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La Corte de Constitucionalidad (CC) conocerá un amparo interpuesto por las autoridades indígenas en contra del presidente Alejandro Giammattei, quien tendrá que remitir un informe circunstanciado al citado tribunal.

Por Prensa Comunitaria

La acción legal fue presentada desde el 18 de septiembre pasado, pero fue hasta esta semana que la máxima corte constitucional procedió a darle trámite a la misma. Es decir, casi dos meses después de su interposición.

En su escrito, las autoridades ancestrales indicaron que existe una amenaza inminente de que haya un quebrantamiento de la paz, ya que el mandatario junto a la fiscal general del Ministerio Público (MP), el juez Fredy Orellana y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ponen en riesgo la alternabilidad del poder.

Además, señalaron que dichos actores están fraguando un plan para desconocer los resultados electorales. Por ello, el gobernante deberá remitir un informe y, posteriormente, los magistrados deberán resolver si otorgan el amparo provisional.

La acción legal también señaló que hay un rompimiento constitucional, porque el Ministerio Público secuestró archivos de afiliación política y también que esta institución busca anular las elecciones al incautar las actas 4 y 8 del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Asimismo, los pueblos originarios pidieron que quedara en suspenso la orden del mencionado juzgador para ejecutar allanamientos en el Parque de la Industria, en donde estaba en resguardo el material electoral.

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Por último, solicitaron que se ordenara la separación del cargo de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana. No obstante, los alegatos en contra de tales funcionarios deberán ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De hecho, la CC indicó que solo conocería lo relativo a Giammattei y que el trámite de la acción legal respecto a los otros empleados del Estado debían ser conocidos por la alta corte del Organismo Judicial.

Manifestaciones

Las autoridades indígenas plantearon este amparo en el marco de las manifestaciones pacíficas que se han llevado a cabo en el país desde el 2 de octubre, mismas en las que han solicitado la dimisión de Porras, Curruchiche y Orellana.

Los 48 Cantones de Totonicapán, el Parlamento Xinka, la Municipalidad Indígena de Sololá, la Alcaldía Indígena de Palín, entre otras organizaciones se han unido a las protestas pacíficas para defender la democracia.

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