En 2021, Mynor Moto pidió al Congreso destituir a Jordán Rodas del cargo de procurador de los derechos humanos. Tres años después, Moto, con dos acusaciones de corrupción, asume el control del caso del exprocurador y buscaría acelerar el expediente. Además, no permite acceso al expediente para la defensa.
Por Alexander Valdéz
Mynor Moto, pendiente de solventar su situación legal en dos casos de corrupción y recientemente instalado en su puesto de juez “A” del Juzgado Tercero Penal, asumió el control de la investigación que inició el Ministerio Público (MP) contra el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por una denuncia de su sucesor, Alejandro Córdova.
La investigación fue declarada “bajo reserva”, la misma estrategia utilizada por el MP en casos dirigidos contra actores anticorrupción, periodistas, activistas o políticos de oposición.
El caso asignado a Moto se originó con la denuncia del actual titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, quien días después de que Rodas anunciara su candidatura como vicepresidente del partido Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), lo denunció y dio paso a que la Contraloría General de Cuentas (CGC) revocara su finiquito y el Registro de Ciudadanos del TSE le negara su inscripción como candidato. Moto fue incluido en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos, de Estados Unidos.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que la intención de asignar a Moto es acelerar el proceso contra el exprocurador y programar una primera declaración. La denuncia penal en contra de Rodas se deriva de un expediente en el que solicitó su indemnización, que estaba en el Departamento de Recursos Humanos de la PDH que elevó una duda a auditoría interna. El documento fue enviado al despacho de Córdova quien dijo que si él no realizaba las recomendaciones al Departamento Jurídico incurriría en una omisión de denuncia.
Moto pidió su renuncia como PDH
El juez tercero Mynor Moto no puede conocer el caso contra el exprocurador de los Derechos Humanos porque, en 2021, cuando fue electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), envió un oficio al Congreso de la República pidiendo la destitución de Rodas. La acción confirma una “enemistad” entre el juez y Rodas.
En aquel momento, Moto señaló que el Procurador de los Derechos Humanos omitió presentarse a la CC para dar cumplimiento a sus obligaciones legales y atender la denuncia que presentó con la urgencia que debía hacerlo. Eso porque no se le permitió asumir el cargo, luego de una orden de captura en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020.
El artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial (OJ), literal l, establece que un juez no puede conocer un caso cuando “se presume que hay enemistad grave”.
“Continúa el patrón de la criminalización”
Consultado al respecto, el exprocurador Jordán Rodas señaló que desde hace un año no ha podido acceder al expediente de ese caso y que el proceso fue declarado para reserva judicial. “Lleva más de un año y no he tenido acceso. El caso sigue el patrón de la criminalización, es decir, que está bajo reserva y no puedo ejercer mi derecho de defensa”.
“Que el juez Moto conozca mi caso, evidencia el desconocimiento legal y la poca ética. En su momento, cuando aspiró a ser magistrado de la CC, planteó solicitud de remoción en mi contra ante el Congreso de la República, de eso hay pruebas y distintas declaraciones públicas. Él, por ética debió de inhibirse, no puede conocer un caso en mi contra, está más que evidenciada la animadversión contra mi persona”, expresó.
Moto retomó su cargo y sigue sin enfrentar la justicia
En 1 de febrero de 2021, la exjueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, giró la primera orden de captura contra Moto en el caso Comisiones Paralelas 2020, porque existía un requerimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval.
La FECI había solicitado la detención de Moto por su presunta participación en la manipulación del proceso de selección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones. Sin embargo, en diciembre de 2022 el juez Jimi Bremer anuló la orden de captura contra Moto por solicitud de sus abogados y ordenó a la Policía Internacional (Interpol) que dejara de buscarlo y levantó el arraigo en su contra.
Después de ser anulada la orden de captura, la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, no ha accionado para que Moto se presente ante el juez y responda por los señalamientos en su contra, lo cual fue aprovechado por el exjuez para conseguir que se ordenara su reinstalación.
Sin embargo, este no es el único proceso penal en el cual se ha querido vincular a Moto, ya que, en abril de 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción presentó otra pesquisa en su contra, porque supuestamente habría cobrado un soborno en efectivo de acusados en el caso Libramiento de Chimaltenango.
En ese proceso se encuentra señalado el exministro José Luis Benito, a quién se le vincula con el hallazgo de Q122 millones en efectivo en unas maletas localizadas en Antigua Guatemala.
Además, la Fiscalía señaló que Moto no solo habría cobrado el soborno, sino que retrasó maliciosamente la investigación, dictó falta de mérito a 16 sindicados y dio medidas sustitutivas a dos grandes empresarios vinculados al caso, por lo que fue señalado de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.
Pese a los señalamientos, en febrero de 2023 el juez Geisler Samille Pérez Domínguez revocó la segunda orden de captura en contra de Moto y, al igual que en el otro proceso, el Ministerio Público (MP) tampoco emprendió acciones para buscar que el exjuez fuera vinculado a proceso penal.
Moto estuvo prófugo por más de 21 meses, hasta que Bremer y Pérez anularon las órdenes de captura en su contra y no fue citado a primera declaración.
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Un primer caso
El exprocurador, actualmente en el exilio, enfrenta una orden de captura autorizada por el juez décimo Víctor Cruz, que como Moto, es considerado como un actor corrupto por el gobierno de los Estados Unidos. En ese caso se le señala de diferentes delitos y la acusación se basa en publicaciones de redes sociales que respaldaba al movimiento universitario que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos.
Además, se le vinculó en ese caso por haber participado como candidato a rector de esa casa de estudios y como vicepresidenciable en las elecciones generales del 2023, de las que se les excluyó por la denuncia del actual titular de la PDH.
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