La intención del mandatario de democratizar la selección de gobernadores departamentales se topó con estructuras de corrupción enquistadas en los Codede por medio de los llamados representantes de la sociedad civil. El mandatario solo ha logrado completar el nombramiento de gobernador titular y suplente en tres departamentos, mientras que devolvió 13 ternas que no cumplían con los requisitos ¿Qué opciones tiene ahora el mandatario? Dos expertos en gobiernos locales sugieren depurar los listados o que el presidente designe a la persona que lo representará en los territorios, como lo dicta la Constitución.
Por Regina Pérez
La elección del gobernador o gobernadora, esa figura que representa al presidente en los departamentos y que tiene como función supervisar y verificar el buen ejercicio de la administración pública, se topó con una realidad en los territorios, que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) han estado controlados por diputados distritales, gobernadores y alcaldes.
Al reformar el reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el presidente Bernardo Arévalo le abrió la puerta a la ciudadanía para que participara en este proceso y fuera más transparente, muestra de ello es que se presentaron más de 1500 expedientes. Sin embargo, lo que la realidad mostró fue otra cosa.
El pasado 20 de marzo el presidente Arévalo anunció que nombró a cinco gobernadores titulares y tres suplentes en ocho departamentos, y devolvió 12 ternas que no cumplían con los requisitos, para que los Codede las integraran nuevamente.
Sin embargo, en departamentos como Jutiapa, Quetzaltenango, Huehuetenango y Sacatepéquez los Codede han nombrado a los mismos integrantes o se han negado a seleccionar a otras personas con diversos argumentos.
El Codede de Petén envió una terna donde se repitieron algunos de los nombres que tenían señalamientos. En el caso de Izabal, se logró la inclusión de tres mujeres que han sido reconocidas por su liderazgo y participación en movimientos sociales.
¿Por qué los Codede se rehúsan a cambiar la terna?
Expertos consideran que el Ejecutivo erró en el proceso de selección de los gobernadores. Se destaca el desconocimiento de cómo “son las entrañas de ese ejercicio de poder, los cacicazgos locales o de los controles territoriales”.
Por eso las redes de poder departamental continuaron manipulando el proceso. “Los gobernadores actuales sirvieron de operadores a esa estructura de control y de corrupción porque fueron electos por VAMOS. Había compromisos muy precisos”, opinó Edy Cifuentes, experto en gobiernos locales.
Cifuentes señala que a cualquier acción realizada por el Ejecutivo, para esta elección, debió previamente considerar la destitución de los gobernadores que sirvieron como articuladores de los diputados distritales y que actúan como guardianes de su patrimonio en los territorios.
En ese contexto, lo que se observó fue una sociedad civil cooptada por esa estructura de corrupción. Los 11 representantes de los sectores no gubernamentales en el Codede fueron los encargados de elegir las ternas presentadas al presidente, pero muchas veces estas personas no son electas mediante un proceso democrático.
Buena parte de estos representantes están ligados al poder departamental y están en organizaciones que han controlado los procesos durante muchos años. Eso significa que los representantes nunca salen del Codede, no cambian y no hay sucesión, pero se autonombran parte de la sociedad civil.
En Quetzaltenango, por ejemplo, en la Comisión que recibió los expedientes y los calificó hay personas señaladas de tener vínculos con el rector impuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, dice Rigoberto Quemé, investigador y el primer alcalde indígena de Quetzaltenango.
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Otros representantes fingen ser autoridades ancestrales para estar en estos espacios públicos, pero “no son verdaderamente autoridades y hay otro grupo de gente bien intencionada pero que no tiene una visión política o que son gente conservadora”, agregó.
Entonces, es lógico que las ternas tengan el sesgo de las personas que se encargaron de seleccionar y que tienen intereses muy ligados a diputados anteriores. “El proceso se vició desde un principio porque no se cambió el origen. Se debió crear una comisión ciudadana para recibir los expedientes y calificarlos y no dejarlos en manos de los tradicionales que lo único que consolidan es el poder antidemocrático”, señaló Quemé.
Depurar listados o designar al gobernador
¿Qué salida le queda al presidente Arévalo ante los resultados de las ternas? Para Cifuentes, lo sano sería que el mandatario revise las ternas y haga una investigación exhaustiva de las personas seleccionadas.
Para Quemé, la Constitución es clave en este sentido al señalar que los gobernadores son representantes del presidente en sus territorios y que él los elige. Una facultad que ahora tienen los Codede.
El artículo 227 de la Constitución dice: El gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República, deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber domiciliado durante los cinco años anteriores a su designación en el departamento para el que fuera nombrado.
Cifuentes agrega que es necesario reformar la Ley de Consejos de Desarrollo. “Pero ahorita investigar esas ternas es complejo. Primero depurar los listados por parte del presidente, que si bien es cierto podría implicar algunos atrasos en la ejecución de infraestructura, en el interior hay que entrarle a curar por lo sano toda esta telaraña de situaciones anómalas”, indicó.
Quemé también considera que el presidente Arévalo debe nombrar directamente al gobernador y dejar de lado el proceso que se inició, porque lo que se evidenció fue que en los 22 departamentos la gente del “Pacto de corruptos” está metida.
“Lo que él debería hacer es revocar esa decisión y nombrar a los gobernadores, según la Constitución. Él puede dejarlos a un lado, es la autoridad. Aunque no cambien la propuesta, el presidente puede no tomarlo en cuenta, es discrecional, es su decisión”, indicó sobre la terna el exalcalde municipal de Quetzaltenango.
El control del dinero, el objetivo principal
Para los expertos consultados el interés para llegar a ser gobernador departamental responde a dos razones: una, el acceso a los millonarios recursos que manejan los Codede.
El punto resolutivo 05-2014 instituyó como aporte a los Consejos el IVA Paz (Impuesto de Valor Agregado para la Paz) y el 5 % del techo destinado al departamento a proyectos intermunicipales en función de los planes de desarrollo, los cuales serán priorizados por la sociedad civil en el Codede.
El gobierno de Arévalo proyecta para 2025 destinar Q3,444.2 millones para proyectos de desarrollo local por medio de los Codede para la ejecución de los proyectos locales con fondos provenientes de IVA Paz y Fonpetrol, según una información reciente del Ministerio de Finanzas.
Para Cifuentes, este punto resolutivo terminó de complementar la perversión de ese sistema que nació con el propósito de hacer válida una planificación democrática del desarrollo con la participación de las personas, desde la estructura local, municipal, departamental y nacional.
Sin embargo, califica esa decisión como un despropósito. “Sabemos que hay obras abandonadas, de mala calidad propuestas por la sociedad civil. Los diputados distritales ya saben la mecánica, vienen y le compran la ficha o los proyectos o la cuota a la sociedad civil y ponen sus empresas, hay una perversión total”, dijo.
Por otro lado, esos mismos representantes están corrompidos o no gozan de legitimidad. Ante esta realidad considera necesario reformar la Ley de Consejos de Desarrollo, que establece que la elección de gobernadores queda a manos de la sociedad civil.
El segundo punto, es el control territorial “con un gobernador afín no se va a tener ningún problema”, explicó.
Por su parte Quemé coincide en que el aporte del IVA PAZ y el 5%, de millones de quetzales presupuestados para los Codede, controlados por Gobernación, son el núcleo de interés para ser gobernador o gobernadora.
“Ellos condicionan a los alcaldes y el alcalde con tal de tener una obra se pliega a lo que dice el gobernador, que está en contubernio con diputados, empresarios, constructores ligados al poder”, dijo Rigoberto Quemé.
Para el investigador, a la reforma que hizo Arévalo al reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo no le hizo falta nada, señala que lo que hay que cambiar es la ley donde se establece el mecanismo de cómo se eligen a los representantes de la sociedad civil, convocados por un ente rector que solo convoca a sectores proclives al gobierno.
“Lo que buscan son los recursos. La esencia del pacto no era la democracia ni el fraude. Era no tener acceso a los 120 mil millones de quetzales del presupuesto público, esa es la pelea que ellos hacen”, concluyó.
