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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 2 minutos

Por Edgar Gutiérrez Girón

El remedio está saliendo peor que la enfermedad

En 2016 CICIG/MP habían quebrantado el contrato implícito de los constructores externos del Estado de derecho en unos 40 países, durante cuatro décadas: no tocar, al revés, reforzar las elites tradicionales nacionales y subnacionales.

El 2017 fue un año de transición del Pacto. Se observó por la parálisis de la agenda del Congreso -incluyendo el alto a la reforma Constitucional- y los primeros tanteos, poco fructuosos, con la administración Trump.

El 2018 fue el año de consolidación del Pacto, y logró un éxito estratégico: ponerle a Trump a la vista por unos segundos el nombre de su causa. No hubo necesidad de ganar una mayoría en el Senado, solo inducir una fisura por medio de 2-3 trumpistas de iglesias fundamentalistas.

En 2019 llegó finalmente el desmantelamiento de la CICIG, y de ahí en adelante la seguidilla de eventos está más fresca: recaptura total del sistema de justicia, pisoteo de la Constitución, y la persecución implacable de fiscales, jueces y magistrados independientes, activistas humanitarios y periodistas.

En 2022 los representantes del Pacto pudieron haberse sentado y felicitado mutuamente por sus sorprendentes logros y decir, hasta la próxima, seguimos en contacto y… calabaza… Cada uno debió regresar a lo suyo: unos a restañar la reputación un tanto arrugada, otros a hacer los preparativos electorales.

Pero los dejaron encerrados en el cuarto y alguien escondió la llave. Al entendido por señas: les notificamos que asumieron un Pacto hasta que la muerte nos separe. En ese Pacto hay unos integrantes cuyo punto de partida fue estar bajo la mirilla de la justicia de EE. UU.; otros, recién habían cruzado la raya de no retorno; los terceros, en cambio, podrían aspirar a convertirse en factores de gobernabilidad y recuperar la interlocución internacional, y las elites salir de una relación tóxica y recuperar su estatus.

El encarcelamiento de Jose Rubén Zamora el 29 de julio y el acoso -hasta la asfixia financiera- contra elPeriódico tiene la máxima resonancia local e internacional en 25 años, después del asesinato de Gerardi. Atañe a todos los factores del poder. Lo más sensible ahora es el contexto de fragilidad jurídico-política y la deriva autoritaria, en plena antesala de un proceso electoral dominado por la incertidumbre.

Admitir la mezcla descuidada de asuntos políticos y comerciales con redes de corrupción y crimen a gran escala equivale a una exposición radiactiva de todo el sistema. El remedio que iba a ser el Pacto está saliendo peor que la enfermedad. Se abre un periodo de riesgosa inestabilidad.

En la encrucijada a la que arribamos varios actores quedan interpelados por la Historia: las elites económicas tradicionales (¿podrán recuperar sus capacidades?), los partidos políticos (¿cuáles se plantarán en defensa de la democracia y el orden republicano?) y los movimientos sociales (¿alianzas, movilizaciones?).

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