Jordán Rodas pide a magistrados anular orden de captura avalada por Víctor Cruz

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Créditos: Juan Rosales
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Los magistrados realizaron la vista pública en la que la defensa del exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas solicitó la protección definitiva y se ordene al juez décimo Víctor Cruz, reconsiderar la orden de captura que aprobó, por pedido del MP, en el caso iniciado contra la resistencia universitaria que se opuso a la imposición de Walter Mazariegos como rector

Por Alexander Valdéz

Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones desarrollaron la vista pública solicitada por la defensa del exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien busca que se otorgue la protección definitiva y se ordene al juez décimo Víctor Cruz reconsiderar la orden de captura que aprobó en el caso iniciado contra la resistencia universitaria que se opuso a la imposición de Walter Mazariegos como rector, iniciado por el MP.

La acción surge porque la defensa de Rodas planteó un “recurso de reposición”, que consiste en una solicitud dirigida al juez para que anule la orden de detención en su contra. A criterio del exprocurador el caso se mantuvo en reserva total por solicitud del Ministerio Público (MP), hasta el 16 de noviembre, vendando su derecho de defensa al no tener acceso al expediente.

“Con el amparo se pretende que la Sala Segunda declare que es ilegal la orden de detención girada en mi contra, por el juez Víctor Cruz. Esperamos que resuelvan conforme a derecho. En este contexto de Estado de derecho de crisis aguda, será importante ver cómo resuelven. Ya el presidente Arévalo y la vicepresidenta estaban con solicitud de antejuicio por este mismo caso, y la CSJ resolvió que eran peticiones “espurias” y fueron declaradas sin lugar”, indicó Rodas.

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Al haberse realizado la vista, los magistrados serán quienes analicen los argumentos del abogado y decidan si aceptan o no otorgar la protección constitucional al exprocurador, actualmente en el exilio, a raíz de la persecución que inició el MP en su contra.

MP persigue a opositores de Mazariegos

El 16 de noviembre de 2023, el MP y la PNC allanaron las casas de varios profesores, estudiantes y personal administrativo y de servicios de la USAC.  Se llevaron detenidos al decano de la Facultad de Veterinaria, Rodolfo Chang; al profesor e investigador, Eduardo Velásquez; al estudiante, en Física Aplicada, Javier de León Gómez; al profesor, Alfredo Beber; a la excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco; y posteriormente, al sindicalista y trabajador de la Universidad, Martín Jorge Macario, entre otros.

Fue un listado de 27 personas con órdenes de aprehensión cuyas denuncias penales se promovieron desde la propia Universidad y firmadas por Walter Mazariegos. Los señalados fueron procesados en diferentes grupos, pudiendo salir de prisión con medidas sustitutivas.

En el “Caso Toma Usac: Botín Político”, como lo nombró el Ministerio Público, se criminaliza a la comunidad universitaria por rechazar un acto ilegal como fue la “elección de rector”, al mismo tiempo que el caso es usado para implicar a varios diputados y al binomio presidencial electo, todos pertenecientes al partido Semilla.

En relación a Jordán Rodas, se le persigue por sus publicaciones en redes sociales y por haber participado como candidato a dirigir la Usac y haberse postulado como candidato a la vicepresidencia del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

CSJ rechazó antejuicios por “espurios”

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in limine los antejuicios promovidos contra el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y el diputado Samuel Pérez, en este mismo caso.

En la resolución de la CSJ en el caso del diputado Samuel Pérez, electo por el Movimiento Semilla, hizo acotación en la libertad de expresión. “Los señalamientos contra el antejuiciado no permiten observar la existencia de ninguna acción u omisión que pueda revestir posibles características de ilicitud”, señala la CSJ en su razonamiento al rechazar la petición de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio de la Nación.

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