Créditos: Simón Antonio
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Se cumplieron seis semanas de resistencia desde la convocatoria al paro nacional en la que los pueblos originarios salieron y tomaron las calles para reclamar el respeto a la democracia del país. El plantón frente al edificio del Ministerio Público continúa mientras avanza el tiempo para el cambio de gobierno 14 de enero del próximo año.

Por Shirlie Rodriguez

En dos meses se tiene previsto que sea el cambio de gobierno para que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión en la Presidencia de la República, pero el riesgo de que no se cumpla está latente por las acciones que el Ministerio Público mantiene en contra del proceso electoral desde la primera vuelta.

Han pasado 43 días desde, que el 2 de octubre, se movilizaron miles de personas en el territorio nacional para hacer escuchar su demanda de respeto a su voluntad en las urnas. Hasta ahora la renuncia de Consuelo Porras no se concreta y la población mantiene acciones de resistencia.

Esta semana el presidente Alejandro Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana deben enviar informes circunstanciados para responder a un amparo que conocerá la Corte de Constitucionalidad (CC)

La CC tardó dos meses en resolver este recurso que fue planteado por autoridades ancestrales, desde el 18 de septiembre, en el que plantean el peligro que corre la alternabilidad del poder.

Las autoridades ancestrales plantearon que los funcionarios fraguaron un plan que busca atentar contra la democracia del país a pesar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de las primera y segunda vuelta, en junio y agosto, respectivamente.

En esas circunstancias, el pasado viernes se conoció que la CC solicitó los informes circunstanciados, para que posteriormente el expediente sea conocido por los magistrados. El amparo también solicita que los funcionarios sean apartados de su cargo. Esa la exigencia que persiste desde hace más de 40 días en el país.

Corte de Constitucionalidad conocerá amparo en contra de Giammattei

Esta semana se agrega un hecho más a la intención por cancelar al partido Movimiento Semilla. A través de la filtración de audio se dio a conocer que el único argumento para pedir allanamientos en el Parque de la Industria y del Registro de Ciudadanos, del TSE, es una denuncia del ciudadano Giovanni Fratti en la que no constan pruebas de ningún delito.

Declaraciones y algunos reportes periodísticos fueron suficientes para que Semilla fuera suspendido por el juez Fredy Orellana en julio pasado.

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¿Cómo se fraguó la farsa del MP para allanar el TSE e intentar invalidar el triunfo de Semilla?

Mientras tanto frente al edificio del Ministerio Público, en la zona 1 de la capital, se mantiene la movilización de personas que llegan desde distintos puntos del territorio para exigir la renuncia de los funcionarios.

Desde Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Huehuetenango y otros departamentos han salido caravanas con el fin de llegar a apoyar y respaldar a la resistencia que en las últimas semanas ha sido encabezada por las autoridades ancestrales de la Alcaldía Indígena de Sololá. Se espera que durante esta semana se mantengan estas acciones.

El pasado 11 de noviembre la Asamblea Permanente de Autoridades y Pueblos Indígenas en Defensa de la Democracia lanzó un comunicado en el que rechazaron el hostigamiento y vulneración al derecho de libertad de expresión.

En el documento se denuncia el ambiente de hostigamiento a la libertad de expresión a la ciudadanía, a periodistas, quien incomode al gobierno y denuncie sus acciones.

“Condenamos los ataques, intimidaciones y amenazas de los golpistas hacia la prensa y periodistas, por su labor de mantener informada a la sociedad guatemalteca sobre las arbitrariedades y los constantes intentos de socavar la democracia”, expresaron.

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