Las comunidades de Tela, Honduras se organizan, alzan la voz y tejen esperanza frente a la criminalización y el despojo.
Por Dunia Orellana*
Tela, Honduras. En el territorio ancestral garífuna de la costa atlántica hondureña, la memoria de las ancestras, la solidaridad entre comunidades y la determinación colectiva dibujan un horizonte de esperanza. El pueblo garífuna enfrenta invasiones armadas, maniobras judiciales arbitrarias y un discurso que lo estigmatiza. Sin embargo, la respuesta no ha sido el silencio ni la rendición. Ha sido la organización, la palabra firme y el abrazo de una red de apoyo que trasciende fronteras.
Comunidad Tornabé: Somos un pueblo de paz, no pueden venir a intimidarnos
Los garífunas somos un pueblo de paz, no podemos permitir que nos vengan a intimidar en nuestras tierras ancestrales, asegura la comunidad de Tornabé, a dos días de haber sido atacada mientras trabajaba sus tierras, sobre las que posee titularidad avalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante la visita de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la comunidad relató cómo varios hombres armados trataron de ingresar al lugar. Sin embargo, el ataque no fue un hecho aislado. Días antes del incidente, la comunidad garífuna había observado vuelo de drones sobre la finca y vigilancia de carros sin placas. Además había sufrido comentarios racistas y amenazas explícitas contra su vida.
Los liderazgos comunitarios de Tornabé, acompañados por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), aseguran que se toman estas amenazas “muy en serio”. Por otro lado, temen sufrir nuevos ataques, por lo que piden medidas de protección urgentes y la atención de la comunidad internacional.
En la comunidad de Tornabé, el pasado 12 de julio, la llegada de “cuatro vehículos sin placas de lujo” transportando hombres, incluyendo extranjeros, actuaron “agrediendo, sacando armas, insultando, agrediendo de forma racista”, según testimonios recogidos por el medio comunitario Pueblo y Barrio.
El ataque reavivó el dolor y la indignación: la población garífuna no tardó en señalar lo que considera una injusticia histórica. “No es posible que vengan al territorio ancestral garífuna, que por ley le pertenece, a decir que ellos son los dueños de una tierra que compraron ilegalmente. Las cosas no tienen por qué ser así. El pueblo garífuna se merece respeto”.
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Investigan en medio de la tensión
Dos días después del ataque, mientras la comunidad intentaba retomar sus labores en las tierras sobre las que poseen titularidad avalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus líderes y lideresas relataron a acompañantes internacionales el clima de intimidación que precedió a la agresión.
La exigencia de respeto y justicia también se trasladó al ámbito institucional. El comisario de la Policía, Cristian Nolasco, explicó en Radio Progreso que se están realizando las investigaciones pertinentes. Aunque reconoció que la detención inmediata no siempre es posible por los protocolos de uso progresivo de la fuerza, lanzó un mensaje claro a la comunidad. “No se sientan solos, siéntanse apoyados”, dijo.
Nolasco aseguró que se debe documentar técnica y científicamente cada caso para que “no queden en la impunidad” y que se indaga si las armas exhibidas por los invasores eran legales o de uso prohibido. Sus palabras, aunque medidas, reflejaron la complejidad de un territorio donde las leyes agrarias y los intereses empresariales mantienen en vilo a los pueblos originarios.
El violento operativo del 6 de julio
Este hostigamiento se suma a un grave antecedente inmediato. El 6 de julio, un fuerte operativo policial desplegado en la comunidad garífuna de San Juan, municipio de Tela, departamento de Atlántida, encendió las alarmas de las organizaciones defensoras de derechos humanos. La coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, denunció que más de 200 agentes de la Policía Nacional se tomaron la comunidad, utilizando gases lacrimógenos y disparando balas vivas contra sus habitantes.
Al menos cinco integrantes de la comunidad fueron detenidos durante horas antes de ser liberados. Entre ellos se encontraba Deinor Osmany Mejía Arzú, presidente del Comité de Defensa de la Tierra de San Juan. Los otros capturados fueron Irbin René López Cortés, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta Acosta. La acusación que se pretendía esgrimir contra ellos: el presunto delito de usurpación de su propio territorio ancestral.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) exigió la liberación inmediata de los cuatro compañeros y la compañera de la comunidad garífuna de San Juan, Durugubuty, a quienes se pretende acusar del delito de usurpación de su propio territorio ancestral el pasado 06 de julio del 2026.
Deinor Osmany Mejía Arzú
Irbin René López Cortés
Carlos Enrique Fernández Guzmán
Onil Rigoberto Hernández Zelaya
Sara Abigail Acosta Acosta
Maniobra judicial y respuesta colectiva
En el campamento Tuba Mena —bautizado así en honor a Feliciana Suazo, mujer adulta mayor de 80 años que murió acusada de usurpar su propio territorio— la comunidad de San Juan se congregó en una conferencia de prensa improvisada bajo una enramada construida “día y noche” por manos solidarias. Allí se conoció la maniobra judicial más reciente, fechada este 14 de julio: la jueza Norma Fuentes, de Tela, se declaró incompetente y envió el expediente a un juzgado de criminalidad organizada en San Pedro Sula, argumentando que la comunidad constituiría una “estructura criminal”. El abogado defensor Edy Tábora denunció un “fraude procesal” y recordó que la misma jueza “debió inadmitir la acusación del Ministerio Público” porque la ley especial no se aplica en territorios indígenas amparados por sentencias internacionales.
Lejos de paralizarse, la asamblea comunitaria tomó una decisión colectiva inmediata. Cuando Miriam Miranda preguntó: “¿Dónde queremos que se lleve a cabo esta audiencia? ¿En Tela o en San Pedro Sula?”, la respuesta fue unánime y enérgica: “En Tela”. A partir de ahí, el plan se tejió con precisión amorosa: “Mañana nos encontramos en Tela. Queremos que ese expediente esté ahí y que los abogados nuestros lo miren. E iniciamos esa audiencia porque los garífunas estamos aquí en Tela para recibir”.
Miriam Miranda el 14 de julio del 2026 en San Juan, municipio de Tela en el norte de Honduras. Foto: Pueblo y Barrio
Resistencia espiritual y unidad territorial
La resistencia no es sólo jurídica ni territorial; es profundamente espiritual y simbólica. En el campamento se honra a las madres que van a la playa a recibir el viento y los rayos del sol, un acto de salud y conexión con los ancestros. “La lucha de Barauda y de Satuye se hace presente hoy más que nunca. La defensa de los territorios, la defensa de la vida”, expresó Miranda.
Mientras esperaban la llegada de más buses con delegaciones de comunidades como Triunfo de la Cruz, Ensenada, Tornabé, Corozal, Río Esteban, Sambo Creek, Iriona y Punta Piedra, el mensaje que se repetía era nítido: “Esto no es de ahora, esto es histórico, siempre hemos estado en guerra porque nos quieren quitar nuestro territorio”.
En el horizonte inmediato, la audiencia señalada para este 15 de julio se convierte en un símbolo. La exigencia es que el expediente regrese a Tela y que se cierre definitivamente un caso que, desde la óptica comunitaria, es ilegal y atenta contra los derechos de un pueblo protegido por cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la solidaridad internacional ya se ha manifestado: desde Belice y Nueva York han llegado acciones de protesta y notas diplomáticas. La comunidad garífuna no está sola.
En el rostro de cada persona que construyó la casona, de cada joven que transmite en vivo, de cada anciana cuyo nombre se convierte en bandera, late una certeza: la esperanza no es un deseo abstracto, es una práctica cotidiana. “Aquí no hay vándalos. Aquí nosotros nos cuidamos nosotros mismos. No, aquí no hay armas, aquí no hay nada”, dice una voz comunitaria mientras muestra la comunidad. La mayor riqueza, insisten, es la gente y su capacidad de permanecer firmes, unidos y en paz. “Estamos firmes, pueblo. Amén”.
La comunidad garífuna protestó frente a Naciones Unidas en Nueva York el pasado 10 de julio del 2026.
La solidaridad internacional se activa
Frente al acoso judicial y policial, la comunidad ha elegido la memoria y la unidad como brújula. Miriam Miranda lanzó un llamado desde la Red de Defensoras que ya encuentra eco en varios países. “Estamos haciendo un llamado para que el día de mañana (15 de julio) en cualquier país, desde cualquier espacio, hagan una manifestación, ya puede ser a través de cartas a los consulados, al Estado hondureño para que puedan determinar que los compañeros que están siendo criminalizados […] deben ser liberados inmediatamente”.
El 10 de julio, un grupo de garífunas se manifestó frente al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York para exigir el cese de la represión del gobierno hondureño contra la población. Y el 14 de julio, el Consejo Nacional Garífuna (NGC) realizó una protesta pacífica frente a la Embajada de Honduras en Belice en solidaridad con San Juan, llamando la atención sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos y exigiendo la protección de los derechos indígenas a la tierra, la justicia y la preservación del patrimonio garífuna.
En ese mismo espíritu de acompañamiento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) visitó recientemente la comunidad de San Juan y sostuvo un diálogo directo con sus representantes y con Ofraneh. La Oficina escuchó las principales preocupaciones sobre los impactos en los derechos humanos y los desafíos para el respeto de los derechos territoriales.
En un mensaje público, Oacnudh reiteró la importancia de que estos asuntos sean abordados “desde un enfoque basado en los derechos humanos, con respeto a sus formas de vida, costumbres y cosmovisión, y mediante procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado”. Además, recordó que “toda actuación estatal debe priorizar el diálogo, garantizar el respeto de los derechos humanos y evitar el uso del derecho penal para criminalizar la defensa de los derechos territoriales de las comunidades garífunas”.
En el horizonte inmediato, la audiencia señalada para este 15 de julio se convierte en un símbolo. La exigencia es que el expediente regrese a Tela y que se cierre definitivamente un caso que, desde la óptica comunitaria, es ilegal y atenta contra los derechos de un pueblo protegido por cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la solidaridad internacional ya ha pasado de los comunicados a la acción: desde las calles de Nueva York y Belice hasta la presencia directa de la ONU en el territorio, la comunidad garífuna no está sola.
Miriam Miranda con la Oficina del Alto Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
*Con apoyo de Radio Progreso, Pueblo y Barrio, Red Nacional de Defensoras y Wa Dani
