Hay opiniones adversas sobre el futuro de este bien público que pasará a manos del Estado este lunes 1 de mayo. Las comunidades cercanas han pedido que ya no se privatice. Mientras, el sector empresarial insiste qué se vuelva a concesionar.
Por Simón Antonio Ramón
A partir de la medianoche de este domingo, el Estado de Guatemala tomará el control de la autopista Palín-Escuintla tras finalizar el contrato de concesión de 23 kilómetros que se acordó desde 1998 en el gobierno de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen con la empresa mexicana Marhnos, S. A. Durante su gobierno, aparte de la autopista también se privatizó otros bienes del Estado como la telefonía y la empresa eléctrica.
Horas antes de que finalice el contrato que duró 25 años, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Javier Maldonado, y el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, junto a otros funcionarios y el presidente de Marhnos Guatemala, Sandro Testelli, realizaron una conferencia de prensa sobre el futuro de la autopista.
Maldonado recordó que a partir del lunes 1 de mayo el paso será libre de pago. “Aunque está en ley, no vamos a permitir la colocación de túmulos, ya estamos hablando con tránsito para tener algunos reductores de velocidad”, dijo Maldonado.
El funcionario explicó que a partir de la media noche la autopista tendrá presencia de la Policía Nacional Civil y otras instituciones como Provial para auxiliar a la población en caso de accidentes, así como controlar que se “respeten las disposiciones”.
Además, en la conferencia también se refirió a los transportistas que pidieron derogar la prohibición de tránsito de vehículos pesados en la autopista con quienes se reunirá el próximo martes. Y comentó que esta semana analizarán el “comportamiento” de la población que transitará por la autopista.
En cuanto al mantenimiento de la carretera, Maldonado explicó que a través del Crédito Hipotecario firmarán un contrato para asegurar que haya servicio de grúas, asistencia médica y otros servicios.
Por su parte, Napoleón Barrientos se refirió a las responsabilidades que tendrá el Ministerio de Gobernación (Mingob) a partir del momento que la autopista vuelva a ser un bien público entre ellos la instalación de una delegación integrada por 50 agentes de la PNC que estarán asignados en este tramo carretero.
“Vamos a asumir la responsabilidad en la seguridad vial. Prevemos que habrá más carga vehicular por lo que estaremos desde los extremos a lo largo del tramo carretero verificando que la velocidad sea la permitida”, dijo Napoleón Barrientos.
A partir de mañana, comunidades de Palín, Escuintla, desarrollarán una caminata sobre la autopista ya que se oponen a la privatización y señalan que durante los 25 años han detectado problemas como el intenso tráfico que se provoca en el centro del municipio y la CA-9 que es la carretera que conduce de Villa Nueva hacia la costa sur, abusos en las comunidades cercanas, como el cierre de vías para obligar a los pobladores a pasar por el peaje pagado.
Mientras, el sector empresarial ha pedido al gobierno que se inicie el proceso de una nueva privatización de la autopista.
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