Defensores de migrantes critican la nueva política de asilo de Joe Biden

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Créditos: Juan José Guillén / Prensa Comunitaria,
Tiempo de lectura: 6 minutos

 

Tropas del ejército estadounidense han sido movilizadas a la frontera sur. Según el gobierno, esta fuerza militar no participará en detenciones de migrantes, pero sí apoyarán las labores del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Mientras que, en Florida, el endurecimiento de las medidas migratorias provocó que decenas de personas en condición irregular empezaran a abandonar el estado la noche del miércoles.

Por Isela Espinoza y Shirlie Rodríguez *

Este jueves a medianoche quedará sin efecto el Título 42, activado en marzo de 2020 para contener la pandemia de COVID-19. Sin embargo, también ha sido utilizada para deportar sin mayores obstáculos y rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.

Ahora, los agentes de inmigración reforzarán la aplicación del Título 8 para procesar y expulsar a las personas que lleguen indocumentadamente y no tienen una base legal para permanecer. Bajo esta medida, las deportaciones conllevan un posible enjuiciamiento penal y la prohibición de reingreso durante al menos cinco años.

El miércoles, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, advirtió que el gobierno impondrá “duras consecuencias” a quienes intenten entrar de forma indocumentada en EEUU.

Enfatizó que los migrantes que no utilizan vías legales para ingresar a Estados Unidos no son elegibles para el asilo. El Departamento de Justicia también ha señalado que el Título 8 permite que el gobierno expulse a las personas que no establezcan un temor razonable de persecución o tortura. Los extranjeros “pueden refutar esta presunción basándose únicamente en circunstancias excepcionalmente convincentes”.

Defensores de los derechos de los inmigrantes advirtieron que esta política migratoria tendrá consecuencias para los más vulnerables. Jeremy McKinney, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) comentó a Univisión que ante los desafíos en la frontera, el gobierno de Biden “se encuentra caminando en una cuerda floja entre la gestión fronteriza eficaz y la protección humanitaria significativa”.

“Nuestras leyes de inmigración—y nuestros valores—garantizan el derecho a buscar asilo sin importar cómo alguien ingresa al país. Esta desviación de nuestras leyes y valores es inaceptable bajo cualquier circunstancia”, enfatizó McKinney.

Foto: Francisco Simón

Mientras, Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, comentó que “crear nuevas barreras al acceso justo al asilo y una serie de medidas punitivas destinadas a bloquear a la gente que se ve obligada a migrar es erróneo y perpetúa ópticas de corto plazo por encima de soluciones duraderas”.

En tres años, el Título 42 permitió la expulsión acelerada de más de 2.2 millones de migrantes. Para los defensores, esta cifra podría aumentar además de la expansión de detenciones y aprehensiones fuera de los lugares de culto.

Por el momento, para las familias migrantes que ya fueron detenidas en la frontera con México y que manifestaron su intención de solicitar asilo o que expresaron temor de persecución y tortura, el gobierno estadounidense habilitó el proceso Gestión de Expulsión Acelerada de Familias (FERM, por sus siglas en inglés) en el que someterá a la cabeza de cada una de las familias detenidas a utilizar un monitor de tobillo con GPS para vigilarlos de manera continua y los someterá a un toque de queda.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) agregó en un comunicado que los migrantes solteros y los que viajen con sus hijos “y no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados rápidamente y se les prohibirá la reentrada durante al menos cinco años”.

Militarización

Diarios locales, afirman que a horas de que finalice el Título 42, cientos de migrantes apresuran sus pasos para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México por temor y la incertidumbre que generan las nuevas políticas migratorias. En El Paso, Texas, algunos han decidido entregarse a las autoridades fronterizas para ser procesados.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sostuvo el miércoles una videollamada con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la que abordaron la situación en la frontera tras el fin del Título 42.  López Obrador dijo durante su conferencia matutina de este jueves que acordaron reforzar la frontera con Estados Unidos con efectivos de la Guardia Nacional de México “con la instrucción de no utilizar la fuerza”.

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“Ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera”, afirmó el mandatario. Agregó que, en este momento, ante la incertidumbre en la frontera hay muchos polleros (coyotes), “más que de costumbre”.

Horas antes del anuncio del presidente mexicano, la administración estadounidense ya había movilizado a 550 soldados, la mayoría del ejército, hacia varios puntos de la frontera sur de Estados Unidos.

John Cornelio, portavoz del Comando Norte de EE. UU., dijo que la misión de las tropas será apoyar al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en tareas de vigilancia, procesamiento de datos y apoyo de almacén. Agregó que otros 950 soldados se sumarán a finales de mes.

El martes, el general de brigada y portavoz del pentágono, Pat Ryder, aseguró que los militares “no llevarán a cabo ningún tipo de actividad policial ni interactuarán con los inmigrantes”.

“Promovemos una migración segura, humana y regular. Esto no quiere decir que nuestra frontera está abierta a la migración regular”, dijo Martha Youth, subsecretaria de Estado Adjunta Principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración.

En una conferencia indicó que hay expansión de vías legales como la reunificación familiar para Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia.  Más de 400 millones de dólares se invirtieron en países de Latinoamérica durante 2021 y 2022, para la atención a poblaciones vulnerables a la migración, según datos de funcionarios estadounidenses.

Con respecto a los centros de procesamiento regionales en Guatemala y Colombia, Youth no dio más detalles sobre cuando empezarán a funcionar, enfatizó que en estos se realizará una evaluación previa para las peticiones de asilo y acceder a vías legales. Puede ser para refugiados, asilo o migrar a Canadá y España, y solo atenderán a quienes tengan cita previa, indicó.

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La funcionaria dijo que han tenido comunicación con el presidente Alejandro Giammattei para coordinar las acciones que siguen al termino de esta medida, pero tampoco detalló cuáles eran los acuerdos.

“Reconocemos que este reto que estamos enfrentando ya se ha repetido bajo administraciones de presidentes de los dos partidos y no tiene solución si el Congreso no se une. Hay que actualizar las leyes de migración que están rotas y no funcionan “, dijo Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional.

Los funcionarios informaron que se han desplegado 24 mil agentes de cumplimiento de la ley de la Patrulla Fronteriza, más de mil personas de otras entidades de agencias del gobierno de EE. UU y esperan 1 mil 500 tropas del departamento de Defensa, todas para cubrir la frontera a la espera de miles de migrantes.

Florida endurece medidas migratorias

El miércoles por la tarde, Florida se convirtió en el estado con la ley más dura contra la inmigración indocumentada luego que el gobernador Ron DeSantis firmara la normativa H.R.1718 que, entre otras medidas, exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes, y asigna US$12 millones para el traslado de inmigrantes ilegales a otros estados.

“Sin embargo, una de las regulaciones más polémicas de la ley es que hace que el transporte a Florida de personas sin un estatus migratorio regulado sea un delito punible con hasta 15 años de prisión”, enfatiza una nota de Univisión.

DeSantis, que tiene intenciones de presentar su postulación a la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones generales de 2024, enfatizó al firmar la ley que se están preparando “para algunos tiempos turbulentos que se avecinan ante lo que sucede en la frontera”.

La medida provocó de decenas de inmigrantes empezaran a abandonar el estado la noche del miércoles.

Está previsto que este jueves la Cámara Baja vote sobre un proyecto de ley de seguridad fronteriza presentado por el Partido Republicano denominado “Frontera Segura 2023”. En este se prevé la contratación y capacitación de 22 mil agentes de la Patrulla Fronteriza y requiere la reanudación de la construcción del muro fronterizo como lo promocionó el expresidente Donald Trump.

Para la Casa Blanca, “Frontera Segura 20232” no hace nada para abordar las causas de la inmigración ya que reduce las protecciones humanitarias y restringe las vías legales “que son alternativas clave a la entrada ilegal”.

*Con información de diarios internacionales

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