Amenazar para condicionar al nuevo Gobierno presidido por Bernardo Arévalo o impedir que asuma el cargo son los escenarios que plantean analistas consultados. Eso podría explicar por qué el Congreso, la noche del miércoles 15 de noviembre, nombró de forma exprés a los nuevos magistrados de la CSJ después de atrasar durante cuatro años este proceso.
Por Isela Espinoza
Un caso, un juez y una fiscalía diferente, pero con el mismo guion de criminalización, es lo que denota el caso Toma de la USAC: botín político para analistas consultados por Prensa Comunitaria. Además, manifestaron que, en el fondo, esta investigación también busca afectar la toma de posesión del binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera el próximo 14 de enero de 2024.
Este jueves, el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación ejecutó 31 allanamientos y 27 órdenes de detención de estudiantes, profesores y decanos de facultades de la Universidad de San Carlos (USAC), abogados, activistas y el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por apoyar el movimiento sancarlista que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector.
Además, anunció que solicitará antejuicio contra el presidente electo y vicepresidenta electa, tres diputados de Semilla (Samuel Pérez, Román Castellanos y Raúl Barreda), dos del partido VOS (Carlos Barreda y Aldo Dávila) y uno de Winaq (Adán Pérez y Pérez).
A criterio del fiscal Saúl Sánchez, los funcionarios pudieron haber incurrido en depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, por haber apoyado la resistencia universitaria.
“El Ministerio Público busca impedir, a toda costa, el cambio de mando y está utilizando sus facultades legales, con una dirección retorcida para socavar la democracia”, dijo el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Francisco Sandoval.
Según el MP, la toma de la USAC fue utilizada como una plataforma para actores políticos que participaron en las elecciones generales celebradas este año. Sin embargo, el Ministerio Público expuso como pruebas únicamente pronunciamientos o entrevistas publicadas en redes sociales en la que los políticos y profesionales apoyaron a los estudiantes en resistencia.
Sandoval dijo que con estas órdenes de captura el MP vulneró el principio de legalidad “porque la obligación del MP es investigar delitos y aquí no hay. Por ende, todo lo actuado es ilegal. Inclusive se pidieron peritajes de personas con inmunidad”, comentó.
Walter Mazariegos llegó a la rectoría de la USAC por un proceso que denunció la comunidad universitaria y otras voces de la sociedad civil como anómalo. Las elecciones para elegir a la persona que ocuparía el cargo estaban programadas para el 27 de abril de 2022, pero ante la presencia de manifestantes se aplazó para el 14 de mayo.
Ese día se consumó el fraude en la rectoría de la USAC. La elección de Mazariegos se desarrolló sin competencia, ya que los cuerpos electorales que promovían a Jordán Rodas quedaron anulados. Entre las órdenes de captura de este caso de la toma de la USAC, también se encuentra una contra Hada Marieta Alvarado Beteta, quien compitió por la rectoría en 2014 y 2018.
El 19 de julio de este año, el Departamento de Estado, de Estados Unidos, publicó la Lista Engel en la que incluyó a Mazariegos, por “desvirtuar procesos o instituciones democráticas”. A pesar de las sanciones y acusaciones, el fiscal Saúl Sánchez aseguró que la elección de Mazariegos fue legal.
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“Han detenido a mi papá por oponerse al robo de las elecciones en la USAC. Enfrentaremos una vez más a las mafias con la verdad, ética y confianza en el futuro. No somos iguales. Nunca lo seremos. Y por pataletas que den, Mazariegos sigue siendo usurpador: hay cosas que no cambian”, escribió Luis Velásquez, hijo de uno de los cinco detenidos este jueves, Eduardo Velásquez, profesor titular y exdecano de Economía de la USAC.
Criminalización
Para el politólogo, Luis Mack, el caso Toma de la USAC: botín político sigue la misma línea que se observó en el caso que impulsó la FECI de Rafael Curruchiche en contra de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, luego que el binomio presidencial ganó sorpresivamente la primera vuelta electoral el pasado 25 de junio. La persecución se intensificó previo y después del 20 de agosto cuando Arévalo y Herrera ganaron la Presidencia.
El secuestro y sustracción de documentos originales con los resultados de la primera vuelta de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las solicitudes de citación a ciudadanos que integraron voluntariamente las juntas electorales, fueron el punto de partida para que la ciudadanía atendiera el llamado de las autoridades indígenas a unirse a un paro nacional indefinido que inició el 2 de octubre con la toma de las principales carreteras del país.
Más de un mes después, la resistencia de las autoridades ancestrales y la ciudadanía se trasladó a la sede central del MP en la zona 1.
“La lógica electoral se está abandonando un poco. Ahora empiezan (el MP) con un caso, un juez y una fiscalía diferente y el tema es la oposición a la resistencia en la USAC. Pero siguen en la criminalización porque, por ejemplo, en el caso de Bernardo Arévalo lo implican solo por un tuit que publicó el año pasado”, opinó Mack.
Sandoval, Mack y Edie Cux, director de Acción Ciudadana, coinciden en que los delitos, al igual que el caso electoral contra Semilla, no tienen sustento “porque son acusaciones espurias otra vez”.
Mack comentó que además de la criminalización en este nuevo caso también se observa una jurídica, o lo que se conoce como cacería de brujas, persiguiendo a los opositores y quienes defienden la democracia del país.
“Las pruebas que presenta el MP son muy débiles, realmente son publicaciones que han emitido en las redes sociales los acusados. El caso es realmente espurio, no tiene mayor base jurídica. Pero lo que preocupa es que en el fondo este caso tiene un interés político”, indicó Cux.
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Los escenarios
Con la elección y nombramiento exprés de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que realizó el miércoles 15 de noviembre el pleno del Congreso, ahora el proceso de antejuicio del binomio presidencial y los diputados, aunque toma tiempo, también entrarían en otra fase en la que Cux insiste que es una cuestión política.
Mientras tanto, Mack opina que el MP en primera instancia pretende seguir “en la lógica de amenazar” a quienes defienden la democracia o se pronuncian en contra de la corrupción; y el segundo escenario es que “si la amenaza no funciona para condicionar al nuevo Gobierno, entonces, el MP buscará entorpecer e impedir que se asuma el cargo” para el periodo 2024-2028. Sandoval prevé que el MP “continuará las acciones en detrimento de pilares fundamentales de la democracia”.
Los analistas coinciden en que este nuevo caso también busca causar miedo en la población para que no se manifieste ni en las plazas ni en las redes sociales. “Claramente es parte de una estrategia, un guion que se está siguiendo no solo para causar miedo sino para afectar políticamente al grupo que ganó las elecciones y que no pueda gobernar el próximo año”, agregó Cux.
La comunidad internacional también emitió sus reacciones en contra de las nuevas órdenes de captura, allanamientos y solicitudes de antejuicio contra opositores y autoridades electas. Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó como grave que se criminalice la protesta universitaria y “si los liderazgos hoy son el presidente electo y su equipo lo que está en jaque es la democracia y los derechos humanos”.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, también advirtió en una entrevista para la Voz de América que quienes intenten interferir con el proceso de transición pacífica de Arévalo enfrentarán consecuencias. Mientras, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, comentó que estas acciones demuestran que el MP “está ignorando la voluntad del pueblo”.
#DefensaDeLaDemocracia 🚨 "Rechazamos estos intentos de provocación del MP y otros para interferir en el proceso de transición del poder"
📢👉🏼 El portavoz el Departamento de Estado, Matthew Miller señala que estas acciones demuestran de forma clara y evidente que el MP está… pic.twitter.com/IGGGtXvLMK
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) November 16, 2023
