Créditos: Estuardo De Paz
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Tras el exitoso fraude en las elecciones a rector en la Usac, el 2023, fue el escenario que el gobierno y el Pacto de Corruptos, se trazaron conquistar. En una primera fase, el adiestramiento de las cortes y del Tribunal Supremo Electoral aseguraron la exclusión de candidatos incómodos. Cuando quedaron fuera quienes se pensaba podrían tener mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta, se les coló el inadvertido binomio del Movimiento Semilla.

Por Prensa Comunitaria

Acto III: el golpe a las elecciones generales

Su avance en la contienda probó el sofisticado uso de las instituciones como armas para una venganza dirigida contra quienes amenazaban con deshacer los esfuerzos de cooptación estatal.

La nueva jefatura de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que en el pasado se encargó de encerrar a empresarios, políticos, militares, y grupos del crimen organizado, ha dirigido con puño de hierro una campaña de persecución y criminalización contra Semilla, la resistencia en la Usac, defensores y periodistas independientes. En respuesta a los ataques, una masa de personas dirigidas por los pueblos indígenas, intentan detener los planes del pacto para perpetuar al presidente actual, como el último eslabón para mantener la cooptación de los poderes del Estado.

Las advertencias de que el fraude en la USAC podría repetirse en las elecciones generales, fueron cobrando vigencia a inicios de 2023.

Desde el comienzo, el TSE y las cortes dejaron el claro que tenían un solo objetivo: excluir las candidaturas incómodas que prometían luchar contra el sistema corrupto que les había garantizado impunidad. Es decir, contra el “Pacto de Corruptos”.

A través de parámetros desiguales y arbitrarios, el TSE y las cortes impidieron la inscripción de binomios como los del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, con Thelma Cabrera y Jordán Rodas; la postulación de Roberto Arzú, de Podemos; un candidato de derecha que prometía acabar con los monopolios; y la candidatura de Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, el outsider de la política que ganó popularidad por su similitud comunicativa con el expresidente Portillo, y una campaña en redes sociales exitosa.

En el caso de Arzú, el TSE decidió retirarle la inscripción que ya había logrado, el 7 de febrero, bajo el argumento de haber incurrido en campaña anticipada. El candidato dijo que pagó la multa e hizo el papeleo para recobrar la inscripción, pero no lo logró.

No obstante, el tribunal ignoró la campaña anticipada en la que incurrieron partidos como la UNE, Valor y Vamos, favoritos para la segunda vuelta.

Sin el MLP, Podemos y Prosperidad Ciudadana no había claridad de quiénes podrían pasar a segunda vuelta y el Movimiento Semilla no apuntaba a tener los apoyos suficientes, según las encuestas realizadas.

El voto se reconfiguró en buena medida, porque las opciones que parecían convencer quedaron fuera de la contienda, y porque otros políticos que parecían tener mayores posibilidades, hicieron alianzas que los terminaron hundiendo.

Como el caso de Manuel Villacorta, de VOS, quien perdió apoyos a tres días de las elecciones generales, cuando lanzó un video apoyando la postulación de Sebastián Arzú -hijo de Roberto Arzú-, para la alcaldía metropolitana.

El gobierno esperaba que sin estas opciones, la gente votara como antes: “por el menos peor”, pero el voto, sin que nadie pudiera anticiparlo, se inclinó hacia Bernardo Arévalo que no era nuevo en la política, ya que ha sido diputado de Semilla desde 2020.

Arévalo prometió volver a la lucha anticorrupción pero no bajo las perspectivas y enseñanzas de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que pudo valerle el apoyo de la gente.

Previo a la segunda vuelta, Semilla sufrió varios intentos de boicot encaminados a dejarlos fuera de la contienda. Buena parte de esos intentos fueron campañas de desinformación de grupos conservadores y religiosos, en las que se afirmaban que de quedar Arévalo en la Presidencia, Guatemala entraría en una dictadura comunista como la que se vive en la Nicaragua de Daniel Ortega o la Venezuela de Nicolas Maduro.

También se les señaló ser partidarios del matrimonio igualitario y el aborto. Todo lo cual fue negado por el partido.

Kevin Sánchez, coordinador nacional de fiscales de mesas de Semilla, dijo que cuando ya había cerrado el período de campaña política, carros no identificados por el partido hicieron propaganda política con la imagen de la agrupación, para “afectarlos”.

Sánchez también admitió que en el período en que Semilla buscó a voluntarios para que fueran fiscales de mesa en los centros de votación, varias personas sandristas se inscribieron para ocupar las mesas. Al menos 20 inscripciones fueron identificadas por el equipo del Arévalo y anuladas días antes de las elecciones. Otras más, el 20 de agosto, simplemente no se presentaron.

“Fueron intentos aislados para desgastarnos”, reconoció el coordinador. Sin embargo, dudó de que fuera una estrategia nacional de la UNE.

Días antes de la segunda vuelta, surgió un video en donde se observó a un coordinador de la UNE, pedir a los fiscales de mesa de ese partido, impugnar las actas donde perdieran la elección para que pudieran presentar la nulidad de las elecciones. Algo que la UNE no desmintió.

El día de la elección, desde tempranas horas, incluso días antes, ciudadanos reportaron que los alcaldes electos por la UNE, también de partidos aliados como CABAL y Vamos, entregaron vales de comida, regalos y movilizaron a votantes en buses que contenían propaganda de Torres en Samayac, Suchitepéquez; en San Juan la Laguna, Sololá; en Chinautla, Guatemala; La Democracia y La Mesilla, Huehuetenango; Cuilapa, Santa Rosa; Párramos, Chimaltenango; San Jorge, Zacapa; San Pedro, Sacatepéquez; Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla; Chiquimula; Colonia el Carmen, zona 17, Guatemala; San Andrés Semetabaj, Sololá; y en Mataquescuintla, Jalapa.

De acuerdo a datos recopilados por Prensa Comunitaria, los incidentes y anomalías en el día de la elección fueron protagonizados por y para favorecer el incremento de votos de la UNE, tal como lo indicó Daniel Núñez, coordinador del proceso de violencia y conflictividad electoral Diálogos y de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOEGT).

Además, el Mirador Electoral de Acción Ciudadana informó que el oficialismo, la UNE, Valor-Unionista, FCN-Nación, Victorial y Cabal habrían utilizado recursos públicos para el pago de dádivas a votantes haciendo uso de recursos de los ministerios de agricultura (MAGA) y desarrollo social (MIDES).

El mirador registró 46 incidentes o anomalías dirigidas a coaccionar el voto o a la compra de voluntades.

En el ínterin, el MP presentó solicitudes de antejuicio contra el binomio de Semilla para impedir su participación en la segunda vuelta, y cuestionó la legitimidad de la postulación del partido en la primera vuelta, alegando que un ciudadano había denunciado anomalías en las firmas de las bases que permitieron la inscripción de la agrupación en 2017.

En julio de este año, la FECI dirigió una serie de allanamientos en la sede del partido, en la Dirección de Organizaciones Políticas del TSE y poco después, el juez Orellana ordenó al Registro de Ciudadanos la cancelación de la personalidad jurídica de Semilla, pero la CC frenó la orden, aún cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se negó a ordenar al MP detener las investigaciones.

El 5 de octubre, la CC cambió de parecer y dio luz verde a la cancelación de Semilla, pese a que el período electoral finalizaría hasta el 31 de ese mes.  Desde entonces, el partido ha estado metiendo recursos para suspender la decisión, sin demasiado éxito.

Las condenas internacionales y de organismos vigilantes no han tenido el efecto esperado. El gobierno y el MP, de manera más específica, reiteró en sus conferencias que no obedecerán los llamados de la comunidad internacional.

Acto IV: la movilización indígena contra el golpe

A 5 de septiembre, el TSE entregó las credenciales al binomio electo.

Pero la FECI no se detuvo. El 13 de septiembre, allanó la COPE y abrió las cajas electorales de la primera vuelta y, para el 29, el acoso de la fiscalía que se negaba a la victoria de Semilla, alcanzó su punto más álgido al secuestrar las cajas electorales de la segunda vuelta que se encontraban en la sede central del tribunal.

Dos días después, los 48 Cantones y las autoridades ancestrales de Sololá tomaron las calles en un paro nacional para exigir la renuncia de los fiscales y el juez tras el golpe a las elecciones. Una acción que lleva 50 días frente al MP del barrio Gerona, en la zona 1 de la Capital, y que sigue sin lograr dialogar con el gobierno.

Los primeros 20 días diferentes grupos ciudadanos se unieron a la movilización para presionar a la salida de los operadores de justicia tras el golpe de Estado. Sin embargo, los 48 Cantones accedieron a una tregua de tres días que resultó en nada.

Luego de esta pausa, únicamente Sololá retomó las calles por una semana más, mientras que el resto de los grupos, se organizaron para participar en las protestas de manera más mesurada.

Ese fue el inicio de las caravanas que desde las comunidades acuerpan la manifestación en la capital, mientras que otros grupos en los territorios protestaron frente a las sedes de las instituciones locales.

La experiencia en la USAC ha dejado ver que el régimen de Giammattei no está interesado en dialogar, y que así como los estudiantes pasaron más de un año buscando que se repitieran las elecciones a rector a cambio de liberar el campus central, el paro nacional podría tener el mismo fin.

El 31 de octubre el TSE dio por finalizado el proceso electoral y oficializó los datos del binomio presidencial electo, de los 160 diputados y 40 corporaciones municipales.  Horas después, el Registrador de Ciudadanos anunció la inhabilitación del partido Semilla.

Acto V: una nueva persecución a Semilla, estudiantes, catedráticos y profesionales

Cinco meses después de que la resistencia universitaria liberara la sede central de la USAC, un muy nervioso jefe de la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural, Saul Sánchez, anunció 27 órdenes de detención contra estudiantes, profesionales y catedráticos universitarios; políticos electos y reelectos de Semilla quienes se pronunciaron a favor de la toma del campus central entre 2022 y 2023, alegando que su participación habría servido como plataforma para impulsar sus candidaturas de cara a las elecciones generales y lograr espacios dentro del Congreso y el Ejecutivo.

Los denunciados fueron: Adrián Camilo García, Diego Plutarco De León, Eduardo Velázquez Herrera, Edmar Arriola, Cristofer Genaro Morales, Juan José García Marroquín, Cindy Dávila (hermana del diputado Aldo Dávila), Marcela Blanco, Rodolfo Chang, Andrea Prera, Kevin Junios Carrera, Miguel Ángel Vásquez, Gad Esau Echeverría, Javier Alfonso De León, Marco Vinicio De la Rosa, Alfredo Enrique Beber, Amílcar Bremen Ramírez, Julio Antonio Arreaga, Jordán Rodas, Ramón Cadena, Pablo Roulet Pellecer, Pedro Ros Domingo, Sandra Marroquín Montoya, Helmer Leonel Velásquez, Martín Jorge Macario, Engerlberth Gamaliel Blanco y Hada Marieta Alvarado.

A Arévalo y a Herrera el MP les señala de haber utilizado sus redes sociales y de haber ingresado al establecimiento para pronunciarse a favor de la toma en alguna de las conferencias que la resistencia estudiantil dio, cuando el campus estaba tomado.

También señalan a los diputados de Semilla, Samuel Pérez y Román Castellanos por participar de una conferencia, el 31 de enero pasado, en la que respaldaron al movimiento estudiantil de resistencia contra las acciones que el CSU puso en marcha para impedir que Camilo García siguiera estudiando en la USAC; y a los diputados del partido VOS, Aldo Dávila y Carlos Barrera, todos contra los cuales también presentaron solicitudes de antejuicio.

En la lista se incluye al periodista Engelberth Blanco, exestudiante, y a postulantes a diputaciones del partido Semilla como Marcela Blanco, quien fue la única mujer detenida el jueves 16 de noviembre, junto a Javier de León Gómez, Eduardo Velázquez, Alfredo Beber y a Rodolfo Chan.

Algunas de las voces que se oponían a la imposición del rector Mazariegos y quienes advirtieron que el caso en la universidad era el ensayo para un fraude aun mayor en las elecciones generales, están en la lista de denunciados por la fiscalía.

El caso, conocido como Toma de la USAC: botín político, según expertos, buscaría afectar la toma de posesión de Arévalo y Herrera, el próximo 14 de enero.

Algo que los pueblos indígenas en el paro nacional, ya habían advertido que podría pasar, tomando en cuenta que la prolongación del mandato se había concretado con los magistrados de la CSJ que debieron dejar sus cargos en 2019, y que fueron relevados hasta hace una semana.

Parte de los señalamientos del fiscal Sánchez refieren no solo que Semilla se benefició políticamente de la exposición al pronunciarse a favor de la toma, sino que con ello, habrían apoyado la depredación de la universidad que forma parte de los bienes culturales del país, causando daños aproximados en unos Q90 millones.

Dicho apoyo y/o participación ha sido considerado por el fiscal Sánchez como “un hecho delictivo” e incluso, una forma de sedición continuada, al querer deponer al rector Mazariegos.

La tarde del 16 de noviembre, el binomio de Semilla se unió a la manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la liberación de los detenidos, y dijo que el MP ahora se ha vuelto experto en fabricar nuevos casos en contra de inocentes, para poder criminalizarlos. También aseguraron que nada podrá impedirles asumir en 2024.

Los seis detenidos recuperaron su libertad condicional el pasado 27 de noviembre, luego que le juez Víctor Cruz resolviera ligarlos a proceso por dos de los cuatro delitos por los cuales los acusa el MP.  Decisión que la fiscalía ya apeló.

Los pronunciamientos internacionales no se han hecho esperar, para expresar su malestar por la continuación del gobierno en ataques a la libertad de expresión.

El exembajador de los Estados Unidos en Guatemala de 2008 a 2011, Stephen McFarland, ha interpretado las detenciones como “toma rehenes” para crear miedo. Mientras que la embajada ya ha anunciado que retirará la visa americana a 11 funcionarios guatemaltecos.

La persecución por la crisis política provocada por el Pacto de Corruptos (políticos, empresarios, militares y grupos del crimen organizado) quienes desesperadamente, intentan aferrarse al sistema que les ha proveído impunidad para no repetir la experiencia que vivieron bajo el mandato de la CICIG, apunta a tornarse tan oscura como en tiempos del conflicto armado.

Además del caso contra la USAC, el Ministerio Público abrió otra ruta para afectar el proceso electoral.  La Comisión Pesquisidora elegida para analizar una solicitud de investigación presentada contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya presentó su informe y recomienda retirarles el antejuicio.  La decisión debe ser avalada por el Congreso que este jueves sostendrá su última sesión ordinaria.  El Pleno deberá decidir, con 107, si da con lugar el retiro de la inmunidad de los magistrados para que la fiscalía los pueda investigar por supuestas anomalías en la compra del sistema TREP para la transmisión de resultados de las elecciones generales.

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