Para el juez Carlos Ruano la CSJ no debió admitir el antejuicio en su contra que considera es espurio. Pide a la CC que otorgue el amparo definitivo que detenga las diligencias del mismo.
Por Regina Pérez
El juez Carlos Ruano acudió a una vista pública virtual en la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedir que se le otorgue un amparo que detenga el antejuicio que presentó en su contra la Fundación contra el Terrorismo, y que ya fue admitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por haber denunciado a la magistrada Blanca Stalling, quien ya fue reinstalada en su cargo.
En su intervención, Ruano manifestó que es ilógico que lo acusen del delito de incumplimiento de deberes por haber denunciado a Stalling, en enero de 2017, y citó el artículo 298 del Código Procesal Penal que establece la denuncia obligatoria.
“Cualquier funcionario empleado público que en el ejercicio del cargo conozca de hechos constitutivos de delito debe denunciar, no hay ilegalidad en mi proceder, algo que la Corte Suprema de Justicia maliciosamente está obviando”, señaló.
“No tengo ninguna responsabilidad civil, administrativa y menos penal por el cumplimiento de un deber, si así es, las resoluciones lo tendrán que decir, que denunciar es un delito, ¿qué mensaje se le va a transmitir a la ciudadanía, qué mensaje se le va a transmitir a las jueces y a los jueces, tenemos que ceder a las presiones, tenemos que hacer los favores, tenemos que recibir sobornos, vengan de donde vengan? Tenemos que rechazarlos y tenemos que denunciar, es lo que yo hice el 10 de enero de 2017”, manifestó.
El 8 de febrero pasado, magistrados de la CSJ dieron trámite al antejuicio, señalando que la denuncia no tenía motivos espurios. Para Ruano, la CSJ debería ser el filtro para garantizar la independencia judicial y no criminalizar o perseguir a un juez que asumió una responsabilidad.
Los cinco puntos del juez Ruano en contra del antejuicio
Ruano expuso en cinco puntos por qué la solicitud de antejuicio debió haber sido rechazado por la CSJ. El primero, es que los requisitos para admitir una diligencia de antejuicio es que no sea espurio o político y que al denunciante le deben de constar los hechos según la Ley en Materia de Antejuicio, lo cual no ocurre en este caso. “De manera maliciosa la Corte obvió este requisito”, dijo.
El segundo punto es que la Fundación contra el Terrorismo dijo que él cometió delito, porque denunció cuatro meses y 13 días después, “ellos me están denunciando cinco años y nueve meses después, me acusan de que me tardé en denunciar y además, porque presenté la denuncia, eso es absurdo, es contradictorio”, señaló.
Ruano, en su tercer punto, señaló que cuando presentó su denuncia, la CSJ no dijo que el audio era ilegal, ni la comisión pesquisidora del Congreso, ni el pleno que le quitó la inmunidad, ni el juez que la ligó a proceso y que la envió a prisión ni el Ministerio Público, que concluyó la investigación y la acusó por tráfico de influencias, tampoco el juez décimo Víctor Cruz que sobreseyó el proceso en contra de Stalling.
“No lo ha dicho ninguna de esas instancias que yo cometí delito, que la denuncia fue falsa y que la grabación fuera ilegal. Y hoy porque la Fundación del Terrorismo viene y lo dice, entonces le abren las puertas”, argumentó.
En el cuarto punto, el juez refutó que en la denuncia de la Fundación indican que la Sala Segunda de Apelaciones lo designó de manera ilegal para conocer el caso IGSS-Pisa, “así lo dicen ellos en el antejuicio, ¿quién entonces cometió esa ilegalidad? la Sala Segunda de Apelaciones, no el juez”. Esto porque los jueces no hacen las asignaciones.
También se me denuncia, dice en su quinto punto, que debí excusarme del caso IGSS-Pisa porque en 2015 cuando yo era suplente, fui a la Unidad de Métodos Especiales (UME) a escuchar interceptaciones telefónicas y había dos líneas telefónicas del caso IGSS-Pisa y según la Fundación yo escuché la línea telefónica de Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada, eso es falso, en esa acta lo podrán ver, yo escuché dos líneas telefónicas que corresponden a Francisco Cortez Bocaletti y Rodolfo García Granados, manifestó.
Según dijo, la CSJ afirmó estas falsedades, “por eso es que este antejuicio viola muchos derechos, la independencia judicial, la certeza jurídica”.
A raíz de estas falsedades que a su criterio se dieron, pidió que se le otorgue el amparo definitivo y que al analizar el acto reclamado verificarán que la Corte las afirmó. “Les solicito que certifiquen al MP para que se investigue y se deduzcan responsabilidades”, concluyó.
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En la vista, Dinora Martínez, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), solicitó protección constitucional al juez, indicando que solo cumplió con el deber de presentar una denuncia. “Al darle tramite la CSJ a esa querella, basada en hechos espurios, se atenta contra la independencia judicial”, argumentó.
Denunciado por la Fundación contra el Terrorismo
Representantes de la Fundación contra el Terrorismo que estuvieron en la vista señalaron que el juez “cometió graves hechos delictivos” al usar su cargo para buscar defenestrar a una magistrada de la CSJ. “Planearon de forma maliciosa y coludidos buscar…en una reunión, grabar de manera dolosa, una llamada telefónica y esto lo hizo en contubernio con la anterior FECI”, dijo Raúl Falla.
No obstante, lo que ocurrió fue que la magistrada Stalling citó al juez a su despacho donde ella intentó presionarlo para que otorgara medidas sustitutivas a su hijo, detenido por el caso IGSS-Pisa. El juez grabó la conversación y denunció a la magistrada, a quien el Congreso le retiró el antejuicio y quien posteriormente intentó evadir la justicia.
Al igual que lo hizo con el juez Miguel Ángel Gálvez, a quien también denunciaron, Falla manifestó su deseo de ver a Ruano “preso o prófugo”. Un estimado de 26 operadores de justicia han tenido que salir al exilio, según el abogado Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
Magistrada Blanca Stalling estaría detrás de las acusaciones contra el juez Ruano
