Créditos: Prensa Comunitaria
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La ciudadanía con su voto, la gestión del TSE y el acompañamiento de la comunidad internacional son pilares que se vuelven primordiales en la recta final de las elecciones. Un camino turbulento que finalizará el próximo domingo con la elección del nuevo presidente para el periodo 2024-2028. De ganar Semilla se visualiza un escenario esperanzador y de cambio. Mientras, con la UNE se profundizaría la cooptación del Estado, según analistas. 

Por Isela Espinoza

Con los ojos de la comunidad internacional puestos sobre el proceso electoral, el domingo 20 de agosto los 9,372,164 guatemaltecos que están habilitados para votar podrán elegir al próximo presidente del país entre la ex primera dama, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), o el hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951), Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.

Quien resulte electo para gobernar Guatemala en los próximos cuatro años recibirá un país polarizado y dividido tras el proceso electoral que se realizó en medio de una “excesiva” judicialización que se manifestó desde el inicio de la convocatoria a elecciones cuando se excluyó a candidatos que no eran “controlables por el sistema” y se intensificó después, del 25 junio, día de la primera vuelta electoral, dijo recientemente el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tras su visita a Guatemala.

Casi dos meses antes de llegar a la segunda vuelta, el camino fue turbulento y estuvo marcado por acciones judiciales impulsadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y el juez Fredy Orellana que solicitaron la cancelación de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla para evitar su participación en el balotaje.

Los allanamientos a la sede del partido político y a las dependencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevaron a la ciudadanía a tomar las calles y exigir que se respetaran los resultados manifestados en las urnas, así como pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche, jefe de la FECI.

Este contexto plantea tres realidades con la que los electores acudirán a las urnas, afirmó la investigadora Úrsula Roldán. La primera es una “fiesta ciudadana” ante la oportunidad de cambio al sistema y una esperanza que se ha difuminado especialmente en el área urbana, así como el voto joven y quienes tenían “un nivel de hartazgo” frente al sistema.

En la segunda realidad, se encuentra la propuesta de Torres, que busca por tercera ocasión la presidencia, y que usa la maquinaria del gobierno central sumado al clientelismo político para ganar votos que podría influir especialmente en las áreas rurales.

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Rigoberto Quemé Chay, antropólogo e investigador, coincidió con Roldán y mencionó la “complicidad de sectores institucionales” como el magisterio e incluso la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en donde el denominado Pacto de Corruptos ha encontrado “una caja de resonancia”.

“Los del Pacto de Corruptos están desesperados y la desesperación en cuestión política es delicada porque puede provocar violencia, puede alimentar odios en otros sectores, esa es una cadena. Incluso ellos mismos pueden ser que no tomen una acción, pero provocan que la población lo haga”, dijo Quemé.

Esta semana, en redes sociales ha circulado información que señala la utilización de grupos de chat a través de WhatsApp en donde maestros del sector público y veteranos militares se han organizado para evitar que la candidata presidencial de la UNE pierda. La presión consiste en condicionar sus contratos laborales con promesas de mejoras si piden a los padres de familia que voten por Torres.

“Hay una complicidad grande entre maestros porque en estos días les dieron la bolsa de víveres que da el sistema educativo y le dieron una bolsa ampliada y mejorada. Según les dijeron que seguiría la entrega solo si gana Sandra Torres. Entonces, las señoras se convencen por esto. Y ya no es una actitud política sino de necesidad que motiva a la gente a orientar su voto hacia la candidata”, comentó Quemé.

Por otro lado, también se ha divulgado que “influencers” se han sumado a esta campaña a favor de Torres. Para los analistas esta situación es preocupante ya que esta complicidad también alcanza a los alcaldes que se han aliado a la UNE. Sin embargo, aún hay comunidades indígenas y otros sectores de la sociedad que están convencidos de brindar su apoyo al binomio presidencial de Semilla.

Este contexto, plantea la tercera realidad: la incertidumbre. Ambos analistas coinciden que si la segunda vuelta se realiza con normalidad “la derrota es inminente para Torres”. Según la encuesta, de CID Gallup, Arévalo lidera la intención de voto con el 61%. Mientras, Torres obtendría un 39%. Sin embargo, la última palabra está en las urnas si se toma en cuenta que en la primera vuelta realizada el 25 de junio, Arévalo no lideraba la intención de voto.

Para Roldán, el papel de la comunidad internacional se vuelve relevante para evitar un limbo jurídico de una constante penalización del proceso electoral y contra Semilla. “La comunidad internacional puede tener una voz contundente y medidas que pueden aislar a Guatemala. No es que muevan a los actores directos, pero sí indirectos como algunas élites económicas que son importantes en la toma de decisiones del país, así como actores políticos”, dijo Roldán.

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Un camino turbulento

El 25 de junio la jornada electoral finalizaba con una tendencia contra todo pronóstico. Arévalo, con el 11.8% (653,486) de los 5,565,598 votos emitidos, se perfilaba junto a Torres, con el 15.7% (888,924) como candidatos para disputar la presidencia el próximo domingo.

Analistas consultados refieren que el voto hacia Semilla se produjo en rechazo o hastío de la población al modelo político actual, al anti voto de candidatos con líderes vinculados a casos de corrupción, a los militares o crimen organizado y otra parte pudo provenir del voto joven.

A pesar de la decisión de la población, el resultado fue impugnado desde el inicio. El 1 de julio nueve partidos políticos (VAMOS, Valor, UNE, Cambio, Mi Familia, Podemos, Creo, Cabal y Azul) obtuvieron un amparo provisional que habían planteado contra el Tribunal Supremo Electoral en la Corte de Constitucionalidad (CC).

La polémica resolución de la máxima Corte estableció que no se podían oficializar los resultados de las elecciones generales hasta que no se resolvieran las impugnaciones y objeciones.

Esto derivó una nueva revisión de los escrutinios que se realizó del 3 al 7 de julio, lo que acentúo la incertidumbre y judicialización del proceso electoral. El primer día de las jornadas de revisión, se desarrolló entre gritos de los fiscales de partidos políticos como VAMOS, Valor y UNE que buscaban abrir las cajas o contar voto por voto.

Sin embargo, los miembros de las Juntas Electorales Departamentales (JED) resguardaron los resultados al afirmar que la CC ordenaba revisar únicamente las actas impugnadas el día de las elecciones por los fiscales de cada partido. Las jornadas se realizaron entre insultos y presiones hacia los integrantes de las JED.

Durante este proceso de revisión, los resultados preliminares no tuvieron mayores cambios y luego de revisar las actas impugnadas las JED realizaron los cambios en donde correspondía, confirmando el resultado de algunas corporaciones municipales y sumando o restando puntos a agrupaciones políticas en donde los datos no coincidían con los consignados el día de las elecciones.

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Una semana después de la revisión, la incertidumbre se generalizaba y se registraban las primeras manifestaciones frente al TSE, las cortes y el MP. La noche del 12 de julio, los magistrados del TSE dieron una conferencia de prensa para oficializar los resultados para presidente y vicepresidente.

Sin embargo, la confirmación de la segunda vuelta se dio en medio de la tensión que provocó Curruchiche al anunciar que el juez séptimo, Fredy Orellana, había suspendido la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla. Al ser cuestionados, los magistrados del TSE se negaron a emitir su opinión sobre el caso y dijeron que no habían sido notificados.

La orden del juez Orellana desató otras que llevaron a la persecución del Registro de Ciudadanos, el departamento de Recursos Humanos y el área de informática ubicada en el Parque de la Industria, en donde secuestraron información para adjuntar a la investigación contra Semilla.

La sede de la organización también fue allanada a pesar de que los abogados de Semilla explicaron que ellos habían denunciado la anomalía de firmas falsas cuando constituido el partido político y que la fiscalía le negaba el acceso al expediente con el caso para preparar su defensa.

Estas acciones judiciales que contaban con un despliegue de agentes de seguridad, algunos armados con armas de grueso calibre llevaron a que los países miembros de la OEA solicitaran reuniones extraordinarias para conocer los detalles de la crisis electoral del país.

Una de estas reuniones contó con la presencia de la presidenta del TSE, Irma Palencia, quien denunció la retención de trabajadores del Registro de Ciudadanos en el primer allanamiento que realizó la FECI, luego que el registrador, Ramiro Muñoz, definiera el futuro de Semilla y negara cancelar su personalidad jurídico respaldado en la Ley de Partidos Políticos.

Días previos a estas acciones, Muñoz solicitó vacaciones. Desde hace un mes se encuentra ausente del cargo.

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Previo a la visita de Almagro, la tensión aumentaba con manifestaciones en las calles, allanamientos y acciones legales ante las cortes. En su informe entregado, la semana pasada, el secretario general de la OEA, recalcó que las autoridades guatemaltecas le garantizaron que la segunda vuelta se realizaría y agregó que la Misión de Observadores Electorales se mantendrán en el país hasta la transición de mando el próximo 14 de enero.

Desafíos para el próximo presidente

De ganar Semilla, los analistas coinciden que su principal reto será concretar alianzas con el sector privado y con el nuevo Congreso que tendrá como fuerzas mayoritarias al partido VAMOS y UNE. Aunque Semilla logró 23 diputados, el Legislativo será su principal obstáculo ya que este órgano del Estado autoriza el presupuesto y sus opositores podrían quitarles el financiamiento a sus propuestas.

Quemé prevé que el sistema de justicia que se encuentra cooptado no va a defender al nuevo Gobierno. Si continúan las acciones legales para quitar la personalidad jurídica a Semilla la bancada que llega al congreso será independiente y no tendrán derecho a formar parte de ninguna comisión de trabajo. “Ya sin partido, a él (Arévalo) no le afecta ni a los diputados. Pero sí les afecta de que no podrán presidir comisiones en el Congreso y ahí es donde se discuten los grandes negocios y presupuestos”, dijo el académico.

Roldán coincide con Quemé y agrega que la ciudadanía estaría con altas expectativas y esperanza de que algo cambie. Pero, se condicionaría al proceso judicial que podría iniciarse después de la segunda vuelta.  “Aunque Arévalo tenga voluntad política a esto se suma la capacidad que tendrá con su estructura partidaria, de no ser anulada, su representación en el congreso que requerirá negociación y su capacidad real de poder implementar políticas a beneficio de la población”, dice.

Ambos no descartan que la persecución podría seguir en el Gobierno si gana Arévalo. El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ya anticipó un escenario, antejuicios y órdenes de captura contra integrantes del partido Semilla.

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En cuanto a los escenarios que visualizan de ganar Sandra Torres, Quemé sostiene que “calmarían las aguas” y todo volvería a la “normalidad” con la que opera el Pacto de Corruptos para hacer sus negocios y que la población continúe viviendo en pobreza. Pero aumentaría la persecución contra Semilla.

Roldán también visualiza una permanencia del sistema de cooptación de las instituciones del Estado, se mantendría un alto grado de cómo mantener su clientelismo político para no perder el apoyo social para mantenerse en el poder. Una situación parecida a Nicaragua.

“La UNE va a tratar de capitalizar el apoyo de las áreas rurales para mantenerse en el poder y tendría el control de las instituciones del Estado y sería una incertidumbre de cómo manejará las relaciones internacionales”, recalcó.

En lo interno, podría aumentar el exilio e incluso el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas.

En cualquiera de los escenarios, el papel de la ciudadanía será importante, enfatizaron los analistas. “Nosotros estamos cometiendo un error al querer pretender que él (Arévalo) resuelva ese problema que se avizora cuando debería ser la población que defienda el resultado porque él no puede contra el pacto de corruptos”, agregó Quemé.

En tanto, Roldán ve que quien sea electo como presidente deberá capitalizar la esperanza de la ciudadanía de que sí es posible hacer cambios desde su participación en las urnas. “Tenemos un momento muy valioso de cambio por la participación de la ciudadanía, de la juventud y de otro discurso político”, declaró.

En la primera vuelta, según los datos del TSE, la UNE habría ganado en 17 departamentos del país y Movimiento semilla en cuatro (Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango y Chimaltenango). La Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, son distritos donde Semilla arrasó.

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