Créditos: Gobierno de Guatemala
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Analistas dicen que la aplicación de la Ley Magnitsky es una medida sin precedentes en la que Estados Unidos penaliza a un personaje que mantiene una relación cercana con el mandatario.

Por Shirlie Rodriguez

Estados Unidos dio a conocer hoy que Miguel Martínez pidió grandes cantidades de dinero en sobornos para facilitar la compra de las vacunas Sputnik V para combatir la pandemia de la COVID-19 en el país, y participó en un esquema de corrupción que incluyen contratos estatales fuera de ley y para favorecer a empresas vinculadas con él. Por esta razón fue sancionado con la Ley Global Magnitsky.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señala que Martínez, a pesar de no ser funcionario, es una de las personas más influyentes en el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, también es su cercano y por quien al inicio de su administración creó el Centro de Gobierno, que estaba a su cargo.

La sanción que se presenta a menos de 24 horas de que el Congreso les retirara la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), generó varias reacciones, ya que además de Martínez, otras personas podrían ser sancionadas de la misma forma.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos se expresó en un comunicado diciendo que como país seguirán tomando medidas para contrarrestar la corrupción pública y mantener la democracia en Guatemala.

“Estamos tomando esta acción en respuesta a la corrupción endémica, que los actores malignos de Guatemala están explotando para socavar la transición democrática al presidente electo Bernardo Arévalo y a la vicepresidente electa Karin Herrera. Actores corruptos como Martínez tienen como objetivo subvertir la voluntad del pueblo guatemalteco interfiriendo en la transferencia democrática del poder del país.”, dijo Miller.

El funcionario norteamericano se solidarizó con la población guatemalteca por la lucha que mantienen en defensa de la democracia y de los derechos humanos.

Para Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que ahora está en el exilio, esta medida es una muestra para quienes continúan operando bajo la corrupción, que el país norteamericano no tolerará estas acciones.

Advirtió que vendrán más acciones y sanciones de otros países por las acciones en las que se vulnera la voluntad del pueblo reflejado en las elecciones generales.

“Para el gobierno representa un duro golpe, porque a pesar de que ha habido muchos gobiernos corruptos en ninguno de ellos el cuestionamiento y las sanciones habían llegado a los niveles actuales.

Esto es consecuencia de la forma en que están poniendo en riesgo la alternancia en el poder para el próximo 14 de enero y como han puesto en riesgo la democracia”, dijo Sandoval.

El abogado constitucionalista Edgar Ortiz señaló que esta es una sanción grave en comparación a otras, como la Lista Engel, porque implica congelamiento de activos en el extranjero, también la imposibilidad de tener cuentas bancarias y porque es un instrumento pensado para penalizar a actores corruptos.

Agregó que para el gobierno de Alejandro Giammattei es una mancha, porque Martínez es una figura cercana a él y salpica de cerca al mandatario y a su círculo, situación que no había ocurrido. Las sanciones previas eran en contra de operadores de justicia y diputados, pero no cercanos al presidente.

“El problema es que la administración actual ha negado la crisis, entonces la ambigüedad son formas de comunicar. El silencio ante las amenazas contra los resultados, es un papel preocupante”, expresó.

Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, consideró que esta sanción define a Martínez como uno de los personajes más influyentes en el gobierno de Giammattei y esto provoca un fuerte golpe para el presidente saliente.

“Creo que es un mensaje directo al presidente saliente, tal vez el más fuerte emitido en los últimos años. Representa que habrá cero tolerancia a cualquier otra acción que el gobierno intente romper el orden constitucional”, mencionó.

Marroquín dijo que Estados Unidos se cansó de que el gobierno de Giammattei no cumpla sus promesas y compromisos en defensa de la democracia, además ya es una administración agonizante y que entra en una etapa de vigilancia de otros países por el intento de abortar el proceso democrático, lo cual daña a la población guatemalteca en general.

El exembajador Stephen McFarland también se pronunció y en su cuenta de X dijo que su análisis sobre esta penalidad es que no hay intocables y es una grave sanción de la Casa Blanca por el intento de anular las elecciones en el país.

Agregó que hay más nombres que pueden ser parte de este listado a quienes le apliquen la Ley Global Magnitsky y se preparan más sanciones para Guatemala por la vulnerabilidad en la que se encuentra la democracia del país.

Hasta ahora no se ha pronunciado Alejandro Giammattei. En tanto, Martínez publicó en sus redes sociales que no lo intimidarán.  “Primero Guatemala, segundo Guatemala y tercero Guatemala. No me intimidarán, con la frente en alto, aunque los enemigos del país quieran que solo se persiga a los corruptos que ellos deseen”, escribió Martínez en su cuenta de Instagram.

Minutos después, publicó un comunicado en negaba todos los señalamientos y agregó que Estados Unidos se dejó llevar por chismes e inventos.  Además, reconoció que la sanción era el resultado del retiro de la inmunidad de los magistrados electorales y aseguró que utilizará todos los mecanismos legales para defenderse “de las espurias acusaciones”.

Piden reunión extraordinaria en medio de crisis

En medio de las acciones del “Pacto de Corruptos” en Guatemala y la sanción establecida por Estados Unidos a Miguel Martínez a consecuencia del retiro de la inmunidad de los magistrados electorales, cuatro países integrantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron una reunión urgente para este lunes 4 de diciembre.

Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Uruguay y Costa Rica han pedido que el Consejo Permanente se reúna en sesión extraordinaria y se revisen las acciones antidemocráticas en el país.

En la carta enviada al Consejo, los representantes de los países refieren que los recientes acontecimientos impactan la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho. “Solicitamos esta reunión extraordinaria conscientes de que la Carta Democrática Interamericana prevé la acción inmediata del Consejo mediante una evaluación colectiva de la situación y la adopción de las decisiones necesarias para la preservación del sistema democrático y su fortalecimiento”, concluye la petición.

 

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