Ningún proceso electoral guatemalteco había sido tan agitado como el actual. Y es que el evento de este año ha estado marcado por cuestiones inusuales y sorpresivas, lo cual lo convierte ya en un evento histórico turbulento en la corta era democrática del país.
Prensa Comunitaria
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó el miércoles 12 de julio que Sandra Torres y Bernardo Arévalo irán a segunda vuelta para que la población decida quién dirigirá la Presidencia a partir de enero del próximo año. El anuncio se hizo 17 días después de la primera vuelta electoral.
El retraso fue impulsado por el partido Vamos (Alejandro Giammattei y Manuel Conde), UNE (Sandra Torres), Valor (Zury Ríos), Cambio (Manuel Baldizón), entre otros partidos que impulsaron la narrativa de “fraude electoral”.
De tal cuenta, interpusieron amparos ante la Corte de Constitucionalidad, la cual fue nombrada por la alianza oficialista incrustada en todos los órganos electores de esa instancia. El tribunal otorgó un fallo favorable, que suspendió la oficialización de resultados.
No obstante, luego de una revisión de las actas de votos, las juntas electorales validaron los resultados de la primera vuelta electoral. Esto es solo la punta del iceberg de las acciones emprendidas para entorpecer los comicios.
El primer paso para afectar las elecciones fue la eliminación de candidatos que pudieran amenazar el statu quo. Para ello se utilizaron instituciones que fueron electas o son controladas por el oficialismo.
Una de ellas fue la del Movimiento de la Liberación de los Pueblos, cuyo binomio presidencial no fue inscrito, debido a que el finiquito de Jordán Rodas (su vicepresidenciable) quedó sin validez por una denuncia de la Contraloría General de Cuentas.
Posteriormente, las aspiraciones presidenciales de Roberto Arzú fueron frustradas por los magistrados electorales y las cortes, por supuestamente realizar campaña anticipada el año pasado y carecer de “idoneidad”.
Por último, Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas, ya no pudo participar en los comicios y aspirar a la Presidencia, por presuntos procedimientos internos irregulares del partido Prosperidad Ciudadana, el cual lo postulaba.
Esas candidaturas descalificadas representaban parte del voto antisistema para estos comicios y podrían haber captado cientos de miles de votos. Su exclusión, abrió la posibilidad para que otras candidaturas aliadas al oficialismo se beneficiaran.
Encuestas
Los favorecidos por la cancelación de presidenciables fueron Sandra Torres, Edmond Mulet, Zury Ríos y Manuel Conde, quienes punteaban en las encuestas, aunque también hubo otras que presuntamente fueron pagadas por los partidos políticos.
La mayoría de este tipo de estudios de opinión fueron difundidos en redes sociales, aunque sin conocerse la entidad que las efectuaba o la metodología utilizada. Sin embargo, la encuesta más relevante de estos comicios fue la efectuada por Pro Datos.
La firma publicó dos estudios previos a la primera vuelta en Prensa Libre. En la inicial Pineda lideraba la intención de votos; la segunda la encabezó Torres, ya cuando se había dado la eliminación de candidatos.
Vale resaltar que, en ninguna de las dos encuestas de Pro Datos, Arévalo figuró entre los primeros cinco. En otros análisis de intención de voto hechos por CID Gallup, el Movimiento Semilla no apareció, como sí lo hicieron Ríos Sosa, Mulet o Torres.
Incluso, medios de comunicación alineados al gobierno, presionaron durante las últimas semanas de campaña divulgando encuestas de diversas firmas que colocaban a Ríos como la ganadora de la primera vuelta.
Si bien el escenario probable era que Torres se enfrentara a Mulet o a Ríos en el balotaje, las previsiones no se cumplieron y fue finalmente, de forma sorpresiva, Arévalo quien quedó en segundo lugar.
La eliminación de varios candidatos también le benefició al Movimiento Semilla, porque junto Winaq-URNG y VOS, quedó como una de las pocas opciones antisistema y el voto de este sector ya no se diluyó entre varios aspirantes.
Judicialización
Las cortes han intervenido en el evento electoral, pero ha sido principalmente el Ministerio Público (MP) el que ha obstaculizado los comicios y ha creado un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en el país.
El ente investigador, por medio de la FECI y con la ayuda del juez Fredy Orellana, pidió al TSE que el Movimiento Semilla sea suspendido, que no pueda participar en ningún acto político y que sus candidatos no puedan asumir los cargos que ya ganaron.
El Registro de Ciudadanos señaló que estaba imposibilitado de cumplir tal orden, porque un partido no puede ser cancelado durante un proceso electoral y porque la adjudicación de cargos es una atribución que solo le compete al TSE.
Asimismo, la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo a Semilla, con lo que dejó habilitado al partido para participar en la segunda vuelta electoral. Pese a ello, los embates del MP y de Orellana no se han detenido.
Primero, la FECI allanó la sede del Registro de Ciudadanos y secuestró documentación relacionada con el partido de Arévalo. Posteriormente, el citado juzgador ordenó que se iniciara una investigación en contra del registrador Ramiro Muñoz, por no acatar su fallo.
Mientras eso ocurría, se giraron órdenes de captura en contra de personas vinculadas a la agrupación. Asimismo, se ordenó la detención de Eleonora Castillo, quien suplió a Muñoz porque estaba de vacaciones.
Por último, se hizo un allanamiento en la sede de Semilla, en la zona 1 capitalina. Todo ello se ejecutó porque supuestamente hubo anomalías en el proceso de conformación de la agrupación política.
Por su parte, el TSE después de haber desechado algunas candidaturas prominentes o permitido la de los aliados al oficialismo, ha pedido que se respete “la voluntad soberana de la ciudadanía”.
Señalamientos
El controversial juez Fredy Orellana fue incluido este año en la Lista Engel por el Departamento de Estado de EE. UU., ya que la nación norteamericana lo considera un actor corrupto y antidemocrático.
La dependencia estadounidense expuso que el funcionario “socavó procesos o instituciones democráticas, al autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas por ejercer su libertad de expresión, protegida por la legislación guatemalteca”.
Y es que el juzgador estuvo encargado del proceso penal de Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico y quien lleva más de un año detenido. No fue el único togado integrado a la nómina en 2023, ya que junto a él fue designado Jimmi Brenner, otro juez que avaló perseguir a reporteros y columnistas del citado medio de comunicación.
Lesther Castellanos, quien dirigía el Juzgado de Mayor Riesgo en Quetzaltenango, también fue incluido a la Lista Engel, por tomar “represalias contra una fiscal anticorrupción por presentar quejas administrativas relativas a la gestión de Castellanos de un caso penal”.
La investigadora en cuestión es Virginia Laparra. Ella dirigía la sede de la FECI en Quetzaltenango y Amnistía Internacional la declaró “presa de conciencia” y pidió que fuera liberada “inmediata e incondicionalmente”.
Laparra es una de los muchos operadores de justicia que han sido criminalizados en Guatemala. La mayoría han sido perseguidos por la FECI de Rafael Curruchiche y su principal aliada: la Fundación contra el Terrorismo, de Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz. Los tres también están en la Lista Engel.
Anticorrupción, indignación, resistencia y hartazgo
Vale resaltar que Semilla surgió de las manifestaciones pacíficas de 2015. En aquel año, la población se movilizó continuamente para derrocar el corrupto gobierno del Partido Patriota, cuyos principales dirigentes ya fueron condenados por cometer hechos ilícitos.
El ascenso del partido político comandado por Arévalo ha sido vertiginoso, pero con diversas turbulencias. Por ejemplo, en 2019, Thelma Aldana, su presidenciable, no pudo participar porque su finiquito perdió validez.
En estos comicios, Semilla tuvo resultados presidenciales y legislativos sorprendentes: su binomio está en segunda vuelta y tendrá 23 parlamentarios, lo que convertirá en la tercera bancada con más legisladores. No obstante, el oficialismo controlará el Congreso.
Esto se debe a que el partido Vamos tendrá 39 curules. Mientras que la UNE de Sandra Torres, la cual ha votado consistentemente en el Legislativo con la agrupación del presidente Alejandro Giammattei, consiguió 28 diputaciones.
Por aparte, el partido oficial consiguió 132 alcaldías, la mayor cantidad para una agrupación en los comicios de este año. La segunda fuerza municipalista corresponde a Cabal, que consiguió 48 corporaciones. La UNE se quedó con 36 y Valor con 26.
En tanto que Semilla apenas ocupará una comuna: la de Palestina de los Altos en Quetzaltenango. De tal forma, la agrupación de Arévalo no cuenta con una fortaleza municipal.
Pese a ello, Semilla ganó la elección presidencial en Quetzaltenango, Guatemala (que posee el padrón más grande) y Sacatepéquez. Tales departamentos le otorgaron más de la mitad de los 653 mil 486 sufragios que obtuvo en la primera vuelta.
Esos tres distritos son predominantemente urbanos. En cambio, la UNE dominó en las zonas rurales y recibió apoyó principalmente en Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos.
El partido de Torres obtuvo 888 mil 924 votos en la primera vuelta y ganó los comicios presidenciales en 108 municipios de la nación. Pese a los resultados de Semilla y de la UNE, fue el voto nulo el que se impuso en los comicios del 25 de junio.
Tal sufragio fue emitido por 964 mil 775 ciudadanos. Adicionalmente, el voto en blanco también fue alto en estos comicios y alcanzó la cifra de 388 mil 363. En total, estos dos últimos tipos de sufragios lo emitieron 1.35 millones de pobladores.
Por ello, la labor de convencimiento tanto de Arévalo como de Torres deberá ser exhaustiva, porque, además de los votos nulos y blancos, hubo 3.79 millones que no emitieron su sufragio y otros 2.67 millones de personas apoyaron a otros candidatos.
En total, Semilla y la UNE deben captar el respaldo de 7.81 millones de ciudadanos que no votaron por sus partidos el 25 de junio. Eso representa el 83% del padrón electoral, una muestra del mínimo respaldo que recibieron ambas agrupaciones en la primera vuelta.
Sin estándares
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, manifestó que este proceso electoral tuvo falta de integridad. “No se cumplió con los estándares mínimos de legalidad, imparcialidad, transparencia y equidad”, dijo.
Según el entrevistado, tales circunstancias se presentaron en el evento eleccionario dada la manipulación que hubo de parte de la “alianza que controla el poder del Estado en Guatemala”, la cual manejó a las cortes y al TSE para “sacar a algunos candidatos o permitir la participación de otros cuando tenían prohibiciones claras por falta de idoneidad”.
El analista expuso que con una cantidad “tan grande” de candidatos presidenciales, el debate para estos comicios fue pobre. “Entonces, básicamente, fue una campaña de promoción de imagen, de eslóganes y de TikToks”, añadió.
“Los dos finalistas (Torres y Arévalo) son de los pocos que tienen algo de propuesta. Por lo menos, sí se coló una opción que es percibida como antisistema y esa propuesta que trae Semilla representa un rompimiento del esquema de utilizar un gobierno como una maquinaria de extracción de recursos”, expresó Marroquín.
El profesional comentó que, en la era democrática del país, ningún proceso electoral había sido como este “ni de cerca”. “El que se podría poner en segundo lugar, como más irregular o manoseado, fue el de 2019”, expresó.
“(Sin embargo), un evento electoral como este, jamás. Este ha sido el peor y con las peores autoridades electorales, con las peores decisiones judiciales y con el manoseo más grande del gobierno de turno”, puntualizó.
Anomalías
El politólogo Luis Mack señaló que durante el proceso electoral se dieron varias anomalías, como la exclusión de candidatos, pero lo que se vivió con las acciones del Ministerio Público en contra de la candidatura de Arévalo atentaba contra el marco legal del país.
Mack recordó que con el impedimento de la participación de Carlos Pineda se dio un caso similar, pero no igual al de Arévalo, porque el presidenciable de Prosperidad Ciudadana tenía una “intención de voto”.
Mientras que en el caso del aspirante de Semilla ya se había concretado la victoria junto a Sandra Torres y el intento de limitar la participación era una abierta violación a la Constitución, configurándose en un golpe de Estado técnico.
Mack consideró que hasta ahora las campañas políticas han carecido de propuestas y se han centrado más en la descalificación de los candidatos. “Dejémonos de estar descalificando porque solo moviliza el antivoto y centrémonos en las propuestas, valores y cómo vamos a rescatar al país de los graves problemas que nos aquejan”, subrayó el experto.
También comentó que las acciones de las autoridades judiciales han sido nefastas, porque “buena parte de la desconfianza y la noción de fraude ha dado incertidumbre y se debe a las erráticas decisiones de los entes judiciales”.
“El pueblo de Guatemala es el gran ganador del proceso electoral” porque se sacaron a relucir las falencias legales y políticas de la democracia, y fue un proceso pedagógico para los ciudadanos porque se habló de la importancia de las Juntas Receptora de Votos y el compromiso del resguardo del voto, enfatizó Mack.
Ruta
La ruta está trazada: la segunda vuelta está a tres días. Es un lapso corto por darse en un ambiente tenso y de calma, combinados que han determinado un ambiente político agitado, en el que ahora se han involucrado diversos actores con exigencias, manifestaciones pacíficas y hasta con prédicas con campañas sucias.
Apoyo ciudadano
Estas son las cinco localidades en donde ganaron más votos los candidatos del balotaje. Ambos tendrán que conquistar el sufragio de 7.81 millones de personas que no les brindaron su apoyo en la primera vuelta. En paréntesis, los votos conseguidos en cada departamento.
