Editorial
Para detener en Guatemala el avance de una nuevo éxodo, llamado Caravana Migrante desde Honduras rumbo a los Estados Unidos, se han militarizado varios territorios bajo el uso de la ley de orden público, decretando un estado de prevención por 15 días, firmado por el presidente, vicepresidente y ministros.
La seguridad pública implica que el Estado es garante y máximo responsable de evitar las alteraciones del orden social, para que la ciudadanía pueda convivir en armonía, respetando los derechos individuales de los demás.
La política de seguridad del gobierno de Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, en el primer año de gestión, está caracterizado por la militarización del aparato de seguridad pública, tal y como lo han hecho sus antecesores. La seguridad ciudadana en democracia se desmanteló por completo, ahora tenemos una doctrina de seguridad nacional represiva totalmente contraria a la que definen tanto los entandares internacionales y los propios Acuerdos de Paz.
La primera señal de todo esto retroceso con Giammattei, ocurrió antes de su toma de posesión, en noviembre de 2019, en la presentación en El Salvador del entonces nuevo gabinete de seguridad, integrada por militares vinculados a las intentonas de Golpes de Estado al gobierno de Marco Vinicio Cerezo. Quien encabezó dicha delegación fue el general retirado Roy Stuardo Dedet Casprowitz en quien depositaría el control de este gabinete.
El uso permanente de los estados de sitio evidencia el retroceso democrático que vive el país a 25 años de terminarse la guerra interna. Estas medidas que tienen implícito, la suspensión de garantías constitucionales vulneran la consolidación del estado de derecho y amenazan con el fortalecimiento de las fuerzas que provienen de grupos paralelos, que se benefician de ellas a costa de los derechos fundamentales de la población.
Los estados de prevención y de sitio, más la represión policial del 21 de noviembre del año pasado en varios departamentos durante las manifestaciones contra la corrupción, evidencian que la seguridad pública con este gobierno seguirá siendo represora, y como valor agregado de manera en la actual administración con el uso constante de esta ley. Pese a esto sigue al frente del Ministerio de Gobernación el abogado Gendri Rocael Reyes Mazariegos, a pesar de las fuertes críticas por la represión durante éstas movilizaciones.
Con la Caravana Migrante en territorio nacional, Guillermo Díaz Director General de Migración expresó públicamente el domingo 17 de enero que las acciones de las fuerzas de seguridad obedecen a un plan de contingencia dentro del estado de prevención en siete departamentos, y que esta situación es un asunto de “Seguridad Nacional”.
El funcionario se extendió afirmando que el gobierno haciendo uso de la “inteligencia” dentro de la caravana, identificó que hay infiltrados de “maras y crimen organizado”, recurriendo al discurso de odio y estigmatización de miles de personas en calidad de migrantes, muchos de ellos buscando asilo político en los Estados Unidos, debido a la violencia política que viven en Honduras.
El uso de una ley antidemocrática, la ley de orden público
Ya en escena, en enero de 2020 Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros impuso un Estado de Prevención en los municipios de Mixco y San Juan Sacatepéquez, esta acción se extendió a otros municipios de Guatemala. Posteriormente en los departamentos de Chimaltenango y Escuintla, a través de un plan al que nombro Recuperación y Control.
Bajo el argumento de lucha contra el narcotráfico, continuó haciendo uso de la ley de orden público en los departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz bajo Estado de Sitio, sin respaldo para su continuación en el Congreso decretó dos Estados de Prevención más en estos territorios. Luego fue el turno de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, extendiéndolo al municipio de Santa Lucía Utatlán, sin ninguna venia en el conflicto territorial que mantienen estos municipios desde hace décadas por el reclamo de la tenencia de una finca limítrofe.
El uso de la ley de orden público se ha hecho con el argumento de la necesidad del gobierno por “recuperar la estabilidad y paz social”. En la práctica el uso de esta ley solo ha favorecido a las empresas como los megaproyectos y monocultivo de palma de aceite que operan en los territorios como Izabal, Zacapa, Petén y Alta Verapaz. Más bien estas acciones, han generaron zozobra y terror contra las familias indígenas y campesinas frente a la estrategia de despojo, pues continúan sin recibir la certeza jurídica de sus tierras, un histórico y eterno problema. Bajo el argumento de la presencia de narcotráfico y el crimen organizado, se impusieron todas estas medidas, sin ningún resultado. En lo que si han sido eficaces en desalojar campesinos de sus tierras.
Con la pandemia del Covid-19, Giammattei recurrió nuevamente al Estado de Calamidad, hicieron uso de toques de queda, restringieron derechos fundamentales bajo el argumento de minimizar el contagio. Pero en lugar de garantizar y fortalecer los servicios de salud, se endeudó al país con prestamos millonarios, los hospitales durante diez meses de pandemia trabajan con limitaciones de personal, de insumos de bioseguridad, de medicamentos, salarios que no se terminan de garantizar, con poco equipamiento y condiciones en los hospitales públicos. El gran ganador podría decirse de este momento, ha sido la iniciativa privada vinculada a la salud.
Cada uno de los estados de excepción, de sitio, calamidad o prevención, como el decretado el 14 de enero por la Caravana Migrante implica la utilización de fondos públicos, con el gasto de miles de quetzales para implementarlos, especialmente para la movilización de miles de agentes de la Policía Nacional Civil PNC y soldados, vehículos militares, alimentación, etc.
Lo que pudimos ver la mañana del 17 de enero en Vado Hondo Chiquimula, fue al ejército de Guatemala golpeando a palos a cientos de personas migrantes provenientes de Honduras, que nos hace recordar los vivido los años de las dictaduras o regímenes oligárquico militares en la región centroamericana, que hacía que miles se desplazaran de manera forzada.
