Las empresas Ciansa, Coamco y SCM recibieron pagos de la anterior ministra de Comunicaciones, los cuales no estaban contemplados dentro del listado priorizado por el gobierno de Arévalo.
Por Carlos Estrada
La ahora exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, realizó pagos a las empresas Construcciones Integrales Avanzadas (Ciansa), de Josué Méndez; Supervisión Construcción y Mantenimiento (SCM), de Alejandro Matheu Escamilla; y a Coamco, de Juan Pablo Morales Mansilla, todos con vínculos políticos y de las empresas favoritas del anterior gobierno sin que estas hubieran sido acordados dentro de un comité integrado por el ministro de Finanzas, el presidente Bernardo Arévalo y la ahora exministra.
Tras conocer estos pagos, el presidente Bernardo Arévalo removió a Jazmín de la Vega como ministra de Comunicaciones, ya que había incluido a estas empresas sin que estuvieran contempladas dentro del plan de pagos que se discutía de manera técnica entre los tres.
La secretaria privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, señaló en una reunión con diputados de la bancada VOS, que se había elaborado un sistema para tener un mayor control y con criterios técnicos, como no haber pagado en los dos meses anteriores, que el avance físico correspondiera con el financiero y que existieran criterios técnicos para los pagos.
El pago de obras de arrastre ha sido uno de los factores que han contribuido a la corrupción en los últimos gobiernos debido a que los funcionarios pedían comisiones a cambio de hacer desembolsos, esto fue reconocido por las empresas constructoras en los diferentes juicios que se siguieron en contra del exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi.
Los vínculos políticos
Entre las empresas que fueron mencionadas por la secretaria Tager está: Ciansa, que es propiedad de Josué Méndez, empresa vinculada al exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos.
La empresa, además, tiene relación con la empresa Cuatro Carriles, ambas beneficiadas durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Solo durante el gobierno de Giammattei, Ciansa recibió más de Q831 millones, mientras que con Morales recibió más de Q538 millones, mientras que Cuatro Carriles recibió contratos por más de Q558 millones.
Entre las adjudicaciones recibidas por la empresa destaca la construcción de la carretera que pasaba frente a la finca de la familia de Giammattei en Sacatepéquez.
La empresa SCM, que también fue mencionada por la secretaria privada, es propiedad de Alejandro Matheu Escamilla, un constructor que creció durante la administración de Jimmy Morales mientras que José Luis Benito era el ministro. Benito fue señalado por lavado de dinero por el ocultamiento de más de Q122 millones en efectivo, encontrados en maletas de viaje y que habrían sido producto de sobornos en esa cartera.
Escamilla y Benito son aficionados a los caballos y fue de ahí que forjaron una importante amistad que se trasladó a la entrega de obras de infraestructura.
Matheu fue mencionado en una declaración de un testigo, caso conocido como “el testigo A” que habría contado a la exjueza Erika Aifán la forma en la que Alejandro Giammattei recibió financiamiento del exministro Benito a cambio de que se le hicieran efectivos pagos a Matheu y otros constructores cercanos a este.
La investigación alrededor de esta declaración nunca fue seguida por el Ministerio Público de Consuelo Porras.
De igual manera, Coamco fue mencionada por el mismo testigo como la empresa que entregó el financiamiento a Giammattei, proveniente de los fondos que recibió de la administración de Benito días antes de hacer el desembolso.
Coamco recibió también millonarios contratos en el Gobierno de Giammattei y “donó” el asfalto para el ingreso del hospital COVID, en Santa Lucia Cotzumalguapa, el lugar de nacimiento de Miguel Martínez.
La empresa recibió durante el gobierno de Giammattei adjudicaciones por Q497 millones. Este año la municipalidad de Guatemala le adjudicó un contrato por Q11.9 millones para el arrendamiento de maquinaria pesada.
El diputado Jairo Flores dijo durante la citación con los funcionarios de Gobierno que quedaba evidenciado las razones por las que la anterior ministra “no tocaba” a las anteriores autoridades.
La secretaria privada señaló que varias de esas empresas ni siquiera estaban en los listados que se habían elaborado entre el presidente y los ministros y se había acordado el pago ordenado para evitar temas de corrupción.
La funcionaria señaló que era un compromiso del presidente y del Gobierno evitar que se dieran casos de corrupción en las distintas instituciones e invitó a los diputados a hacer las denuncias cuando tuvieran la información, aunque señaló que por la forma en la que estaba constituido el sistema de justicia actualmente las denuncias de estos casos no avanzaban.
Otros pagos que hizo la anterior ministra fueron a la empresa de Shellder Córdova Catalán, por Q8 millones 933 mil 12.26. Los Córdova, también han sido señalados por tener vínculos políticos y han sido diputados y alcaldes con diferentes agrupaciones. En los comicios recientes, Edgar Tomas Córdova compitió por la primera casilla de Alta Verapaz, por el partido Cabal.
Los Córdova ya habían participado en política, inicialmente de la mano de nóen el partido Lider cuando fueron electos para diputado uno de ellos, mientras otros dos ocuparon cargos de alcaldes en Cobán y el Chahal.
Otro de los pagos fue realizado a Ericka Schwartz Castellanos de León. Ella es hija de Guillermo Schwartz Ramírez, exdiputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). También es esposa de José Luis León Fajardo, un constructor amigo de Mario Aguilar quien fue director de Caminos en la administración de Giammattei. León y Aguilar trabajaron en la municipalidad de Mixco durante la administración de Otto Pérez Leal.
Prourba, propiedad de Rafael Ricardo Bonilla Miyares es otra de las empresas que el testigo A relacionó con José Luis Benito y que habrían aportado para financiar la campaña de Alejandro Giammattei. La empresa recibió pagos por parte De la Vega por Q5.4 millones
Grupo Muratori que recibió la adjudicación para la construcción del puente Belice, que fue el contrato más grande adjudicado por el Gobierno de Giammattei y que ha sido denunciado por estar sobrevalorado, recibió varios pagos por parte de la ahora exministra.
Se defiende
En una conferencia de prensa convocada en un hotel de la zona 10, De la Vega señaló que se iba con la frente en alto “por haber hecho bien su trabajo”.
Durante la conferencia dijo que no se había prestado a acatar “órdenes ilegales”, aunque no especificó a cuáles se refería. Señaló que se opuso a la forma de pagos establecida por el Gobierno, ya que violentaba según ella, los contratos establecidos y provocaba endeudamiento del Estado.
“Se debe cancelar todos los meses, por razones técnicas. No estoy de acuerdo que los pagos se hagan cada dos o tres meses”, señaló la exfuncionaria.
Además expresó que priorizó 60 obras a nivel nacional luego de un recorrido por el país. “Prioricé las obras que por beneficio a las comunidades no debían dejarse tiradas por falta de pago por motivaciones o manipulaciones políticas… por lo que mi decisión fue pagar obras independientemente de las empresas contratistas pues la supervisión en campo y la documentación legal las respaldan. También, procedí a presentar denuncias de las obras con deficiencias”, dijo.
Antes de la conferencia de De la Vega, el gobierno anunció la destitución de tres viceministros de Comunicaciones y personal cercano a De la Vega.
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