Una buena parte de los nombres que aparecen en la lista encontrada en el hospital en donde estuvo recluido Gustavo Alejos, fueron electos para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Salas de Apelaciones el pasado 15 de noviembre. En la toma de posesión de los nuevos magistrados, a finales de ese mismo mes, asistieron varios personajes incluidos en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, así como personajes a quienes Estados Unidos les retiró la visa.
Por Carlos Estrada
El 28 de noviembre pasado, la toma de posesión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ocuparán el cargo por nueve meses, transcurrió con la presencia de políticos y abogados cuestionados, varios sancionados con el retiro de visas o incluidos en la Lista Engel, por ser considerados por Estados Unidos como corruptos y antidemocráticos.
La nómina de ambas Cortes fue conformada en buena medida con los nombres de varias de las personas que aparecieron en un listado incautado en 2020 al exsecretario privado de la presidencia de Álvaro Colom, Gustavo Alejos Cambara.
El exfuncionario ha enfrentado varios procesos legales por actos de corrupción y aceptó ser culpable en el caso negociantes de la salud en donde fue condenado a ocho años de prisión conmutables.
Alejos, fue en 2019 el principal articulador de los esfuerzos para elegir magistrados afines a los grupos del Pacto de Corruptos que buscaban cooptar tanto la Corte Suprema de Justicia como las salas de apelaciones que en algún momento podían ayudarles a librar los distintos procesos legales que enfrentan los integrantes del Pacto de Corruptos.
Ese año, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI logró incautar un listado en el que aparecen operadores de justicia.
En el sanatorio en donde estaba recluido, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, Alejos y varios integrantes de las comisiones de postulación que lo visitaron armaron las nóminas con los nombres de los abogados que les eran afines a los distintos grupos.
Luego de la investigación realizada por la FECI, en ese entonces a cargo de Juan Francisco Sandoval, que reveló las visitas y los documentos incautados, los planes fueron descubiertos, lo cual evitó que la elección en el Congreso se concretara ante la intervención de la anterior Corte de Constitucionalidad (CC).
Por este motivo, y ante la falta de acuerdos en el Congreso que retrasaron el nombramiento de las nuevas Cortes, los magistrados electos en 2014 y que debían salir en 2019 extendieron su mandato hasta noviembre pasado cuando la Corte de Constitucionalidad obligó a los congresistas a elegir a sus sustitutos.
En medio del poco tiempo dado por la CC para cumplir con la orden, los legisladores decidieron votar por las listas arregladas por Alejos y sin empacho alguno incluyeron a varios de quienes visitaron al ex secretario privado, pero además, dos nuevos operadores aparecieron en escena para asegurarse que los diputados votaran en línea por los personajes afines.
Operadores de Sinibaldi, operadores de Martínez
Guillermo Sosa Rodríguez y Rubén Mejía Linares, los ex viceministros de Comunicaciones de Alejandro Sinibaldi Aparicio durante el gobierno del Partido Patriota, entraron en escena al igual que lo hicieron en la segunda vuelta electoral para intentar que Sandra Torres ganara la presidencia.
Sosa y Mejía, según confiaron algunos diputados que pidieron no ser citados para evitar ser perseguidos por la estructura del Pacto de Corruptos, empezaron a operar por un lado para Miguel Martínez, recién incluido en la Ley Global Magnitsky que sanciona a quienes cometan abusos graves de derechos humanos o participen en actos de corrupción, con el fin de proteger el sistema financiero de Estados Unidos; Mejía y Sosa también operaban para el mismo Sinibaldi, quién poco a poco vio como los casos abiertos en su contra por distintos casos de corrupción, fueron cerrados o revertidos por distintos jueces afines al Pacto de Corruptos.
Sobre Sinibaldi, los legisladores señalan que no solo operó a través de Sosa y Mejía, sino además, puso parte de dinero que fue entregado a los diputados para asegurar el voto en línea para la elección de la nueva corte.
La cantidad de dinero dado para aceitar a la alianza en el Congreso se desconoce. En una declaración en uno de los casos contra el exministro, su ex asistente Anelise Herrera señaló que luego de la persecución iniciada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y los allanamientos a propiedades de la ex vicepresidenta en el edificio Las Margaritas, Sinibaldi entró en pánico y ordenó que todo el dinero que estaba en los distintos apartamentos fuera recolectado, de esa cuenta se sacaron más de Q100 millones, provenientes de sobornos, y fueron introducidos en un vehículo blindado del cual nunca se volvió a saber.
Operador de Sandra Torres
Mientras tanto por el lado de la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Sandra Torres, el operador de la elección de las cortes fue Jorge Estuardo Vargas, incluido en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos y señalado por Estados Unidos de ser “uno de varios individuos en la cúspide de una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal”.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Vargas “supervisa la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor”, EE.UU. además lo señala de controlar el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utilizando esos sindicatos para ganar influencia política. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos”, indica el informe.
Vargas, diputado de la UNE y electo al parlamento Centroamericano para el próximo año, fue uno de los visitantes constantes recibido por Alejos en el sanatorio.
En una reunión sostenida en la Embajada de Estados Unidos una semana antes de la elección de las cortes, uno de los diputados que durante mucho tiempo fue fiel a Sandra Torres, le explicó al encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos Patrick Ventrell, que Vargas estaba operando para Torres en la elección de los nuevos magistrados, esto fue confirmado por tres diputados que acudieron a dicha reunión, quienes señalan que en tono molesto, el antiguo aliado a Torres dijo que él ya no respondía a los intereses de la tres veces candidata a la presidencia.
Incluidos en las dos listas
Lesther Castellanos Rodas, quién además de ser el relator contra la tortura, fue electo en noviembre pasado por el Congreso como magistrado suplente de la Corte de Apelaciones, era uno de los que estaba en el listado redactado por Gustavo Alejos.
Castellanos además de ser el primero que aparece en la lista de Alejos, es uno de los magistrados electos incluidos en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esmeralda Judith Orozco Navarro, aparece en el tercer lugar de la lista de Gustavo Alejos y fue elegida como magistrada titular de la Corte de Apelaciones.
Estuardo Adolfo Cárdenas, cuarto en el listado de Gustavo Alejos, fue electo con 124 votos por el Congreso de la República como magistrado titular para integrar la Corte de Apelaciones.
Leslie Alejandra Mérida Mazariegos, quinta en el listado encontrado a Gustavo Alejos, fue electa con 113 votos por el Congreso.
Elsa Noemí Falla Alonzo de Galdámez, electa como magistrada de la Corte de Apelaciones, aparece en el listado encontrado en el sanatorio y elaborado por Gustavo Alejos que incluía algunos de los nombres que debían ser electos por el pleno de diputados.
Nidia Violeta Domínguez Tzunum, también aparece en la lista de Gustavo Alejos, fue electa por el Congreso de la República para integrar la Corte de Apelaciones, obtuvo 115 votos a favor.
Dora Lizett Nájera Flores, electa por el Congreso de la República como magistrada titular de la Corte de Apelaciones, obtuvo 117 votos a favor.
Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, electo como magistrado titular de la Corte de Apelaciones, fue uno de los aspirantes que más votos obtuvo por parte del Congreso de la República, 126 votos a favor. En la Lista de Alejos, Cifuentes aparece en la última línea de uno de los documentos incautados.
José Luis de Jesús Samayoa Palacios, incluido en la lista de Gustavo Alejos, fue electo por el Congreso de la República como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Samayóa fue uno de los aspirantes a magistrado que acudió personalmente con Alejos, según logró registrar la FECI a cargo de Juan Francisco Sandoval.
Óscar Ruperto Cruz Oliva, aunque aparece tachado, su nombre es visible en la lista que se le encontró a Alejos en el sanatorio en donde atendía a todos los vinculados en la elección de las cortes, incluidos diputados y aspirantes a una magistratura. Cruz Oliva fue electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Jorge Eduardo Tucux Coyoy, el listado de Alejos, al igual que lo consigna una nota publicada por comunicación social del Congreso, es nombrado como José. Sin embargo, según los expedientes que conoció la Comisión de Postulación, es el único con los apellidos Tucux Coyoy que participó como aspirante a magistrado de la CSJ. El magistrado fue electo con el voto favorable de 113 diputados.
Temor entre los diputados
El sistema de justicia fue cooptado por los integrantes del Pacto de Corruptos, por esto la mayoría de diputados que se dedicaban a la fiscalización empezaron a disminuir su trabajo ante el temor de ser criminalizados aún sin pruebas o sin un caso sólido, como sucedió en varios de los procesos iniciados en contra de Aldo Dávila.
Sin embargo, ahora el temor ha llegado a quienes en su momento formaron parte del Pacto de Corruptos según confiaron a Prensa Comunitaria al menos tres legisladores, que piden no ser nombrados por su nombre ante el temor de que alguno de los procesos que hay en su contra se activen o les monten un caso en alguna de las fiscalías.
Estos diputados señalaron que todo el sistema de justicia está siendo utilizado para perseguir a la actual presidenta del Congreso Shirley Rivera y a su familia, debido a que hubo un desencuentro con Miguel Martínez y este ordenó que se buscara todo indicio de corrupción.
De esa cuenta circuló por distintos medios un documento elaborado por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en donde se muestran movimientos sospechosos de depósitos de contratistas del Estado a la cuenta del hijo de Rivera.
La presidenta del Legislativo a quién le fue retirada la visa por parte de Estados Unidos, ha evitado participar en acciones como el retiro de la inmunidad a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la votación del presupuesto nacional 2024.
Además, en la última sesión extraordinaria del martes 12 de diciembre, también evitó estar por más tiempo y desintegró el quórum de la Junta Permanente al retirarse junto al vocal Sergio Arana, también en conflicto con Martínez.
