Por Regina Pérez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuenta, para las elecciones de 2023, con el mayor presupuesto de su historia, Q1 556 millones duplicando el de las elecciones de 2019, que fue de Q704.8 millones, sin embargo, el Mirador Electoral, un colectivo de organizaciones, señala que dicha institución realizó cambios a sus procedimientos internos para adquirir bienes y servicios dificultando la fiscalización y que se distingue por la opacidad y discrecionalidad en las compras.
Ante la opacidad en el uso de los recursos, las organizaciones que conforman el Mirador Electoral, Acción Ciudadana, Transparencia Internacional, Prensa Comunitaria, la RedNac-TP y la Asociación Mujeres Alas de Mariposa, también se pronunciaron por la exclusión de dos binomios presidenciales, el del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Podemos, por parte del Registro de Ciudadanos y de los magistrados en la primera fase del proceso electoral.
Luis Compá, de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos (RedNac-TP) por la Transparencia y Probidad, dijo, durante una rueda de prensa, que en 2022 el TSE emitió seis acuerdos por medio de los cuales cambiaron sus procedimientos internos, y a partir del Acuerdo 346-2022 estableció que los procesos de adquisiciones no deben publicarse en Guatecompras y deben estar en el sitio web del TSE.
No obstante, esto ha generado opacidad y falta de transparencia porque la información que publica el TSE es débil y no se logra establecer en qué estado se encuentran los concursos, qué proveedores se están adjudicando y cuáles son los montos que se adjudican, dijo Compá. Con esto se limita la fiscalización social de la ciudadanía, anotó.
Una de las adquisiciones que ha realizado el Tribunal ha sido el del servicio de Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso Electoral 2023 (TREP), generando cuestionamientos de los partidos políticos, que se pronunciaron sobre dicha compra en la reunión semanal con el TSE. Esta adjudicación fue por Q148 millones a la empresa Datasys.
Por otro lado, el Mirador Electoral expresó su preocupación por la exclusión que realizó el TSE de los partidos MLP y Podemos, confirmada el pasado jueves por la Corte de Constitucionalidad (CC) que rechazó una apelación de ambas organizaciones políticas.
Esta situación, dicen expertos, se conoce como el “derecho electoral del enemigo”, que es la aplicación de la ley de manera discrecional para algunos candidatos, para excluir a quienes resultan incómodos para el sistema dijo Eddie Cux, de Acción Ciudadana.
Cux indicó que usar de excusa el finiquito es una manipulación para poder violentar el derecho de elegir y ser electo. “Se evidencia más en el caso del binomio presidencial del MLP, porque sí se presentó el requisito, se inventaron un procedimiento nuevo para no permitir esa candidatura”, refirió.
A esa política se han alineado otras instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad (CC).
Preocupación por situación de la prensa
Simón Antonio, integrante del medio digital Prensa Comunitaria, que también forma parte del Mirador Electoral, manifestó que les preocupa que en un año electoral se persiga a columnistas y periodistas, en referencia a la solicitud que hizo la fiscal Cinthia Monterroso al juez Jimmi Bremer de investigar a nueve periodistas que formaron parte de elPeriódico por la cobertura que han dado al caso de Jose Rubén Zamora, fundador de dicho medio y director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Esta criminalización es por hacer su trabajo y por fiscalizar al poder, que es su función en un Estado democrático, indicó.
