: 1; Victoria: 2; FCN: 8, Semilla: 2; UCN: 12; Unionista: 3; Independientes: 2; PAN: 2; Podemos: 1; URNG: 3; Prosperidad Ciudadana: 3; y Humanista: 7.
El mismo Conde Orellana ha sabido moverse como un operador político dentro del Congreso y el Ejecutivo, pero también en las Cortes. Su incidencia se extiende a la Corte Suprema de Justicia con la magistrada Silvia Valdés Quezada, con quien tiene una fuerte amistad desde sus tiempos estudiantiles en la Universidad Rafael Landivar (URL).
En Guatevisión se le señala de tráfico de influencias para favorecer a sus familiares, uno de los casos sonados es el del hermano Carlos Estuardo Conde Orellana, otro caso es el de Franklin Flores Mayorga hijo de su pareja Sandra Mayorga. Al mismo candidato presidencial del partido Vamos se le señala de violencia y actos misóginos según una publicación de elPeriódico en 2013.
Un proyecto con señalados por corrupción
Conde va acompañado de personajes cuestionados no sólo por la cercanía con Giammattei sino por su vinculación en actos de corrupción y antecedentes criminales.
En las primeras tres casillas del listado de diputados del partido oficial Vamos para el departamento de Sololá se incluye al expresidente del Congreso, Allan Rodríguez.
En 2022, el diputado fue sancionado con la Ley Global Magnitsky de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Rodríguez llega junto con su hermano en la segunda casilla y en la tercera se ubica a la integrante del Consejo Consultivo de la Defensoría de la Mujer Indígena de la localidad. En una publicación de elPeriódico se le vincula a una red de constructoras que utiliza por medio de testaferros, una de las más activas es la que tiene con Shirley Rivera -expresidenta del Congreso- y con Alma Lucrecia González Lemus propietaria de varias constructoras.
En el departamento de Quiché para la primera casilla figura Edmundo Lemus Cifuentes, el primer ministro de comunicaciones del gobierno de Giammattei y actual diputado por el partido oficial. En su historial también se constata que fue contratista del Estado y figura como señalado en el caso Libramiento de Chimaltenango.
Cuando el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), estuvo bajo el mando del diputado y exministro de Comunicaciones, Edmundo Lemus, continuó beneficiando a las cuatro constructoras implicadas en el caso del “Testigo A”, que se reveló en la investigación periodística de los medios internacionales El Faro y CNN en Español, que señalan un posible financiamiento electoral anómalo a la campaña del presidente Giammattei.
Las entidades beneficiadas fueron: Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM) Sociedad Anónima (S.A.) de Alejandro Matheu Escamilla, Constructora J.J.R.M., S.A., Proyectos Múltiples Prourba de Rafael Ricardo Bonilla Miyares y Coamco, cuyo representante legal es Juan Pablo Mansilla Morales, las cuales son mencionadas en la publicación del medio digital salvadoreño El Faro, como una estructura de corrupción de obras públicas durante el gobierno de Morales, que buscaba seguir operando en la administración de Giammattei por medio del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
Un discurso ultraconservador con pasado antidemocrático
Manuel Conde Orellana conformó y dirigió un bloque de diputados y diputadas al rededor de la agenda conservadora y antidemocrática en el país. Durante el período legislativo del gobierno pasado giró entre el lobby y las acciones contra Iván Velásquez, jefe de la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI.
Conde Orellana continuó con el discurso profamilia y soberanía (proimpunidad) en el presente gobierno, llevó una agenda paralela a favor del reconocimiento del Estado de Israel y se acercó a la línea conservadora de la parapolítica uribista de Colombia.
El Negro Conde formó parte de la “Comisión de la Verdad”, presidida por Juan Ramón Lau e integrada por Luis Hernández Azmitia, en la cual realizaron un proceso sumario contra la CICIG y FECI. Realizaron 41 audiencias en las que le dieron voz a señalados por delitos de corrupción e impunidad, investigados por CICI y la FECI.
El espíritu antidemocrático del candidato presidencial de Vamos, al igual que su ideología y valores tienen fuertes cimientos que vienen desde la contrarrevolución de 1954, el liberalismo y el anticomunismo heredados de su familia.
Dos generaciones de políticos y funcionarios públicos anteceden a Manuel Eduardo Conde Orellana, se trata de su padre Oscar Conde y su abuelo Manuel Ángel Orellana Portillo, ambos ex congresistas vinculados a la extrema derecha guatemalteca.
Su abuelo es considerado uno de los “más rancios representativos del “Liberacionismo” y del anticomunismo en Guatemala, referencia que se hace en uno de los trabajos de investigación de Ana Patricia Borrayo Morales -Las transiciones políticas: del Ydigorismo al gobierno militar de Peralta Azurdia (1958-1966)-.
El Proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) documentó que era originario de El Progreso, miembro del Movimiento Democrático Nacional (MDN), luego directivo Comité Cívico Anticomunista y miembro del MLN hasta 1966. Orellana expresidente del Congreso murió asesinado por una de las estructuras de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).
Fue uno de los cuadros activos durante el IV Congreso Latinoamericano anticomunista en la Antigua Guatemala de 1958, organizado por la Confederación Interamericana del Continente CIDC. Esta presencia del anticomunismo latinoamericano se describe en el libro “La presencia guatemalteca en los Congresos anticomunistas latinoamericanos (1954-1980)” del investigador Juan Carlos Vázquez Medeles.
El Movimiento para la Liberación Nacional (MLN) fue el espacio de convergencia de las fuerzas de extrema derecha -paramilitares y partido político- en Guatemala financiadas y apoyadas por el gobierno de Dwight David «Ike» Eisenhower desde los Estados Unidos que, en junio de 1954 derrocaron al gobierno revolucionario del Coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
Conde tiene 66 años y continúa siendo el secretario general del Partido de Avanzada Nacional (PAN), un longevo partido que surgió a finales de los años 80 y que logró sobrevivir hasta la actual elección general 2023.
Conde logró reelegirse como diputado al Congreso con el PAN, junto a Eduardo Zachrisson Castillo, los únicos dos legisladores electos en 2019, lo que le ha permitido ser jefe de bloque y tener los beneficios de serlo.
En 1991, con 34 años, fue nombrado como Secretario General de la Presidencia, del gobierno de Jorge Antonio Serrano Elías.
Serrano fue elegido presidente por el Movimiento de Acción Solidaria (MAS), un partido de corte conservador que aglutinó a sectores de la derecha y de la iglesia evangélica.
La periodista Ana Carolina Alpirez contó en un artículo del desaparecido medio digital Nómada que, el MAS tras la victoria en la elección de 1992 hizo una alianza en el Congreso para gobernar, se le llamó la “Trinca Infernal” y reunió a fuerzas como la Democracia Cristiana (DC), Unión del Centro Nacional (UCN) y el bloque del MAS.
Fue diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) de 1991 a 1996, al mismo tiempo se desempeñó como Secretario General de la Presidencia y primer presidente de la Comisión de Paz del Gobierno de la República, con la que se inició la discusión de los acuerdos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Es abogado y notario, con especialización en Derecho Constitucional y resolución de conflictos, consultor internacional, docente universitario, diputado al Congreso por 16 años desde 2003.
Conde continuó dentro de la Comisión de Paz, luego del autogolpe de Estado dado por Serrano Elías, lo que le permitió incorporarse a las filas del PAN, el mismo partido con el cual Álvaro Arzú Irigoyen, logró la presidencia en 1994.
Gobierno durante el cual se daría el cese al fuego entre la guerrilla y el ejército de Guatemala. Luego en 1996 vendría la firma de los Acuerdos de Paz.
Miguel Ángel Sandoval uno de los integrantes de la comisión de diálogo por parte de la guerrilla guatemalteca recuerda que el papel de Manuel Conde en esta primera comisión no fue relevante, al contrario en el momento de plantear los acuerdos en relación a derechos humanos, el establecimiento de una comisión internacional, Conde saltó de inmediato en rechazo, lo mismo que el Gobierno de ese entonces, el de Serrano Elías recuerda.
En 2003 Conde Orellana se lanzó por primera vez como candidato presidencial, fue nominado con el Movimiento Social y Político Cambio Nacional, quedando en el último lugar con solo 10,830 votos a nivel nacional. Cuatro años después lo intentó con el partido Unión Democrática (UD), partido del que fue secretario general de 2006 a 2008.
Al frente de este partido, Conde Orellana se relacionó con personajes que en la actualidad son señalados de corrupción o narcotráfico como Víctor Hugo del Pozo, Edwin Armando Martínez Herrera, Augusto Gómez Sosa, Graciela Emilenne Mazariegos por citar algunos.
El medio digital ConCriterio afirma que Conde Orellana en 2003 obtuvo únicamente el 4% del total de los votos, luego en la elección siguiente el 1%. El ahora candidato presidencial del partido oficial no ha podido pasar del 4.7% de la intención de voto previo a la primera vuelta electoral.
En 2015 Conde Orellana volvió por un cargo de elección popular y se lanzó como candidato al Congreso de la República por el listado distrital a través del PAN, cuatro años después por el listado nacional, con lo que completó dos períodos como legislador de manera ininterrumpida.
El PAN, un vehículo familiar
Si bien ahora Conde representa al oficialismo a través del partido Vamos, el partido de Avanzada Nacional (PAN), sigue siendo su vehículo político, su actual compañera, la abogada Sandra Nineth Mayorga López es la secretaria general de este partido. En esa agrupación sus familiares y amigos figuran en el listado nacional de candidatos a una curul en el Congreso.
La secretaria general del PAN, Sandra Mayorga es comerciante y se mueve en mundo de la estética, tiene cuatro empresas a su nombre: Academia de belleza y spa Smile y Stephany, Estética & Smile Stephany, Estética Smile & Stephany y el último con su nombre, empresas con los nombres de sus dos hijos.
Mayorga fue candidata al Congreso por el PAN en 2015 y en el proceso electoral pasado lo hizo para el Parlamento Centroamericano (Parlacen), desde 2020 es asesora del diputado Conde Orellana en el renglón 022 en el Congreso de la República.
De no ganar la presidencia, Conde tendría influencia política a través de ella y uno de los hijos de Mayorga López, que podría ser elegido para un cargo en el Organismo Legislativo con dicha agrupación política. Se trata de Franklin Smile Flores Mayorga, quien fue inscrito en la primera casilla por el distrito central.
Conde, hasta ahora, ha realizado diferentes visitas a departamentos y territorios del país. Llega vestido con una camisa celeste o blanca arremangada, jeans azules, botas y un sombrero café. Saluda a las personas, se toma fotos con ellos y da sus discursos.
Pero su imagen es poco cercana a la población y para esto su equipo de campaña ha buscado opciones, una de estas es una botarga que se presenta a los mítines. Es un muñeco vestido de la misma forma que el candidato, sonriente y con bigote.
A pesar de las estrategias, Meme Conde no tiene mayor presencia en las encuestas. La firma ProDatos mostró que lo superan Sandra Torres, Edmond Mullet y Zury Ríos, en otras encuestas y lecturas digitales a este grupo se suma Manuel Villacorta pero Conde sigue por debajo del 5%.
Encuestas en las que Conde no cree. “Son trajes a la medida de quien las paga, quién certifica a los encuestadores, quién evalúa la muestra…”, cuestiona a uno de los entrevistadores de un programa de televisión.
Pero aunque señala que no cree en dichas mediciones asegura que en la encuesta final “lo que va a pasar es que me van a poner en segundo lugar casi alcanzando al primero porque saben que en esa posición voy y van a quedar muy mal después del 25 de junio”.
