La mayoría de magistrados que aceptaron la denuncia de la Fundación contra el Terrorismo fueron suplentes. El juez fue quien denunció que la magistrada Blanca Stalling buscó interceder ante él en beneficio de su hijo quien estaba involucrado en un caso de corrupción.
Por Alexander Valdéz
La resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dio trámite al antejuicio que planteó la Fundación contra el Terrorismo en contra del juez Carlos Ruano, en su mayoría fue dictada por magistrados suplentes, algunos titulares estuvieron ausentes o se excusaron de conocer esa denuncia.
Los únicos titulares que integraron la reunión del pasado 8 de febrero fueron la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés y Manuel Duarte, calificado por Estados Unidos como un actor corrupto.
Valdés no se excusó de conocer esa denuncia contra Ruano, pese a que cuando se conoció el antejuicio contra Blanca Stalling por la denuncia del juez en 2017, ella votó y externó criterio a favor de tramitar la denuncia contra la magistrada y señaló que había elementos constitutivos de delito que debían investigarse. Misma situación con Freddyn Fernández, quien ya había externado opinión en el asunto.
Los demás magistrados que conocieron fueron: Mario Obdulio Reyes Aldana, presidente de la Sala de Trabajo; Rosa Mariela Josabeth Rivera Acevedo, Presidente de la Quinta Civil; Anabella Cardona, presidenta de la Sala Primera de Mayor Riesgo; Ronald Manuel Colindres, presidente de la Sala Primera Civil; Harold Ortiz, presidente de la Sala Segunda de Mayor Riesgo; Rafael Morales Solares, presidente de la Sala de Femicidio; Sonia Doradea Guerra, presidenta de la Sala de Niñez; Carlos Rodimirio Lucero Paz, presidente de la Sala Segunda de Familia; y María de la Luz Gómez, presidenta de la Sala Tercera Civil.
Por aparte, los magistrados que se excusaron fueron: Nery Medina, Blanca Stalling, Gustavo Dubón, Vitalina Orellana, Josué Felipe Baquiax, Sergio Pineda, Silvia García y José Antonio Pineda Barales, la razón fue que la mayoría ya había externado opinión en el antejuicio de Stalling.
En el caso de Delia Dávila, no estuvo integrando por una solicitud de permiso para ausentarse.
Ruano fue quien denunció que la magistrada Blanca Stalling buscó interceder ante él en beneficio de su hijo, quien estaba involucrado en un caso de corrupción, caso por el cual la magistrada perdió su inmunidad y fue detenida en 2017, señalada de tráfico de influencias. Cinco años después Stalling recuperó su libertad y su cargo luego que su caso fuera sobreseído por el juez Víctor Cruz.
Sus argumentos
La resolución se dictó por unanimidad, es decir, todos estuvieron de acuerdo en tramitar la denuncia contra el juez integrante del Juzgado Noveno Penal. La justificación para aceptarlo fue que había “elementos que deben investigarse”.
“Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Corte estima que las presentes diligencias de antejuicio no fueron promovidas por razones espurias, toda vez que se aportaron elementos de razonabilidad suficientes que permiten ordenar una pesquisa de los hechos relacionados”, concluye el pleno.
El juez considera que la CSJ no tomó en cuenta las amenazas que el denunciante ha hecho en su contra, lo que a su criterio evidencia que cualquier acción es espuria y política.
Además, explicó que denunciar no es un delito, ya que cuando lo hizo se basó en lo establecido en las normas de comportamiento ético del OJ.
Otro juez en riesgo
Carlos Ruano se suma a la lista de jueces que han denunciado violaciones a la independencia judicial en Guatemala, pero que deberán enfrentar un proceso de antejuicio por denuncias de la Fundación contra el Terrorismo.
El integrante del Tribunal Noveno de Sentencia se une a los exjueces Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, ambos en el exilio, pero que también denunciaron criminalización y se vieron obligados a renunciar a sus cargos.
El togado ahora podría perder su inmunidad por haber denunciado presiones de Blanca Stalling para favorecer a su hijo cuando estaba enfrentando juicio por un caso de corrupción.
El juez ha considerado que su proceso de antejuicio es una venganza de Stalling, por haberla denunciado por presuntos actos de corrupción judicial. La magistrada recientemente fue reinstalada en el cargo, luego de que por inacción de la FECI dirigida por Rafael Curruchiche, el cierre de su caso quedó firme.
