Blanca Alfaro es magistrada titular del TSE desde marzo de 2020. Fue una de las abogadas del ex dictador José Efraín Ríos Montt, alcaldesa de Masagua y candidata vicepresidencial con Edwin Escobar en 2019. Ahora es una de las encargadas de tomar decisiones relacionadas al actual proceso electoral, en el que más de 9 millones de guatemaltecos empadronados elegirán a las nuevas autoridades, en una gestión marcada por señalamientos de opacidad y fraude.
Por Prensa Comunitaria
La actual magistrada Vocal III del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Odilia Alfaro Guerra, es doctora en derecho a los 52 años de edad, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y originaria del municipio de Masagua, en el departamento costero de Escuintla en el Pacifico guatemalteco, a unos 74 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
En 2020 con tan solo dos meses de haberse instalado el nuevo Congreso de la República, Blanca Alfaro fue electa como magistradas del TSE. Dos son las únicas mujeres que integran las cinco magistraturas titulares y tres suplentes de este tribunal. La segunda es Irma Elizabeth Palencia Orellana, actual presidenta del tribunal.
En el mes de marzo de 2020, Alfaro logró el apoyo del pleno del Congreso de la República para ser electa como magistrada titular, en ese momento el país recién comenzaba la pandemia, y la abogada consiguió 139 votos de los 160 votos de diputados que integran el pleno, es decir Alfaro logró el 87% del apoyo legislativo.
Ese alto porcentaje y bloque de diputados que votaron a favor de ella, se le conoció días después como el pacto de corruptos dentro del legislativo. Junto a Alfaro fueron electos Mynor Custodio Franco, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Irma Elizabeth Palencia Orellana y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, como Magistrados Titulares.
Tres años después, en pleno proceso electoral la magistrada fue la única de los cinco que razono su voto, en la resolución del tribunal que deja de momento fuera del proceso electoral al binomio Thelma Cabreara – Jordán Rodas Andrade, fórmula presidencial del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos MLP.
Una polémica carrera política
La actual magistrada Blanca Alfaro tuvo un intento fallido por llegar a la vicepresidencia en 2019, fue propuesta por el partido Prosperidad Ciudadana, junto al exalcalde del municipio de Villa Nueva, Edwin Escobar. Alfaro y Escobar fueron rechazados por el TSE y no fueron inscrito por la falta del finiquito del exalcalde, con esto quedaron fuera del proceso electoral pasado.
En una investigación de 2021 del medio Vox Populi, se señala que el partido por el que intento correr la magistrada en ese momento, fue financiado por la empresa Capital del Sur, Sociedad Anónima, una de las empresas de la familia y Grupo Campollo. Financiamiento que recibieron además los partidos políticos: VAMOS, VALOR y la UNE, el primero el partido de Alejandro Giammattei, el segundo de Zury Ríos Sosa y el tercer de Sandra Torres Casanova.
En 2018 las caras principales del sector empresarial guatemalteco pedían perdón públicamente por financiar de manera ilícita a los partidos políticos: “Pedimos disculpas a Guatemala”, dicen empresarios que financiaron a FCN-Nación, citó el titular de Prensa Libre.
Alfaro ya sabe qué es hacer política y ocupar un puesto de elección popular. Antes de llegar a ser electa como magistrada del TSE, fue alcaldesa de Masagua, su lugar de origen. Su primer período fue en el año 2012 con el extinto Partido Patriota (PP), durante su gestión fue cuestionada por gastar Q90 mil en biblias con fondos públicos, para entregarlas a los pastores del municipio, como documentó el medio Ojoconmipisto.
Luego, en 2015, se reeligió con el también desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder) del excandidato presidencial Manuel Baldizón, pero renunció en marzo de 2016, argumentando problemas de salud.
De las tres agrupaciones políticas en las que Alfaro buscó un puesto público, solo una sigue vigente, el PP y Líder fueron cancelados luego de señalamientos de corrupción y el encarcelamiento de sus principales figuras dirigenciales.
Del partido Prosperidad Ciudadana, con el cual buscó la actual magistrada intento llegar a la vicepresidencia, también fue cuestionado luego de que se descubrió que el diputado Jorge García Silva y su familia, sustrajeron por lo menos Q21 millones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Gracia Silva ha tenido el apoyo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a tal punto que ha evitado el antejuicio en su contra y con esto la investigación del Ministerio Publico (MP) por este robo millonario.
El diputado logró durante la primera semana de marzo, su inscripción para buscar la reelección en el Congreso pese a que hay una solicitud de antejuicio en su contra, ahora participando con el Partido Popular Guatemalteco, del caso Insivumeh su esposa e hijo están ligados a proceso penal.
Sus resoluciones en el TSE
El actual TSE ha sido cuestionado por organizaciones internacionales y nacionales por sus diferentes criterios al momento de resolver, sobre la inscripción o no de determinados aspirantes a un cargo público.
Por su lado el Mirador Electoral, denuncio en un informe publicado en marzo de 2023, afirma que políticos señalados en casos graves de corrupción o crimen organizado, ven en los partidos políticos y las elecciones la protección durante 4 años, con la inmunidad que reciben de ser electros a cargos de elección popular. Mirador Electoral: “El TSE está facilitando la inmunidad a personajes con procesos penales y antecedentes oscuros”
Contrario a la decisión del resto de titulares del TSE, la magistrada Alfaro fue la única que razonó su voto en la inscripción del binomio conformado por Thelma Cabrera y a Jordán Rodas.
Alfaro considera que ambos debían participar en las elecciones generales de este año, puso como ejemplo su situación en las elecciones de 2019, cuando no se le permitió participar a su binomio por la ausencia de finiquito del exalcalde Edwin Escobar, quien buscaba la presidencia.
La vocal lll votó para revocar la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda, quienes habían sido inicialmente inscritos por el TSE.
En el más reciente informe la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOEG), conformada por siete organizaciones, señala la aplicación de criterios diferenciados y discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de candidaturas, “situación que pone en duda la independencia y ecuanimidad del TSE”. Según el informe se identifican al menos 13 candidatos inscritos que enfrentan procesos de antejuicio a quienes se les permite participar.
El TSE también ha sido cuestionado por su discrecionalidad en las compras de dicha institución. El último contrato, sobre adquisición de sistema informático otorgado a Datasys por Q148.8 millones, enfrenta un amparo presentado por la empresa PBS que asegura cumplía con todos los requisitos y que presentaba un precio más barato, unos Q113 millones.
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Su vinculación con la familia Ríos Montt y Sosa
El exdictador José Efraín Ríos Montt, enfrento en el año 2006 un proceso penal por los delitos de homicidio preterintencional, coacción, amenazas y sedición, esto por el caso conocido como Jueves Negro y Viernes de Luto, Blanca Alfaro Guerra en ese momento formó parte del equipo de abogados que realizaron la defensa de Ríos Montt.
En el mes de julio de 2003 el Frente Republicano Guatemalteco FRG, dirigido por Ríos Montt movilizó a sus bases y grupos de choque a la ciudad de Guatemala, para reclamar su inscripción como candidato a la presidencia, esto frente al rechazo de su inscripción por la prohibición constitucional que, militares o civil que den un golpe de estado en Guatemala tienen desde 1985.
Ríos Montt, exgeneral del ejercito de Guatemala y quien tomó el poder político de Estado, tras el golpe de estado en 1982, vio frustrado su deseo de ser candidato presidencial para las elecciones de 2007, por la prohibición constitucional que se establece en el artículo 186 de la Constitución Política de la Republica.
Prohibición que también se le aplica a Zury Ríos Sosa, hija del exdictador y que, ratificó la Corte de Constitucionalidad en 2019, 2015 y en 2011, argumentó Ríos Sosa que la falta de recursos no la dejarían competir a la presidencia.
El TSE en este proceso electoral 2023 no rechazó la inscripción de Zury Ríos Sosa, a pesar de los antecedentes de las dos elecciones anteriores y del antecedente directo de su padre José Efraín Ríos Montt en 2003.
Caso que el juez Víctor Hugo Herrera Ríos resolviera sobreseer -anular- a favor de Ríos Mont y 16 funcionarios mas señalados de los hechos criminales del 24 y 25 de julio de 2003.
Diez años después, Ríos Montt fue condenado por el Tribunal de Mayor Riesgo A, por delitos de lesa humanidad por el Genocidio contra el pueblo Ixil durante el periodo de 1982-1983. La condena fue de 80 años de cárcel por el asesinato de 1,171 ixiles y el desplazamiento forzoso, la privación de alimentos, la tortura, y la violación y violencia sexual sistemática.
Una familia dedicada a la política
La rama de la familia Alfaro de la que desciende la magistrada, migró desde Agua Blanca, Jutiapa, en el oriente del país, al departamento de Escuintla en la década de los 70, en donde comenzaron a trabajar en la producción agrícola y luego se dedicaron a la ganadería.
De Agua Blanca era originario su progenitor, Marcos Augusto Alfaro Lemus, quien luego fue cuatro veces alcalde del municipio de Masagua, hasta su fallecimiento en ejercicio del cargo, el 13 de mayo 2004. Años después, la ahora magistrada le sustituyó en la alcaldía municipal, donde fue electa en el período 2011-2015 por el PP como alcaldesa.
Las vinculaciones políticas de la magistrada no quedan hasta allí, Juan José Alfaro Lemus (tío por línea paterna de Alfaro Guerra), fue electo en 1990 como diputado por lista nacional del partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS) del golpista Jorge Serrano Elías, quien asumió como diputado al Congreso de la República el 14 de enero de 1991, y fue electo como integrante de la Junta Directiva del Congreso como lo acreditan documentos de la época.
El poder político que alcanzó Juan José Alfaro permitió que, para las elecciones municipales de mayo de 1993, Guillermo Armando Alfaro Sagastume, hermano de Juan José y también de Marcos Alfaro, fuera electo como alcalde municipal de Agua Blanca, Jutiapa.
Para esa fecha la Constitución Política no había sido reformada, por ende, había municipios de distintas categorías, lo que influía para que existieran municipios que elegían corporaciones municipales por períodos de dos años y medio, y otros por períodos de cinco años, por lo que había posibilidad de elecciones intermedias.
En agosto de 1993, luego del “Serranazo”, como se le nombró al golpe de estado del ex presidente Jorge Serrano Elías; Juan José Alfaro Lemus, al haber integrado la Junta Directiva del legislativo, y haberse vinculado directamente con las acciones de Serrano Elías, fue incluido en la lista de diputados “depurables”, y tuvo que dejar el Congreso por esas razones.
Pero, en la política existe oportunidad del resurgimiento, y el tropiezo en la carrera política que implicó “El Serranazo” para Juan José Alfaro, no impidió que diez años después, triunfara como alcalde de la cabecera del departamento de Escuintla, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En el actual proceso electoral 2023, el hijo de Juan José Alfaro; Oscar Oswaldo Alfaro Sierra, primo de la magistrada Blanca Alfaro, buscará la elección como alcalde municipal de Masagua por el partido Valor, agrupación política de Zury Ríos, hija del exgeneral golpista José Efraín Ríos Montt, de quien la magistrada fue abogada en 2006.
En la administración gubernamental de Alfonso Portillo (2000-2004), la magistrada se desempeñó como viceministra de trabajo, gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y fue financista del extinto partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), agrupación política del exgeneral Ríos Montt y de su hija Zury Ríos.
Otro primo de Blanca Alfaro, Ramiro Humberto Guerra Cameros ha sido relecto como alcalde municipal de Agua Blanca, Jutiapa por varios períodos, iniciando en 2003 con el FRG, luego volvió a la alcaldía en 2011, 2015 y en 2019.
Los lazos familiares y políticos se extienden también a Rudy Haroldo Nájera Sagastume, originario de la aldea Papalhuapa, Agua Blanca, Jutiapa y actual directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). La magistrada Alfaro es esposa de Nájera Sagastume, hermano del diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume.
El cuñado de la magistrada del TSE ha sido diputado en el Congreso de la República por el departamento de Jutiapa, de forma ininterrumpida desde el año 2000, aunque forma parte de la UNE con Sandra Torres, ahora busca la reelección en lista nacional por el partido Todos.
Dos de los hijos de la magistrada Alfaro, también trabajan en el Estado, su hija Concepción Argentina trabaja en la Procuraduría General de la Nación (PGN) y su hijo, Rudy Augusto de Jesús en la Dirección General de Caminos.
Contratos familiares con el Estado
Un reportaje de elPeriódico evidencia que, desde la llegada de Blanca Alfaro al TSE, su esposo, Rudy Nájera, y a su hijo, Rudy Augusto, fueron beneficiaron con contratos de arrendamiento y por servicios profesionales.
Nájera Sagastume, dio en arrendamiento al Registro Nacional de las Personas (RENAP) una finca ubicada en la 4a. avenida de la zona Cero de Masagua, Escuintla.
El primer acuerdo, para que el bien fuera cedido temporalmente a esa entidad, se formuló el 19 de agosto de 2019. En el convenio se estipuló un pago de Q72 mil por una concesión de 24 meses, iniciando la misma en enero de ese año.
Mientras que, Nájera Alfaro, hijo de la funcionaria, suscribió varios acuerdos de servicios profesionales en la Dirección General de Caminos (DGC) y uno en el Fondo Social de Solidaridad (FSS).
Producto de ello, obtuvo honorarios de por lo menos Q72 mil 516, según facturas entregadas a ambas dependencias. Dicho monto lo devengó Nájera Alfaro entre enero y junio de 2021. Posteriormente, firmó dos convenios con la DGC.
El polémico llamado a apoyar a Giammattei
En 2021, Alfaro fue cuestionada por pedir apoyo públicamente de los alcaldes municipales para el presidente Alejandro Giammattei. Lo anterior quedó grabado en un video de una reunión que sostuvo en el departamento de Quiché, en la misma aseguró que un “buen” jefe edil siempre se va a reelegir, además, los instó a apoyar al presidente. La actividad en la que expresó estos comentarios la organizó el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
“Un buen alcalde, decía el alcalde -Álvaro- Arzú (+) siempre se va a reelegir, porque la gente mira. La gente sabe lo que está pasando (…) Un presidente necesita buenos alcaldes y como el presidente -Alejandro- Giammattei representa la unidad nacional, necesita que ustedes lo acompañen en el proceso de ejecución de obras, necesita que sean conscientes de su planificación, necesita que sean cuidadosos con las reprogramaciones”, expresó la magistrada en su intervención.
