Un peritaje que circula en redes sociales confirma que el Ministerio Público (MP) pidió una diligencia de investigación contra el binomio electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y otros diputados, pese a que gozan de antejuicio.
Por Prensa Comunitaria
En la documentación consta que, el 4 de agosto pasado, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicar un peritaje lingüístico sobre “declaraciones y mensajes escritos en redes sociales” relacionados con el movimiento estudiantil que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector de facto de la Universidad de San Carlos (USAC).
Ese mismo peritaje se solicitó contra los diputados del Movimiento Semilla, Samuel Pérez y Román Castellanos, y el diputado electo Raúl Barreda. Además, contra los legisladores Carlos Barreda y Aldo Dávila, del partido VOS; y Adán Pérez y Pérez, diputado de Winaq.
La acción violaría el derecho de antejuicio del que gozan los diputados, Arévalo y Herrera por haber ganado la elección presidencial.
“Con base a la investigación y/o documentación que se adjunta, determinar si en las declaraciones y/o mensajes escritos en redes sociales del internet mediante sus cuentas de Twitter, Facebook, Videos, etc. las siguientes personas inducen directamente a estudiantes trabajadores o personas que tienen y/o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala del 27 de abril del 2022 hasta el 9 de junio del 2023…”, indica el oficio.
El peritaje busca criminalizar las declaraciones de apoyo de los funcionarios que fueron publicadas en redes sociales sobre el respaldo a la movilización de los estudiantes y profesionales de la USAC. “Determinar si las personas que toman la palabra, animan a estudiantes, catedráticos y/u otras personas a seguir con la toma de la USAC”, fue una de las peticiones del informe.
Criminalizan el rechazo a una elección ilegal
La Fiscalía de Delitos Patrimoniales anunció 31 allanamientos y 27 órdenes de detención contra estudiantes, decanos de facultades de la Universidad de San Carlos, abogados, activistas y el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quienes apoyaron el movimiento sancarlista que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector de la USAC.
Entre las órdenes que se giraron se incluyen los nombres de los dirigentes estudiantiles, docentes y decanos que conformaron la Coordinadora General de Estudiantes de la USAC, grupo que denunció y se opuso a la elección ilegal de Mazariegos como rector de facto.
Las peticiones del MP fueron autorizadas por el juez décimo penal Víctor Cruz quien, desde el 2022, enfrenta una sanción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que lo incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
Un antecedente con Blanca Stalling
En el caso contra Blanca Stalling los fiscales que tuvieron a su cargo el proceso realizaron diligencias de investigación hasta que se le retiró el antejuicio. El peritaje al INACIF se pidió hasta que hubo un aval del Congreso de la República para que fuera investigada.
Sin embargo, en ese expediente ahora se persigue penalmente a los exfiscales que investigaron el proceso, entre ellos Claudia González, la exmandataria de la CICIG, quien fue encarcelada.
La acción evidencia que el MP ha dirigido sus casos a los actores que encabezaron la lucha contra la corrupción en el país, y favorece a los que figuran como sindicados en casos de corrupción, y apoyan a la fiscal general Consuelo Porras.
