La CC es la última esperanza de Ruano para evitar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concrete el retiro de su inmunidad, que ha denominado la “venganza”, por haber denunciado presiones de la magistrada Blanca Stalling.
Por Alexander Valdéz
Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) podría frenar el avance del proceso de antejuicio iniciado contra el juez noveno penal Carlos Ruano, quien en los próximos días podría perder su inmunidad por una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo (FCT).
El juez dijo a Prensa Comunitaria que la vista pública en la que solicitó que le otorgue un amparo se realizó hace dos meses. Actualmente la CC es la última esperanza de Ruano, para evitar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concrete, lo que él ha denominado la “venganza” por haber denunciado presiones de la magistrada Blanca Stalling.
“Yo planteé un amparo contra la CSJ y en la ley que regula el amparo establece que ocho días después de llevada a cabo la vista pública, la CC debe emitir la sentencia. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha resuelto. De obtener la protección constitucional detendría el trámite del antejuicio y lo que yo me pregunto es, ¿por qué no resuelve?”, declaró Ruano.
En su red social en Twitter, el juez también se hizo la misma pregunta ¿por qué no resuelve?
Amparo 1188-2023 que interpuse contra la Corte Suprema de Justicia. El 01 de junio fue la vista pública. Los artículos 38 y 39 de la Ley de Amparo establecen que la sentencia se dictará a los 8 días siguientes.
¿Por qué no resuelven? https://t.co/k1Xr4RimEf
— Carlos Giovanni Ruano Pineda (@carlos_ruano_) August 9, 2023
¿Qué pasa si la CC otorga el amparo a Ruano?
De otorgarse el amparo a favor del juez, impediría que el proceso de antejuicio finalice. Se enviaría el informe circunstanciado a la CSJ y el pleno resolverá si retira o no el derecho de inmunidad a Ruano.
“El amparo definitivo sería una protección constitucional y ya no se continuaría con las diligencias del antejuicio, se archivaría. Eso ayudaría a garantizar mis derechos y continuar en el ejercicio de mis funciones judiciales”, afirmó
Actualmente lo que queda pendiente es que el juez pesquisidor haga su recomendación al pleno de magistrados, si se retira o mantiene la inmunidad al operador de justicia. Con base en esa recomendación, que no es vinculante pero influye en el criterio de los togados, se decidirá si es o no viable la solicitud de la FCT.
En casos como el de Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, dos exjueces que conocieron casos de corrupción de gran magnitud, también enfrentaron un proceso similar, pero por temor a ser criminalizados decidieron salir del país, antes de que la CSJ resolviera.
Si Ruano pierde su inmunidad y no abandone el país, no solo implica que pueda ser investigado y detenido sino que sería apartado del puesto, como sucedió con el juez del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul, quien desde hace más de un año sigue sin poder ejercer el cargo.
De denunciante a perseguido
En la vista pública del pasado 1 de junio, la Fundación contra el Terrorismo manifestó que el juez “cometió graves hechos delictivos” al usar su cargo para buscar defenestrar a una magistrada de la CSJ. “Planearon de forma maliciosa y coludidos buscar… en una reunión, grabar de manera dolosa una llamada telefónica y esto lo hizo en contubernio con la anterior FECI”, dijo Raúl Falla.
No obstante, lo que ocurrió fue que la magistrada Stalling citó al juez a su despacho donde ella intentó presionarlo para que otorgara medidas sustitutivas a su hijo, detenido por el caso IGSS-Pisa. El juez grabó la conversación y denunció a la magistrada, a quien el Congreso le retiró el antejuicio y quien posteriormente intentó evadir la justicia.
Los cinco puntos del juez Ruano en contra del antejuicio
El primero, es que los requisitos para admitir una diligencia de antejuicio es que no sea espurio o político y que al denunciante le consten los hechos, según la Ley en Materia de Antejuicio, lo cual no ocurre en este caso. “De manera maliciosa la Corte obvió este requisito”, dijo.
El segundo punto es que la Fundación contra el Terrorismo dijo que él cometió delito, porque denunció cuatro meses y 13 días después, “ellos me están denunciando cinco años y nueve meses después, me acusan de que me tardé en denunciar y además, porque presenté la denuncia, eso es absurdo, es contradictorio”, señaló.
En su tercer punto, Ruano señaló que cuando presentó su denuncia, la CSJ no dijo que el audio era ilegal, ni la comisión pesquisidora del Congreso, ni el pleno que le quitó la inmunidad, ni el juez que la ligó a proceso y que la envió a prisión, ni el Ministerio Público (MP), que concluyó la investigación y la acusó por tráfico de influencias, tampoco el juez décimo Víctor Cruz que sobreseyó el proceso en contra de Stalling.
“No lo ha dicho ninguna de esas instancias que yo cometí delito, que la denuncia fue falsa y que la grabación fuera ilegal. Y hoy porque la Fundación del Terrorismo viene y lo dice, entonces le abren las puertas”, argumentó.
En el cuarto punto, el juez refutó que en la denuncia de la Fundación indica que la Sala Segunda de Apelaciones lo designó de manera ilegal para conocer el caso IGSS-Pisa, “así lo dicen ellos en el antejuicio, ¿quién entonces cometió esa ilegalidad? la Sala Segunda de Apelaciones, no el juez”. Porque los jueces no hacen las asignaciones.
“También se me denuncia (dice en su quinto punto) que debí excusarme del caso IGSS-Pisa, porque en 2015 cuando yo era suplente, fui a la Unidad de Métodos Especiales (UME) a escuchar interceptaciones telefónicas y había dos líneas telefónicas del caso y según la Fundación yo escuché la línea telefónica de Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada; eso es falso, en esa acta lo podrán ver, yo escuché dos líneas telefónicas que corresponden a Francisco Cortez Bocaletti y Rodolfo García Granados”, manifestó.
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Juez Carlos Ruano pide amparo a la CC para detener antejuicio
